En los últimos días del 2021 se aprobó un estudio de impacto ambiental para realizar exploraciones sísmicas en el mar, en busca de yacimientos de petróleo y gas. Esto despertó muchas protestas en todo el país, poniendo en duda la política energética frente al cambio climático y la importancia de la convergencia entre economía y ambiente saludable y sustentable en las costas y el mar argentino. En esta nota analizamos el camino de la política de exploración y explotación petrolera con concesiones a empresas extranjeras que, más allá de las grietas, parece tener continuidad.
Por Natalia S. – Red Eco Alternativo
Hace varios años, recorría América del Sur con mi compañero y nos quedamos sin efectivo. Era viernes, el Banco estaba por cerrar y sólo teníamos unos cheques de viajero que eran una opción incómoda, que no siempre era fácil cambiar y que nos dejó varados sin plata en una ciudad hermosa. Ese viernes, ya al borde de la desesperación, rogamos a la cajera que nos diera una solución, que no podíamos esperar al lunes. La persona que nos atendió se sorprendió: “pueden volver mañana, somos pobres, no podemos darnos el lujo de cerrar el banco el sábado”.
Cada vez que la cuestión ambiental asoma y los argumentos sobre el “desarrollo” y nuestra situación económica afloran, recuerdo esa frase: ¿podemos darnos el lujo de no trabajar el sábado? ¿podemos darnos el lujo de no volar nuestras montañas ni contaminar nuestros ríos y mares? ¿Es eso un lujo?
Campaña de adquisición
El 30 de diciembre, mediante la resolución 436/21, firmada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible, Juan Cabandié, el Gobierno Nacional aprobó el estudio de impacto ambiental para 3 áreas de exploración offshore por parte de la petrolera noruega Equinor, proyecto denominado “CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN SÍSMICA OFFSHORE ARGENTINA; CUENCA ARGENTINA NORTE (ÁREAS CAN 108, CAN 100 Y CAN 114)”.
Esto desató una enorme cantidad de protestas y movilizaciones en distintas partes del país, aún al calor del chubutazo contra la megaminería, pero especialmente en la ciudad de Mar del Plata. Finalmente, la semana pasada se presentaron dos amparos que están a la espera de la decisión de la justicia.
El tema ya estaba en agenda y en julio del 2021 el gobierno nacional había convocado a una audiencia pública (N° 1/21) para debatir sobre el Estudio de Impacto Ambiental de la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore en Cuenca Argentina Norte, en las áreas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114”. En esta audiencia, 333 exposiciones se manifestaron en contra de la exploración sísmica y sólo 12 a favor. (La audiencia se puede ver completa en este aquí).
Sin embargo, el estudio fue aprobado y será inicialmente, para realizar exploraciones en el mar que permitan determinar si hay fuentes de petróleo y gas. Estas exploraciones, llamadas sísmicas, se realizan mediante emisión de sonidos que al rebotar contra el fondo del mar generan mapas.
El proceso comenzó, legal y administrativamente, en el 2018 cuando Mauricio Macri abrió una licitación pública internacional para adjudicar permisos de exploración hidrocarburífera en las cuencas Austral, Argentina Norte y Malvinas Oeste, pertenecientes a la Plataforma Continental Argentina. Un año después se abrieron licitaciones para 5 áreas más, sumando un total de casi 230.000 km2.
En total, se otorgaron en concesión 18 áreas, por un total de 724.000.000 USD. Las empresas beneficiadas son 12 extranjeras e YPF.
Entre ellas, se encuentra Equinor, cuya aprobación de estudio de impacto ambiental generó movilizaciones en todo el país en contra de las exploraciones, conocidas como el Atlanticazo.
Hasta ayer nadie sabía qué era
Como en una repetición de los dichos de Alexis Guerrera sobre la Hidrovía, el actual Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, dijo que “Hubo cientos de exploraciones sísmicas y nunca nadie se enteró.”
Más allá de lo simplista del planteo, es cierto que en Argentina hay explotaciones off shore y hubo otras tantas exploraciones que no llegaron a encontrar fuentes de hidrocarburos. De acuerdo a lo publicado en la web del Gobierno Nacional: “Actualmente, en nuestro país hay 36 pozos en producción, en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. La utilización de la técnica exploratoria sísmica en el Mar Argentino data de fines de los años 50. En las costas bonaerenses, se han registrado desde 1960 unos 50 mil km de sísmica y se han perforado 18 pozos; el último en 1997.”
Sin embargo, ninguno de estos pozos está a la profundidad que quiere explorarse ahora. De acuerdo a lo citado por Viale y Svampa, “Como señaló en redes sociales el geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, Marcelo Giraud “(…) de los actuales 36 pozos gasíferos off shore en el mar Argentino, sólo 1 está sobre una columna de agua mayor a 100 metros, todos los demás son en aguas poco profundas. En cambio, en el polígono donde autorizaron a Equinor a hacer exploración sísmica de hidrocarburos, el fondo marino está a unos 1.700 a 3.800 metros de profundidad, califica como off shore ultra profundo, que jamás se ha hecho en Argentina.”
Mientras más profundo es el pozo, más grande es el riesgo de que ocurran accidentes o eventos que generen daños irreversibles en el ambiente. Esa es otra de las preocupaciones que atraviesan estas concesiones y que también deben ser revisadas.
Existen muchas evidencias de problemáticas vinculadas a la explotación petrolera off shore, por ejemplo, la explosión y uno de los vertidos de petróleo más grandes de la historia en el 2010 en el golfo de México, con la plataforma de aguas ultra profundas Deepwater Horizon o el incendio en la plataforma P 36 de Petrobras, que dejó 11 muertos y un enorme derrame de crudo. También el incendio en la plataforma Mumbai High North en la India en 2005, en el que murieron 22 personas, en el 2009 en Australia. Sin ir a otros países, actualmente en Río Negro hay un derrame de crudo que está generando graves problemas ambientales al romperse un oleoducto (1).
Por otra parte, y como una particularidad de este tipo de exploraciones, no sólo la explotación conlleva riesgos, sino que también la exploración. Si bien las ondas emitidas por los barcos que permiten generar mapas del subsuelo son breves y casi imperceptibles para los seres humanos, según distintas organizaciones que trabajan con fauna marina, esos mismos sonidos alteran la vida de cetáceos, pingüinos y la irrupción de la vida marina en general.
En el caso de las ballenas, desde el Instituto de Conservación de Ballenas alegan preocupación porque “Las áreas donde se realizarán las prospecciones sísmicas se superponen con un área muy relevante para las ballenas francas durante su época de alimentación en primavera. Asimismo, se solapan con hábitats que albergan una gran biodiversidad y son escenario de importantes procesos ecológicos, como el desove de especies de importancia ecológica y comercial, la migración del calamar y la alimentación de aves, tortugas y mamíferos marinos, como la ballena franca austral.”
Una vez más, decisiones previas sobre conservación y cuidado ambiental son contradictorias porque estas mismas áreas “fueron identificadas como potenciales Áreas Marinas Protegidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación”.
Hay una ballena en la pecera
Entre los argumentos ambientalistas, también se encuentra que si las ballenas dejan de aparecer frente a las costas argentinas, el turismo vinculado a esta actividad desaparecería. Pero esto parece un detalle menor cuando recordamos que Argentina se encuentra en medio del proceso de negociación de deuda con el FMI.
Si bien todo comenzó en el 2018 cuando se lanzaron las licitaciones, el momento en que se aprueba el estudio de impacto ambiental es también un momento en el que el Gobierno quiere mostrar “buena voluntad” al FMI.
Sin embargo, no está tan claro que este tipo de exploraciones sean tan beneficiosas en términos económicos, especialmente si las empresas que tienen las concesiones no son de capitales nacionales.
De acuerdo a la Ley 27.007 del 2014- sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y promulgada por su gobierno- las concesiones de Explotación con la plataforma continental y en el mar territorial son de 30 años, con opción a extensión por 10 años más, y en este tipo de explotaciones, las regalías pautadas son del 12% pero en estos casos puede reducirse al 6%. Y eso no es sobre el total de la explotación, sino que el porcentaje de hidrocarburos respecto del cual se aplicarán será del 40%, siendo que del otro 60% tendrían libre disponibilidad las empresas concesionarias.
Tal como explican Viale y Svampa: “Por la Ley 27.007 (que modifica la Ley 17.319) la producción proveniente de grandes concesiones hidrocarburíferas off shore cuentan con la libre disponibilidad del 60% de las divisas generadas en la explotación de las mismas (es decir, ni siquiera entran al país) y una reducción del 50% de las regalías a pagarse. Si ya el 12% era bajísimo, muy por debajo de otros países de la región como Ecuador y Bolivia, imagínense lo que significa su reducción al 6%. Resulta también difícil incorporar el argumento menemista de que habrá beneficios financieros y económicos porque se trata de grandes inversiones. Con ese discurso se construyó toda la legislación minera de saqueo en los 90 que permite que coexistan empresas mineras inmensamente ricas con poblaciones enormemente pobres.” (enlace)
Más allá de las grietas, la política de exploración y exploración petrolera con concesiones a empresas extranjeras parece tener continuidad.
Petróleo seguimos necesitando, ¿qué hacemos?
Sólo unos días antes de la publicación de la Resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental presentado por Equinor, Alberto Fernández anunció el compromiso argentino con acciones para mitigar el cambio climático, reafirmando la suscripción al Acuerdo de París. Según lo comunicado oficialmente: “el país asume un nuevo compromiso en materia climática que busca no exceder las 358,8 MtCO2eq de gases de efecto invernadero (GEI) al año 2030, elaborar su estrategia de desarrollo a largo plazo con el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral en carbono en el año 2050, y trabajar en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.”
La apertura de nuevas exploraciones petroleras no parece caminar en este sentido ni en el de la transición energética (aunque algunos dicen que el gas es transición porque es mejor que el carbón). Pero a la vez, esa transición no está en camino aún y se necesitan más recursos para enfrentarla lo cual deja al país (y probablemente al planeta) en una encrucijada.
Particularmente, a los países subdesarrollados que pareciera que no tenemos derecho a preocuparnos por el impacto ambiental, que tenemos que abrir los bancos los sábados porque no podemos darnos el lujo de cuidar nuestros bienes comunes porque necesitamos ingresos de divisas. Por eso nuestra política energética la define el Ministerio de Economía, que tiene dentro de su cartera la Secretaría de Energía. Queda claro que nuestros gobiernos, sin grieta, priorizan las divisas al ambiente.
A su vez, con el país en llamas, los problemas derivados de esta misma matriz productiva estallan por todos lados.
El pueblo en las calles reclama políticas hacia la transición energética, inversiones que contribuyan a un futuro saludable para nuestras comunidades. Ya no sólo la de nuestro país sino la del mundo entero, porque los daños que generamos aquí y ahora afectan a todo el globo. Y no hay otro a donde ir, no hay planeta B.
(1) Para ver otras experiencias de desastres ambientales vinculados a la explotación offshore, ver: https://twitter.com/Agustina_Grasso/status/1479070796245000193
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