En la madrugada del 20 de agosto de 1976, 30 detenidos ilegales en centros clandestinos de detención fueron trasladados por la Policía Federal hasta un descampado de Fátima: en el lugar fueron acribillados y luego detonaron los cuerpos con cargas explosivas. El asesinato en masa y la exhibición de los cadáveres se realizó en represalia por el asesinato de Gral. Omar Actis, presidente del Ente Autárquico Mundial ’78, y fue un mensaje de advertencia para las organizaciones de izquierdas. A 45 años de la masacre, en el marco del convenio con el municipio de Pilar, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentará un informe con los documentos desclasificados por Estados Unidos, realizado en cooperación con el National Security Archive y la universidad William & Mary.
La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) fichó la masacre el mismo día que ocurrió: “Hallazgo de 30 cadáveres en la zona de Pilar”, dice el asunto del legajo 6013 de la Mesa “Ds” [Delincuente subversivo]. “(…) fueron hallados 21 N.N. masculinos, y 9 N.N. femeninos, maniatados y amordazados, muertos al parecer por impactos de balas y algunos mutilados casi quemados por carga explosiva”, describe el parte 158, a partir de información recibida por comunicación telefónica.
La masacre había ocurrido alrededor de las 4 de la madrugada del 20 de agosto de 1976, en un descampado a la altura del kilómetro 62 de la Ruta 8, a 1.500 metros del centro urbano de la localidad de Fátima, Pilar. La escena fue descrita por la policía local tras un llamado anónimo que alertó de la situación.
Ese mismo día, el legajo de la DIPPBA recoge parte del comunicado oficial: “el Ministerio del Interior repudia terminantemente este vandálico episodio solo atribuible a la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino”.
A pesar de la magnitud y publicidad del hecho, la DIPPBA no indaga en la autoría del hecho ni solicita identificación de los cuerpos. El legajo se cierra sin más información que la intervención del juez penal de San Isidro Fernando Zavalia.
Los documentos desclasificados recientemente por el gobierno de Estados Unidos revelan que la información sobre la masacre, su autoría y las repercusiones circulaba desde las primeras horas entre las jefaturas de las Fuerzas Armadas; eso explica quizá la llamativa inactividad de la inteligencia de la Policía Bonaerense.
Un cable de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del 25 de agosto informaba que: “Niveles operativos de la Policía Federal Argentina fueron responsables por el asesinato de treinta individuos como represalia por el asesinato del Gral. Actis y como advertencia a los ‘extremistas de izquierda’ de no involucrarse en actos de violencia en vísperas del 22 de agosto”. Según este informe, la Policía Federal tenía información de posibles ataques coordinados entre ERP y Montoneros para conmemorar el aniversario de la masacre de Trelew.
El mismo cable de la CIA señalaba el malestar del dictador Jorge Videla por este hecho: “La objeción de Videla no es por el asesinato de las treinta personas, que estaban supuestamente involucradas con Montoneros, sino por la aparición pública de los cuerpos”.
En las semanas siguientes, en reuniones con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, miembros del gobierno de facto insistían con la versión de que Videla tenía la intención de investigar y sancionar a los responsables.
Sin embargo, la posibilidad de una condena fue rápidamente olvidada. En un telegrama del 2 de octubre dirigido al Departamento de Estado, la Embajada de Estado Unidos concluía: “Ninguna medida significativa ha sido tomada para detener los excesos de parte de las fuerzas de seguridad. Ninguna sanción fue tomada contra aquellos responsables por la masacre de Pilar. Por el contrario, es claro que había un nivel relativamente alto de autorización para esos asesinatos”.
La justicia por la masacre de Fátima tuvo que esperar más de 30 años. En 2008, el Tribunal Oral Federal N° 5 condenó a prisión perpetua a los ex comisarios Carlos Enrique Gallone y Juan Carlos Lapuyole por la masacre de Fátima, y absolvió al comisario Miguel Ángel Timarchi. El ex comisario Carlos Marcote murió durante el trámite de la causa; Luis “El Japonés” Martínez estaba prófugo de la justicia cuando se realizó el juicio.
Las 30 víctimas que fueron acribilladas y detonadas en la madrugada del 20 de agosto de 1976 estaban en cautiverio en el centro clandestino de detención que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal. Cinco de las 30 víctimas todavía hoy no fueron identificadas.
A 45 años de la masacre, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le entregará al Municipio de Pilar un informe con los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, que se realizó en cooperación con el National Security Archive y la universidad William & Mary. En su momento, el Municipio ya había recibido los documentos de la DIPPBA a partir de la firma del convenio “Memoria y archivos locales”.