40 horas para vender a la patria

Finalmente este 31 de enero el gobierno nacional de LLA logrará quórum en la Cámara de Diputados de la Nación para votar la Ley Ómnibus con la cual pretende otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo, rematar a precio vil decenas de empresas públicas y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que garantiza el pago de jubilaciones, imponer limitaciones brutales al derecho de protesta, demoler la legislación medioambiental y desfinanciar a la cultura, a la ciencia y a la comunicación; entre otras medidas regresivas que condenarán el presente y futuro del pueblo argentino.

Todo esto con la colaboración imprescindible del co-gobernante PRO, de la UCR basureada pero servicial, del bloque Hacemos Coalición Federal de Pichetto y Massot y el peronismo provincial de Córdoba y Tucumán; y el patrocinio del poder económico concentrado, único beneficiario directo de la Ley.

Se prevé una sesión de entre 35 a 40 horas o más, la sesión más larga en la historia del Congreso de la Nación para el tratamiento de la Ley más vergonzosa desde del regreso de la democracia formal al país.

Este miércoles 31 de enero comenzará el tratamiento de la ley de remate y demolición de la República Argentina, ampulosamente denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” por el ultraderechista de la motosierra que ejerce la titularidad del Ejecutivo.

La sesión iniciará con un dictamen de mayoría que nadie sabe con certeza cuál es, que los diputados oficialistas no pueden defender al conceder entrevistas por no conocerlo, firmado en un papel en blanco, pactado por fuera de las vías institucionales en hoteles y departamentos, judicializado penalmente y redactado por Federico Sturzenegger, el ex funcionario de De La Rúa y Mauricio Macri procesado por la estafa del megacanje de 2001, junto a estudios jurídicos patronales al servicio de las mayores empresas del país y de fondos de inversión extranjeros.

Después de días de negociaciones cruzadas, operaciones y desmentidas, durante el martes distintos bloques colaboracionistas -bautizados “dialoguistas” por los medios hegemónicos- aseguraron que brindarían quórum en la Cámara y la aprobación en general de la ley, aunque persistían numerosas diferencias sobre distintos puntos en particular.

La sesión

Luego de la reunión de labor parlamentaria de este martes, que concluyó de noche, las autoridades del oficialismo y la oposición se fueron con algunas previsiones para el debate que comenzará este miércoles. Será una sesión de entre 35 a 40 (algunos aventuran que hasta 50) horas que podría contar con un cuarto intermedio luego de la votación general. La posibilidad está disponible, hay un acuerdo entre La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal para echar mano a un receso que separe la votación en general del comienzo del debate artículo por artículo, pero en el bloque de Unión por la Patria ven esa alternativa como una instancia remota, según informa el periodista Claudio Mardones de Tiempo Argentino.

Apenas arranque la sesión, que será la primera que conducirá el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado por LLA por La Rioja, Martín Menem, el cuerpo tomará juramento a los diputados nacionales Ernesto Ali (UxP-San Luis), intendente de La Toma que pidió licencia para asumir su banca de diputado, y Alida Ferreyra (La Libertad Avanza-CABA), que reemplazará a Diana Mondino, que se encuentra cumpliendo funciones de forma singular como canciller.

Posteriormente, el plenario del cuerpo legislativo tendrá su hora y media de cuestiones de privilegio y declaraciones políticas, previo al debate del dictamen de mayoría.

Los cambios al dictamen de mayoría, aprobado con firmas en una hoja en blanco el martes 24 por la madrugada y que -aparentemente- se redujeron de 524 a 385 artículos, se leerán al comenzar el debate que será abierto con el discurso que pronunciará el presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoromi.

Se esperan 22 cuestiones de privilegio, dos homenajes y un momento crucial. Será cuando el secretario parlamentario lea los cambios que decidió impulsar el Ejecutivo sobre el dictamen de mayoría. El más importante fue anunciado el viernes pasado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, cuando sacó el capítulo fiscal del proyecto, pero durante el fin de semana y hasta este martes continuaron las negociaciones para continuar con otras modificaciones.

El dictamen ya esta firmado y, para buena parte de la oposición, los últimos cambios son tan importantes que debería volver al plenario de comisiones. “En realidad, ya es otro proyecto. Primero tenía 664 artículos, después 523 y ahora 386. Cómo mínimo es otro dictamen, pero el oficialismo no quiere volver a comisión y quiere seguirlo en el recinto”, reseña Mardones respecto al diálogo que sostuvo con uno de los legisladores de la oposición “dialoguista”, que aceptó finalmente que el texto no vuelva a comisión.

Cuando suceda la lectura de los cambios en pleno recinto el panperonismo insistirá con devolverlo a comisiones. El oficialismo leerá las modificaciones antes del debate, pero no exhibirá el dictamen firmado el martes a la madrugada, por temor a brindar evidencia de falsificación de documento público, hecho que está denunciado penalmente. Ahí la oposición -Unión por la Patria y el Frente de Izquierda- volverán a denunciar la existencia de un dictamen paralelo o “blue”, un escándalo que debería volver nula la sesión en caso de que hubiera un marco de legalidad vigente en la República Argentina, que claramente no lo hay:

El Poder Judicial parpadea y se apaga cuando hacer cumplir la ley incomoda los intereses de los grandes capitalistas.

El tema podría estirar el debate, aumentar la tensión e insumir cuatro horas de discusión reglamentaria hasta que llegue el momento de las definiciones iniciales para la votación en general. En cada tramo de la sesión el oficialismo deberá evitar quedarse sin quórum o dejar algún flanco abierto.

Las negociaciones que se estiraron desde el lunes todavía tienen huecos que generan inquietud en el oficialismo. Hay integrantes de LLA que dudan de contar con los votos suficientes para cerrar la votación en general.

Otros vaticinan sorpresas en algunos momentos, pero la mayoría coincide que cuentan con un respaldo cercano a los 150 votos a favor repartidos entre: 38 de La Libertad Avanza, dos del bloque Buenos Aires Libre -que lidera la automovilista Carolina Píparo-, 37 del PRO, 34 de la UCR, 23 de Hacemos Coalición Federal, 9 de Innovación Federal, uno de Unión Mendocina, uno de CREO, uno de Avanza Libertad y los tres del flamante bloque Independencia que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y bajo sus órdenes rompieron con el peronismo.

Diferencias sobre el remate y demolición

En el cono de sombra en el que se desarrollaron desde el principio todas las negociaciones respecto a la Ley Ómnibus, los principales puntos de diferencia que relevan las y los compañeros trabajadores de prensa parlamentarios son las privatizaciones de empresas públicas en su cantidad y método, las emergencias y facultades delegadas, el capítulo represivo (Seguridad) redactado por el entorno de Patricia Bullrich y que tal como está establece un estado de excepción permanente en la República, el endeudamiento del Estado, aumento de impuestos internos, biocombustibles, hidrocarburos y la ley de pesca.

En cuanto a las facultades delegadas, esto es la entrega de la suma del poder público en el autopercibido monarca Javier Milei, el oficialismo habría aceptado limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aún había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.

Sobre las privatizaciones, el Poder Ejecutivo quiere rematar todas las empresas públicas y habría aceptado deja afuera a YPF y en el caso de Nucleoeléctrica (centrales nucleares), Banco Nación y Arsat se habría establecido (siempre en potencial, porque nadie conoce el texto final del dictamen) que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

La oposición “dialoguista” querría hacer más cambios, por ejemplo los radicales buscarían que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar.

Este ítem en particular sería tan nodal para el oficialismo que estarían dispuestos a voltear la sesión si los opo-dialoguistas no le aprueban el remate de, al menos, 39 empresas públicas (menos YPF), releva el periodista Mauricio Cantando del portal Letra P.

“No estamos dispuestos a negociar este tema. Si lo van a votar en contra, preferimos que no se trate nada”, amenazó a los asistentes el asesor presidencial Santiago Caputo en su calidad de enviado del presidente Javier Milei para negociar la letra chica del proyecto, durante reuniones que mantuvo con referentes de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal (partidos provinciales).

Sobre el capítulo de Seguridad se esperan discusiones sobre la definición de legítima defensa, que tal como está habilita ejecuciones e impunidad para miembros de fuerzas de seguridad, y el artículo que considera como “manifestación” a toda reunión que sume a más de 30 personas. En el texto original eran 3, Bullrich prometió borrarlo en la reunión de comisión, pero en el dictamen sólo le agregaron un cero.

La UCR y Hacemos Coalición Federal coinciden en modificar las leyes para atacar a las y los manifestantes que realicen un piquete, sus juristas advirtieron que Bullrich se olvidó de leer la Constitución. “Una cosa es aumentar penas por interrumpir la circulación y otra es castigar a organizadores de manifestaciones, cuando la protesta es un derecho establecido en la Carta Magna”, le aseguró al periodista Cantando una diputada radical, que trató de explicárselo a la ministra.

Respecto al endeudamiento, el oficialismo busca reestructurar las deudas sin pasar por el Congreso y los opo-dialoguistas no estarían dispuestos a acompañar esa decisión. No sucedió lo mismo con el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, porque finalmente habría un acercamiento de posiciones para avanzar con la transferencia al Tesoro de los bonos de deuda, pero el FGS se quedaría con las acciones de otras empresas. Queda un interrogante respecto a las compensaciones para las 13 cajas previsionales provinciales y otra discrepancia sobre la derogación de la norma que crea el FGS, porque el radicalismo no quiere que deje de existir.

Las diferencias sobre el régimen de biocombustibles y los cambios a la ley de pesca serían dos ejes que habrían encontrado un relativo consenso, pero también son parte de la hoja de ruta que continuará en el recinto.