La autoproclamada ex presidenta Jeanine Añez fue aprehendida en la ciudad de Trinidad, capital del departamento del Beni, Bolivia, pasada la medianoche, tras lo cual fue trasladada a la ciudad de La Paz. Será imputada junto a varios de sus ex funcionarios por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Durante su gestión se cometieron delitos de lesa humanidad en las masacres de Senkata y Sacaba, entre otros crímenes.
“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía”, anunció el Ministro de Gobierno Carlos Eduardo Del Castillo en sus cuentas de Twitter y Facebook, y felicitó a los agentes policiales por su “gran trabajo en esta gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano”.
La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra Áñez y varios de sus exministros Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa), Álvaro Coimbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía), denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
Dos de ellos, Coímbra y Guzmán, también fueron detenidos en Trinidad y trasladados a La Paz.
No se sabe el paradero de Núñez, mientras Murillo y López están también prófugos y huyeron a Estados Unidos.
La orden de aprehensión abarca también a cuatro exjefes del alto mando de las Fuerzas Armadas, con los que sumaban 14 las personas cuya captura procura la fiscalía en el proceso por el golpe.
El proceso judicial partió de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, ex legisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En 2019 se desató una crisis en Bolivia luego que Evo Morales Ayma ganara en primera vuelta las elecciones generales de octubre, con una fuerte campaña iniciada meses antes sobre acusaciones de presunto fraude, nunca comprobadas.
Sobre esa argumentación la oposición de derecha, junto a aliados como la Organización de Estados Americanos (OEA), el ejército y la policía boliviana, auspiciados por Estados Unidos desataron sobre la población una serie de acciones con fuerte accionar de bandas fascistas que atacaron a indígenas, periodistas, militantes y políticos del MAS, incendiaron sedes y centros de cómputos, con zonas liberadas policiales primero y motines policiales después, que junto a la intervención militar culminaron en un golpe de Estado para derrocar a Morales y obligarlo a salir del poder.
Negacionismo del golpe y defensa de responsables de crímenes de lesa humanidad
La expresidenta de facto sostiene como eje de su defensa negar el golpe de Estado.
Tras su detención, Jeanine Añez denunció en redes sociales “un acto de abuso y persecución política”, porque según Añez, el gobierno boliviano “me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió”.
Añez no está sola en su interpretación del pasado reciente.
Varios de los principales actores involucrados en el golpe esgrimen similares argumentos, como el político Carlos Mesa, el ex rector de la Universidad de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín -quien tiene un pasado, traicionado, vinculado a la defensa de los derechos humanos- o Luis Fernando Camacho, dirigente surgido del fascista Comité Cívico de Santa Cruz.
Similar comportamiento exhiben medios de comunicación que acompañaron y propagandizaron el golpe, como el periódico paceño Página 7, cuya línea editorial de los últimos meses está enfocada en el negacionismo.
En este coro, la nota destacada la tuvo en los últimos días María Amparo Carvajal, Presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) -organismo sin vínculos con la APDH Argentina- que lanzó el jueves un “comunicado urgente” llamando a defender a los policías y militares acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de facto.
El involucramiento de un supuesto organismo de derechos humanos en la defensa de delitos de lesa humanidad se explica por sus lazos con el golpista Waldo Albarracín, quien fue presidente de la APDHB entre 1992 a 2003.
Posteriormente, Albarracín presidió el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), un espacio también integrado por la APDHB, desde el cual se impulsaron acciones contra el gobierno de Evo Morales Ayma durante el golpe de noviembre de 2019.
Los movimientos y organizaciones sociales que derrotaron con su lucha al gobierno de facto y lograron que se concrete el llamado a elecciones, deben responder ahora la campaña de desinformación y tergiversación.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB, por ejemplo, recordó ayer en su página de Facebook siete hechos que desmienten el discurso negacionista:
1. La senadora Jeanine Añez nunca fue electa presidenta del Senado. Se autoproclamó en una sesión ilegal y violó el artículo 169 de la CPE que establece que la sucesión constitucional llega hasta la presidencia del Senado o de Diputados.
2. El Alto Mando de las FFAA violó el artículo 244 de la CPE: “asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido”; al apoyar a interrumpir el orden constitucional y sostener el golpe de Estado.
3. Al amotinarse, brindar protección a grupos paramilitares y ejecutar la persecución política del Gobierno de facto, la cúpula de la Policía violó el artículo 251 de la CPE que establece: “Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria”
4. El “comunicado” del Tribunal Constitucional negociado por Luis Vásquez (abogado de Tuto Quiroga) en Sucre no era vinculante ni de cumplimiento obligatorio. El artículo 10 del Código Procesal Constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional establece que ese garante de la supremacía constitucional emite Sentencias, Declaraciones y Autos Constitucionales. El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, aclaró ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa de la Cámara de Diputados que ese comunicado “no tiene valor legal y no es vinculante”.
5. Ese comunicado del Tribunal Constitucional hace referencia a una consulta que hizo Tuto Quiroga con relación a la sucesión que contemplaba la CPE neoliberal de 1967 que fue abrogada por la Constitución del Estado Plurinacional de 2009.
6. Un militar en uniforme de combate le impuso la banda presidencial a Jeanine Añez.
7. El gobierno de facto de Añez violó derechos humanos y políticos reconocidos en la CPE y provocó masacres que son delitos de lesa humanidad que no prescriben. La CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado y la Defensoría del Pueblo, han confirmado ese extremo.