No cabe duda que los jóvenes fueron quienes encabezaron el arrasador triunfo del Apruebo y Convención Constitucional en Chile. Algunos de ellos votaban por primera vez y lo hicieron junto a aquellos ya mayorcitos que desafiaron las amenazas y la pandemia que deja más de 14 mil muertos en el país, para consolidar la ruta de salida del neoliberalismo.
Fue el repudio popular a cuatro décadas de un ordenamiento nacido de la más dura represión y, quizá, el inicio de un pasaje ordenado y moderado a la siguiente etapa, sin rupturas radicales con estas tres últimas décadas de gobiernos constitucionales pero no democráticos ni populares.
Tras el plebiscito, desde Chile y desde fuera, llegan los balance s (como éste). Muchos quieren imponer el imaginario de que Chile cambió nuevamente gracias a un lápiz y un papel –por la vía institucional y republicana-, en recuerdo nostalgioso y romántico del gran logro del plebiscito de 1988 que derrotó a la dictadura. Desde el gobierno, señalan que “la gran mayoría del país decidió un camino por la vía institucional”.
La falacia omite la realidad, ya que el famoso lápiz y papel fue el final –entonces y ahora- de un largo proceso que se inició en 1983 con paros y protestas y cientos de muertos, muchos de ellos de la resistencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. (FPMR).
Hoy intentan olvidar o minimizar el largo proceso de un año de movilizaciones continuas, muertos y mutilados, y quieren imponer el imaginario que esta historia terminó con el voto y es hora de abandonar la calle, regresar a casa y dejar todo en manos de los “expertos” de las elites. Expertos en traiciones, como lo demuestra la historia chilena de dos siglos.
El domingo 25 se abrió la ventana para la necesaria renovación de la elite dirigente, una imprescindible oxigenación generacional, de liderazgos y de ideas, pero son los mismos de siempre, los traidores con historia, que comenzaron a candidatearse para ser constituyentes el año próximo. Y lo que se necesita son nuevas voces que transmitan las necesidades del Chile real, ese que no aparece en la televisión ni en los medios.
Si bien el proceso constituyente surge de un acuerdo entre los partidos de la burguesía frente al escenario impuesto por la movilización popular, existen enormes vacilaciones y vacío programático en la clase dominante para resolver sus pugnas, ante el deplorable estado de los aparatos ideológicos (Iglesia, cúpulas sindicales, sistema de educación).
La clase obrera venía aumentando sus niveles de actividad desde el año pasado, especialmente a raíz del estallido social del 18 de octubre: las huelgas aumentaron en un 68% en 2019 con respecto a las registradas en 2018. Debería la izquierda encauzar la acción política de la clase obrera frente a la encrucijada puesta por la burguesía, como actor autónomo e independiente con programa propio.
Lo relevante es que pese a las vacilaciones de la burguesía, el aparato de Estado propiamente tal no se ha quebrado: las fuerzas represivas siguen aglutinadas en torno al gobierno y clases populares no han sido capaces de levantar un contrapoder capaz de llevar a cabo dicho quiebre.
La nueva-vieja izquierda
Hoy se habla de una nueva izquierda, con el surgimiento del Frente Amplio en 2017 (conquistó el 20 por ciento de los votos), y del renacimiento del Partido Comunista, de la mano de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta. Pero las formas son las mismas: en lugar de hablar de encauzar la Constituyente, de la renovación radical de la vida política con la elección de una nueva generación de representantes, comenzaron a negociar las candidaturas presidenciales.
Mientras, el presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a la unidad de Chile Vamos, coalición a la que solicitó preparar una lista única de candidatos a la Convención Constitucional y a todas las contiendas del nutrido calendario electoral de 2021.
El referendo cambia el escenario político chileno, profundizando la crisis de los partidos tradicionales, tanto los de derecha, como los de izquierda, inclusive de la Convergencia Social (escindidos del Frente Amplio), abriendo espacio para una renovación. No sería raro que algunos progresistas y centristas, ausentes o expulsados de las movilizaciones populares, trataran de reflotar la vieja Convergencia Democrática, de socialistas y demcristianos, como alternativa para la derecha light y el centrismo.
Han recorrido un largo camino, muchachos
El estallido social de octubre de 2019 fue el corolario de los levantamientos de rebeldía que se han sucedido desde 2006, cuando los estudiantes secundarios (los pingüinos) mantuvieron una prolongada huelga para exigir el fin de la Ley Orgánica Constitucional de Educación.
A esto le siguieron movimientos ambientales contra megaproyectos energéticos y de reivindicaciones de regiones apartadas afectadas por el centralismo, movilizaciones populares que tuvieron sus puntos altos en 2011 con la lucha por “una educación pública libre y gratuita”, en 2017 con el propio Movimiento No Más AFP (fondos privados de pensión) y en mayo de 2018 con la Rebelión Feminista contra el patriarcado.
La Ley de Pesca, fraudulentamente tramitada en el primer gobierno de Piñera (2010-2014) y los posteriores escándalos de financiamiento ilegal de campañas, conocidos como Caso Penta y Caso SQM (Sociedad Química y Minera), revelaron una corrupción empresarial transversal a los partidos y a varios de sus parlamentarios.
La Iglesia católica, otra institución valorada por su defensa de los derechos humanos bajo la dictadura, perdió influencia y credibilidad en la población con el destape de episodios de pedofilia encubiertos por algunos de sus jerarcas, y durante el estallido social no tuvo protagonismo alguno.
El ciclo creciente de protestas, interrumpido por la pandemia del covid-19, obligó al Parlamento a aprobar una ley para que la Asamblea Constitucional -que se elegirá el 11 de abril próximo- sea absolutamente paritaria en su composición entre hombres y mujeres, que no solo reconoce a las mujeres el derecho a participar en igualdad de condiciones, sino también a escribir una nueva Carta Magna con enfoque de género.
¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución? era la pregunta de la segunda papeleta de votación del Plebiscito. Chile tendrá una Convención Constituyente para elaborar la Constitución, formada por 155 ciudadanas y ciudadanos elegidos por voto popular el 11 de abril próximo.
Marco Enríquez-Ominami, excandidato presidencial y líder del progresismo , señaló que “no es eficiente tener dos Congresos, más aún cuando el árbitro está en contra”. Detalló que “cuando uno elige una Constituyente y tiene un Congreso al mismo tiempo, va a haber una disputa de hecho y de derecho y, por tanto, lo mejor es que tengamos un solo Congreso Constituyente”
La calle ganó el plebiscito
No se trata de una concesión de la clase política, sino de una lucha sin cuartel, donde las víctimas pertenecen a las clases populares, que durante 47 años fueron ninguneados por quienes aceptaron el pacto de transición con las fuerzas armadas. Son los mismos que desmovilizaron a la sociedad civil, traicionaron el espíritu del No en el referendo de 1988 y en 1990 se hicieron con el poder, recuerda el analista chileno Gustavo González.
Por eso es imprescindible impedir que las fuerzas de la derecha logren una influencia determinante en la Convención Constitucional, y para ello los movimientos sociales y las fuerzas políticas de la renovación, gestoras del fin de la institucionalidad pinochetista, deben alcanzar una hegemonía que se traduzca en una constitución realmente democrática que signifique la superación del neoliberalismo.
Chile vive un proceso político caracterizado e impulsado por la calle, por la movilización popular, donde los púberes y jóvenes han tomado la batuta y expuesto sus vidas. Pero la amenaza latente es que el gobierno y la derecha podrán revertir su derrota si logran controlar la Constituyente.
Resulta imposible que Chile se consolide como un Estado democrático de derechos sociales, plurinacional y pluricultural, con reconocimiento de sus pueblos originarios, de igualdad de géneros, con plena vigencia de los derechos humanos en sus más amplias acepciones, sin romper con las preceptivas neoliberales del Estado subsidiario y de las instituciones que lo sustentan.
Hace más de cuatro décadas, Salvador Allende había señalado que “no es desde arriba, sino desde las raíces mismas de su propia convicción de donde debe nacer la Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano”. De eso se trata, de hacer una Constitución democrática desde abajo.
El domingo 25 se registró la mayor participación ciudadana en una elección: casi el 51 por ciento del padrón de electores, de 15 millones. La abstención se puede explicar por el temor a la pandemia, insuflado desde la aprensa hegemónica y del gobierno, pero también por la desconfianza y rechazo a los desprestigiados partidos políticos.
Por eso se hace imprescindible el debate de los contenidos de la nueva Constitución y promover los candidatos independientes, desde las bases, que en abril del 2021 conformarán la Convención Constitucional. Aquellos comprometidos, sin ambigüedades, con la voluntad de cambio.
No hay que dejar de considerar la fuerza que aún tiene el polo conservador, que desde el fin de la dictadura retiene cerca del 40% electoral. El 20 por ciento logrado por el rechazo proviene de una derecha poderosa en lo financiero, político y militar, dispuesta a todo y que nunca ha dudado en derramar la sangre del pueblo cuando vieron comprometidos o amenazados sus intereses. Un nueva Constitución es la peor amenaza para la ultraderecha recalcitrante, el militarismo, los oligarcas.
Lo maravilloso de las elecciones es que el pueblo puede dar una bofetada y nadie puede responder. Mientras Piñera obtuvo el 26% del país para ser Presidente, el Apruebo obtuvo el 40%. Como votó la mitad del país (7.562.000 de 15 millones), ese 40% se transformó en 78%. El Rechazo obtuvo apenas el 11% del país, destacó Marta Lagos, directora de Latinbarómetro.
A nosotros, los que escribimos sobre “la bofetada”, también nos ha llegado un pedazo, por no haber sido lo suficientemente claros en decir las cosas por su nombre, añadió.
El domingo 25 el pueblo chileno comenzó a cavar la sepultura de la Constitución pinochetista y es la oportunidad para que los jóvenes de hoy se preparen para gobernar e ir definiendo su propio futuro. Su caudalosa participación en el plebiscito -en especial los de las comunas populares- parece clara señal de aceptación de esa responsabilidad. ¿Se los permitirán?
Obviamente hay que comenzar a construir el necesario movimiento político-social que destierre sectarismos, pero las primeras manifestaciones de los grupos políticos de la izquierda y de la centroizquierda no se ven muy proclives a intentar la unidad de acción, y mucho menos a actualizar doctrinas y cambiar métodos de organización y lucha.
“En Chile las instituciones funcionan” señalaba permanentemente el expresidente socialdemócrata Ricardo Lagos al inicio del milenio, el siglo y la década y era un elogio a la moderada transición dirigida por los partidos de la Concertación por la Democracia, y un implícito reconocimiento a la fortaleza de la institucionalidad heredada de la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
Los mismos que hace un año salieron a las calles para poner fin al oprobio neoliberal son los que hoy alertan: “Desconfía de quienes nos llamen a detenernos, a desmovilizarnos, de los que llaman a la moderación, nos quieren amarrar de manos para que seamos obedientes en su cocina constitucional. El pueblo exigió, logró y votó Nueva Constitución y el Pueblo Manda”.
Aram Aharonian es periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv.