Este viernes 25 de febrero desde las 11 se llevó a cabo, a instancias del Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga los delitos cometidos en el CCD La Huerta situado en el campo General Mariano Necochea del distrito de Tandil. Hay 112 casos de víctimas oriundas de las ciudades de Tandil y Azul, y 26 imputados entre efectivos de la Policía bonaerense, el Ejército y dos civiles: Emilio y Julio Méndez. María del Carmen Silva, una de las víctimas que declarará en el juicio, dijo en las últimas horas que “cada vez que uno relata su historia, y sobre todo lo hace ante el Estado que fue terrorista y ahora es reparador, uno siente un alivio”.
El sitio de cautiverio y torturas conocido como La Huerta, en Tandil, estuvo a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada y se encuentra a metros de la Ruta Provincial 226, camino a la Base Aérea Militar de esa localidad bonaerense. Los crímenes de lesa humanidad cometidos allí formarán parte de un largo debate oral y público que, según prevén organismos de derechos humanos de la zona, se extenderá hasta el próximo año.
También se ventilarán los hechos ocurridos en los CCD Quinta de Méndez, comisarías primera y segunda de Tandil, exISER, Regimiento de Caballería de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón” de Azul y Unidad Penal 7 de esta última ciudad.
Conformado por los magistrados Nicolás Tosseli, Luis Imaz y Machado Pelloni, el TOF 1 de Mar del Plata dio inicio este viernes al debate oral que, tal como se resolvió en la última audiencia preliminar de septiembre del año pasado, se realizará todos los viernes, o cada 15 días también en el último día de la semana, de acuerdo a las posibilidades y circunstancias del juicio.
Cabe destacar que ayer jueves se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte de la Multisectorial por la memoria, Verdad y Justicia –espacio al que adhieren y del que participan organismos de derechos humanos, la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), sindicatos, el Concejo Deliberante de Tandil, centros de estudiantes, entre otros- en la que reiteraron el reclamo al TOF 1 para que las jornadas del juicio se realicen en Tandil y no en Mar del Plata.
El pedido se debe a que la mayoría de los hechos y la residencia actual de las víctimas así como los lugares de secuestro y cautiverio durante la dictadura cívicomilitar ocurrieron en la ciudad serrana, y no en Mar del Plata donde tiene asiento el tribunal.
Petra Marzocca, referente del colectivo Memoria por la Vida en Democracia, destacó en la conferencia que “nuestro objetivo fue, primero, intentar que el juicio se realice en Tandil. Estuvimos con la fiscalía y el tribunal el viernes pasado (por el 18 de febrero) y nos dieron la información de que sería complejo pero que quedaba abierta la posibilidad de que algunas audiencias se realicen en nuestra ciudad”.
“Uno de los objetivos principales es que nuestra ciudad tome contacto con esta parte de su historia que ha sido olvidada, negada y recuperada. Ha transitado todos los momentos y nuestro compromiso es que se inscriba en la historia oficial de Tandil y quede en la memoria de las nuevas generaciones para que la democracia no sea violentada nunca más”, agregó la luchadora por los derechos humanos.
Asimismo, valoró el efecto reparador que sobre las víctimas, las familias y la sociedad en su conjunto tendría la realización de las audiencias en Tandil “para que nos sintamos realmente acompañados por el entorno familiar, de amigos y de la ciudadanía. No es lo mismo que estar solo ante un tribunal”.
Por su parte, una de las sobrevivientes del CCD LA Huerta, María del Carmen Silva, destacó “el acompañamiento y la buena manera en que fuimos atendidos tanto en el tribunal como en la fiscalía. Todo el entorno del juicio es reparador para las víctimas”, en relación a las reuniones que se mantuvieron el viernes pasado con el objeto de lograr el traslado de las jornadas de juicio a la ciudad de Tandil.
Silva recordó durante la conferencia que declaró por primera vez en Azul en el año 2006 ante el juez Juan José Comparato y fue “la primera vez que hablé de lo que me había pasado porque esto no lo había hablado ni con mi familia. Salíamos del lugar de cautiverio muy amenazados y sabíamos que estaban dispuestos a cumplir las amenazas. Por décadas no hablé”.
Aquella primera declaración suya en sede judicial la hizo sentir que “el Estado que me había hecho tanto daño se ponía a mi disposición. Me sentí protegida, muy escuchada, con mucha paciencia porque yo relataba pero hubo lágrimas, hubo de todo. Muchas horas declarando estuve y en esa época no había acompañamiento ni fui con abogado pero me atendieron muy bien”.
María del Carmen, al momento de su secuestro el 8 de septiembre de 1977 –permanecería en cautiverio durante tres semanas hasta el 29 del mismo mes- estudiaba la carrera de trabajo social en la Facultad de Humanidades de la UNICEN, formaba parte del centro de estudiantes y militaba en la Juventud Universitaria Peronista.
Su declaración testimonial en el juicio será uno de los 118 relatos de víctimas sobrevivientes que se prevé escuchar en este juicio aunque, según manifestó recientemente Petra Marzocca, por el CCD La Huerta habrían pasado alrededor de 300 personas “y probablemente sean más”.
En cuanto a la extensa jornada de apertura realizada este viernes 25, la fiscalía explicó que se darían lectura a los cinco requerimientos de elevación a juicio correspondientes a las tres causas que integran el objeto procesal del debate. El primero fue presentado en abril de 2019; el segundo, en marzo de 2020; el tercero, en noviembre de 2020; en marzo de 2021, el cuarto; y en octubre de 2021, el quinto y último requerimiento.
“Entonces, antes de la lectura de las síntesis de los requerimientos, damos la aclaración de que se omitirán las partes vinculadas a las imputaciones relativas a Emilio Tomás Aranda, Oscar Bardelli, José Clemente Forastiero y Enrique Vázquez porque fallecieron luego de las requisitorias”, señalaron desde la Fiscalía de juicio.