ONGs, lobby regional y la batalla por el control del dragado del Paraná-Paraguay.
La judicialización de la nueva licitación del dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay abrió un frente que trasciende lo ambiental.
Organizaciones como Fundación Cauce y ERA Verde presentaron medidas cautelares para frenar el proceso impulsado por el gobierno argentino, calificándolo de “ilegal e inconstitucional” y cuestionando la supuesta falta de estudios ambientales integrales.
Sin embargo, el foco exclusivo sobre el tramo de aguas argentinas expone una contradicción que incomoda en el sector portuario y logístico:
¿por qué no existe la misma intensidad de denuncias respecto de intervenciones y movimientos que está realizando Paraguay (sin las autorizaciones de las autoridades Argentinas y sin estudios de impacto ambiental) en el tramo del Rio Bermejo aguas compartidas la jurisdicción con entre Argentina del sistema fluvial? Porque no hay reclamos sobre los derrocamientos en la zona del Alto Paraguay sin estudios y con técnicas precarias que están si afectando el comportamiento del sistema Fluvial en esas zonas?
El sistema es uno solo. Lo que ocurre aguas arriba impacta aguas abajo. Y mientras en Argentina se judicializa el dragado, en Paraguay se discuten aumentos de peaje e incluso se anticipan posibles demandas internacionales si se modifican condiciones tarifarias.
Más de 80 millones de toneladas anuales dependen de la salida fluida desde puertos argentinos. Cada demora en el proceso licitatorio impacta en competitividad, divisas y empleo. El costo económico de la parálisis no es abstracto.
En este escenario emergen actores empresariales con peso regional. Diego Azqueta, CEO de InterBarge y presidente de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), mantiene una postura crítica frente al esquema impulsado por Argentina.
En paralelo, Bernd Gunther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM) de Paraguay, representa los intereses de los armadores paraguayos en el debate por peajes y condiciones de navegación.
En el mercado circulan versiones sobre una convergencia de intereses entre operadores regionales y consultores vinculados a competidores internacionales del dragado. No existen pruebas públicas concluyentes que acrediten financiamiento irregular de campañas judiciales o mediáticas; sin embargo, la coincidencia temporal entre la presión regional por tarifas y la ofensiva judicial en Argentina alimenta sospechas en el sector.
A ello se suman antecedentes operativos atribuidos a actores hoy posicionados como referentes técnicos en la discusión regulatoria.
Fuentes portuarias recuerdan episodios en terminales como Ibicuy y Zárate vinculados a operaciones con briquetas de arrabio que habrían generado daños estructurales en muelles tras acumulación de cargas superiores a la capacidad prevista.
Sus defensores sostienen que se trató de incidentes puntuales ya superados; sus críticos cuestionan la autoridad técnica de quienes hoy se presentan como custodios ambientales del sistema.
El debate de fondo es estratégico. Argentina debe garantizar navegación segura y competitiva para su complejo agroexportador, cumplir estándares ambientales y sostener soberanía regulatoria frente a presiones regionales.
Estos trabajos realizados por la Argentina desde la década del 90, no solo beneficiaron a las exportaciones Argentinas, también a sus socios regionales, como Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay; haciéndolos mas competitivos en sus exportaciones de productos gracias al mayor calado de los puertos de trasbordo en Argentina y Uruguay.
La pregunta es directa:
¿la judicialización fortalece la calidad institucional o debilita la posición argentina en una negociación geopolítica donde cada día de demora reconfigura poder e intereses?
También queda abierta otra incógnita:
¿por qué la defensa ambiental no parece aplicarse con el mismo rigor en ambos márgenes del río?
La transparencia en el financiamiento de campañas, la publicación integral de estudios técnicos y la coherencia en la defensa ambiental regional serán determinantes para despejar dudas.
En una vía navegable estratégica para el Cono Sur, el silencio selectivo también tiene consecuencias.