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Suspenden por sexta vez juicio a extitular de asuntos indígenas en Paraguay
Por EFE - Friday, Apr. 28, 2017 at 5:24 PM

26/04/2017.- El tribunal designado para juzgar a Rubén Quesnel, exdirector del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), suspendió hoy por sexta vez el inicio del proceso por presunta apropiación de fondos destinados para cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Además de Quesnel, la causa incluye a la exadministradora del ente Marlene Mendoza, al exfuncionario del INDI Ever Otazo y a Oscar Viera, presidente de la ONG Reforest Par.

Todos ellos están acusados por la presunta apropiación de unos 568.000 dólares depositados en cuentas bancarias para proyectos de desarrollo en las comunidades Yakye Áxa y Sawhoyamaxa, del pueblo indígena énxet, en cumplimiento de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El proceso suspendido hoy tras la recusación de la abogada de Quesnel, Melisa Estigarribia, a los fiscales de la causa, Hernán Galeano e Igor Cáceres.

El tribunal decidió suspender el inicio del proceso hasta que el Ministerio Público resuelva la recusación.

Maximiliano Mendieta, abogado de la querella contra Quesnel y los otros funcionarios y que representa a la organización defensora de los derechos indígenas Tierraviva, señaló a Efe que los defensores actúan "de mala fe y con un ejercicio abusivo del derecho".

"Estigarribia recusa a cualquier fiscal que se siente en este juicio y no fundamenta por qué les recusa. El tribunal debe sancionar a esta abogada y suspenderla", declaró Mendieta.

Para el abogado, estas recusaciones son "medidas dilatorias por fuera de la ley", que tienen como objetivo lograr que prescriban los delitos y que el caso quede impune.

Destacó que es necesaria una sentencia en este caso para que puedan volver a presupuestarse los fondos que presuntamente Quesnel hizo desaparecer y se les puedan entregar a las comunidades indígenas para cumplir con las sentencias de la CorteIDH.

Añadió que mientras no se inicie el juicio "se arraiga y se profundiza la discriminación contra las comunidades indígenas, y la impunidad de los hechos de corrupción en Paraguay".

Albino Gómez, líder de la comunidad de Yakye Áxa, una de las afectadas por la sentencia de la CorteIDH y que debía recibir los fondos, declaró a Efe que los indígenas esperan "que se haga justicia" y que cesen la discriminación y las artimañas jurídicas para suspender el juicio.

Los miembros de esta comunidad, ubicada en el Chaco paraguayo, recibieron sus tierras en cumplimiento de la sentencia, pero no pueden acceder a ellas debido a la falta de construcción de caminos.

Por este motivo, los indígenas siguen viviendo a un costado de una ruta, donde ya se produjeron varias muertes a lo largo de los más de 25 años que llevan desplazados de sus tierras.

Por su parte, Carlos Marecos, líder de la comunidad Sawhoyamaxa, también afectada por una sentencia de la CorteIDH y por la apropiación indebida de sus fondos, expresó a Efe que el dinero que fue robado es muy importante para que las comunidades puedan poner en marcha planes de desarrollo, como el acceso a agua o la cría de animales, así como el establecimiento de servicios de salud y educación.

La comunidad logró que el Estado expropie a su favor 14.404 hectáreas de terreno que les habían sido arrebatadas, pero sus habitantes padecen las amenazas de empleados de ganaderos de compañías de la zona, algunos de los cuales se encuentran armados.

Además de esta causa, Quesnel fue condenado en abril de 2015 a seis años y medio de cárcel por la venta ilegal del territorio de la comunidad indígena de Cuyabia, en el Chaco paraguayo.

En estas tierras residen grupos de indígenas ayoreo no contactados, que constituyen el último pueblo nativo aislado de América fuera de la Amazonía.

La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, en su mayoría debido a que fueron desposeídas de sus tierras ancestrales durante la dictadura (1954-1989) y en la primera década de democracia.

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