Santiago “Chano” Moreno Charpentier, ex vocalista de Tan Biónica, fue baleado en el estómago, el lunes pasado, por un policía bonaerense. El argumento policial es que el músico, que sufría un brote psicótico, luego de haber intentado agredir a su madre, se enfrentó a los policías, y uno de ellos “neutralizó” el peligro con ese disparo. Su madre, en cambio, niega que las cosas ocurrieran así, y denuncia que mientras el joven sufría un cuadro de excitación psicomotriz fue baleado, en lugar de recibir la asistencia médica necesaria.
La popularidad de la víctima de este caso generó una repercusión muy superior a infinidad de hechos similares, en los que queda en evidencia que, frente a una situación que requiere atención asistencial sanitaria, la intervención policial termina con la muerte de quien necesitaba ayuda.
Nuestro archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal registra muchos casos de quienes padecieron algún tipo de trastorno, como cuadros de excitación psicomotriz, brotes psicóticos, estados confusionales y similares por causas diversas, que terminaron en su detención y muerte bajo custodia. Pero también los hay, y en cantidad, de situaciones semejantes a la protagonizada por el cantante Chano. Como Jorge Javier “Tito” Ortega, de 33 años, que el 11/11/2013, en Olavarría, decidió ir al arroyo Tapalqué para quitarse la vida con la vieja pistola heredada del padre, en pleno ataque de angustia porque había perdido su trabajo y lo estaban desalojando. Los vecinos llamaron a la policía, que “neutralizó” la tentativa de suicidio pegándole un tiro.
O Roberto Víctor Ávalos, de 27 años, cuya familia pidió ayuda a la policía en Mar del Plata, el 17/9/2016, ante un cuadro psiquiátrico. Los policías le dispararon varias veces dentro de su casa y lo mataron de un tiro en el pecho.
Este año, el 27 de mayo, en Lago Puelo, Alejandro “Tino” John, un vecino de 62 años que padecía trastornos psiquiátricos, fue fusilado de un disparo en la cabeza después que más de 20 efectivos del GEOP irrumpieron en la casa y maniataron a su pareja, que intentó defenderlo, a una silla.
Más atrás en el tiempo, recordamos a Ramón Nunes, de 26 años, que el 15/01/2001, recientemente externado del Hospital Melchor Romero, tuvo un brote y salió a la calle desnudo. La policía lo empezó a perseguir, Ramón trató de resguardarse en una casa, pero lo persiguieron y redujeron con tal brutalidad que le fracturaron el cráneo, causándole la muerte en el momento.
El 11 de julio de 2010, en Moreno, Fernando “Pata” Díaz (35), en estado de ebriedad, generó una situación en la casa que hizo que su suegra pidiera ayuda al 911. Cuando la policía llegó, el subteniente Pablo Apecechea –hoy condenado a prisión perpetua- le disparó tres veces con su escopeta al abdomen. El Pata tenía una botella de vino en la mano.
El 18/3/2017, Juan Ramón Oviedo cumplía 31 años. Sufrió una descompensación y protagonizó un escándalo en casa de unos vecinos, que llamaron a la policía. Lo redujeron y trasladaron en la caja de la camioneta a la comisaría a la que llegó muerto.
El 6/1/2018, en Iguazú, Misiones, Ramón Benítez Martínez, de 48 años, se despolarizó y amenazó a los vecinos con un cuchillo. Uno de los policías que llegó al lugar le hizo dos disparos “preventivos”, según declaró luego, al estómago y el corazón, y naturalmente lo mató.
Sergio Jasi, de 29 años, se brotó y encerró en un baño en Loma Hermosa, Tres de Febrero, el 26/4/2019. La policía lo sacó a los golpes, lo subió inconsciente al patrullero y llegó muerto al hospital.
En la ciudad de Buenos Aires, el 19/8/2019, Jorge Martín Gómez, de 42 años, desorientado y alterado, caminaba por la calle, con un cuchillo común de cocina en la mano. Varios policías lo rodearon. Uno de ellos le aplicó una patada al pecho que lo tiró al piso. Golpeó la cabeza con el pavimento y murió.
También en CABA, el 5/3/2021, Giovanni Daniel Yacques Rodríguez, de 35 años, tuvo un cuadro de confusión a causa de su consumo y rompió algunas cosas en la casa de la novia. Apenas unas horas después, murió en un calabozo de la comisaría vecinal 9 C.
Como mínimo, se impone reflexionar sobre cómo aborda el aparato estatal temas como la salud mental o el consumo problemático. Lejos de dar las respuestas asistenciales necesarias, la víctima es tratada como peligroso delincuente, enemiga de la sociedad, y “neutralizada”, lo que implica herirla o matarla.
A la reacción de los medios culpando a la víctima y la del inefable Berni que coincidiendo con Píparo y Bullrich que defiende el accionar criminal del efectivo, hay que sumarle la de la propia justicia que siempre llega tarde (o nunca) para imputar al policía. De esto hablamos cuando decimos que la impunidad es la norma.
Pero, sobre todo, estos hechos son utilizados, en especial en períodos pre-electorales como el actual, para insistir en “alternativas” al arma de fuego, como las pistolas Taser. Sistemáticamente, estas situaciones, que debieran impulsar el debate sobre las formas correctas de actuación estatal para preservar la vida e integridad física de todas las personas, son utilizadas para promover el falso debate entre un disparo de 9 milímetros y una descarga eléctrica paralizante.
Repetimos –porque hace décadas lo decimos- que no existen “armas no letales”. Toda arma es letal, porque toda arma sirve para herir o matar. Hay miles de ejemplos de supuestas armas no letales matando personas. A Carlos Fuentalba no le metieron un balazo, lo mató un cartucho de gas lacrimógeno. El 19 y 20 de diciembre de 2001 hubo muertos y muertas con balas de goma. Los bastones de madera y las tonfas también matan. Ahí están Diego Gallardo o Pablo Olivera para probarlo.
Las pistolas Taser son un instrumento de tortura, son picanas portátiles a distancia. Su uso por parte de las fuerzas de seguridad en nuestro país, y con nuestra historia, es totalmente inaceptable, sin necesidad de recurrir a los informes internacionales sobre su comprobada letalidad.
La reaparición de estas iniciativas represivas en el marco de una campaña electoral confirma el recurso a la demagogia punitiva para conseguir votos. En lugar de buscar soluciones reales, apelan a la mano dura como herramienta proselitista.
Rechazamos ese discurso represivo, rechazamos que situaciones que requieren otro tipo de respuestas sean usados para propagandizar más represión, repudiamos la lógica bélica de construcción del “otro” como enemigo y la promoción de su exterminio.
Exigimos juicio y castigo.
Fuente: http://www.correpi.org/2021/ni-taser-ni-disparos-de-arma-de-fuego/