Organismos de Derechos Humanos de Tucumán continúan exigiendo juicio y castigo ante la “falta de mérito” declarada por el juez Federal Daniel Bejas para los directivos del Ingenio La Fronterita acusados por delitos de lesa humanidad. Señalan que se trata de “un caso emblemático de complicidad empresarial con el terrorismo de Estado”. Representantes de Andhes se presentaron ante la Cámara Federal de Apelaciones.
Pese a la cantidad de pruebas existentes, el 14 de mayo el juez Federal Daniel Bejas declaró la “falta de mérito” a favor de dueños y parte de la Comisión Directiva del grupo Minetti propietario del Ingenio La Fronterita, denunciados en la causa: Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos.
En la causa se cuentan 68 víctimas: En su mayoría trabajadores y trabajadoras del Ingenio Fronterita. De ellos cerca del 50% tenían actividad sindical. Todos fueron secuestrados y torturados. Once se encuentran actualmente desaparecidos. Los restos de dos de ellos fueron identificados en el “Pozo de Vargas”.
La empresa facilitó su propiedad para el despliegue del ejército en una base militar que funcionó dentro del ingenio con la instalación de un Centro Clandestino de Detención (a metros de la fábrica).
El Ingenio aportó listas e información calificada de trabajadores, trabajadoras y habitantes de las colonias del ingenio, que luego fueron secuestrados, torturados y/o desaparecidos. Y también aportó vehículos y recursos para la represión clandestina.
En un comunicado conjunto, la Comisión de DDHH Tafí Viejo, la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, H.I.J.O.S, la Asociación de ex Presos Políticos de Tucumán, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la Secretaría de DDHH de la CTA de los Trabajadores Tucumán, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre Tucumán, la Agrupación de ex Presos Políticos “Héroes de Trelew” Tucumán, la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero, la APDH y ANDHES reclamaron que continúe la causa judicial.
“Sostenemos que Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos, dueños y parte de la Comisión Directiva del grupo Minetti, deben responder ante la justicia por sus acciones”, plantearon.
Además, criticaron especialmente “la tesis planteada por el juez Federal, Daniel Bejas, que ‘el miedo no reconoce clases sociales ni posiciones económicas’. Equipara así a los obreros, quienes fueron las principales víctimas de la Dictadura, con empresarios que fueron cómplices necesarios para la ejecución de los planes de los militares y sus beneficiarios directos”.
“De la investigación fiscal surge que, durante los años 1975 a 1977, al menos 68 personas que trabajaban en el Ingenio La Fronterita, o que vivían en sus colonias, pasaron por el Centro Clandestino de Detención y Tortura que funcionó en las instalaciones de la fábrica. Todas fueron torturadas y algunas continúan, hasta hoy, desaparecidas”.
“Más del 30% de las víctimas del Ingenio eran trabajadores y trabajadoras de la industria azucarera que tenían actividad sindical. No hay ninguna víctima vinculada a los dueños de la fábrica, como se desprende del argumento del juez Bejas”, señalaron.
El 4 de julio, integrantes de Andhes (Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) se presentaron ante la Cámara Federal de Apelaciones para solicitar que se investigue la responsabilidad de empresarios tucumanos en crímenes de lesa humanidad.
Pablo Gargiulo, abogado de Andhes y de la querella donde están los hijos del sindicalista Fidel Jacobo Ortiz, planteó que los argumentos por los cuales el juez Bejas dictó la falta de mérito “implican una interpretación arbitraria de la prueba”, y por lo tanto merecen ser desestimados por la Cámara y en ese sentido la sentencia debe ser revertida y dictarse el procesamiento de los imputados.
“Nosotros consideramos que los argumentos sostenidos por el juez de instrucción no resultan válidos e incluso en algún aspecto nos ha sorprendido teniendo en cuenta que interpreta que los imputados en esta causa son verdaderas víctimas del terrorismo de estado. Nosotros creemos que las pruebas de la causa demuestran todo lo contrario. Demuestra que hubo un acuerdo del cual ellos se beneficiaron, que aportaron información útil para que la represión se pudiera llevar adelante en forma eficiente, que aportaron logística y medios útiles para esa finalidad. Esto no puede ser no tenido en cuenta por la justicia la hora de evaluar su responsabilidad penal en este juicio”.
Hortensia Ortiz, hija de Fidel Jacobo Ortiz, , sindicalista desaparecido del Ingenio La Fronterita, planteó que “yo como hija de Fidel Jacobo Ortiz quiero que esto llegue a juicio. Mi papá trabajaba en el Ingenio Fronterita como sindicalista, el actualmente está desaparecido hace ya 43 años. La familia de Jacobo Ortiz venimos pidiendo justicia por él y por todas las víctimas del Ingenio La Fronterita”.
“Estamos exigiendo que se investigue, se lleve a juicio y se condene a las personas que tuvieron un poder de decisión en el Ingenio La Fronterita”, declaró por su parte Gabriel Pereira, de Andhes. “Este caso está demostrado en Operativo Independencia, se demuestra que el aparato del ingenio cumplió un rol fundamental en la implementación del terrorismo de estado en la Provincia de Tucumán, sobre todo en el sur de la provincia. Este ingenio a través de sus administradores y su consejo directivo hizo aportes sustantivos y sustanciales para que se implemente el terrorismo de Estado en el sur tucumano. Sin estos aportes los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese momento en ese lugar no se hubiesen realizado de la forma e intensidad que sucedieron”.
“Por eso creemos que el hecho de que se hayan cedido los espacios y las instalaciones para que se efectivice un centro clandestino y una base militar, que se hayan prestado vehículos, que se haya dado información de los trabajadores y que se haya dado autorización para que los militares entren a las casas de los trabajadores fueron acciones que permitieron establecer un aparato del terror que terminó en la desaparición, tortura y violación de todo tipo de derechos humanos en esa zona. Por eso creemos que el Caso La Fronterita debe ser destacado como un caso paradigmático de como el aparato económico empresarial de una provincia ha sido fundamental para instalar el terrorismo de estado en la argentina”.
“Este caso”, consideró Pereira, “tiene una trascendencia nacional e internacional muy importante para el movimiento de DDHH. En la actualidad el derecho internacional de los derechos humanos y la comunidad internacional está mirando a las empresas como actores y sujetos que deben dar cuenta de sus violaciones de DDHH. Por eso La Fronterita hoy en América Latina y en el mundo está siendo visto como un caso paradigmático de cómo a través de las empresas los estados comenten violaciones de DDHH que terminan siendo crímenes de lesa humanidad”.
