En el futbol se llama “tiempo de descuento” a los minutos que se otorgan de prolongación cuando termina el “tiempo regular” reglamentario. Es lo que sucede con el actual programa financiero del equipo que presiden los hermanos Milei, en el que juegan el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Por Horacio Rovelli.
En realidad es peor, porque mientras la dupla Caputo-Bausili buscaba el punto Anker, denominado así por la consultora que ambos tienen en Manhattan y que se entiende como el punto en el que convergen la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial (el precio del dólar), la tasa de interés y los precios, la licitación de títulos del Tesoro de la Nación del miércoles 26 de febrero indica que, en lugar de converger, se amplía la brecha, y al marco de incredulidad general sobre el precio del dólar se suma la estafa de la criptomoneda LIBRA, por la que los hermanos Milei van a tener que responder a la justicia de los Estados Unidos, España y otros países.
En efecto, la Secretaría de Finanzas ha programado vencimientos de deuda en pesos cada miércoles por medio. El 12 de febrero realizó la licitación de títulos de deuda que vencían ese día, por 6,6 billones de pesos y, tal como pasó en los llamados de enero, tampoco se logró el objetivo de rolear todos los vencimientos, pese a que cada vez el Tesoro de la Nación paga tasas de interés mayores y ofrece plazos más cortos. La mayor parte fue en LECAP (Letras capitalizables que pagan intereses y amortizan capital al final) con vencimiento 14 de marzo de 2025 (30 días de plazo) y a una tasa efectiva mensual de 2,53%, cuando desde el 1º de febrero el ajuste del precio del dólar oficial es del 1% mensual.
El miércoles 26 vencieron títulos por 2,7 billones de pesos, pero esta vez obtuvo una cifra mayor de 4,4 billones, al pagar una tasa de interés de 2,58% mensual en LECAP que vencen el 31 de marzo, por 1,357 billones de pesos; una tasa de 2,56% mensual por 780 billones de pesos en LECAP con vencimiento 28 de abril; y una tasa de 2,53% mensual por otra LECAP por 1,328 billones de pesos que vencen el 18 de junio. Los 959 billones de pesos restantes fueron en BONCER (título ajustado por inflación) más un plus de 5,34%, con vencimiento en mayo de 2025.
Continúa el carry trade pero a una tasa cada vez mayor y a plazos cada vez menores. Obviamente que las mayores tasas implican un mayor costo de financiamiento y reducción del nivel de actividad, que van agotando el mecanismo de seguir sosteniendo el tipo de cambio.
El gobierno aumentó la deuda pública en 97.114 millones de dólares en 13 meses. Es una cifra récord: no hubo gobierno alguno, ni el de Mauricio Macri en 2018 con la deuda exorbitante con el FMI, que acrecentara la misma por ese monto y en ese plazo, para ganancia de los bonistas (principalmente grandes fondos financieros del exterior), mientras se cierran empresas, aumenta la desocupación, bajan los salarios, jubilaciones y pensiones, y se incrementa la pobreza. Y ni el Congreso de la Nación ni la Justicia argentina se preguntan cómo se generó esa deuda.
Porque tampoco se preguntaron cómo aumentó la deuda en los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández en 147.971 millones de dólares. Con ese nivel de endeudamiento, no se recuperó el río Paraná ni los puertos sobre el río, no se creó una marina mercante estatal, no se construyeron un millón de viviendas, etcétera. La deuda pública nacional era de 222.703 millones de dólares cuando finalizó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (el 60% de la misma era intra sector público, en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS [1], de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.) y pasó a ser de 370.674 millones de dólares en diciembre de 2023 (principalmente los acreedores son el FMI y el capital financiero con base en Manhattan).
Otros: principalmente Letras de Tesoro de corto plazo y Letras Fiscales (LeFi), que son los títulos del Tesoro de la Nación que se emitieron para cambiarlos por Leliq y Notaliq, que eran títulos de deuda del BCRA, aumentado la deuda pública nacional.
Fuente: Secretaría de Finanzas de la Nación.
El gobierno que genera semejante deuda gastó a su vez a febrero de 2025 no menos de 22.000 millones de dólares en sostener el peso en la paridad actual. El año pasado gastó casi 16.000 millones de dólares por el llamado “dólar blend” (que permite liquidar el 20% de las exportaciones en el mercado libre sin pagar derecho alguno y al precio del mercado CCL, y se declararon exportaciones por 79.721 millones de dólares), sistema que continúa y que el FMI le exige al gobierno finalizar.
A su vez, crece la intervención directa del Banco Central vendiendo dólares de las reservas internacionales, y la del BCRA, el Tesoro y desde febrero el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS) vendiendo títulos en dólares, tras la designación como titular de la ANSeS de Fernando Bearzi (síndico de Noctua, la sociedad off shore en las Islas Caimán que presidía Luis Caputo).
En 2024 se obtuvo un superávit comercial de 18.889 millones de dólares, pero las reservas netas del Banco Central son negativas en no menos de 6.000 millones de dólares.
Desesperado por aumentar las exportaciones, el gobierno permite la venta al exterior de vacas vivas (ganado en pie), y para que ingresen dólares al Banco Central se autorizó a los bancos a realizar préstamos en dólares a cualquier cliente (los dólares se cambian por pesos al tipo de cambio oficial por el BCRA), tanto empresas como personas, cuando desde la crisis de 2001 sólo podían prestarles a las firmas exportadoras o que tuvieran sus ingresos atados a las variaciones del dólar.
Eso sí, los limita siempre que los bancos utilicen “dólares propios” (conseguidos a través de toma de deuda con el exterior, vía obligaciones negociables o créditos) para prestarle a cualquier tipo de público, incluso a los que tienen sus ingresos totalmente en pesos.
Paralela y contradictoriamente, reduce los aranceles que con la paridad actual favorecen las importaciones. Por ende, la mayor apertura comercial y las divisas destinadas a contener la brecha entre el dólar oficial y los financieros generan que la cuenta corriente de la Balanza de Pagos (que incluye los servicios financieros y reales [2]) sea cada vez más negativa.
Sin ingresos genuinos y con un superávit fiscal logrado porque coloca LECAP y NOCAP que capitalizan y pagan intereses al vencimiento (los intereses capitalizables superaron el superávit fiscal primario de 2024 y también el de enero de 2025), no tienen para pagar bonos de la deuda en pesos, que este año superan los 90 billones, y tampoco para pagar los títulos de deuda en divisas (este año vencen títulos por 21.147 millones de dólares), que sólo podrían pagar si se renuevan en gran parte esos vencimientos.
El trasfondo del problema
El gobierno está discutiendo con el FMI una ampliación del crédito (en 2018 se le había otorgado en DEG el equivalente a 57.000 millones de dólares e ingresaron 44.559,9 millones, ante claros incumplimientos del gobierno de Macri).
La subordinación al FMI se ejerce en un marco en que la cúpula dominante de nuestra economía, que se divide básicamente en tres sectores bien diferenciados, se une sin embargo por tres causas:
- Que no se investigue adónde fueron a parar los 147.971 millones de dólares en que endeudaron al país los gobiernos de Cambiemos (PRO-UCR) y de Alberto Fernández. Que, además, se beneficiaron con sus supuestas o reales deudas con el exterior que abonaron durante la gestión de los Fernández y Massa con la compra a precio oficial de reservas internacionales del BCRA por 28.350 millones de dólares. Y que siguen beneficiándose con la compra de títulos ajustables por inflación, ante la fijación mensual del tipo de cambio oficial (carry trade).
- El avance sobre derechos de la población que se reflejan en el DNU 70/23 y las leyes 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (incluye el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones –RIGI– y cambia la legislación laboral) y 27.743 de “Medidas fiscales paliativas y relevantes” (incluye el blanqueo de capitales), que perjudican a los trabajadores, a los jubilados y pensionados, a los inquilinos, a los consumidores, al patrimonio nacional y a nuestra soberanía, pero benefician al gran capital, tanto local como –sobre todo– extranjero.
- Con la enajenación del patrimonio nacional sobre la tierra, su subsuelo, el agua, las riquezas naturales (petróleo y gas, litio y demás minerales de todo tipo, alimentos, etc.) y las empresas públicas, como es el caso de los decretos de conversión en sociedad anónima del Banco de la Nación Argentina y de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Los tres sectores beneficiados los podemos agrupar en:
- El capital extranjero, liderado por los grandes fondos financieros (BlackRock, Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton, Fidelity, Greylock y otros) que tienen como aglutinante a la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (AmCham) y a los cuales tributa el equipo económico encabezado por Caputo y Bausili.
- La Asociación Empresaria Argentina (AEA) presidida por un hombre ligado a la embajada de los Estados Unidos y, como tal, principal convocante para conmemorar los 4 de julio, Jaime Campos. Los principales directivos y vicepresidentes de AEA son Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín) y Luis Pagani (Arcor), y son vocales Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercado Coto), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Luis Pérez Companc (Molinos Agro), Eduardo Elsztain (IRSA), Alejandro Bulgheroni (PAE), etcétera.
- El Consejo Agrario Argentino (CAA) que se conformó en julio de 2020 con más de 40 cámaras y entidades como CONINAGRO (Confederación Inter cooperativa Agropecuaria), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA), y tiene asociados y sectores diversos, abarca prácticamente a todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias, de granos y de productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), donde participan Aceitera General Deheza, COFCO, Cargill, Viterra, Louis Dreyfus, Molinos Agro, etc. A ello se suman las Bolsas de Cereales y acopiadores de todo el país, uniendo productores, acopiadores, comercializadores, industriales, biocombustibles y exportadores.
Los tres sectores (que se interrelacionan entre sí) se beneficiaron y benefician con la fuga de capitales y el traslado de esa deuda al pueblo argentino [3], exacerbado en forma exponencial por el carry trade.
Es la deuda externa y la extranjerización y concentración económica en nuestro país la que impone una matriz extractivista, agropecuaria-exportadora, razón por la cual no se desarrollan industrias que sustituyan importaciones, no se genera trabajo y no se integra a la sociedad. Al contrario, se subordina toda la economía a satisfacer la demanda del exterior.
En consecuencia, la Argentina aparece con problemas estructurales propios de una economía sesgada a las exportaciones primarias, con cada vez menos actores industriales con capacidad de insertarse en un mundo con exigencias crecientes como efecto del entorno en el que se desenvuelve. Por ende, la macroeconomía y la matriz comercial están en función de priorizar la venta de minerales, materias primas y alimentos.
Sin embargo, las diferencias entre ellos no son menores y uno de los campos de batalla es el precio actual del dólar. Mientras el capital financiero internacional con base en Manhattan (BlackRock, Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton, Fidelity, Greylock y otros) impulsa y promueve el carry trade para seguir ganando fortunas por la diferencial entre el crecimiento del tipo de cambio oficial (en febrero de 2025 del 1% mensual) y las tasas que obtienen por inflación o por tasa de interés (por ejemplo las LECAP y BONCAP), las empresas locales (Techint, CGC, ARCOR, y los acopiadores y comercializadores de granos, etcétera, que también tienen plata puesta en el carry trade pero como negocio marginal) se quejan por el atraso cambiario y la baja de aranceles que impulsa la importación. Igual el campo, agrupado en el Consejo Agrario Argentino (CAA), que retiene granos y exporta solo lo necesario, presionando a la devaluación de nuestra moneda.
Es una cuestión de tiempos y de cálculos financieros, porque los grupos locales que se han endeudado en obligaciones negociables en dólares como Pampa Energía, Tecpetrol (del grupo Techint), Compañía General de Combustible (familia Eurnekián), Vista Oil & Gas, TGS, CAPEX, IRSA, CRESUD, EDENOR, GENNEI por 23.932 millones de dólares al 31 de enero de 2025, según informa la Comisión Nacional de Valores, deben medir el costo que significa una devaluación en sus ingresos y en el pago de la deuda.
En ese marco, los tres sectores esperan la devaluación del peso, el problema es cuándo, por qué porcentaje y de qué modo (por ejemplo, el FMI prefiere la “banda de flotación” con un piso con el precio actual del dólar y un techo que debería verse cuánto mayor es).
El capital financiero con base en Manhattan, sin necesidad de financiar la guerra como hizo con Ucrania, va a convertir sus acreencias en títulos ajustables y/o en dólares, si sus empleados Caputo y Bausili crean a tal efecto un bono dual mejor que mejor, para invertir en el RIGI (lo planteó en el informe de septiembre 2024 Larry Fink, CEO de BlackRock) y comprar con los títulos de deuda parte del patrimonio nacional.
Los otros grupos van a intentar hacer lo mismo, con la ventaja de que juegan de local y para ello necesitan desplazar a Milei, Caputo y Bausili, tributarios de AmCham.
Los que pierden siempre son los trabajadores, jubilados y pensionados, y los pequeños y medianos empresarios que venden al mercado interno, porque en la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el poder adquisitivo del trabajo presente y pasado y la devaluación del peso.
El panorama se completa con más desempleo y recesión, iniciada en el último trimestre de 2023 y que profundizó el gobierno de Milei, donde cerraron 12.214 empresas de acuerdo a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y se perdieron, hasta octubre 2024, casi 254.000 puestos de acuerdo al propio INDEC.
Notas
[1] Es un fondo conformado por títulos y acciones que le pertenece a los jubilados y pensionados nacionales, que se creó en base a la estatización de las AFJP (Administradoras Privadas de Jubilaciones y Pensiones).
[2] Servicios reales: fletes, seguros, royalties, turismo, comunicación, etc. Servicios financieros: intereses de la deuda y giro de utilidades de las casas extranjeras a sus casas matrices.
[3] El “blanqueo” de capitales por más de 23.000 millones de dólares lo demuestra cabalmente.
Horacio Rovelli es licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).