Panorama semanal.
El martes, mientras los portales de noticias informaban con letras rojas sobre el histórico derrumbe del 11,5% de la actividad industrial durante septiembre, la City porteña se abalanzaba sobre las acciones de dos compañías: Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO). Los dos principales accesos viales a Buenos Aires, donde la familia Macri amasó una buena parte de su fortuna y cuyas últimas participaciones vendió recién en mayo del año pasado, después de haber aumentado el peaje máximo de $20 a $50, se convirtieron en la vedette del mercado. Ayer treparon un 4% y un 7% respectivamente, aunque el Merval bajó, y en lo que va de noviembre acumulan subas del 30%.
No es que un boom de venta de autos haya convencido a los inversores de que a los administradores de autopistas los espera un futuro venturoso. En octubre, de hecho, los despachos de cero kilómetro se desplomaron un 39%. Lo que catapultó a las dos acciones fue un trascendido que terminó de oficializarse anteayer: que Ausol anotó en su balance al 30 de septiembre una ganancia de 16.615,7 millones de pesos y que GCO pagará un dividendo de $7,80 por acción, un dineral para una especie que se vende a $43.
La sorpresa que exhibió el mercado debería hacer reflexionar a los operadores bursátiles sobre sus fuentes de información y su capacidad de análisis. El negoción de las dos concesionarias, en realidad, se había terminado de abrochar en los primeros días de julio, cuatro meses atrás, cuando el Gobierno decidió reconocerle al grupo español Abertis (controlante de ambos accesos) la deuda que le reclamaba al Estado por 1.100 millones de dólares y extenderle la concesión hasta que termine de cobrársela, sin llamar a una nueva licitación. El reclamo de la multinacional era por los supuestos incumplimientos del Estado desde 2001, cuando los contratos de todas las privatizaciones volaron por el aire junto con la convertibilidad. Los antiguos socios de Macri habían amenazado con un juicio en el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI), aunque nunca lo iniciaron formalmente.
Autopistas del curro
La escandalosa renegociación de julio se concretó mediante un decreto que lleva la firma del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Como apenas hacía un año de la venta de las acciones de SOCMA en Ausol, efectivizada luego de que su cotización subiera un 394%, Macri se excusó de firmarla. La norma extendió la concesión hasta el año 2030 o hasta que se cobre la deuda, benefició a los concesionarios con una rentabilidad del 13% al 15% anual en dólares y les garantizó dos aumentos de peajes por año por encima de la inflación. También los eximió de indemnizar a sus empleados cuando finalice la concesión y de la obligación de levantar las barreras del peaje cuando la fila de autos supere los 100 metros.
Las monumentales ganancias que registraron Ausol y GCO no son más que la traducción de esa renegociación a los balances de ambas compañías, algo que se repetirá en sus próximos balances. Como escribió un operador en el foro de Rava Bursátil, el de Ausol (que ayer cerró a $128) “es un papel para no vender más aunque valga $200, una máquina de generar dinero”.
Dietrich sabe que tarde o temprano la justicia hurgará en una renegociación tan favorable para los antiguos socios de su jefe. Pero como Luis Betnaza, el lugarteniente de Paolo Rocca en Techint que aceptó cargar con toda la responsabilidad por los pagos que un valijero del holding le hizo al alfil devidista Roberto Baratta, el ministro de Transporte pone el cuerpo por el Presidente. Momentáneamente, además, no tiene por qué preocuparse. En plena feria, el verano pasado, el fiscal Guillermo Marijuán archivó la causa que había impulsado inicialmente cuando Margarita Stolbizer denunció que el grupo Macri vendió las acciones después de subir los peajes.
La causa de los cuadernos, sin embargo, amenaza con complicar la cosa nuevamente para el Gobierno. El extitular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, se convirtió en agosto en el primer exfuncionario kirchnerista dispuesto a declarar como “arrepentido” ante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. Según las fuentes de la investigación citadas por los diarios Clarín y La Nación y el portal Infobae, Uberti aseguró que entre 2003 y 2007 él era responsable de “recaudar coimas de las empresas de corredores viales”. A fines de 2005, el propio Uberti definió con Ausol el Acuerdo de Renegociación de Ausol que se firmó en diciembre de ese año. El CEO de Ausol en aquel momento era Luis Ramón Freixas Pinto, a quien Macri designó en diciembre del año pasado al frente del reestatizado Correo Argentino, otro viejo conocido de las Sociedades Macri (SocMa).
Bonito
La danza de millones en las autopistas contrasta con el hielo que empieza a corroer al resto de la economía a partir de la política de supertasas de interés pactada por Nicolás Dujovne y Guido Sandleris con el Fondo Monetario. Con excepción de los choferes de camiones, los bancarios y los petroleros, ningún gremio logró siquiera arrimarse al 40% de recomposición salarial en los últimos 12 meses, lapso durante el cual el INDEC midió una inflación del 40,5%. Y todavía falta computar un octubre durante el cual la inflación también superó el 6%.
A lo largo de 2018, un empleado privado formal que gana el sueldo promedio, hoy en torno a los 26.000 pesos de bolsillo, habrá perdido 19.800 pesos a causa de la inflación según cálculos del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. El bono compensatorio que pactaron la CGT y el Gobierno con el aval de la UIA, la Cámara de Comercio y la de la Construcción no llega a cubrir ni una tercera parte de esa pérdida. Y aún así, anoche todavía se negociaba la letra chica del decreto para dejar abierta la puerta a que las Pymes lo paguen en un plazo mayor que dos cuotas.
El problema es más agudo en la industria que en ningún otro sector. Las fábricas, que ya se deshicieron de un 10% de sus empleados desde que asumió Macri, en muchos casos dejaron de cumplir con el cronograma de pago de sueldos que marca la Ley de Contrato de Trabajo. El pago desdoblado de salarios ya se hizo costumbre en ramas como la textil o la de alimentación. “Yo pago en dos veces y me ahorro el 70% anual de tasa de interés sobre la mitad de la masa salarial. Salvo las más grandes, lo están empezando a hacer todos”, admitió ante BAE Negocios un socio de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
Soviéticos
Esa morsa que asfixia a los industriales -unos costos que no paran de subir y una demanda que no da señales de vida- llevó a que algunos pusieran el grito en el cielo cuando se enteraron de que el bono saldría por decreto. Claro, ni el soviético Axel Kicillof se atrevió a tanto. “Están haciendo política con plata nuestra”, se indignó el martes un miembro del Comité Ejecutivo de la UIA. Hubo incluso algunos reproches contra el jefe de la central fabril, Miguel Acevedo. Pero al final la sangre no llegó al río y el zar aceitero fue reivindicado por sus colegas. “Mucho peor sería que se nos prenda fuego todo”, le concedieron.
La idea, en rigor, fue de Dante Sica. El ministro de Producción y Trabajo busca deshacerse de Jorge Triaca desde que supo que el degradado exministro (ahora secretario bajo su órbita) lo puentea y habla directamente con Macri. El enojo creció cuando se enteró del contenido de una de las últimas de esas charlas telefónicas: Triaca le dijo al Presidente que la interlocución de Sica con los gremios no iba a servir para desactivar el paro que preveía hacer la CGT a fin de mes.
El bono es una carambola a tres bandas de Sica, un consultor que se fogueó como funcionario en el convulsionado 2002 y que aprendió rápido a hacer política. La carambola apunta ante todo a frenar el paro de 36 horas con el que amenazaba la CGT. Pero también a reemplazar el diálogo social que ya había iniciado la UIA con gremios más combativos y con movimientos sociales, bajo el auspicio de la Iglesia, por otro con interlocutores obreros más moderados y el Gobierno como árbitro.
Por último, Sica procura terminar con la tensa convivencia con Triaca que lo tiene a maltraer desde que asumió. Además de su gesto de autoridad con el bono, a Triaca lo empuja hacia fuera de su oficina en Alem 650 la investigación que inició el juez Daniel Rafecas sobre presuntos desvíos multimillonarios de fondos del gremio de vigiladores privados (UPSRA), intervenido por la dependencia a su cargo. Quizá haga más fuerza que el caso de “Sandrín”, la empleada doméstica de su quinta a la que le pagaba (en negro) con fondos de otro sindicato intervenido, el SOMU. O quizá sea roja por acumulación de amarillas, por decirlo en términos del evento que mantendrá en vilo durante las próximas 24 horas al Presidente. Para bonos, sueldos devaluados, autopistas e intrigas de palacio ya habrá tiempo después.