Tras más de 45 años de impunidad, el exjuez penal de Dolores Carlos Facio deberá prestar declaración indagatoria el próximo 22 de septiembre ante el juez federal con asiento en la misma ciudad bonaerense, Martín Bava, en el marco de una causa que se inició en 2011 y en la que se investiga la responsabilidad por las muertes de 14 personas cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en localidades de la costa atlántica y enterrados en fosas comunes en el cementerio de General Lavalle y otros de la zona. También fueron citados un exfuncionario municipal de catastro, un médico y ocho agentes policiales. Según registros de la DIPPBA, quien fuera intendente de Lavalle en 1978 se reunió con policías y empleados del cementerio para “hacer desaparecer” los certificados de defunción en los que figuraban las causales de muerte.
El 25 de diciembre de 1978, horas antes de la cena de Navidad, las madres de Plaza de Mayo Norita Cortiñas, Josefina Noia y Hebe Pavello fueron recibidas por el entonces titular del Juzgado Penal 2 de Dolores, Carlos Facio, quien se comprometió a investigar si los cuerpos sin vida que habían aparecido en las playas de Santa Teresita durante aquel mes se correspondían con los de un grupo de víctimas de los vuelos de la muerte. “Tenemos sobrados motivos para pensar que entre estas víctimas pueden estar nuestros hijos”, le dijo Norita al juez.
Las madres no sólo nunca recibieron noticias de la investigación a la que Facio se había comprometido, sino que la actuación del magistrado fue fundamental para el encubrimiento de aquellos crímenes de estado y el ocultamiento de los cuerpos en fosas comunes en los cementerios de General Lavalle, Madariaga y Villa Gesell.
Facio fue un engranaje central para garantizar la impunidad de policías, militares y personal civil del Estado responsables de las muertes de 14 personas cuyos restos fueron hallados por pescadores y lugareños en las costas de Santa Teresita.
Esa trama quedó retratada, en gran medida, en informes policiales hallados en el vasto archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que, a instancias de la Cámara Federal de La Plata, preserva, gestiona y administra la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
En efecto, desde la regional DIPPBA con asiento en Chascomús se le remitió, en noviembre de 1982, un informe al jefe de dicho organismo en torno a una publicación periodística del diario Pionero, que anunciaba una “potencial investigación que se realizaría en el Cementerio de General Lavalle, donde hace pocos años recibió sepultura un número indeterminado de cadáveres que, dado su avanzado estado de descomposición y la falta de miembros, no pudieron ser identificados”.
Al analizar e intentar determinar “la veracidad del artículo”, la DIPPBA estableció en el cementerio de Lavalle habían sido inhumados, entre febrero de 1977 y diciembre del año siguiente, cuerpos hallados en los balnearios de Mar de Ajó, Santa Teresita, San Bernardo, Las Toninas, Mar del Tuyú, La Lucila y San Clemente, sin identificar como consecuencia del avanzado estado de descomposición.
“En todos los casos actuó la policía de la jurisdicción, habiéndose dado intervención a los jueces de turno correspondiente al departamento judicial de Dolores”, describe el informe de la DIPPBA, y enumera el orden cronológico en que aparecieron los cuerpos así como los juzgados intervinientes en cada caso: la mayor parte de las veces el juez a cargo de investigar fue Carlos Facio.
También en noviembre de 1982 la DIPPBA tomó conocimiento de una inminente visita de representantes de derechos humanos al cementerio de General Lavalle. Una comisión de la Liga por los Derechos Humanos procedente de Francia y con el asesoramiento del presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Emilio Fermín Mignone, llegarían al cementerio el 20 de aquél mes a fin de constatar la existencia de tumbas NN.
Tal posibilidad fue la que ocasionó un operativo articulado entre la policía bonaerense y el municipio de Lavalle, principalmente con el objeto de ocultar la verdadera causal de muerte de las víctimas cuyos cuerpos habían sido hallados en las costas de la zona y luego enterrados en varios cementerios. Esto quedó registrado en otro informe.
“Se entrevistó al intendente de General Lavalle, Sr. Marcos Quiroga, quien prestó la colaboración más absoluta, secundado por el jefe de Catastro, Sr. Domingo Montenegro. Los tres nos trasladamos al cementerio donde se efectuó una compulsa del libro de inhumaciones (…) 11 cadáveres fueron enterrados en fosa común” debido a una solicitud de Policía y posiblemente con intervención judicial.
“Respecto a los18 restantes, se logró ubicar seis licencias de inhumación en las que figura la causal del deceso. Con toda discreción, el intendente habló con el encargado del Registro Provincial de las Personas a fin de establecer si existen los certificados de defunción, y la respuesta fue afirmativa”, destaca el registro de la DIPPBA.
Y agrega: “Si los certificados de defunción están simplemente archivados y si contamos con la colaboración del Registro de las Personas, se pueden rehacer todos, haciendo constar que se ignora la causa de la muerte (…). En cuanto a las licencias de inhumación, el intendente no tiene problemas, según expresó, en hacerlas desaparecer ya que, de todos modos, están registrados en el libro (del cementerio) y así se eliminaría la muerte violenta y pasarían a ser simplemente cadáveres que aparecieron en la playa”.
Toda esta red de responsabilidades y encubrimientos es lo que el por entonces juez Facio ayudó a ocultar y a dejar impune hasta hoy. Las recurrentes licencias de inhumación en las que se consignaba como causal de muerte las fracturas de cráneo y en los cuatro miembros y politraumatismos fueron ocultadas, así como las decenas de cuerpos enterrados sin identificar y en fosas comunes en el cementerio de Lavalle y otros de la costa atlántica.
Sobre esto último, cabe destacar el trabajo que llevan adelante, desde 2012, los y las estudiantes de la escuela secundaria 1 de General Lavalle por la reconstrucción de la verdad y la memoria en torno a las víctimas de los Vuelos de la Muerte cuyos cuerpos aparecieron en las costas bonaerenses y muchos de los cuales fueron enterrados como NN en fosas comunes en el Cementerio de esa localidad bonaerense.
Allí fueron inhumados los restos de al menos 33 personas detenidas-desaparecidas provenientes de distintos centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar y, hasta el momento, solo 17 personas han sido identificadas: cuatro Madres de Plaza de Mayo -Azucena Villaflor, una de sus fundadoras, María Eugenia Ponce De Bianco, Esther Ballestrino de Careaga y Ángela Auad de Genovés- y la monja francesa Léonie Duquet.
En diálogo con ANDAR, Agustina, una de las integrantes del colectivo Jóvenes y Memoria de General Lavalle, remarcó la importancia de la citación a indagatoria del exjuez Facio no sólo para desandar el extenso camino de impunidad sino para profundizar el camino de memoria y verdad en un entorno que aún resulta reacio a dar a conocer, difundir lo ocurrido en aquella localidad hace ya más de cuatro décadas.
“Además del exjuez y de un exfuncionario municipal, fue citado un grupo de policías bonaerenses, entre ellos quien actualmente es el presidente de la Sociedad Rural de Lavalle, Ednio Llorens. En aquellos años pertenecía a la policía y, ahora, hablar de su llamado a indagatoria es todo un avance pero muy difícil de hacer conocer en el pueblo, y de allí la importancia del trabajo que se lleva a cabo desde el Sitio de Memoria Cementerio de General Lavalle”, agregó.