La Ayudantía Fiscal de gravedad institucional de La Matanza, a cargo de Fernando López y María Julia Panzonni, llamó a indagatoria al comisario Diego Ocampos y los oficiales de la Policía Bonaerense María Genez y Daniel Quinteros acusados de una serie de delitos que buscaron encubrir el asesinato del joven de 18 años Lucas Verón el pasado 10 de julio. Los agentes Ezequiel Benítez y Cintia Duarte están imputados por el homicidio y esa causa ya fue elevada a juicio. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocina a la familia Verón y venía reclamando avanzar en esta instrucción: en los casos de uso letal de la fuerza, las maniobras de encubrimiento pocas veces se investigan y casi nunca llegan a juicio. La audiencia de indagatoria el próximo 26 de noviembre es un paso importante para evitar que se consagre la impunidad de esos delitos.
En la madrugada del 10 de julio pasado, en el día de su 18º cumpleaños, Lucas Verón y un amigo iban en moto a comprar gaseosas a un quiosco del barrio Villa Scasso cuando comenzaron a ser perseguidos por un móvil del Comando de Prevención Comunitaria de González Catán, con las luces y sirenas apagadas. En un momento de la persecución, el patrullero los embistió por detrás, los jóvenes cayeron al suelo e intentaron alejarse corriendo; el agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Ezequiel Benítez disparó al menos dos veces, una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató. Los policías Benítez y Cintia Duarte huyeron del lugar sin dar aviso de los hechos.
En septiembre, dos meses después del hecho, el Juzgado de Garantías Nº 1 de La Matanza hizo lugar al pedido de la fiscalía temática de homicidios y elevó a juicio la causa por el asesinato, con Benítez y Duarte imputados por homicidio.
De la causa central, se desprendió otra instrucción por la actuación de funcionarios policiales que, luego del ataque, intentaron desviar la investigación y ocultar lo que había pasado. Por esos hechos, fueron ahora llamados a indagatoria el comisario y segundo jefe departamental Diego Ocampos, el subcomisario Daniel Quinteros y la oficial subayudante María Gisele Genez.
Con distintos grados de participación, los policías están acusados de ser autores o coautores de los delitos de amenazas coactivas, privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica y falso testimonio. Para la Comisión Provincial por la Memoria, que patrocina a la familia de Lucas Verón, estos hechos fueron parte de una estrategia de encubrimiento que buscó garantizar la impunidad de sus compañeros de fuerza.
Según la Ayudantía Fiscal de gravedad institucional de La Matanza, a cargo Fernando López y María Julia Panzonni, el comisario Ocampos amenazó al amigo de Lucas, lo obligó a declarar contra su voluntad en sede policial y confesar que venían de robar y que les habían disparado desde un auto blanco, que no era un patrullero. “Decí la verdad porque el asesino se puede comer 25 años y vos también”, le habría dicho para amedrentarlo.
De acuerdo al relato de la fiscalía, el joven, su tío y el padre de Lucas Verón fueron trasladados a la comisaría mediante engaños; en la dependencia policial siguieron las amenazas: Marcos y su tío fueron encerrados de manera ilegal en calabozos policiales, el adulto esposado durante varias horas. Según las pruebas que obran en el expediente, el subcomisario Daniel Quinteros fue quien ejecutó la orden del comisario y privó ilegalmente de la libertad al adolescente, mientras que todavía no se identificó al funcionario que encerró a su tío.
En esas condiciones, por fuera de los marcos legales, sin la presencia de un defensor oficial o representante legal, ya que es menor de 18 años, se fraguó la declaración autoincriminante del joven que iba con Lucas en la moto. El acta fue convalida por la oficial subayudante María Gisele Genez.
Los tres funcionarios deberán prestar declaración indagatoria el próximo 26 de noviembre. Mientras tanto la investigación continúa, hay medidas de prueba que todavía no se han producido o que faltan sus resultados como, por ejemplo, el informe pericial sobre los teléfonos secuestrados. De estas medidas y otras, pueden surgir más evidencias sobre los delitos cometidos y sobre la responsabilidad de otros funcionarios. También se investiga la actuación del fiscal Juan Pablo Tathagian que intervino inicialmente en la causa.
En este caso, con el impulso y las medidas adoptadas por la Fiscalía General de La Matanza, se actuó con celeridad para investigar no sólo el homicidio, sino también las acciones de encubrimiento que se desplegaron luego del hecho para garantizar la impunidad de los funcionarios policiales. Esta celeridad no es la regla, por el contrario la nula investigación, el encubrimiento y las acciones destinadas a proteger a los agentes policiales, suele ser el accionar judicial típico en estos hechos.