La Corriente Metalúrgica Independiente se refirió críticamente al bono de $5.000 impulsado por el Poder Ejecutivo nacional, que lo publicó hoy en el Boletín Oficial.
Compartimos la declaración:
BONO DECRETO PRESIDENCIAL, ENSAYO DE PACTO SOCIAL
En las últimas semanas muchos compañeros están expectantes por la noticia de un bono de $5.000 por impulso del gobierno y acuerdo entre las cámaras empresarias y los jefes sindicales.
La publicidad de este bono afirma que es de carácter extraordinario, así lo dice el decreto 665/2019, publicado hoy en el Boletín Oficial (con lo cual entra en vigencia legal) reconociendo el impacto de la devaluación y el achique de los salarios.
La suma de $5.000 afirma que se debe abonar en octubre a todos los trabajadores de la actividad privada, salvo los obreros rurales y, aclara, los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal. Sin embargo, en el mismo párrafo que anuncia la obligatoriedad del pago, también aclara que dicho acuerdo esta inscripto dentro de las negociaciones colectivas y que debe, en definitiva, ser refrendado en negociaciones paritarias de cada sector.
ARTÍCULO 1°.- Establécese una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá a la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), la cual se abonará en el mes de octubre de 2019 o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva.
De este modo deja en las mismas manos de los sectores que son responsables del achique de nuestros salarios y precarizaron nuestro trabajo la última palabra para cerrar el acuerdo. Pero no termina ahí, además el decreto aclara que dicha suma puede abonarse en cuotas y que incluso se va a tomar como adelanto de las paritarias 2020 (viene a ser como un vale de $5.000) o bien descontarse de acuerdos anteriores a la salida de este decreto.
ARTÍCULO 3°.- La suma referida en el artículo 1° del presente se compensará en las próximas revisiones salariales. Los empleadores que hubiesen otorgado, unilateralmente o por acuerdo de manera extraordinaria, otros incrementos sobre los ingresos de los trabajadores a partir del 12 de agosto de 2019, podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma total de la asignación establecida en el artículo 1° del presente.
Queda para los metalúrgicos, por ejemplo, el peligro de que incluso se absorba parte del último acuerdo otorgado en las últimas paritarias o, como muchas veces ocurrió, que la discusión se haga por fábrica, tirándole el peso a los delegados, eso si, siempre con el acompañamiento de las direcciones para aquellos compañeros que lo necesiten o pidan. Tengamos en cuenta que la mitad de los establecimientos Metalúrgicos no tienen delegados asi que esa mitad queda prácticamente fuera de la discusión.
En definitiva este bono no es más que una nueva puteada para los trabajadores de parte del trinomio ajustador gobierno – empresarios – burocracia sindical.
En muchos medios diferentes políticos, empresarios, sindicalistas hablan de Pacto Social, Acuerdo Nacional o Compromiso Ciudadano como una necesidad para superar “con el esfuerzo de todos” la actual situación “de crisis”. El principal candidato opositor, Alberto Fernández, también habla de un pacto para los primeros meses de su mandato. Un ejemplo claro de lo que entienden por pacto social las patronales y burocracias y lo que significa para nosotros, la clase obrera, es este “acuerdo” de bono “de emergencia” que no es bono ni resuelve ninguna emergencia. Además esto es la demostración práctica de que cada minuto que este gobierno siga en el poder (con el sostenimiento del Frente de todos y las direcciones sindicales repodridas) es un ataque más a nuestras condiciones de vida.
Lo que debería tomarse como medida de emergencia es, justamente, un aumento generalizado de salarios, jubilaciones y pensiones que como mínimo iguale la pérdida por la inflación anual. Que frente a los cierres y vaciamientos de empresas se ponga en práctica un plan de producción nacional, provincial y municipal que recupere esas fábricas, las ponga a producir bajo control social con los trabajadores a la cabeza y los fondos estatales que bien pueden salir del no pago de la fraudulenta deuda externa, de la confiscación de los capitales especulativos que fugan divisas o de impuestos a las grandes fortunas. Un proyecto productivo de desarrollo industrial que ponga la producción en función de las necesidades de la sociedad, ya sea en materia de ocupación, de salud, de educación, de obras de infraestructura, etc. Claro está que esto puede ser solamente garantizado por los trabajadores, democratizado las decisiones de estado, con la presión de los trabajadores y el resto de los sectores movilizados y organizados. Para esto necesitamos una nueva dirección democrática y luchadora.
CORRIENTE NACIONAL METALÚRGICA INDEPENDIENTE
septiembre 2019