En el marco de una huelga general de 24 horas y movilizaciones en todo el país, el Parlamento de Grecia aprobó una reforma profundamente regresiva que amplía la semana laboral a seis días y hasta 13 horas diarias, y permite a las empresas variar los horarios para adaptarlos a las necesidades de producción.
Además ahora un empleado puede ser despedido en el primer año de trabajo sin previo aviso ni remuneración. También impone multas y seis meses de cárcel por paros y huelgas. “No nos convertiremos en esclavos modernos”, dicen los sindicatos.
Con información de Público.es, People’s Dispatch y Página/12.
El Parlamento griego aprobó este viernes la controvertida nueva ley laboral, impulsada por el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis, que permite a las empresas imponer un sexto día laboral y variar los horarios de los empleados para adaptarlos a las necesidades de producción. La nueva reforma laboral permitirá jornadas de 13 horas y de 78 horas de trabajo semanales.
Con el voto a favor de los 158 diputados –de un total de 300– de los que dispone tras las elecciones del pasado junio la conservadora Nueva Democracia, la propuesta de ley ha contado con el voto en contra de todos los partidos de la oposición, incluida la ultraderecha.
Durante una intervención en el Parlamento previa a la votación, el ministro de Trabajo, Adonis Georgiadis, defendió su proyecto de ley y aseguró que “ni elimina la jornada de ocho horas ni (la semana) de cinco días”.
El Gobierno argumenta que la ley flexibiliza el horario para reducir el trabajo y las horas extraordinarias no declaradas y así protege a los trabajadores.
Segundo empleo “voluntario”
La reforma permite a los trabajadores tener voluntariamente un segundo empleo, de un máximo de cinco horas diarias, junto a su actividad principal de ocho horas al día, lo que sumaría 13 horas al día.
Además, establece que las empresas de varios sectores pueden imponer un sexto día laboral por el que los trabajadores recibirán un 40% adicional sobre el salario diario.
Pese a que la reforma establece que esto puede suceder “en condiciones excepcionales”, tanto los sindicatos como la oposición argumentan que en la práctica la ley convertirá los seis días laborales por semana en algo común, teniendo en cuenta también las “casi inexistentes” inspecciones de trabajo.
Asimismo, la reforma introduce contratos para “empleados de guardia” que prácticamente no tendrán un horario fijo sino que trabajarán cuando su empleador lo requiera, siempre y cuando sean notificados al menos 24 horas antes.
Otro punto que preocupa a los gremios es el derecho a la huelga. La legislación castiga con hasta seis meses de prisión y 5.000 euros de multa a quienes impidan que otros trabajadores se presenten en sus puestos durante una huelga.
También admite que las empresas despidan a un trabajador sin aviso previo o sin indemnización durante su primer año contratado (salvo que las partes hayan resuelto otra cosa), extiende el período de prueba a seis meses y establece multas de hasta 10.500 euros si los empleadores no declaran las horas extras de los trabajadores o los cambios de turnos.
Huelga y protestas
Los trabajadores griegos realizaron importantes movilizaciones en todo el país el jueves 21 de septiembre, en el marco de una huelga nacional para denunciar el proyecto de ley antiobrero.
Los sectores movilizados de la clase trabajadora han denunciado el proyecto de ley como una herramienta para implantar la esclavitud moderna en Grecia, en un momento en que una parte importante de la población está devastada por los mortíferos incendios forestales y las inundaciones masivas ocurridos en los dos últimos meses.
En Atenas, una movilización masiva de miles de trabajadores exigiendo la retirada del proyecto de ley culminó en la plaza Syntagma.
Unos 6.000, según la Policía, marcharon por el centro de Atenas, en una protesta enmarcada en la huelga de 24 horas convocada por ADEDI, el sindicato de funcionarios, y a la que se sumaron los trabajadores del transporte urbano, así como el personal sanitario de los hospitales, docentes y profesores.
También se celebraron grandes concentraciones en las ciudades de Salónica, Larisa, Patras, Ioannina, Corfú y Katerini.
Trabajadores afiliados al Frente Militante de Todos los Trabajadores (PAME) y a otros sindicatos de diversos sectores se sumaron a las manifestaciones.
El Partido Comunista de Grecia (KKE) y la Juventud Comunista de Grecia (KNE) expresaron su apoyo y solidaridad con los trabajadores que protestan. Mientras tanto, la dirección de la Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) ha sido criticada por sus sindicatos federados y miembros por no hacer un llamamiento oficial para unirse a la huelga.
“No nos convertiremos en esclavos modernos”
“No nos convertiremos en esclavos modernos” y “las ocho horas de jornada fueron y serán una conquista de los trabajadores”, se podía leer en algunas de las pancartas de los manifestantes, que marcharon hasta el Parlamento, en la céntrica plaza de Syntagma.
“Con esta ley se elimina lo último que quedaba de derechos laborales en el país y se legalizan los seis días de trabajo, son medidas muy peligrosas”, dijo a EFE Dimitris Govas, un manifestante que trabaja en una librería.
Y todo esto en un país en el que ya es una “práctica común” la economía sumergida y las horas extra no declaradas, añade Govas.
Miles de personas protestaron también en Salónica, la segunda ciudad de Grecia, así como también en Patras, Larisa y otras urbes del país.
En las manifestaciones de la capital participaron también el jefe del grupo parlamentario del principal partido de oposición, el izquierdista Syriza, Sokratis Famelos, así como el secretario general del Partido Comunista de Grecia (KKE), Dimitris Kutsubas.
Syriza señaló en un comunicado que el Gobierno avanza hacia la “plena desregulación” de derechos laborales fundamentales, como la jornada de cinco días y las ocho horas “en beneficio de los grandes intereses empresariales”.
Por su parte el Secretario General del KKE, Dimitris Kutsubas, declaró a la prensa: “Hoy se está dando una respuesta rotunda en todo el país por parte del movimiento obrero-sindical contra el gobierno, el Estado, los grandes empresarios, los dirigentes comprometidos del GSEE, que impulsaron el proyecto de ley antiobrero, que se está debatiendo actualmente en el Parlamento”.
