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Audiencia en CIDH: Argumentos contra discurso vacío
Por Ramiro Parodi - Red Eco Alternativo -
Friday, Apr. 15, 2016 at 6:23 AM
Jueves 14 de Abril de 2016 | Con el fin de demostrar “los efectos regresivos” de la política de medios que el actual gobierno lleva adelante a través de decretos, distintas organizaciones civiles solicitaron una audiencia a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en la que también participaron miembros del Estado. A continuación, los argumentos de ambas partes.
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(Ramiro Parodi-Red Eco) Argentina- En un contexto complejizado por el carácter de ley que tomó el Decreto 267, diferentes organizaciones - Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), Sindicato Argentino de Televisión, entre otras- participaron, a través de distintos representantes, de una audiencia en Washigton. Allí esgrimieron sus argumentos en contra de las iniciativas llevadas a cabo por el gobierno de Mauricio Macri como las modificaciones de las Leyes Argentina Digital y de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Los representantes de los peticionarios de la audiencia fueron Oscar Ramón, Osvaldo Francés, Daniel Badenes, Damián Loreti, Horacio Verbitsky, Martín Becerra, Néstor Busso y Ana Jaramillo. Mientras que los representantes del Estado argentino fueron Eduardo Bertoni, Santiago Cantón, Claudio Avruj, Miguel De Godoy, Silvana Giudici, Juan José Arcuri.
Si bien los argumentos que apuntaron los peticionarios permitieron aclarar muy precisamente los daños que los decretos macristas han hecho a la libertad de expresión, el debate y las respuestas nunca aparecieron. La estrategia de los representantes del Estado argentino fue caracterizar la política de medios del gobierno precedente y denunciar la persecución mediática que aconteció durante los gobiernos de Cristina Fernandez de Kirchner.
Esto queda condensado en la frase del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avru, que señaló que “La buena noticia es que la etapa de la discrecionalidad en el reparto de la pauta oficial, la utilización política de los medios públicos y el abuso de las cadenas nacionales, así como la censura, son parte del pasado.”
Más allá de la realidad de estos hechos el punto es que el propósito de la audiencia era hablar sobre el estado actual de los medios de comunicación en la Argentina, algo que los representantes del Estado evitaron con argumentos vacíos. A su vez, para defender las medidas de los decretos que fomentan la concentración del mercado de medios señalaron que todas ellas son “provisionales” y que se está trabajando en un nuevo proyecto de ley.
Algunos de los argumentos con los cuales los especialistas criticaron y, a su vez, fundaron las bases que deberían ser tenidas en cuenta para la nueva ley fueron los siguientes:
• Martín Becerra: “El gobierno eliminó contraprestaciones elementales vigentes en todos los países con tradición democrática respecto del “must-carry” (deber de los cableoperadores a transmitir las señales públicas) privando así a las audiencias del derecho de acceso a señales y contenidos (los de carácter público) que, por razones comerciales o de abuso de posición dominante, el cable operador puede no incluir en la grilla.
• Horacio Verbitsky: “Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de selva donde los grandes jugadores se quedarán con todo”.
• Osvaldo Francés, presidente de ARBIA, la asociación que representa a los medios de comunicación PYMES: “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a poder sobrevivir y de esta forma se atenta contra la pluralidad de voces que tanto se declama.”
• Oscar Noceti, representante de las cooperativas: “Con la Ley de Medios anterior las cooperativas logramos tener medios de comunicación y canales de cable. Conocemos muy bien la influencia que esto ha tenido, la cantidad de trabajo que ha generado y la pluralidad de voces que ha permitido. Ahora todo eso, con los decretos del nuevo gobierno, está en riesgo.”
De forma escueta y poco detallada Miguel de Godoy, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), respondió a estos señalamientos: “Yo salí enriquecido de lo que acá pasó, tanto por el intercambio con ustedes como por lo que teníamos que decir (…) Los esperamos a todos para seguir discutiendo”. Mientras que Avruj contestó que “sin ninguna duda podemos asegurarles que a partir del 10 de diciembre de 2015 la confrontación con los medios y el periodismo ha terminado en la República Argentina”.
Sin embargo, el contraste con lo contenidos que, por ejemplo, se transmiten en la televisión es claro. Las voces disidentes al gobierno de Macri escasean en la televisión. Sin ir más lejos esta misma audiencia no estuvo en la agenda de prácticamente ningún canal que saliera por cable.
En la radio la pluralidad es escasamente mayor, hay emisoras como Del Plata que han podido mantener su posición ideológica. Pero muchas que han padecido el corte de la pauta oficial lo que produjo una crisis laboral al interior de los trabajadores de prensa que atraviesan despidos, deudas y recortes salariales. Mientras que la peor parte se la llevan los medios comunitarios que pasaron de ser parcialmente reconocidos en unos pocos artículos del texto (mas no en la práctica) de la ley a no ser siquiera mencionados dentro de un discurso que da por sentado que la comunicación es una mercancía y no un derecho.
Mientras tanto, el pasado jueves se estuvo debatiendo en el anexo de la cámara de diputados el nuevo proyecto de ley. Los argumentos esgrimidos por los especialistas ante la CIDH son una base sólida sobre la cual comenzar a (re)construir la política de medios y a confrontar la tendencia que propone el actual gobierno a la concentración.
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