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Balas de goma: Compra excepcional para un trimestre caliente
Por Martín Piqué, Tiempo Argentino - Sunday, Jan. 07, 2018 at 2:35 PM

7 de enero de 2018 | Un día después de la represión del 18 de diciembre, el gobierno anunció una licitación privada para comprar 15 millones de postas de balas de goma con fecha de entrega en febrero y abril.

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Habrá sido la enorme cantidad de munición anti-tumulto que se utilizó el día anterior. Porque, en efecto, aquel lunes 18 de diciembre –en la Plaza de los Dos Congresos primero y en todo el centro porteño después– se habían disparado miles y miles de cartuchos verdes de escopeta 12/70: los que contienen postas de goma. Una escala equiparable, de la misma munición, se había gastado el jueves 14 de diciembre. Desde la Gendarmería llegaron a decir que se habían quedado sin stock. Lo cierto es que en la tarde del martes 19 de diciembre, horas después de que el gobierno lograra aprobar en el Parlamento la Reforma Previsional, en el portal único de compras del Estado Nacional COMPR.AR apareció un aviso que anunciaba la puesta en marcha de una licitación privada de alcance nacional para comprar 15 millones de postas de goma de butadieno (nombre técnico del perdigón no letal) con destino a la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, ubicada en la periferia de Rosario, provincia de Santa Fe. 

Uno de los datos más llamativos, junto con la velocidad con la que la Casa Rosada salió a reequiparse para futuros episodios de represión, es el plazo establecido para que el proveedor entregue las postas. Según las especificaciones técnicas del pliego, 10.500.000 postas deben ser provistas en febrero mientras que las restantes 4.500.000 tienen que proporcionarse en abril (ver facsímil).  

La licitación, que lleva el número 42/4-0007-LPR17, prevé que el contrato durará seis meses. La planta de Fray Luis Beltrán forma parte de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) y depende del Ministerio de Defensa. En sus instalaciones no se fabrican los perdigones de goma –por eso esta compra masiva– pero sí se ensambla el cartucho final, con todos sus componentes. Cada munición de calibre 12/70, de color verde, que un policía o un gendarme carga en su escopeta está compuesta por: postas de goma, vaina de plástico, pólvora (el agente que propulsa), taco y cápsula.  

La cantidad de postas de goma que adquirirá el Estado Nacional en los próximos meses refleja de manera directa la previsión de su uso en el corto plazo. En este punto vale recordar que el gobierno ya anunció que en febrero intentará aprobar la Reforma Laboral. Como cada cartucho contiene en su interior 24 postas, 15 millones de postas de goma equivalen a 625 mil cartuchos de munición no letal. Es el tipo de armamento que se utiliza ante protestas sociales, sindicales, manifestaciones en la vía pública. No hay que descartar que a esa cifra se le deban agregar más municiones: las plantas como la de Fray Luis Beltrán suelen mantener un stock de productos terminados en disponibilidad.

Para determinar si la dimensión de esta compra masiva de perdigones es habitual –tal cantidad para tal período de tiempo– o si demuestra que la represión se está volviendo sistemática y central para Cambiemos, Tiempo consultó a varios especialistas en la materia. Profesionales que se desempeñaron en la DGFM o que conocen bien la industria de la defensa y la seguridad. 

Este diario también habló con delegados sindicales de la fábrica de Fray Luis Beltrán, cuyos 295 trabajadores atraviesan el mismo clima de angustia e incertidumbre que otros empleados del sector público (cuatro días antes de Navidad hubo 39 despedidos y desafectados). Además, se intentó conversar sobre esta licitación para la compra de postas de goma con el interventor de Fabricaciones Militares, el ingeniero Luis Riva. Se hicieron dos llamados a su secretaría privada, donde se comprometieron a transmitirle el pedido de nota. Riva, sin embargo, no contestó.

La primera conclusión a la que aportaron fuentes de la DGFM es que la producción de 625 mil cartuchos de munición no letal entre febrero y abril –para el primer semestre de 2018, como lo prevé el contrato– representa un número muy importante. En cambio, si la misma cifra correspondiera al total de fabricación del año, la licitación pasaría a estar dentro de los estándares frecuentes del promedio productivo de Fabricaciones Militares: según estadísticas de la DGFM, ese organismo descentralizado de la cartera de Defensa fabricó 800 mil cartuchos verdes en todo 2015, mientras que en 2014 la fabricación había alcanzado el millón 100 mil unidades.

"Van a tirar disuasivos químicos hasta en una misa"  

Ubicada a 20 kilómetros al norte de Rosario, la planta de Fray Luis Beltrán de Fabricaciones Militares no sólo fabrica postas de goma. Una de sus líneas de producción se dedica a la elaboración de "disuasivos químicos". Con ese eufemismo de estilo policial se llama, en la jerga de la fábrica, al gas lacrimógeno que se envasa en unidades de aluminio que parecen botellitas de gaseosa: gendarmes y policías los disparan sobre la multitud, a distancia y utilizando lanzadores, algunos de ellos manuales. 

En la fábrica de la DGFM de Fray Luis Beltrán aseguran que la solicitud de disuasivos químicos por parte del Estado Nacional ha crecido hasta llegar a una demanda récord. "Entre la mitad de 2016 y todo 2017 se produjeron 4000 disuasivos químicos. Eso significa un incremento al doble en la demanda de ese producto", contó a este diario Fernando Peyrano, secretario general de la Junta Interna de ATE en la planta de Fabricaciones Militares. "Para 2018 ya nos pidieron 7500 disuasivos químicos, y ya se llevaron 2000. En los próximos años van a tirar disuasivos químicos hasta en una misa", advirtió, sin poder disimular la ironía, el delegado sindical. 

En la fabricación de cartuchos de munición no letal, la planta también tiene una demanda garantizada, quizá sin un crecimiento tan vertical. "A la provincia (por la gobernación de Santa Fe) le debemos 1 millón de cartuchos", señaló Peyrano. La capacidad promedio de la línea de producción de postas de goma es, siempre que trabajen dos turnos, de aproximadamente 460 mil cartuchos verdes (no letales) por mes. "En cartuchos de goma el incremento de trabajo es normal. La licitación de 15 millones de postas va a permitir la prolongación de cuatro meses de trabajo. Igual, acá lo que impera es el nerviosismo y la preocupación ante la amenaza de una nueva ola de despidos", confió el gremialista a este diario.

Rosarino por adopción, nacido en Vera (norte de Santa Fe), el jefe del bloque del FpV-PJ en Diputados, Agustín Rossi, fue ministro de Defensa hasta diciembre 2015. Durante las dos jornadas de protesta contra la Reforma Previsional, Rossi recibió de fuentes confiables de la Gendarmería la información de que esa fuerza se había quedado sin munición anti-tumulto por la enorme cantidad de postas de goma lanzadas en esos días. "A nosotros nos llegó la información de que Gendarmería se había quedado sin balas de goma, que había gastado la totalidad que tenía, y creo que por eso empezaron a utilizar municiones que estaban vencidas", confirmó el diputado en diálogo con Tiempo. «

Marcha por los presos del 14 y 18

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se movilizará en la tarde del próximo jueves 11 en rechazo a la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz y para exigir la libertad de todos los detenidos por las movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre contra la reforma previsional.

En un comunicado, el EMVyJ señaló que "la política represiva del gobierno, inevitablemente incluye el avance de la impunidad con la prisión domiciliaria a Etchecolatz y decenas de genocidas condenados, el ascenso del gendarme Echazú (único imputado por el asesinato de Santiago Maldonado), y un avance en la represión y criminalización de la protesta social, para imponer un durísimo ajuste contra los trabajadores y el pueblo." 

El EMVyJ realizará una conferencia de prensa el martes, en el hotel Bauen, para dar a conocer los detalles de la movilización. 

Respecto de los detenidos en las movilizaciones contra la reforma previsional, el organismo advirtió que "la prisión dictada contra Cesar Arakaki, la persecución y ordenes de detención contra Dimar Ponce y Sebastián Romero, por haber participado de la enorme manifestación popular del 18/12 contra la reforma previsional, la arbitraria detención de Rossano, Parodi, Giusto, Giancarelli y Valotta por hacer lo propio en la jornada del 14/12, los convierte en verdaderos presos políticos de Macri y su Justicia cómplice, engrosando con estos compañeros la lista de presos políticos que este gobierno ya posee." 

En la jornada de ayer, Arakaki, detenido en el penal de Marcos Paz, recibió las primeras visitas no vinculadas a su defensa legal. Así, pasaron a referentes políticos del Partido Obrero (al que pertenece), como Marcelo Ramal y familiares y amigos. 

En tanto, María del Carmen Verdú, de Correpi y abogada de varios de los detenidos el 14 de diciembre, rechazó la decisión de la Cámara Penal de mantenerlos presos sin motivos reales. 

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Un arnés político para las fuerzas de seguridad
Por Claudio Mardones, Tiempo Argentino - Sunday, Jan. 07, 2018 at 2:36 PM

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Los funcionarios del Gobierno que celebran el endurecimiento de la administración de Cambiemos en materia de seguridad interior aseguran que la ministra Patricia Bullrich podría extender el espaldarazo que le dio al gendarme Emmanuel Echazú, a los ocho efectivos del grupo Albatros de la Prefectura Naval que están señalados por el asesinato del joven Rafael Nahuel en la localidad de Villa Mascardi, a 30 kilómetros de Bariloche. Bullrich ascendió en la primera semana de este año a Echazú al grado de alférez y promovió la carrera del uniformado de mayor rango que participó en el operativo que desembocó en la desaparición y ahogamiento del joven Santiago Maldonado en el río Chubut. En el caso de los prefectos sospechados, la cartera de Seguridad todavía no puede replicar el gesto político de respaldarlos porque el expediente que instruye el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, todavía no tiene imputados. Sin embargo, como quien cierra un círculo alrededor de los sospechados, el magistrado notificó a los uniformados sobre el avance de las pericias ya que la bala de 9 milímetros que mató a Nahuel coincide con el calibre de las ocho armas que ordenó secuestrar 40 minutos después de los hechos.

Si las pericias confirman la responsabilidad penal de los sospechados en el asesinato del joven mapuche de 21 años, la investigación podría escalar sobre las responsabilidades políticas del crimen: señalar quién ordenó disparar con balas de plomo, tal como lo exige la familia.

El posible empeoramiento de la situación procesal de los prefectos que el gobierno trasladó velozmente de Bariloche es el único freno concreto al interés presidencial de respaldar con gestos públicos a los efectivos de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el conflicto mapuche.

La nueva doctrina que enunció Macri para sacar a las fuerzas del manto de sospecha tiene un punto de partida con el ascenso de Echazú para que la pulseada judicial sobre la responsabilidad política por la muerte de Maldonado quede perdida en una reinterpretación oficial que disipe los señalamientos concretos sobre la decisión política de recurrir a las balas de plomo en caso de ser necesario. Puertas adentro del poder, quienes transitan ese límite sinuoso suman puntos de ponderación positiva por parte de un presidente que valora a quienes rompen con la corrección política e impugnan “la tradición garantista” de la “herencia recibida”.

“Ahora la versión que se quiso instalar no fue la realidad, no hubo desaparición forzada. Y no escuchamos una sola autocrítica de quienes afirmaron que había una decisión de este gobierno de hacer desaparecer a una persona. Si alguna fuerza de seguridad hace algo mal, hay mecanismos para que eso tenga castigo. Aceptar o plantear que las fuerzas de seguridad tienen una cuestión de violencia institucional, a mí entender es una canallada”, le contestó el jefe de Gabinete, Marcos Peña a este diario, en la entrevista publicada el domingo pasado. La expresión, que apunta a prodigar gestos reparadores para las fuerzas de seguridad, tuvo su correlato práctico pocos días después con el ascenso del subprefecto. Y también cuenta con una proyección política que posiblemente no llegue al bolsillo de los prefectos sospechados, pero que ya retumba entre los 2000 efectivos de las cuatro fuerzas de seguridad federales que intervinieron en los operativos represivos del 14 y el 18 de diciembre alrededor del Congreso, en el marco de las marchas contra por la reforma jubilatoria.

Si el juez Villanueva imputa a los prefectos sospechados en el asesinato de Nahuel, la ofensiva política para respaldar a las fuerzas de seguridad tendrá una pausa de silencio en los efectivos del grupo Albatros. Sería un costo político menor frente a los aprestos represivos adoptados por la Casa Rosada para intervenir en el conflicto mapuche con la misma demonización de sus organizaciones sociales que ahora aplica a los movimientos y partidos que participaron en las marchas de diciembre.

En materia de discurso político, la caja de herramientas del gobierno cuenta con una matriz similar para conflictos urbanos o rurales y busca, en cada caso, construir un enemigo interno que sea pasible de una feroz persecución penal que puede confirmarse en los 96 casos que enumeró el “informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad y los gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut” para caracterizar a la organización “Resistencia Ancestral Mapuche”. La información derramada en sus 180 páginas confirma que los aparatos de inteligencia del Estado nunca dejaron de realizar inteligencia interior, aunque la apuesta política del informe RAM apunta a un correlato judicial inmediato. “Tanto la justicia federal en la zona de conflicto como la justicia provincial se encuentran trabajando actualmente en forma conjunta para avanzar en las investigaciones en curso, en estado avanzado. Y así, poder alcanzar una perspectiva penal acorde a la amenaza que representa este grupo violento sobre la sociedad afectando la seguridad, el comercio, las economías locales, el turismo y la libre circulación tanto de argentinos como de extranjeros que se encuentran en nuestro país”, concluye el informe que el Gobierno defiende con firmeza. «

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