Durante casi una hora, la directora del programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la CPM, Claudia Bellingeri, realizó un pormenorizado relato técnico ante los magistrados del Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata respecto a los legajos, fichas y notas extraídas del archivo de la DIPPBA. Allí aparecen los roles, pertenencia orgánica y acciones concretas desplegadas por Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa, los dos imputados, miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en Mar del Plata y que no habían sido incorporados a la causa penal que ya fue juzgada en 2016. Por eso, desde el año pasado están siendo juzgados como responsables de muchos de los mismos crímenes de lesa humanidad que fueron ventilados en el primero.
Como en todas las instancias de instrucción penal o juicios por crímenes de lesa humanidad a los que la CPM aporta material documental del archivo DIPPBA con relación a los imputados, el pasado lunes 10 de febrero el TOF 1 de Mar del Plata tomó declaración testimonial de concepto a la directora del programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad, Claudia Bellingeri.
El objeto de la testimonial –que comenzó a las 10 de la mañana y se extendió por casi una hora- giró en torno a los registros de la DIPPBA que dan cuenta de la pertenencia de los imputados Corres y Ullúa a la Concentración Nacional Universitaria (CNU), su intervención en el seguimiento, secuestro y asesinato de varias de las víctimas de esa organización de ultraderecha y sus relaciones orgánicas con las fuerzas de seguridad y armadas que operaron antes de la última dictadura cívico-militar.
Al comienzo de la exposición, se proyecto un breve video explicativo respecto del primer ingreso, en 1998, de los miembros de la CPM a la sede de la DIPPBA (ese año fue disuelta) y las condiciones en que fue hallado el archivo de inteligencia policial; el extenso proceso de desclasificación de los archivos; y funcionamiento del sistema de preservación, autenticidad y integridad de los documentos, que nunca fueron sacados de su ubicación en calle 54.
Luego, se desmenuzó el valor probatorio de los documentos aportados al juicio, organizados en varios ejes y pertenecientes tanto a la DIPPBA como a la Prefectura Naval: formación ideológica de la CNU, orígenes y vinculación con su predecesora Tacuara, vinculación y pertenecía de Corres y Ullúa a CNU, y hechos delictivos protagonizados por la organización de ultraderecha en Mar del Plata en el plano estudiantil, gremial y político.
Así, por ejemplo, se expuso un documento de Prefectura, de octubre de 1976, en el que se detalla el comienzo de la relación entre CNU – Mar del Plata y el GADA (Grupo de Artillería Antiaéreo 601.
“El GADA, que siempre mantuvo hermetismo respecto de sus operativos, no cuenta con personal capacitado en inteligencia (…) En un primer momento de esta guerra se valió de personas civiles que militaban en la Concentración Nacional Universitaria, que llegaron a actuar con total impunidad en la ciudad (…) Luego, cuando la CNU fue dejada de lado por el GADA, éste se quedó sin la corriente informativa que las circunstancias aconsejan”, dice el documento.
Con respecto al accionar en el ámbito sindical, otro documento de Prefectura menciona, en el marco de disputas gremiales, a la CNU como uno de los grupos de derecha que fuertemente armados custodiaban la sede de la delegación CGT en la ciudad balnearia.
En el ámbito estudiantil, también se refieren las agencias de inteligencia al apoyo de la CNU: (En Mar del Plata) «hubo que aplicar medidas compulsivas en la conducción universitaria en las que intervino el factor político, utilizando recursos de extrema derecha de su extracción tales como el CNU, para eliminar el grueso activista en los claustros estudiantiles, docentes y no docentes”.
La activa presencia de CNU en la Universidad Nacional de Mar del Plata también se replicó en La Plata, con casos de víctimas que ya han sido juzgados en el primer juicio CNU y que ahora vuelven a examinarse en función del accionar de los imputados Ullúa y Corres.
El legajo 76 de la Mesa A, Factor Estudiantil, de la DIPPBA se examina, a un mes del golpe de estado, las condiciones y acumulación de fuerzas de la organización Juventud Universitaria Peronista (JUP). El registro evalúa que, durante el 75 y comienzos del 76 la organización ya había sido prácticamente disuelta “ya que el despliegue de los grupos de derecha se centralizó en evitar toda participación a nivel estudiantil y académico de la JUP”.
“Luego de este hecho se produce un éxodo de profesionales y estudiantes de esa facción a la Capital Federal y La Plata rehuyendo de los ataques armados de la Alianza y el CNU, trayendo aparejado el total desmembramiento de la JUP a nivel universitario”, agrega la DIPPBA.
Cabe destacar que tanto Ullúa como Corres están acusados de integrar la asociación ilícita -junto a los siete miembros que ya fueron condenados en diciembre de 2016- con el objetivo de cometer una serie de ilícitos, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían.
A su vez, Ullúa está procesado también por los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, el médico Bernardo Alberto Goldemberg, Daniel Gasparri y Jorge Stoppani, y la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.