“Preparan megaplán de conversión de programas sociales en empleo”, asegura una nota de Ámbito Financiero del último 8 de septiembre. Misma historia, ¿mismo final?
Por Nicolás Salas.
Ni bien asumido al frente del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Zabaleta buscó diferenciarse de las organizaciones sociales y de los costos mediáticos que implican dar recursos a “los piqueteros”. Para ello volvió a desempolvar el proyecto conocido como “plan empalme”, por el cual se pretende convertir los planes sociales en trabajo.
En la actualidad la iniciativa posee dos aspectos nuevos a tener en cuenta; en primer lugar podría concretarse parte de la iniciativa si empresarios rurales terminan por contratar a 300 mil trabajadores y trabajadoras que perciben un “potenciar trabajo” sin que este sea incompatible con la actividad. Todo está por verse.
De todas formas, el segmento de trabajadores rurales representa un estrato menor si se tiene en cuenta los resultados arrojados por el Registro Nacional de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP), el cual mostró la existencia de 2.830.520 inscripciones de personas que realizan trabajos temporarios, precarios o se encuentran directamente desocupadas y demandan un salario complementario o un plan social para intentar salir de la línea de indigencia. En paralelo, si se tiene en cuenta que el desempleo superó los 10 puntos y la pobreza alcanzó el 50% de la población la posibilidad de extensión del “empalme” se ve a priori limitada.
En segundo lugar, el día después de la derrota en las PASO de este 12 de septiembre desde el gobierno salieron a pensar como retomar la iniciativa y para ello, un sector del ministerio de Desarrollo Social viene negociando con AySA y otros organismos del Estado asignarle miles de planes sociales para que desde allí ejecuten varias de las obras que permitan mostrar gestión de cara a los comicios de noviembre. Tal situación se piensa hacer a costa de los convenios colectivos de trabajo preexistentes y generar un empalme en base a la precarización del salario y las condiciones de trabajo. La situación no pasó desapercibida en la CGT y en organizaciones sociales que pusieron el grito en el cielo y amenazan con sacar la fuerza a la calle en las próximas semanas.
Más allá de estos dos aspectos, no es casual que cuando la economía cruje y la clase dirigente se ve en aprietos, surjan propuestas que prometen resolver el problema del trabajo con una mera resolución ministerial. Haciendo una breve repaso de los intentos “empalme” puede dilucidarse que respecto a la problemática de la desocupación, lo ensayos no son otra cosa que una reversión del “gatopardismo social” que se viene repitiendo una y otra vez.
Un poco de historia
Las puebladas iniciadas a partir de Cutral-Co y Plaza Huincul en junio de 1996 forzaron al Estado a lanzar el plan “Trabajar”, organizado en base a uno ya existente en la provincia de Buenos Aires que era el Programa Intensivo de Trabajo (PIT). No era un subsidio a la desocupación y representaba un ingreso en base a una contraprestación laboral. Es decir, trabajo precario a cargo de municipios y gobernaciones.
La magnitud de la desocupación de la época terminó dando alcances masivos al “Trabajar”, que empezaba a perder el carácter de contraprestación para focalizarse en la asistencia de millones de personas que no tenían ingresos de ningún tipo.
Una vez que el movimiento piquetero tomó relevancia nacional, se empezó a construir, desde el Estado y los grandes medios masivos de comunicación, un sinfín de campañas de desprestigio contra las familias desocupadas y sus organizaciones, principalmente a partir del imaginario que aducía que quienes recibían planes eran “vagos” o gente a la que se le pagaban por no trabajar.
Durante el gobierno de la Alianza tal campaña se intensificó a partir de la intervención constante de sus ministros, quienes anunciaban ante la prensa operativos de control de las actividades que debían realizar las cooperativas organizadas en los movimientos. Sobre esta estigmatización se empezará a construir la propuesta “empalme” que llevarán a cabo gobiernos de distintos color y pelaje.
Tras la rebelión popular del 2001 y con la asunción de Eduardo Duhalde surgía uno de los primeros planteos de convertir los planes en empleo formal. En este caso se daba dentro del marco planteado por programa “Jefes y Jefas de hogar”, que en su interior contenía varias líneas de trabajo que incluía desde la contraprestación y capacitación en oficio, hasta la creación del Registro de empleadores destinado a empresas, instituciones públicas y privadas “dispuestas a incorporar a los beneficiarios del programa para el desarrollo de actividades laborales”. Este planteo era inaplicable por la masividad de la desocupación, cuestión que el mismo Duhalde reconocerá años después. De entrada, la idea era universalizar “el jefes y jefas” desde una visión alimentaria y no necesariamente anclado en el trabajo. Las encuestas mandadas a hacer por el gobierno habían mostrado un rechazo importante por parte de un sector de la sociedad que entendía que esos fondos que se destinaban a “lo social”, se les terminaba quitando a ellos, sean clase media o trabajadores calificados quienes. La campaña mediática surgía efecto. La creación del registro no tuvo otro objetivo que cubrirse ante las visiones antipiqueteras que prevalecían en distintos estratos sociales.
Con una desocupación que superaba el 20% de la población, la iniciativa del registro cayó en saco roto y el grueso de la aplicación del plan se ató a contener la situación social que amenazaba la gobernabilidad. El único caso de dicho proyecto reivindicado por Duhalde será el realizado con la fábrica Alpargatas en Tucumán, el cuál fue una experiencia marginal dentro del mundo de dos millones de planes que se lanzaron ese año.
No sería el único intento del duhaldismo. Para enero de 2003, volvía sobre la cuestión y anunciaba el programa “Componente Solidario de Inserción Laboral” que buscaba que unos 400 mil beneficiarios del “Jefes y Jefas” ingresaran al mercado formal. Si después de seis meses, por ejemplo, una compañía contrataba definitivamente al/la desocupada, el gobierno le daba los fondos equivalentes a dos planes para que dicho capital contrate dos nuevos operarios; mano de obra barata para que el empresariado recupere la rentabilidad perdida por la crisis. Nuevamente el “empalme” fracasaba y quedaba en el aire. Ni siquiera los subsidios del Estado eran atractivos para los capitales de aquel entonces.
Durante los inicios del kirchnerismo el planteo se retomó en voz del secretario de Trabajo, Enrique Deibe, quien en octubre de 2004 buscó reflotar la iniciativa confirmando que quienes contraten beneficiarios de planes tendrían incentivos por parte del Estado como el pago de los $150 del salario y la excepción del 50% de las contribuciones patronales por un año.
Tras una década en el poder, el kirchnerismo dejaba la pobreza alrededor del 30% y la existencia de 207 mil planes sociales.
Cambio de gobierno, pero no de política
Ante la ola de despidos y crecimiento del desempleo, el entonces presidente Mauricio Macri recurrió a la misma (derrotada) idea, primero abrir la canilla de los planes y después anunciar que los convertiría en empleo.
En principio, a la estructura existente con el “Argentina Trabaja” (reformulado en Hacemos Futuro) se le sumó la propinada por la ley de Emergencia Social por la que se crearon 269.874 unidades de salario social complementario, llevando el número total de programas a 517.043 en 2019.
En paralelo a que se masificaban los planes, en abril de 2016 Macri presentaba el plan “Primer Empleo” que implicó acuerdos con Mc Donalds y un puñado de empresas. Será la base sobre la que se sustentará el anuncio realizado el 1 de mayo de 2017 y que bautizará finalmente como “empalme”, donde nuevamente se darían exenciones impositivas a las compañías que contraten personas que estuviesen percibiendo planes sociales. El incremento de los despidos y la masificación de los programas de empleo volverá obsoleto el proyecto de transición al empleo formal. Los números hablan por sí solos. Según la UCA, el macrismo dejo su gobierno con un 40,8% de pobres y 8,9% de indigentes.
La situación actual
Para noviembre de 2019 ya era una fija que Daniel Arroyo sería el próximo ministro de Desarrollo Social de la Nación. Sin la formalidad del cargo, planteaba ante los medios de comunicación las directrices de su futura gestión, entre las que hacía eje en la transformación de los planes sociales en trabajo. Entre pasillos, les aclaraba a las organizaciones sociales que la medida tenía más que ver con la disputa cultural con la clase media que con la posibilidad de recuperar trabajo registrado.
La posta fue recogida por Zabaleta que pareciera ir más a fondo con la cuestión; en principio garantizando rentabilidad a los empresarios rurales en base a fondos del Estado y en segunda instancia incorporando los planes a organismos del Estado que pasarán a emplear de manera más precarizada que la que utilizan actualmente.
En estas más de dos décadas, no solo la desocupación estructural argentina ha hecho fracasar una y otra vez los anuncios de “empalme”. El empresariado argentino comprobó, y más aún a partir de la pandemia, que puede seguir produciendo y amasando fortunas con menos personal, bajos salarios y más horas de trabajo. ¿Para qué tomar más gente? Su rechazo no se condice con las voluntades de los gobiernos de subsidiarle, vía planes, parte de los salarios que debería pagarle a sus trabajadores y trabajadoras. Una especie de ATP constante.
Al calor de los hechos, y porque no de la historia reciente, la iniciativa “empalme” pareciera tener más asidero en los intentos de calmar las broncas clasemedieras que en la posibilidad de resolver el problema del trabajo. ¿La enfermedad laboral es un aspecto coyuntural o más bien estructural de un capitalismo que se redefinió en su fase neoliberal, a partir del año 76´, en base a que un grueso de la sociedad no pueda vender su fuerza de trabajo? Los inversores y empresarios aprendieron que se puede ganar lo mismo, o más, sin necesidad de contratar más trabajadores e incluso despidiendo o explotando aún más a los que “privilegiados” de contar con un trabajo formal. Hasta ahora el debate siempre se abordó desde la consecuencia y no desde las causas, es decir desde la desocupación y no desde el empresariado.