Este 31 de enero se realizó una nueva jornada de movilización popular convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, la Coordinadora Unitaria Lima Norte, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación y la Asamblea Nacional de los Pueblos, ANP, donde se exigió la renuncia inmediata de Dina Boluarte, elecciones generales el 2023, la realización de una consulta para la realización de una asamblea constituyente, y juicio y castigo para los responsables materiales y políticos de las más de 60 personas asesinadas por la policía.
Asimismo, la coordinación de la macrorregión sur del país, constituida por Puno, Cajamarca, Ica, Arequipa, Ayacucho, Apúrimac. Áncash y Cusco, hicieron parte de las protestas nacionales.
El régimen golpista rápidamente, y ante las crecientes protestas populares, ha convertido el país en un Estado policial e incrementado la militarización del corazón de la capital peruana.
Respecto de la zona de Puno en particular, donde la participación de los pueblos aymara y quechua en las manifestaciones antidictatoriales ha resultado masiva, el régimen Boluarte destacó miles de policías, y tropas del Ejército y la Marina con el propósito de arredrar a la población que, sin embargo, continúa reivindicando la democracia, las demandas nacionales, la descentralización del país y el antirracismo. De hecho, mediáticamente, los poderes concentrados en Lima han estigmatizado a los pueblos indígenas como si estuvieran ligados al narcotráfico, al crimen organizado o al “terrorismo”, cuando se trata de población despierta, desarmada y sencilla que lucha por sus derechos sociales y contra un régimen que les ha impuesto de manera inclemente un trato de enemigo interno.
Al respecto, el sociólogo y comunicador social Ricardo Jiménez señaló que las contradicciones entre la capital del país y las regiones, “son parte de la pesada herencia colonial racista que tornan al propio Perú en una república fracasada, en el sentido de un proyecto irrealizado de la modernidad occidental”.
El factor EEUU
El periodista e integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas, Pablo Ruiz, se refirió a la injerencia histórica de Estados Unidos en Perú.
“En 2015, por ejemplo, las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos dieron entrenamiento en técnicas de rescate a oficiales y suboficiales de la Dirección Táctica Urbana de la Policía Nacional de Perú (SUAT)”, indicó Ruiz y agregó que, “el 2017 el ejército peruano participó en los ejercicios militares AmazonLog 17 con Estados Unidos, Colombia, y Brasil, entre otros. Las maniobras se realizaron en el mes de noviembre de ese año en Tabatinga, en la triple frontera”.
– ¿Y existen ejemplos más recientes?
“Durante el 2021, en la Resolución Legislativa N° 31102, el Congreso autorizó el ingreso de tropas estadounidenses a territorio peruano, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. En el anexo de la resolución se indica que el objetivo es recibir “entrenamiento”, en Lima, Callao, Ayacucho, Iquitos, entre otros lugares, para el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (CIOEC), la Fuerza Especial Conjunta (FEC) y la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional de Perú.
El mismo año, una delegación de oficiales peruanos realizó una visita a las instalaciones de la Brigada Táctica del Ejército de Estados Unidos en la Base Militar Conjunta de San Antonio en el Estado de Texas, y al Centro de Entrenamiento del Ejército de Estados Unidos en el Estado de California, según información de Infodefensa.
El 2022, el Congreso aprobó, en la Resolución Legislativa 2732, dos Ejercicios Combinados Conjuntos (JCET) de Estados Unidos con el personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú, para agosto y octubre de 2022, con una duración de 45 días cada ejercicio.
En los últimos años, Perú también ha estado entre los primeros lugares de los países que siguen recibiendo entrenamiento en la continuadora de la Escuela de las Américas (SOA por sus siglas en inglés) rebautizada el 2001 como Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC por sus siglas en inglés).
Entre 1946 y 2004, se entrenaron 4559 militares peruanos en la SOA/WHINSEC. En el año 2019, 84 militares peruanos; en el 2020, 136; y el 2021, 10 militares más recibieron entrenamiento en WHINSEC. Los datos del 2022 todavía no han sido revelados”.
Contradicciones en Washington
Por otro lado, el lunes 30 de enero, un grupo de parlamentarios del Partido Demócrata de Estados Unidos, junto a diversas organizaciones de derechos humanos demandaron al presidente Joe Biden, que interrumpa “de inmediato” la asistencia de seguridad que entrega al régimen peruano hasta que se detenga la represión violenta contra las protestas.
En la misiva dirigida a Biden, al secretario de Estado, Antony Blinken, al de Defensa, Lloyd Austin, y a la embajadora estadounidense en Perú, Lisa Kenna, los congresistas expresaron su alarma por la conducta violadora de los derechos humanos de los uniformados sobre la población inerme.