Mientras se desarrolla la COP30 en Brasil abundan los conflictos socioambientales en Argentina
Por Mario Hernandez
Comenzó la COP30 de Cambio Climático en Belém (Brasil), donde los jefes de Estado, presidentes y representantes de más de 190 países se reúnen para avanzar en las negociaciones que den respuesta a la crisis climática global.
A nivel internacional, Argentina mantiene compromisos en el papel -como el Acuerdo de París y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)-, pero su implementación real enfrenta un serio retroceso.
Desde diciembre de 2023, el cambio de rumbo del Poder Ejecutivo significó un desmantelamiento progresivo de las políticas ambientales: recortes presupuestarios entre un 28,1% y un 83,2% en áreas clave, paralización de programas y una narrativa negacionista del cambio climático. Este viraje no sólo debilitó la capacidad del Estado para reducir emisiones o adaptarse a los impactos, sino que también puso en riesgo la credibilidad internacional del país en un momento decisivo.
El panorama se vuelve más preocupante cuando los efectos del clima extremo golpean con fuerza. En marzo de 2025, las inundaciones en Bahía Blanca dejaron 16 personas fallecidas y más de 5.000 viviendas afectadas. No fue un hecho aislado: según el Banco Mundial, las inundaciones representan más de la mitad de los desastres naturales registrados en la Argentina desde 1970 y provocan pérdidas por unos 1.000 millones de dólares al año. Estos datos confirman que el cambio climático no es una amenaza futura, sino una crisis presente que se vive en los territorios.
Paradójicamente, son justamente los territorios -las provincias y municipios- los que hoy sostienen, casi en soledad, la política climática argentina. A cinco años de la sanción de la Ley 27.520 sobre Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático comenzaron a verse los primeros resultados concretos del trabajo subnacional. Las provincias de Jujuy, La Pampa y Misiones lograron en 2025 la convalidación nacional de sus Planes Provinciales de Respuesta al Cambio Climático, un instrumento previsto por ley para planificar acciones de mitigación y adaptación en cada jurisdicción.
Estos planes incluyen diagnósticos locales, metas de reducción de emisiones y medidas sectoriales para proteger a las comunidades frente a inundaciones, incendios o sequías. En provincias como La Pampa, por ejemplo, el plan se elaboró con la participación de municipios y organizaciones locales, un aspecto central para garantizar que las políticas respondan a las realidades de cada territorio.
Sin embargo, la mayoría de las provincias carece de financiamiento estable, equipos técnicos especializados o información climática propia. Asimismo, aún se encuentran dificultades para incorporar un enfoque sistémico que vincule la crisis climática con la protección de los ecosistemas, la justicia social y el respeto por las comunidades.
Por otro lado, la participación ciudadana -uno de los pilares de la ley- sigue siendo más formal que efectiva. En este contexto, el debilitamiento del Gabinete Nacional de Cambio Climático y la parálisis del Consejo Asesor Externo, limitan la posibilidad de articular esfuerzos entre los distintos actores involucrados en la acción climática y de sostener políticas de largo plazo.
Frente a este escenario, el papel de la sociedad civil cobra una relevancia decisiva para seguir impulsando el debate público, monitoreando políticas y promoviendo una acción climática más participativa y justa en los territorios.
De todos modos, Argentina envió una delegación pequeña. El año pasado se retiró en medio de las negociaciones ya que no iba de acuerdo a los intereses nacionales. Ya sabemos que la posición actual argentina suele estar en contra de estos foros multilaterales de cambio climático. Por lo menos este año envió una delegación, muy pequeña para la gran cantidad de temas que se van a discutir. Argentina está en una posición muy similar a Estados Unidos, mirando de reojo lo que pasa.
Una radiografía de los conflictos socioambientales en Argentina
En Catamarca, a principios de mayo, se realizó la 39° Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), un encuentro federal en el que participaron más de treinta asambleas y colectivos socioambientales de toda la Argentina. La defensa del Agua como un derecho inalienable de los Pueblos y el apoyo a Palestina en estos momentos de genocidio fueron temas destacados en el encuentro.
Mientras en algunos rincones del país el agua arrasó barrios enteros, en otros falta hasta para tomar. Donde antes hubo monte o bosque nativo, ahora hay desierto o cenizas. Y donde comunidades cuidan el territorio desde hace generaciones, hoy enfrentan judicialización, persecución y desalojos.
En este contexto, se realizó en Catamarca la 39° Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), un encuentro federal en el que participaron más de treinta asambleas y colectivos socioambientales que, desde los cuatro puntos cardinales del país, llegaron para compartir diagnósticos, denunciar atropellos y tramar resistencias. Durante tres días, se tejieron relatos, estrategias y afectos, en una provincia atravesada por el avance de la minería y la criminalización de quienes defienden el agua. La situación en los territorios es alarmante.
En la Patagonia, los incendios forestales arrasan miles de hectáreas cada año, alimentados por plantaciones exóticas, falta de prevención y políticas que criminalizan a las comunidades mapuche en lugar de proteger los ecosistemas.
En el norte, las lluvias intensas desplazaron a comunidades indígenas, mientras la sequía prolongada golpea la producción campesina y acelera el éxodo rural. Al mismo tiempo, la fiebre del litio avanza sobre los salares y humedales altoandinos, y genera una creciente persecución a quienes defienden el territorio.
En el Litoral, la contaminación de las pasteras de un lado y del otro del río Uruguay, el monocultivo de pinos y eucaliptus, y los agrotóxicos utilizados por el agronegocio afectan la salud de las comunidades y degradan suelos, ríos y humedales.
El extractivismo no ocurre solo en zonas rurales o cordilleranas: también se expresa en las ciudades, donde el modelo de acumulación avanza en forma de cemento y alambrado. En Buenos Aires, la especulación inmobiliaria empuja un patrón urbano excluyente y ecocida. Barrios cerrados, torres de lujo y megaproyectos ocupan humedales y cuencas, desvían arroyos y agravan las inundaciones en zonas populares. Mientras tanto, la venta de tierras públicas y la falta de acceso a la vivienda profundizan la desigualdad territorial.
En Córdoba, el extractivismo urbano se manifiesta a través de incendios intencionales, obras de infraestructura como autovías y desarrollos inmobiliarios que avanzan sobre los últimos reductos de bosque nativo. Allí también, la respuesta del Estado ha sido la criminalización de quienes defienden el monte y el agua.
Pero hay algo que persiste: la organización. A pesar del desgaste, de las amenazas, del hostigamiento judicial, los pueblos no se callan. Se encuentran, se abrazan, se organizan. La UAC volvió a demostrar que las resistencias siguen vivas, que no son aisladas y que se fortalecen al compartir. Lo que emerge de esos intercambios es una radiografía urgente de los conflictos, pero también de las alternativas: agroecología, cooperativas, alianzas, saberes ancestrales, economías del cuidado, soberanías múltiples.
Cuyo
En Mendoza, el conflicto por el agua vuelve a estar en el centro de la escena. La resistencia histórica contra la megaminería —que logró en 2007 la sanción de la emblemática Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro en los procesos extractivos— está atravesando una nueva oleada de ofensiva extractivista, esta vez más rápida, más violenta y con fuerte respaldo estatal.
“Estamos otra vez en un pico de conflicto, con un gobierno provincial —el de Alfredo Cornejo— aliado al gobierno nacional de Milei, que intenta reinstalar los proyectos mineros en la provincia”, explica Lucila, integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. El caso más urgente es el del proyecto San Jorge, en Uspallata, pero hay otros planes avanzando, como la extracción de cobre en Malargüe, promocionada públicamente por el gobernador.
Lo que cambia esta vez no es solo la intensidad del avance megaminero, sino el nivel de represión: detenciones arbitrarias, causas penales sin fundamentos sólidos, hostigamiento a quienes se organizan en defensa del agua. “Tenemos dos compañeros judicializados en Uspallata. Y lo más preocupante es cómo se legitima esta violencia, no solo desde el Estado, sino también desde sectores de la sociedad que la celebran”, denuncia Lucila.
La criminalización no viene sola: se da en un contexto económico que golpea de lleno en los territorios, debilitando el entramado de las asambleas. “Antes que sostener una asamblea, muchas familias hoy tienen que priorizar sostener la vida de sus hijos, de sus nietos. Ir a trabajar para poder comer”, agrega. Sin embargo, las redes no se cortan: se transforman. “Empezamos a entrelazarnos con otras luchas, como las de los jubilados y jubiladas. Vamos a sus marchas y ellos vienen a las nuestras. Así tejemos más fuerte”.
En una región históricamente señalada por su defensa del agua pura, las voces que se alzan hoy contra el extractivismo no solo denuncian la depredación ambiental, sino también la injusticia social que la sostiene. La resistencia mendocina vuelve a salir a las calles, una vez más, en defensa del agua, la vida y el territorio.
Litoral
Desde hace más de dos décadas, la región del Litoral encarna una lucha emblemática: la resistencia a las pasteras instaladas del lado uruguayo del río Uruguay, encabezada por la histórica Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Fue allí donde, a partir del 2005, miles de personas bloquearon el puente internacional en un acto de desobediencia civil que marcó un precedente en la defensa ambiental del país.
“Hace 21 años que estamos protestando contra la contaminación que produce la pastera finlandesa UPM. Nos levantamos del susto cuando supimos qué tipo de industria es esta: una de las más contaminantes del planeta”, recuerda Gilda, con la fuerza de quien ha sostenido esta lucha durante más de media vida.
Hoy, ese conflicto sigue latente. UPM no sólo continúa operando, sino que instaló una segunda planta aún más al norte. Aunque se encuentre en territorio uruguayo, sus efectos no conocen fronteras: “Los desagües, los venenos, el aire contaminado vienen a nuestra región, están enfermando la tierra, el agua y el cuerpo”, denuncia Gilda. A eso se suman los monocultivos de eucaliptus y pinos que secan las napas freáticas para abastecer de materia prima a estas industrias.
Pero el Litoral enfrenta otros frentes de avance extractivo. El modelo agroindustrial basado en monocultivos y agrotóxicos se extiende por toda la región, desde los yerbatales de Misiones hasta las sojizaciones de Santa Fe y Corrientes. Las fumigaciones aéreas y terrestres se realizan a metros de escuelas rurales y viviendas, con consecuencias sanitarias graves: intoxicaciones, malformaciones, enfermedades crónicas. “La salud de la población está siendo sacrificada por los intereses de Bayer-Monsanto y compañía”, advierte Gilda.
La expansión inmobiliaria sobre humedales y zonas costeras, los proyectos de hidrógeno “verde” que se preparan para la exportación europea y la falta de controles ambientales por parte de organismos como la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) configuran un panorama de saqueo múltiple y silencioso.
“Todo es confidencial, no sabemos qué se acuerda a puertas cerradas. Por eso hoy más que nunca tiene que volver el pueblo a asamblearse, a escucharse, a informarse. Las asambleas venimos diciendo lo que iba a pasar hace años, y ahora está pasando”, enfatiza.
Entre tanta devastación, hay también conquistas: Entre Ríos cuenta con una Ley de educación ambiental en todos los niveles, fruto directo de la presión sostenida de la Asamblea.
Norte
En el corazón de Catamarca, un pueblo camina desde hace casi 800 sábados. Cada semana, sin falta, las y los vecinos de Andalgalá se movilizan por las calles del pueblo para decir lo mismo que vienen diciendo desde hace más de una década: no a la megaminería, sí a la vida. La Asamblea El Algarrobo, nacida de esa resistencia, se convirtió en símbolo nacional de la defensa del territorio frente a la avanzada extractiva disfrazada de “desarrollo”.
“La problemática principal es la minería a gran escala. Hoy estamos enfrentando el proyecto MARA, una fusión entre Minera Alumbrera y Aguas Ricas. Nos quieren vender que es parte de la transición energética, pero lo que vemos es más de lo mismo: saqueo, contaminación, represión y división social”, explica Enzo, integrante de la Asamblea. La historia es conocida: donde prometen progreso, llegan helicópteros, policías y empresas con promesas que no se cumplen. Donde antes hubo agricultura y pirquineo artesanal, ahora se impone un modelo de minería de montaña con uso intensivo de agua, energía y territorios.
Andalgalá está literalmente sobre los minerales, pero no por eso es una comunidad minera. “La nuestra fue siempre una economía familiar, basada en trabajos horizontales y distribuidos, no en megaproyectos donde ganan los de siempre”, señala Enzo. La minería “verde” —ligada al cobre y al litio— aparece hoy como la nueva fachada del extractivismo. Bajo el discurso de la transición energética, se justifican proyectos que amenazan glaciares, cuencas hídricas y pueblos enteros. “No hay minería sustentable. Si este es el precio de la transición, que la paguen las empresas, no los pueblos”, afirma, citando al histórico referente diaguita Marcos Pastrana.
Pero el conflicto no es solo ambiental. Es también político y ético. Las comunidades denuncian un modelo de democracia vaciada, en el que los gobiernos —nacional y provincial— negocian a espaldas del pueblo, con represión sistemática y violación de derechos colectivos. “Nosotros ya somos escuchados. Lo que exigimos ahora es que se nos respete, que se actúe políticamente para frenar este modelo de muerte”, dice Enzo.
Patagonia
La Patagonia es hoy el laboratorio del nuevo extractivismo. Con miles de hectáreas fiscales en disputa, avanzan a paso firme los proyectos de minería, energía eólica, hidrógeno “verde”, litio y hasta uranio. Pero lo que desde los discursos oficiales se presenta como desarrollo y transición energética, en el territorio se traduce en desalojos, incendios, represión y saqueo. “Cada intervención del poder es una disputa por el territorio. Y el territorio siempre está habitado, cuidado, trabajado”, dice Alejandro, de la organización ecologista Piuquén y del espacio asambleario autónomo de Bariloche.
Desde el Alto Valle hasta la estepa y la cordillera, la matriz es la misma: un Estado que opera como gestor de negocios para corporaciones nacionales y extranjeras, muchas veces valiéndose de títulos truchos sobre tierras fiscales —herencia de la mal llamada “Campaña del Desierto”— para avanzar sobre comunidades, especialmente mapuche y campesinas. “No se reconoce la tenencia comunitaria, los permisos son precarios, y cuando aparece una empresa amiga del poder, aparece mágicamente un título de propiedad”, denuncia Alejandro. Lo que sigue es la judicialización de los pobladores y, muchas veces, su criminalización.
Los recursos que se buscan no son pocos: oro, plata, litio, uranio. Pero también el viento y el agua, insumos clave para la producción de hidrógeno verde, ese nuevo emblema de la transición energética que —bajo una apariencia “limpia”— reproduce el colonialismo energético: el sur pone los territorios, el norte se queda con la energía. “Nos piden que generemos energía limpia para descarbonizar Europa, pero acá dejan contaminación, expulsión y violencia”, explican desde Piuquén.
El rebrote del interés nuclear —con la extracción de uranio en Mendoza, Chubut y Río Negro— y el crecimiento del negocio inmobiliario y turístico (ligado a la extranjerización de la tierra) completan un mapa de tensiones cada vez más fuertes. “La Patagonia no está vacía. Está siendo vaciada”, resumen desde el espacio.
A eso se suma el drama de los incendios forestales, agravados por el monocultivo de especies exóticas como el pino, por la falta de prevención y por un discurso oficial que busca culpables antes que soluciones. “Cada vez que hay fuego, aunque sea por causas naturales, la primera respuesta es culpar a las comunidades mapuche. Esa criminalización es parte del mismo sistema de despojo”, advierte Alejandro.
Frente a todo eso, el tejido comunitario —urbano y rural, mapuche y no mapuche, popular y asambleario— sigue resistiendo, informando, organizando.
El Mari Menuco amenazado por el extractivismo
El Mari Menuco no es sólo un lago, es una especie de tanque, reservorio de agua dulce, que abastece a la mayoría de los habitantes de Neuquén capital, a toda Centenario y en general a los sistemas de riego que ayudan a mantener vivo el Alto Valle.
Este espejo azul se encuentra amenazado por un proyecto de fracking, la técnica de extracción de petróleo de las rocas, a las que le inyectan agua y químicos para fracturarlas a través de pozos verticales y horizontales en el suelo.
Por esta peligrosa situación es que tanto las comunidades mapuches de la zona, como habitantes de la ciudad capital se han movilizado fuertemente para rechazar este proyecto. Crearon la campaña “Salvemos al Mari Menuco” y, entre otras cosas, organizaron una caravana de autos que partió desde Neuquén capital, desplazándose por la Ruta 7 y luego por su empalme, la 51, dos caminos que atraviesan Vaca Muerta.
Desde la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nawel, su lonko, aclara que los mapuches no se oponen a la generación de combustible, sólo cuestionan la técnica de extracción. La técnica del fracking es altamente destructiva y contaminante y por eso está restringida en muchos países.
Sin embargo, el gobierno provincial le otorgó a YPF, a través del decreto N° 276/2025, cuatro nuevas concesiones en Vaca Muerta por 35 años y una inversión anunciada de más de 13.000 millones de dólares.
Entre ellas, La Angostura Sur II, ubicada en territorio de la comunidad mapuche Kaxipayiñ, proyecta la perforación de pozos piloto justo en el istmo que conecta Mari Menuco con Los Barreales.
Cabe destacar que de las 65 comunidades mapuches que habitan Neuquén, 12 se encuentran en el centro de explotación hidrocarburífera y reclaman derechos de propiedad sobre 48.000 hectáreas. De esas 12, ocho no tienen personería pero cuatro cumplieron con los trámites para obtenerla. Una de ellas, la Lof Newen Kura, montó un acampe frente a la gobernación de Neuquén acusando al gobierno de dilatar la entrega, hasta que fue desalojada de la calle un domingo de julio al mediodía.
Neuquén: Denuncia a YPF, Rolando Figueroa y todos los responsables políticos
El 17 de julio, tres días antes de la represión, en medio del acampe, en medio de un pedido de información pública que no tuvo la debida respuesta, la Confederación Mapuche de Newken, presentó una denuncia contra YPF, como persona jurídica, por residuos peligrosos que dejó en comunidad Kaxi Payiñ, ubicada a 73 km al norte de la ciudad de Neuquén, entre la Ruta 7 y los embalses Mari Menuco y Los Barreales.
Ese mismo día la campaña “Salvemos al Mari Menuco” se movilizó bajo la consigna “Sin agua potable no hay salud” a las puertas de YPF para reclamar la derogación del decreto 276/25 que habilita la extracción de petróleo de manera no convencional (fracking) en el istmo de los lagos Mari Menuco y Los Barreales, donde funciona una gran planta potabilizadora que abastece con agua a Neuquén y Centenario.
En este contexto, tras la represión y al recobrar su libertad, Lefxaru Nawel no tuvo dudas de la conexión entre las denuncias y la violencia estatal: “Sabíamos que el vuelto iba a ser fuerte, porque así se maneja esta mafia petrolera neuquina, que hoy Rolando Figueroa es el continuador de Sobisch”.
En línea, apuntó que el actual gobernador de Neuquén, quien recientemente lanzó su espacio Neuquinizate: “no es ninguna cara nueva, no es ningún aire nuevo para la política y el pueblo mapuche está de pie y dignamente va a seguir su lucha por todo lo que nos corresponde” y agregó: “sabemos que van a seguir amenazándonos con campañas sucias, con fake news, como han hecho todos estos días pagando publicidad y para acusarnos de situaciones que no existen más que en las redes sociales”.
Nawel describió el momento actual como crítico, donde “la violencia es parte de lo cotidiano” y “el discurso de odio racial es parte de lo cotidiano”. Rechazó la idea de que Neuquén sea una “isla” ajena a las políticas nacionales: “Neuquén se vende siempre como que es una isla, no es una isla, una isla, un carajo. Hoy Figueroa está siguiendo los lineamientos que le están trazando Milei y Bullrich, y todo el poder consolidado.
Y agregó: “entonces no esperemos un trato diferente. Puteamos contra Milei, pero acá tenemos una versión local. Puteamos contra el MPN, que nunca resolvió los conflictos, acá tenemos una versión modernizada del MPN.” Finalmente, reafirmó la estrategia de su comunidad: “Por lo tanto, no creer toda esa farsa y saber que la única herramienta que tenemos para que no nos aplasten como ellos quieren es estar movilizados y organizados”.
Salvaje represión a las comunidades mapuche
La orden de desalojo había llegado a las 10:00, firmada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso, Diego Azcárate, con el objetivo expreso de “identificar e intimar a quienes estaban ocupando el espacio público e interrumpiendo parcialmente la circulación atribuyéndose representaciones de distintas comunidades mapuche”.
Hacia el mediodía hubo un tenso diálogo donde Jorge Nawel, werkén de la Confederación Mapuche de Newken, insistió a los efectivos policiales para que den lugar al reclamo de las familias encadenadas. Pero rápidamente se desplegó un operativo al mando del Jefe de la Policía, Carlos Tomás Díaz Pérez y culminó con 21 personas detenidas.
Los funcionarios policiales tiraron balas de goma, lanzaron gases lacrimógenos, golpearon y patearon a las y los lonko que resistían. También castigaron la solidaridad de las personas que intentaban protegerlos con más golpes y detenciones arbitrarias. Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital fue empujada y hostigada por un jefe policial, que aún no fue identificado y luego rodeada por seis efectivos más: “la Policía no me toca, no me peguen ni me empujen, ya mataron a Carlos Fuentealba, qué quieren matar a otro”, exclamó.
A pesar del intento de protección de las madres de los niños, los policías, bajo órdenes de Vignaroli y Azcárate, avanzaron: “vi que le querían pegar a mi abuela, empujé a un policía, se levantó, otro me pegó con un palo en la cabeza, yo me quería escapar, me pegaron un escopetazo en la cara, me tiraron al piso se me nubló la vista, eran como cinco, me pegaban patadas”, dijo Melián Antu Pilquiñam después de fundirse en un abrazo con su familia.
“Ligué los golpes que le iban a dar a mi abuela”, dijo sosteniendo su poncho el chico de 14 años, estudiante secundario en el CPEM 48 de Villa Ceferino. Tras la secuencia, todavía no había podido ver de nuevo a su abuela y tenía la campera agujereada por la Policía.
El hostigamiento policial también fue verbal: “le digo soy menor, y me decían que no sea maricón ya estás en el piso, que no sea puto, que me la tenía que bancar, no me dejaron de pegar hasta que en la camioneta de la policía, donde estaba mi tío les dijo que la corten, que no me pegaran más”.
Como al resto de los varones, a Melián también lo llevaron a la Comisaría 2ª y luego, le dijeron que lo iban a llevar a la Comisaría del Menor, pero antes lo trasladaron a la salita de Salud del barrio Progreso: “como llegó mi mamá, me liberaron”, dijo y aseguró que los médicos constataron golpes en la espalda, cuello, piernas y cabeza.
De acuerdo al werkén, Jorge Nawel, otro niño que también fue salvajemente golpeado, terminó internado en el hospital Castro Rendón con una costilla fisurada. “Se había probado en un equipo de fútbol, lo habían seleccionado y tenía que viajar estos días a Buenos Aires, así que ahí está con una costilla rota nada más que por venir a acompañar a su mamá en un reclamo tan básico, porque estamos pidiendo un trámite administrativo”.
Por su parte, Esteban Martiné, empleado judicial y ex concejal por el PTS también estuvo detenido de manera irregular: “Estaba acompañando la protesta pacífica de estas cuatro comunidades que vienen hace días ya encadenadas en la vereda de la Casa de Gobierno sin generar ningún problema ni siquiera a la población que vive alrededor y de un momento a otro vino una gran cantidad de policías con motos, con camionetas, con bastones, con escopetas a golpear a todo el mundo, a las mujeres mayores, a los niños y a las niñas”.
Sobre su propia detención, que quedó registrada por una persona que filmaba, mencionó que intentaba auxiliar una mujer mayor que estaba siendo golpeada en el piso por tres policías: “fuimos varios los que tratamos de rescatarla y de que no le pegaran más, pero bueno, a los que fuimos ahí también nos agarraron, nos forzaron, nos arrastraron y bueno, nos detuvieron”.
Por su parte, Martiné insistió en la crueldad policial avasalló los derechos de los más pequeños: “Hay un chico de 14 años que tiene una costilla fracturada, hay otros compañeros que también les rompieron los dientes, que los ahorcaron tan fuerte que les quedó la marca en el cuello”.
En base a su experiencia frente a represiones como las cometidas fuera de la Legislatura de Neuquén por el pacto YPF Chevrón, refirió: “la verdad es que es una violencia que habiendo vivido otras represiones yo nunca viví, ni siquiera permitieron que los padres llevaran a sus chicos, a los hijos e hijas a otro lado” y agregó: “se los arrancaron de las manos”.
Además, permaneció preso con el padre del menor de 14 años, quien -subrayó- estuvo detenido durante mucho tiempo sin saber qué había pasado con los niños y niñas que habían sido también víctimas de esta violencia.
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata repudia represión policial
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata repudió los hechos violentos protagonizados por la Policía de Mendoza durante la movilización pacífica convocada el viernes 29 de agosto a la tarde en la ciudad de Mendoza contra Minera San Jorge.
Tal como se puede ver en numerosos videos que circularon en redes y medios alternativos, grupos de tareas provocaron a los manifestantes, propinando golpes de puño, empujones y patadas, en lo que pareciera ser una acción deliberada y planificada de incitación a la violencia, con bajada de línea directa del poder político. En estas circunstancias se llevaron a Facundo Gollano, a quien lo introdujeron por la fuerza entre varios en un auto sin patente; pasando a engrosar de esta manera la vergonzosa lista de presos políticos del gobernador Alfredo Cornejo.
La responsabilidad del gobierno se hace extensiva al hecho público y notorio de difuminar los roles de proponente y concedente, volviendo una suerte de UTE (unión transitoria de empresas) a la alianza de hecho conformada por la corporación megaminera y la autoridad de aplicación. Esto, en función de que el propio gobierno ha redoblado hasta el hartazgo, con un bombardeo publicitario obsceno en medios pautados, sobre las supuestas bondades de la ideología extractivista.
La imposición de este relato implica un gasto multimillonario para las arcas fiscales, en detrimento de necesidades sociales que son sistemáticamente desatendidas.
A ello se suma la recurrente implementación de metodologías represivas y punitivas, violentas y persecutorias, con denuncias y causas inventadas por el propio gobierno y avaladas por la pata judicial servil, sin la cual no prosperarían.
Hoy como desde hace 17 años, definitivamente Minera San Jorge NO tiene licencia social, ni en Uspallata ni en toda Mendoza, por sus numerosísimas externalidades negativas, de orden ambiental, social y económica, de escala regional a toda la Cuenca del Río Mendoza, con cuestionamientos técnicos de diversa índole, que la empresa sistemáticamente se niega a considerar y responder, actitud que tiene aval inequívoco del gobierno.
Esto volvió a ser demostrado en la Audiencia Pública del Pueblo de Uspallata realizada el pasado 2 de agosto, donde se certificó mediante actuación notarial ante un grupo de escribanos públicos, el rechazo multitudinario a PSJ; contrastando con el grupo varias veces menor convocado oficialmente en el predio privado de la mina; acto que representa desde el más elemental sentido común, una afrenta a la comunidad de Uspallata en particular y al pueblo de Mendoza en general.
Más allá de la persecución, las difamaciones y la cárcel, vamos a seguir reclamando y responsabilizando al gobierno de Mendoza por todas estas violaciones a los Derechos Humanos, por lo que desde nuestra asamblea exigimos:
1) Archivo definitivo del tercer informe de impacto ambiental de Minera San Jorge.
2) Sanción del Proyecto de Ley de iniciativa popular para la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas.
3) Desprocesamiento de Mauricio Cornejo y Federico Soria y nulidad de la causa inventada en su contra sin pruebas ni testigos.
4) Libertad y desprocesamiento de Facundo Gollano y nulidad de su causa armada por los mismos policías que lo vejaron.
¡MINERA SAN JORGE NO TIENE LICENCIA SOCIAL!
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, 30 de agosto de 2025
Texto de Federico Soria, procesado sin prueba ni testigos junto a Mauricio Cornejo:
SOY Y DENUNCIO
SOY Federico Soria. Técnico Químico Industrial. Técnico Superior en Conservación de la Naturaleza (abanderado y con mejor promedio). Licenciado en Turismo (recibido con mención especial). Posgraduado en Administración de Áreas Naturales Protegidas (becado por el Gobierno de Mendoza). Ingresé a trabajar como técnico profesional de la Administración de Parques Nacionales (APN) el 20 de diciembre de 2007, bajo estricta recomendación de Juan Carlos Chébez, el más reconocido naturalista de Argentina.
Inicio mi desempeño en la Delegación Regional Patagonia, donde en el término de 9 años, dictamino y firmo los informes ambientales de más de 1.000 expedientes de guías y prestadores turísticos que se desempeñan en los Parques nacionales de esa región, firmo decenas de informes ambientales de nuevos senderos, intervengo en el reconocimiento de comunidades mapuches en el marco de la ley 26160 y en el relevamiento de sitios naturales y patrimoniales en la misma región y coordino capacitaciones para guardaparques en materia de diseño y construcción de senderos en montaña. Durante ese período realizo trabajos de campo en los parques nacionales Laguna Blanca, Lanín, Nahuel Huapi, Lago Puelo, Los Alerces, Patagonia, Patagonia Austral, Perito Moreno, Los Glaciares, Monte León y Tierra del Fuego.
En setiembre de 2016 me traslado al Parque Nacional El Leoncito, luego de ganar un concurso superando a otros 12 postulantes y enfrentando a un Comité de admisión que no me quería. Una vez en funciones, me designaron a cargo del área de Conservación y Uso Público de dicha área protegida, hasta abril de 2023. En ese período, me ocupo de regularizar el sistema de registro de visitantes e implementar la publicación de estadísticas, diseño y realizo encuestas de calidad de la visita, coordino el Plan de Uso Público, produzco y conduzco el programa radial “Voz de Parques Nacionales” en FM Calingasta, coordino y acompaño proyectos de investigadores externos que realizan sus trabajos de campo en el parque, inicio el relevamiento de flora nativa y el mapa de vegetación del parque, coordino a nivel local los programas de monitoreo de guanaco, choique y bagre, realizo dictámenes técnicos sobre propuestas propias o externas para el desarrollo turístico del parque, concurro a ferias provinciales y nacionales de promoción turística, inicio la coordinación de la actualización del Plan de Gestión, aun inconcluso. Me pueden ver en videos institucionales subidos a la web, como “360°” y “Noches Mágicas”. Mis calificaciones en las evaluaciones anuales de desempeño de APN siempre fueron destacadas.
Antes de ingresar a la APN, me desempeñé durante 16 años en las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) de Mendoza, primero como guardaparque y combatiente de incendios forestales, luego como coordinador técnico y jefe del sistema. Durante mis funciones en ese ámbito, participé como autor intelectual en la redacción de proyectos de ley de creación de nuevas ANPs o ampliación de las ya existentes, que fueron sancionados con posterioridad, como las leyes 7422 (Laguna del Diamante), 7447 (Bosque Telteca),7824 (Humedal Llancanelo), 8224 (La Payunia), 8308 (Cordón del Plata y restitución de zonas desafectadas del Parque Tupungato), 8400 (Portillo-Piuquenes), 8415 (Laguna del Atuel) y 9205 (ampliación del parque Aconcagua). También participé en la redacción de las ordenanzas ambientales mineras: 1123/06 de San Carlos, 1940/07 de Tunuyán, 1/07 de Tupungato y 12/16 de Las Heras (esta última, aprobada por unanimidad, pero vetada por el intendente Orozco).
Además, siendo coordinador técnico y jefe del sistema de áreas protegidas provinciales, participo del equipo que redactó la Ley 7291 de guardaparques, pasando todos ellos de precariedad laboral a planta permanente.
Además, en ese período, participo en la puesta en funcionamiento del Fondo Permanente de ANPs, un mecanismo de autofinanciamiento del sistema de Mendoza, novedoso a nivel mundial en ese entonces. Fui representante por Mendoza ante el COFEMA. Fui autor intelectual de la Estrategia Provincial de Biodiversidad, un documento que baja a territorio provincial los postulados del Convenio Internacional de Biodiversidad, que debía ser parte del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y fue descartado a último momento de la versión final. Participé en la redacción de la propuesta ambiental para el expediente de inscripción ante la UNESCO del Qhapaq Ñan como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
En ese período y como adscripto, asesoré en temáticas ambientales a entes como la Municipalidad de San Carlos, la Sociedad Rural del Valle de Uco, el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) el Instituto Nacional del Agua Centro Regional Andino, y el Instituto para el Desarrollo Sostenible del IADIZA (CONICET).
De manera particular, he sido guía turístico convencional, guía de turismo aventura y guía baqueano de montaña en la zona de Uspallata. He caminado y ascendido la mayoría de las quebradas y montañas del territorio que rodea ese extenso valle, además del Aconcagua y el Cordón del Plata. He vivido desde hace 40 años en las localidades de Uspallata, Polvaredas y Puente del Inca, con períodos de residencia transitoria en otros lugares.
He participado de la autoría de 3 libros publicados de guías botánicas:
“Flora de los Semidesiertos de Sudamérica Templada” (ISBN 9789878696935)
“Flores de la Patagonia Argentina” (ISBN 9789872811600)
“Árboles de los Parques Nacionales del Sur” (ISBN 9789870559801)
He participado en la redacción del libro “Guía de las Reservas Naturales de la Argentina” de Juan Carlos Chébez, en el capítulo correspondiente a la Provincia de Mendoza.
Y como colaborador técnico en el libro “Identificación de Áreas de Importancia para la Biodiversidad en la Estepa y el Monte Patagónico” de autores varios.
Estoy diseñando 3 guías botánicas virtuales, actualmente en construcción, disponibles en la web:
“Flora nativa de Uspallata y Calingasta”: https://uspallatanativa.blogspot.com
“Guía botánica para la identificación de plantas nativas de Andalgalá (Catamarca)” https://andalgalanativa.blogspot.com
“Guía botánica para la identificación de plantas nativas de las Sierras de San Luis” “https://michilinguenativa.blogspot.com/”
He participado como guionista y relator, en una película realizada localmente sobre el Proyecto de ley de creación del área natural protegida Uspallata-Polvaredas, disponible en la web.
Anteriormente, he participado brindando asistencia profesional en la redacción y fundamentación técnica de dicho proyecto de ley, que la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata presenta como iniciativa popular en la Legislatura de Mendoza, el 9 de setiembre de 2009, como alternativa a Minera San Jorge: https://parqueuspallatapolvaredas.blogspot.com
Soy músico, actor de teatro, artesano, jardinero, cocinero, fabrico muebles de madera, dibujo y confecciono poliedros complejos de papel.
Soy y hago de todo, jamás ñoqui, jamás un simulador, siempre transparente.
DENUNCIO persecución ideológica, intimidación pública y daños culposos a mi salud psíquica y física, por parte de los señores: Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, Vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, Ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, Presidente de Impulsa Mendoza, Emilio Guiñazú, Director de Minería, Gerónimo Shantal e Intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Accesoriamente, también denuncio por las mismas causas a las autoridades de la Administración de Parques Nacionales, señor Presidente Cristian Larsen, Director de Recursos Humanos, Alejandro Rojas, Directora de Personal, Melina Cervini e Intendente del Parque Nacional El Leoncito, Ariel Fernando Quiroga.
Que estoy siendo perseguido, tanto por el Gobierno de Mendoza, como por la Administración de Parques Nacionales (en ambos casos de manera decididamente coordinada), por ser integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, organización cuyos acuerdos de funcionamiento están disponibles con acceso público y pueden ser visualizados acá. Así como por estar en contra de Minera San Jorge y por proponer como alternativa la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas.
Que, bajo la presunción de que habría un pedido de captura en mi contra, he decidido esconderme para preservar mi vida, atento a la amenaza que significa terminar privado ilegítimamente de la libertad bajo las condiciones carcelarias indignas e infrahumanas actuales, de maltrato físico y psicológico que reciben los presos recién ingresados en período de proceso judicial y las metodologías violentas y despiadadas empleadas por los grupos de tareas de la policía para secuestrarlos y transportarlos a sus lugares de confinamiento; que en cualquiera de estos casos, podrían provocarme la muerte.
Esto, en función de que actualmente estoy diagnosticado por profesional médico con ataques de pánico, crisis depresiva, trastorno de ansiedad generalizado y palpitaciones cardíacas; y que además tal diagnóstico está refrendado con certificación oficial expedida por una junta médica del Ministerio de Salud de la Nación.
Que, los denunciados conocen mi situación de salud, dada la información personal e íntima específica, filtrada por autoridades de la APN a medios masivos de comunicación, así como por las redes sociales de los propios funcionarios del Gobierno de Mendoza. Con lo cual, los acuso de procurar infringirme daño y eliminarme físicamente a propósito, ante el armado de operaciones de prensa malintencionadas, una causa inventada para secuestrarme y mantenerme ex profeso privado ilegítimamente de la libertad, en condiciones inapropiadas para el tratamiento de mi afección, Y, de manera conjuntamente coordinada, un sumario disciplinario reservado, para despedirme sin causa de la Administración de Parques Nacionales, sin que nadie se entere fuera de quienes me persiguen dentro de esa institución.
Que, los denunciados vienen ejerciendo sobre mí los mismos delitos por los cuales me acusan falsamente, toda vez que vienen profiriendo cataratas de agravios, calumnias, injurias e intimidación pública, esgrimidas en declaraciones vertidas por ellos o personas interpósitas, a través de medios masivos de comunicación pautados, sin darme en ningún caso derecho a réplica. Esto, con el claro objetivo de relativizar, invisibilizar, censurar, desacreditar y en última instancia anular, de manera coercitiva y coactiva, mis reclamos genuinos y fundados técnica, científica, jurídica y legalmente, en contra de la explotación de Minera San Jorge (y otras similares); y a favor de la iniciativa popular del proyecto de ley para la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que estos mismos señores mantienen pisado en la Legislatura de Mendoza.
Que, para terminar de completar este esquema persecutorio y decididamente lesivo y homicida hacia mí, han inventado una denuncia en mi contra, sin pruebas concretas o empíricas, sin testigos, presentada por el Sr. Edgardo Vera, “presidente de la Cámara Minera de Uspallata” ejecutada por funcionarios judiciales, fiscal Juan Manuel Sánchez y jueza Claudia Tula, que responden partidariamente a los denunciados que los colocaron en sus cargos; y direccionada específicamente para acusarme sin fundamentos, de supuestos delitos que no he cometido, sólo a partir de los dichos mentirosos y contradictorios de Vera. Todo ello, con la finalidad de destruirme psíquica y físicamente como persona; y accesoriamente, escarmentar a mis compañeros y desacreditar los reclamos y propuestas alternativas de años, que viene llevando a cabo la organización a la que pertenezco, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata; en todos los casos debidamente formalizados ante las instancias correspondientes y sistemáticamente desoídos y/o ninguneados por las sucesivas gestiones de gobierno.
Que accesoriamente, me han inventado un sumario disciplinario en la administración de Parques Nacionales, a partir de las espías del Sr Alejandro Rojas en mis redes sociales, para acusarme de haber participado en manifestaciones contra la megaminería, en fecha en que ellos mismos me levantaron compulsivamente la licencia que aducen he infringido. Vale destacar que el Parque Nacional El Leoncito es colindante a Minera San Jorge y esa corporación siempre ha procurado ejercer influencia coercitiva en su funcionamiento, motivo por el cual me persiguen desde el primer momento que inicié mis funciones allí.
Quiero denunciar además que la misma persecución que el Gobierno de Mendoza ejerce hacia mi persona, también la está llevando a cabo hacia Mauricio Cornejo, compañero de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, por los mismos motivos y en la misma causa armada, donde se nos acusa falsamente, sin pruebas ni testigos.
Que esta metodología violatoria de los Derechos Humanos y propia de la dictadura, es pública y notoria, uso y costumbre, de gobiernos y empresas que pretenden imponer la megaminería donde no hay licencia social, tal como ocurre en Uspallata. Y que en particular es la que emplea el holding Solway, dueños de Minera San Jorge, empresa off-shore radicada en paraísos fiscales, denunciada por la prensa internacional por sobornos, contaminación, persecución, criminalización de la protesta social, apremios ilegales y asesinatos de opositores e indígenas, en países como Guatemala, Indonesia, Filipinas, Macedonia, Congo y Liberia. Modus operandi que ahora pretende imponer también en Uspallata, rompiendo la paz social, e imponiendo un régimen de miedo y violencia, en un lugar que siempre se ha caracterizado por ser apacible y tranquilo.
En consecuencia, demando públicamente a los denunciados (y a las personas que responden políticamente a ellos dentro del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial) el urgente desprocesamiento, desagravio y garantías para mi seguridad personal y mi vida, así como el inmediato resarcimiento por todos los daños y perjuicios materiales, laborales, psicológicos y morales que su accionar negligente me han provocado, haciéndolos plenamente responsables si algo me llegara a suceder, tanto a mí como a las personas de mi entorno afectivo, familiar y social.
La Justicia avanza contra defensores ambientales procesados por protestar contra la Autovía de Punilla
La Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje rechazó la suspensión del juicio a prueba solicitada por un grupo de defensores socioambientales procesados tras las protestas contra la construcción de la Autovía de Punilla en 2022. La decisión judicial implica que los imputados deberán enfrentar un juicio oral previsto para el próximo 18 de diciembre.
Las defensas habían solicitado acceder al beneficio de la probation ofreciendo distintas tareas comunitarias como forma de reparación simbólica: actividades ambientales en la ribera del río Cosquín, caminatas abiertas a la comunidad, labores como guarda ambiental en la Reserva Natural Río Yuspe-Cosquín y talleres artísticos en una biblioteca popular.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal se opuso a la medida argumentando “razones de política criminal” y destacando que la causa involucra a representantes del Poder Ejecutivo y a las fuerzas policiales, por lo que consideró necesario que se resuelva en un juicio público. La Cámara hizo lugar a esa postura y rechazó el beneficio.
Fuentes: La Nación, El Litoral, Red Latina Sin Fronteras, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, https://www.facebook.com/asamblea.uspallata