Tras un trámite parlamentario de seis meses plagado de irregularidades y denuncias de corrupción dentro del palacio legislativo, y con un feroz recrudecimiento de la represión en las calles, se aprobó la Ley Ómnibus denominada “Bases” por el gobierno que incluye una Reforma Laboral, la privatización del patrimonio público y el saqueo de los bienes comunes, junto a un Paquete Fiscal que sube impuestos a asalariados y beneficia a la minoría más pudiente del país.
Milei logró la sanción definitiva de su Ley Bases en Diputados con 147 votos a favor y 107 en contra. También se aprobó insistir con la restitución del Impuesto al Salario, denominado “Ganancias” contra las y los trabajadores y la modificación en Bienes Personales.
En rigor, la derrota popular ya había ocurrido el 12 de junio, cuando el Senado de la Nación le dio su media sanción, con el desempate de la negacionista Victoria Villarruel, al proyecto que había recibido de Diputados. A partir de ahí, sólo quedaban detalles, no tan menores pero detalles al fin, sobre la dimensión de la entrega, saqueo, demolición del Estado y destrucción de derechos individuales y colectivos que se iba a terminar aprobando.
En las calles este jueves 27 hubo movilizaciones modestas, propias del reconocimiento popular de que lo más importante de la disputa en torno al trámite legislativo había tenido lugar el 12 de junio, cuando se terminó de volver aparente la deserción de la cúpula de la CGT de la lucha contra la política ultraneoliberal del gobierno nacional. El sector cegetista que motorizó las huelgas de estos meses y que finalmente quedó en minoría, el Frente Sindical, hizo un acto por su cuenta frente a Diputados el miércoles.
En este marco, sólo las organizaciones gremiales que representan a las y los obreros aceiteros realizaron una medida de fuerza solitaria, sin acompañamiento de la CGT igual que el pasado 12 de junio, en contra del avance de la Ley y el Paquete Fiscal.
Imágenes de la huelga aceitera del 27 de junio. Fotos: Prensa FTCIODyARA.
La regresiva Reforma Laboral fue, junto con Ganancias, uno de los tramos de la ley contra la que apuntaron los aceiteros.
“Es necesario enfatizar que este proyecto vuelve del Senado a la Cámara de Diputados con un carácter aún más agresivo contra la clase trabajadora, buscando limitar el derecho constitucional de Huelga y habilitar despidos y persecución contra quienes lo ejerzan”, plantearon.
Fotos: Indymedia Argentina.
Video: Intervención de Carmen López (MTL) en el acto.
Este jueves, cuando ya había iniciado la sesión, la CTA Autónoma, junto a ATE y otros sindicatos y movimientos sociales, marcharon e hicieron un acto ante el Congreso en horas de la tarde. También la izquierda partidaria movilizó y tuvo su acto un poco más tarde. Todo ante el despliegue del cerco represivo de las fuerzas de seguridad en el seudo estado de sitio que Patricia Bullrich, Javier Milei y Jorge Macri han naturalizado en las calles porteñas desde diciembre pasado.
Fotos: Indymedia Argentina.
Al caer la noche, no quedaban prácticamente manifestantes en los alrededores del Congreso. En el recinto la entrega de soberanía y derechos podía concretarse sin obstáculos.
Aprobación de una entrega
Tras más de 12 horas de debate, a las 1.28 de hoy, la Cámara de Diputados aprobó en general el dictamen de la Ley Bases del Senado de la Nación, con 147 votos afirmativos, 107 negativos y 2 abstenciones.
El proyecto de ley Bases volvió a la Cámara que preside Martín Menem con modificaciones formuladas por los senadores como quitar de la lista de empresas que se pueden privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, destinada a los trabajadores que tienen algunos aportes, pero no llegan al mínimo de 30 años.
El Impuesto al Salario
Diputados aprobó insistir con su media sanción que reincorporó el impuesto al salario, por el cual el mínimo no imponible de Ganancias quedaría en $1.800.000 brutos para los solteros y a $2.200.000 para los casados con hijos.
Así, volverán a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores con alícuotas que van del 5% al 35%.
En tanto, la actualización del mínimo se haría de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Esto ocurrió en medio de fuertes críticas sobre la inconstitucionalidad de pretender tratar, y aprobar, artículos desechados por el Senado. Así lo plantearon, entre otros, los legisladores de origen sindical Sergio Palazzo (Bancarios) y Vanesa Siley (Judiciales).
Palazzo adelantó que la Asociación Bancaria presentará ante la Justicia un planteo de inconstitucionalidad sobre el capítulo del paquete fiscal que dispone la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, tributo que pasará a llamarse “a los ingresos personales”.
“En representación de la organización sindical que me toca conducir también, estamos trabajando con los abogados claramente para presentar esa inconstitucionalidad. Es insólito que una cámara, una sola cámara, sea la que imponga un tributo en la Argentina. Esto es un sistema bicameral. Acá no debería estar ni tratándose este tema, porque fue rechazado por el Senado”, fundamentó Palazzo ante diversos medios que lo abordaron.
Vanesa Siley por su parte manifestó: “Se le dice a los gobernadores que van a llegar los recursos del Impuesto a las Ganancias, sin entender que se le está diciendo a los trabajadores que van a ser ellos los que van a tener que pagar el RIGI, por ejemplo. Lo que no va a entrar por RIGI se lo van a dar por Impuesto a las Ganancias”.
“Ganancias y Bienes Personales fueron desechados totalmente por la Cámara de Senadores y no existen en el marco de este tratamiento parlamentario”, indicó al tiempo que agregó: “nuestro bloque va a dejar asentada en esta ocasión su postura constitucional: toda ley debe respetar el principio de bicameralidad establecido en el artículo 44 de la Constitución Nacional”.
El RIGI
Es difícil señalar qué es lo más negativo de la mega-ley aprobada esta madrugada. Junto con las facultades delegadas o el avance sobre los derechos laborales, en particular de las y los trabajadores estatales, el RIGI pica en punta.
El RIGI es un componente de la Ley Bases que supuestamente servirá para atraer grandes capitales extranjeros. Es un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria que busca incentivar que las compañías inviertan más de US$ 200.000.000 en la Argentina con una estabilidad fiscal a 30 años.
En términos concretos, los proyectos acogidos al RIGI pueden recibir exenciones o reducciones impositivas y facilidades administrativas para la aprobación y puesta en marcha de proyectos.
En ese sentido, el artículo 164 establece que los objetivos del RIGI son incentivar las “grandes inversiones” nacionales y extranjeras en la Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país, “promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad de los diversos sectores”, “incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI”.
Asimismo, establece que el RIGI será de aplicación en todo el territorio nacional y pasa por encima de las legislaciones locales. El texto del proyecto de ley sostiene que “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales” al cual contradice inmediatamente al establecer que “cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido por parte de Nación como las provincias, y por sus municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.
Cuestionamientos antes y después de la aprobación
Desde Unión por la Patria y parte del radicalismo durante el debate del proyecto en el recinto cuestionaron la propuesta por la competencia desleal contra la industria local que permitirían muchas importaciones sin aranceles incluidas en el RIGI.
De hecho, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió en su discurso de mayo que el RIGI llevará a la explotación de los recursos naturales argentinos a manos de empresas extranjeras, generando “una economía extractivista sin valor agregado” e instaurando un “colonialismo, versión del siglo XXI”. “Condenará una vez más a los argentinos al desempleo, que ya se empieza a ver y se profundizará”, agregó.
Ante los cuestionamientos, en el Senado se suavizó ligeramente la entrega total que representa el RIGI. La Cámara de Diputados aprobó la ley Bases con estas modificaciones introducidas en el Senado, que incluyó cinco cambios de último momento en la redacción final del Régimen de Incentivo.
Entre estos cambios, se votó la inclusión de al menos un 20% de su inversión en proveedores locales, “siempre y cuando se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
Además, se incorporó en la redacción que se limita a inversiones en forestoindutria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgía, energía, petróleo y gas, que cumplan con los requisitos previstos. En la redacción anterior figuraba “cualquier sector”.
En algunos tramos de esta nota se cita información publicada en Somos Télam, Tiempo Argentino y Ámbito.