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Brasil pone en vilo a la región
Por América XXI -
Saturday, Sep. 05, 2015 at 10:37 PM
En jaque el proyecto de unión latinoamericana
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Imagen: Pasillos internos de la Rocinha, la favela más grande de Río de Janeiro
No había salida al final del camino escogido. El que fuera el principal partido de masas de América Latina en las décadas de 1980 y 1990 termina su periplo inmerso en el mismo desprestigio de las fuerzas políticas tradicionales de la burguesía brasileña. Aunque con matices distintivos y un origen opuesto a aquéllas, el Partido de los Trabajadores (PT) no cuenta hoy con el respaldo masivo de la clase que lo construyó y lo llevó al poder. También perdió el amplio apoyo que tuvo en gruesas franjas de las capas medias y la juventud. La consecuencia es un gobierno debilitado al extremo, sostenido más por la voluntad de las cámaras empresariales y sus partidos que por los sindicatos y demás organizaciones de trabajadores y desposeídos.
Masivas protestas timoneadas por políticos del gran capital y alentadas desde Washington exigieron el 16 de agosto el fin del gobierno de Dilma Rousseff. Más de 800 mil personas en todo el país –300 mil de ellas en San Pablo– salieron por tercera vez en el año a pedir el impeachment (juicio político) de la Presidente por el caso de corrupción en Petrobras (ver “Lava Jato”…), que involucra a altos dirigentes del PT y otros partidos.
Según encuestadoras, un 66% de los brasileños prefiere la salida de Rousseff, que a fines de agosto contaba con un apoyo de apenas 8%. No obstante, a través de una Carta a la Nación, las confederaciones nacionales de la Industria (CNI), del Transporte (CNT), de la Salud (CNS) y la asociación nacional de abogados (OAB) afirmaron que “la nación no puede parar ni tener a su población y a su sector productivo penalizados por disputas o por dificultades de conducción de un proceso político que recoloque al país en el camino del crecimiento”. Antes fueron las dos grandes federaciones industriales del país (Fiesp, de San Pablo, y Firjan, de Río de Janeiro) las que exigieron en un comunicado conjunto “responsabilidad, diálogo y preservación de la estabilidad institucional” y convocaron “a todas las fuerzas políticas” a buscar “el interés mayor de Brasil” y dejar de lado “ambiciones personales o partidarias”.
El gran empresariado rechazó así por el momento la posibilidad del impeachment o de un abrupto final del mandato de Rousseff, avivado por fracciones del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (Psdb) y del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb). La condición de ese apoyo es gravosa: llevar adelante el ajuste que exigen los grandes capitales. “Implementar medidas para mejorar el ambiente de negocios”, “reducir inmediatamente el tamaño del Estado”, hacer una “reforma tributaria” que reduzca impuestos a las empresas, son algunas de las exigencias planteadas en la Carta a la Nación por las confederaciones empresariales.
No hay dobles interpretaciones: para mantenerse en el gobierno el Partido de los Trabajadores debe llevar adelante la agenda de la burguesía: recortar el gasto social, eliminar derechos laborales e impulsar acuerdos de libre comercio. Y lo está haciendo.
Riesgo de disgregación
Las consecuencias de esta fuerte presión ya se manifestaron en la agenda internacional del Gobierno: la Presidente se reunió con Obama en Washington el 30 de junio y recibió a la máxima autoridad alemana, Angela Merkel, el 19 de agosto. Ínterin ratificó la voluntad de que el Mercosur rubrique este año un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Pero la ofensiva interna no cesó y el presidente del Senado –Renan Calheiros, del Pmdb– pidió la salida de Brasil del Mercosur para avanzar sin obstáculos en las negociaciones comerciales.
Improbable en lo inmediato, semejante ruptura significaría un grave retroceso para el proyecto de unidad regional. Como principal economía de América Latina, cualquier movimiento de Brasil tiene un efecto multiplicador en los países vecinos. Por eso, incluso ante el rumbo adoptado y por temor a la ofensiva de la derecha, presidentes suramericanos han salido en defensa pública de Rousseff. En especial los de los gobiernos del Alba.
Durante los tres mandatos anteriores, la cancillería brasileña llevó adelante una política de aproximación hacia América Latina, que luego complementaría con el acercamiento a Rusia, China, India y Suráfrica a través de los Brics, que acaban de lanzar un Banco de Desarrollo. Esa dinámica va contra la pretendida por Washington y Bruselas, que se posicionan para recuperar terreno perdido en el mercado brasileño, favorecidos por la liberalización comercial y las medidas para facilitar el ingreso de capitales que el Gobierno realizará bajo las exigencias internas y externas.
En el plano político Washington pretende revivir a la Organización de Estados Americanos (OEA), vaciar progresivamente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y lograr que una mayoría de gobiernos latinoamericanos se sume a los embates contra la Revolución Bolivariana a través de la campaña internacional por la “liberación de presos políticos en Venezuela”, así como aislar a los demás presidentes del Alba. Por lo pronto el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, ya recibió al opositor Henrique Capriles en julio. Un mes antes el propio Lula acogió en San Pablo al ex presidente socialdemócrata español Felipe González, que venía de visitar Venezuela en campaña contra el gobierno de Maduro. Fueron signos de los efectos en la región de la crisis capitalista internacional, que ahora comenzó a golpear con fuerza sobre los países de economías subordinadas.
Recesión y desempleo
Malas noticias recibe Brasil del mundo. La devaluación del yuan frente al dólar y la desaceleración del crecimiento de China, principal socio comercial del país, agravan los pronósticos negativos de su economía, que ya entró oficialmente en recesión a mediados de agosto. Quedó así sepultado el infundado optimismo que el Gobierno tenía en el plan de ajuste diagramado por el ministro de Economía, el ultraliberal Joaquim Levy, para sacar a Brasil de la crisis.
Había dos objetivos centrales para sanear las cuentas públicas: aumentar la recaudación fiscal a partir de la suba de impuestos al combustible, a los bienes importados, los créditos al consumidor y la reducción de exenciones tributarias para 56 sectores de la economía; recortar 14 mil millones de dólares del gasto público, sobre todo en inversión en infraestructura. Pero durante el segundo trimestre de este año la actividad económica se contrajo un 1,9% en relación al trimestre anterior y un 3,1% en comparación al mismo período de 2014. Según las estimaciones oficiales, al finalizar el año el PIB habrá caído más del 2% y la recesión continuaría: los pronósticos indican para 2016 una caída de por lo menos el 1%.
Este agravamiento de la crisis ya se siente con fuerza a nivel social y se profundizará en el corto plazo. Después de 12 años de conquistas sociales de gobiernos petistas, el ajuste puso en marcha un rápido retroceso. La desocupación ascendió al 7,5% (1,8 millones de personas) según datos oficiales, tras siete meses consecutivos de caída de la tasa de empleo. La cifra es 2,6 puntos porcentuales superior a la de agosto de 2014 y la más alta desde 2010.
Otro de los temas que más preocupa al gobierno es la inflación, que llegó en julio a su pico máximo en 12 años, con una variación interanual del 9,56% de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge). El resultado fue el retroceso del salario real promedio en un 1,4% durante el primer trimestre, cuando se ubicó en 2.163 reales (680 dólares) al mes, un 0,5% más bajo que un año antes. La merma se sintió en el consumo: las ventas minoristas disminuyeron un 2,2% en el primer semestre, la mayor caída desde 2003.
Quien tomó la iniciativa en este cuadro recesivo fue el presidente del Senado, Renan Calheiros (Pmdb). Con el apoyo del gobierno de Rousseff, cuyo vicepresidente es también del Pmdb, impulsa un nuevo paquete de 28 medidas en la cámara legislativa bajo el título “Agenda Brasil”. El programa de ajuste articula cuatro grandes ejes de iniciativas, en general favorables a la inversión privada: mejora del “ambiente de negocios e infraestructura”; equilibrio fiscal; protección social; reforma administrativa del Estado. Dentro de las leyes propuestas se destacan: la agilización de licencias ambientales para proyectos de infraestructura; la reducción de ministerios y cargos estatales (de 39 a 20); la creación de una institución fiscal independiente para garantizar la transparencia en las cuentas públicas; la repatriación de recursos no declarados de brasileños en el exterior; el incremento de la edad jubilatoria; un impuesto a las grandes fortunas; un nuevo marco jurídico para la explotación minera; el fomento a la inversión productiva en tierras costeras e indígenas mediante la modificación de su legislación actual.
En el Congreso el PT y las fuerzas de oposición dirimen constantemente sus relaciones de fuerza. En Diputados, por ejemplo, obtuvo media sanción a fines de agosto –con la oposición del PT, el Psol y otros partidos de izquierda– el proyecto de enmienda constitucional que baja la edad de imputabilidad de los 18 a los 16 años. La reforma fue promovida por el también miembro del Pmdb Eduardo Cunha, convertido en una de las principales figuras opositoras que promueven el impeachment a la Presidente, junto a Aécio Neves (Psdb) y el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (Psdb).
Semejantes medidas no pueden ser avaladas por las organizaciones de base sobre las que se apoyó el PT en sus inicios. “Necesitamos que la cuenta de la crisis no la paguen los trabajadores y defendemos reformas estructurales”, resumió el titular de la Central Única de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas. “Llegó la hora de hacer una reforma agraria en Brasil, una reforma tributaria, gravar las grandes fortunas, establecer los términos de un nuevo marco regulatorio para democratizar la comunicación. Y claro, defenderemos a Petrobras y el yacimiento presal que podrá financiar más inversiones en salud y educación. La intolerancia y la ‘Agenda Brasil’ solo les interesan a los golpistas y a quienes financian el golpe, dentro y fuera del Congreso”, manifestó junto a representantes de movimientos sociales.
Pasado y futuro
El trayecto recorrido por el PT bajo la bandera de “Brasil potencia” (principal consigna del IV Congreso del partido, en 2010), apoyado en la distribución del ingreso nacional producido por el crecimiento económico, en el combate al hambre y la pobreza, el aumento del salario mínimo y una política internacional más independiente de Washington, se agotó. La parábola del PT, que experimentó un giro a derecha desde mediados de la década de 1990, fue seguida por América XXI. Desde 2003 era previsible el desenlace actual, materializado en la llamada “Agenda Brasil”, presentada por Calheiros y consensuada con el ministro de Economía.
La situación actual muestra que las relaciones de fuerza que llevaron a Lula al poder se revirtieron. Las dos millones de personas que se manifestaron en marzo contra el Gobierno y los cientos de miles que lo hicieron en abril y agosto levantaron una mayoría de consignas reaccionarias. Llamados a un golpe de estado, símbolos anticomunistas y consignas contra el socialismo, Cuba y Venezuela, se entremezclaron con duros ataques al PT por los casos de corrupción y la crisis económica. Un enorme muñeco inflable de Lula con un traje de presidiario elevado en Brasilia; el pedido de encarcelamiento de Dilma y de él por ser el “jefe”; y un ominoso llamado a “desraPTizar” el país, que incluyó ataques a locales partidarios en los días previos a la movilización, configuraron un tono inequívocamente reaccionario.
El PT perdió protagonismo en la calle. Las principales organizaciones que giran en torno al partido (los movimientos de trabajadores Sin Tierra y Sin Techo, la Central Única de Trabajadores, la Unión Nacional de Estudiantes y el Partido Comunista do Brasil), junto a militantes del partido oficialista y del opositor de izquierda Partido Socialismo y Libertad (Psol), salieron el 20 de agosto a las calles de San Pablo y otras ciudades en defensa de la democracia y en rechazo al ajuste. Pero las movilizaciones no alcanzaron la décima parte de las realizadas cuatro días atrás.
Difícil convocar a los millones de ciudadanos que la votaron el año pasado sin cumplir las promesas de una campaña basada en la “defensa de las conquistas”. Difícil cambiar la política de ajuste en alianza con partidos y sectores del gran capital que ahora sostienen su Gobierno. Dilma Rousseff ejecuta esas medidas y asume el costo político. En este cuadro adverso, Brasil hace sentir las turbulencias en toda la región.
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Historia del PT: desde abajo y hacia el centro
Todo comenzó en las afueras de San Pablo. El Partido de los Trabajadores (PT) se gestó en las huelgas metalúrgicas antidictatoriales en 1979 y nació formalmente en 1980, de la comunión entre trabajadores, intelectuales, artistas y militantes de la izquierda más radical. Su historia es indisociable de su máximo dirigente, el ex presidente Luiz Inácio da Silva, Lula. Y tuvo impacto en el continente entero.
Se presentó como una izquierda democrática, con perspectiva socialista y crítica de las experiencias reformistas. “Los socialdemócratas no representan, hoy, ninguna perspectiva real de superación histórica del capitalismo imperialista”, decían en su manifiesto original.
Después de la caída de la dictadura en 1985, el PT –por entonces pequeño y con escasos recursos– lanzó la primera candidatura de Lula a la presidencia, tras protagonizar la lucha por elecciones directas en la transición democrática. Confluyeron entonces con el Partido Socialista Brasileño y el Partido Comunista de Brasil en el Frente Brasil Popular, obteniendo más de 31 millones de votos en el balotaje en el que finalmente se impuso Fernando Collor de Mello en 1989.
El PT se convirtió en la principal oposición política, acompañado por la Central Única de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de los Sin Tierra (MST), nacidos precisamente del impulso del PT y que darían masividad a las luchas contra las medidas de ajuste y privatización de la década de 1990. Progresivamente fue conquistando cargos públicos ejecutivos en distintos lugares del país y una gran cantidad de bancas parlamentarias, lo que le sirvió de impulso para acumular poder territorial y plantearse como alternativa a nivel nacional. Con millones de afiliados, el PT era el partido de izquierda más grande del continente. Debía definir una línea táctica para alcanzar la presidencia y una estrategia de gobierno.
Fue en los últimos años de la década de 1990 y primeros de este siglo que en esa búsqueda el PT terminó moderando su discurso para ampliar su base social. Selló entonces un acuerdo electoral con el Partido Liberal, llevando al empresario textil Jose Alencar como candidato a vicepresidente que definió las perspectivas de la alianza: “Lula representa el trabajo y yo el capital, mi opción por Lula se basa en una convicción: la urgencia de Brasil de volver a la producción”. “Es indispensable valorizar el capital y el trabajo”, aseguraba el también dirigente evangelista.
Así, el PT incorporó a las iglesias evangelistas, de gran peso social y político en Brasil, a su plan de gobierno. “El Estado es ineficiente para hacer política social. Creo que las Iglesias han demostrado mucha más competencia para hacer actividades sociales, a un costo menor y sin corrupción”, aseguró Lula en un encuentro con pastores en 2002. En el Partido el nuevo pacto electoral fue un trago difícil de digerir. Pero dada la fuerte estructura interna, hasta las tendencias más radicales acompañaron lo resuelto en el Congreso y el Encuentro Nacional del partido.
La oposición al presidente Fernando Henrique Cardoso aglutinó en la figura de Lula ya no sólo a los sectores obreros, campesinos e intelectuales de sus comienzos, sino también a fracciones del empresariado y parte de la clase política tradicional brasileña (como los ex presidentes Sarney o Franco). La Carta al Pueblo Brasileño publicada por Lula el 8 de agosto de 2002, en plena carrera a la presidencia, da cuenta de ese viraje, asegurando entre otras cosas mantener en su gobierno un superávit fiscal tan alto como fuera necesario para pagar los intereses de la deuda brasileña y controlar la inflación. La perspectiva socialdemócrata, combinada con fuerte presencia del socialcristianismo, se había impuesto.
El mismo Lula aclaró durante la campaña: “¿Por qué es que yo no utilizo la palabra socialismo en mis discursos? […] Yo estoy defendiendo un programa para un mandato de cuatro años y […] nosotros no vamos a hacer el socialismo mediante una medida provisoria o por decreto”.
Desde su equipo de asesores apuntalaban esta moderación. Por ejemplo, Luiz Dulci (fundador de la CUT y secretario general de la Presidencia en el primer mandato de Lula), aseguró: “El PT es un partido de izquierda, pero el gobierno es de alianza. El programa con el que se disputaron las elecciones es de centro-izquierda”. Por si quedaban dudas, explicitó: “No es socialista, es un programa de reformas estructurales para que el país sea más justo”.
Fue por entonces que José Genoíno (quien reemplazó a Lula como autoridad partidaria) llegó a decir que el socialismo era más “un sistema de valores” que un conjunto de medidas para transformar la realidad. La campaña del PT se centró en las consignas “Paz y amor”.
En el Gobierno
Lula ganó las elecciones en octubre de 2002. La prensa continental calificó el triunfo como “histórico”. El presidente metalúrgico fue electo con más de 52 millones de votos. Con gran expectativa y apoyo popular, su primer gobierno se propuso acordar un nuevo pacto social, en un país que lo recibía con 12 millones de desocupados.
En su primer mandato el PT adoptó enérgicas medidas de inclusión social y afirmó una ambición desarrollista, destinada a convertir a Brasil en la sexta economía del mundo en 2011.
Fue en 2005, en pleno gobierno de Lula, que estalló el “mensalão”, el primer gran escándalo de corrupción que involucraba directamente a 13 dirigentes de primera línea del PT. Ese año la tendencia Acción Popular Socialista fue expulsada del Partido por votar en contra de una reforma previsional impulsada por el gobierno (a la que se oponía antes de ser presidencia). Encabezados por Heloísa Helena y Luciana Genro, fundarían luego el Partido Socialismo y Libertad (Psol).
A pesar de ganar en 2006 la reelección con el 60% en balotaje, el PT ya no era el de las décadas pasadas: se desdibujó la novedad surgida “desde abajo” que convocaba a transformar Brasil en profundidad. Recién en 2015, bajo presión de la enorme campaña en su contra, el PT anunció que dejaría de recibir donaciones de empresas para financiarse.
Otro desafío importante para el partido brasileño fue definir quién sucedería a Lula, líder y candidato indiscutido por 30 años, al estar impedido constitucionalmente de presentarse por tercera vez. Hacía sólo seis años que Dilma Rousseff, por entonces jefa de Gabinete, era parte del PT cuando fue nominada por el propio Lula. Su candidatura, en contra de lo que muchos especulaban, logró mantener el caudal de votos del PT. Pero la situación económica en la que le tocaba gobernar la potencia latinoamericana era hostil (estancamiento industrial y reprimarización de la economía).
Luego de un final de mandato marcado por masivas movilizaciones callejeras (contra el aumento del transporte y el Mundial de Fútbol, por ejemplo), reclamos manipulados por la derecha y los principales medios de comunicación, muchos vaticinaban el fin la “era PT” y dieron su apoyo a los candidatos opositores en 2014: Aécio Neves (Psdb) y Marina Silva (PSB, ex PT). Pero a pesar de ello Dilma Rousseff fue reelecta, mientras empezaba a estallar la crisis que ahora sacude al gobierno.
En junio de 2015 el PT realizó su Quinto Congreso. Allí el rumbo financiero y fiscal adoptado por el gobierno fue criticado fuertemente por sectores del partido contra la política de la propia Dilma que planteaba: “Hay que hacer rápido el ajuste, así rápido volvemos a crecer”. En la apertura del Congreso había pedido que la secunden: “Yo no cambié de bando y no puedo hacer esto sin mi partido”.
Lava Jato: corrupción, empresarios, Estado
Desde dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) y ex miembros del gobierno como Antonio Palocci y José Dirceu, hasta el ex presidente Fernando Collor de Mello del Partido Laborista de Brasil (PTB, por su sigla en portugués), el presidente del Partido Progresista (PP) Ciro Nogueira, el senador del Partido Socialista Brasileño (PSB) Fernando Bezerra Coelho, pasando por el presidente de la Cámara de los Diputados y miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb) Eduardo Cunha, el “Petrolâo” que comenzó a develarse en 2014 involucra a la clase política brasileña de conjunto.
El caso de corrupción también conocido como “Lava Jato” es el de mayor envergadura en la historia de Brasil: se trata de un proceso de desvío de fondos, sobreprecios y pago de sobornos centrado en Petrobras y vinculado con una veintena de empresas y políticos de distintos cargos y partidos. Funciona desde 1997 y “se institucionalizó” en 2004, según declaró el implicado ex gerente de la empresa, Pedro Barusco Filho.
El Ministerio Público Fiscal estima que 2,1 mil millones de reales fueron desviados de las cuentas de Petrobras, mientras que la propia empresa calcula, en su balance de 2014, que las pérdidas por corrupción ascienden a 6,2 mil millones.
Grandes compañías –especialmente constructoras como Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvão, Mendes Júnior, Engevix y UTC– están acusadas de organizarse ilegalmente como cartel para sobrefacturar contratos millonarios y pagar sobornos a funcionarios públicos. De esta forma, las empresas –que en un modelo de libre mercado deberían competir entre sí por licitaciones– habían conformado un “club” (incluso con un sistema de reglas escritas que imitaba las de un torneo de fútbol) donde se ponían de acuerdo y se distribuían los contratos con la empresa petrolera.
Desde el otro lado, funcionarios de la propia Petrobras llevaban adelante un “juego de cartas marcadas”, según calificó el Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación del caso. El ex director de Abastecimiento, Paulo Roberto Costa, el de Servicios, Renato Duque, y el de Internacional, Nestor Cerveró, incluían en las licitaciones a las empresas designadas por el cartel y, finalmente, seleccionaban a la indicada por ellos para el contrato correspondiente, con precios excesivos y adjudicaciones mucho más rápidas que lo establecido.
De acuerdo a lo investigado –y sobre todo a la confesión del principal encargado del blanqueo de dinero y el pago de los sobornos, Alberto Yousseff– el esquema se completaba con fuertes nexos en el poder político: 49 funcionarios de distintos partidos (PT, Pmdb, PP, Psdb, PTB, PSB) responsables de designar al directorio de Petrobras y realizar un control sobre su funcionamiento están investigados, o en proceso de anulación de sus fueros. Entre ellos se encuentran diputados, ministros y gobernadores. Eduardo Cunha, transformado en acérrimo opositor, presentó una acción judicial para desestimar las evidencias en su contra recolectadas en un allanamiento a su oficina y un análisis de su computadora el pasado 6 de mayo, lo que el fiscal Rodrigo Janot, a cargo de la Operación Lava Jato, consideró que es un intento de obtener una “inmunidad exótica” para los integrantes de la Cámara.
Paulo Costa, uno de los ex ejecutivos de Petrobras, a su vez mencionó como partícipe al tesorero nacional del PT, João Vaccari Neto, y planteó que la campaña electoral de Dilma Rousseff en 2010 se financió en parte con estos fondos, lo que fue rotundamente negado por la Presidente y las autoridades del partido, a la par que aprovechado por Cunha para fortalecer su avanzada por el juicio político.
Aún falta investigar más y juzgar formalmente la trama de acusaciones de corrupción que involucra a la principal empresa de América Latina, pero el impacto de lo ya trascendido es un duro golpe para la política brasileña y remite al caso conocido como “mensalão”, que develó una red de sobornos que se pagaban a congresistas opositores para aprobar leyes. El ex presidente del PT y ex ministro de Lula, José Dirceu, fue condenado a siete años de prisión tras esa investigación.
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