Organizaciones sociales y organismos de derechos humanos -entre los que se cuentan la APDH, el CELS y la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut- reclamaron al gobernador Mariano Archioni la derogación inmediata de protocolos represivos implementados por su gestión que, en línea con la “doctrina Chocobar”, incrementan los niveles de violencia policial y limitan el ejercicio de la protesta social.
En la provincia de Chubut se encuentran vigentes protocolos para la utilización de armas de fuego en situaciones con agresiones con armas blancas, publicado bajo la Resolución 145-2020 del Ministerio de Seguridad, y de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, publicado a través de la Resolución 172-2018 del Ministerio de Gobierno.
“El protocolo de uso de armas de fuego representa un retroceso en materia de control de uso de la fuerza letal por parte de las y los efectivos policiales”, señalaron los organismos que realizaron en el día de ayer una presentación formal ante el gobernador Arcioni.
Entre los firmantes se encuentran la APDH, el CELS, la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia Chubut, la Secretaría Provincial de Derechos Humanos de la de CTA Autónoma de Chubut, H.I.J.O.S. Puerto Madryn, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, la Red por la Identidad Esquel, Acción Grupal Antirrepresiva (AGARRE) y la Asociación Civil INSTITUTO FUTALEUFU.
La normativa provincial recupera directivas y criterios de intervención previstos en la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, parte de la “Doctrina Chocobar” impulsada por la administración del ex presidente Mauricio Macri y su funcionaria, Patricia Bullrich, derogada por el actual ejecutivo nacional en diciembre de 2019.
Además, suma nuevos elementos que redundan en una ampliación de los supuestos para la utilización del arma de fuego, plantearon los organismos.
El protocolo provincial se aparta de los principios de excepcionalidad y proporcionalidad en el uso de armas de fuego por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, fijados por la normativa local e internacional, entre ellas, los Principios Básicos de la ONU y el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incorporado a nuestra Ley de Seguridad Interior y reforzados por los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe a los Estados privar arbitrariamente de la vida a las personas, indicaron.
Por su parte, el protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas sigue prácticamente a rajatabla el texto que la gestión a cargo de Patricia Bullrich quiso aprobar en 2016, pero no llegó a formalizar.
“Este protocolo implica un claro límite al ejercicio de derechos fundamentales en una sociedad democrática como la libertad de expresión, de reunión y el ejercicio de la libertad de prensa. Ello resulta incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos”, señalaron las organizaciones sociales y organismos en su presentación.
La norma plantea una serie de problemas muy graves: amplía los márgenes de la intervención y discrecionalidad policial para penalizar el ejercicio de la protesta sin necesidad de una orden judicial; omite dar indicaciones claras sobre al uso de las armas denominadas “menos letales” y la capacidad de daño de su utilización; afecta el trabajo periodístico ya que es la propia policía la que puede indicar a las y los trabajadores de prensa dónde ubicarse de modo de no interferir con su procedimiento; no establece medidas respecto de la identificación del personal policial, como ser la obligatoriedad de uso de uniforme y la identificación que permita individualización del personal interviniente.
“Resulta muy preocupante que la provincia de Chubut desarrolle protocolos para guiar la actuación policial replicando instrumentos de una pobreza técnica alarmante y de una clara orientación represiva, que por otra parte ya han sido derogados y superados por la nueva gestión nacional”, se plantea en la presentación.
“Ante la creciente conflictividad social, con genuinos reclamos del pueblo de Chubut, resulta inadmisible que la provincia sostenga normativas que se oponen a derechos constitucionales y a leyes nacionales y locales”, señalaron las organizaciones firmantes, y enfatizaron su demanda de “inmediata derogación de los protocolos mencionados”.
CELS Y Otras Manifiesta Preocupación Gobierno De Chubut 05 04