Diversos organismos de derechos humanos, sindicatos, asociaciones de abogados y abogadas, organizaciones sociales y partidos políticos exigen al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, que investige y desarticule el accionar de comandos civiles que actúan contra las protestas sociales. “En un contexto de crisis económica que impacta fuertemente sobre derechos fundamentales, como la alimentación, la salud, el trabajo decente y empuja a formas diversas de reclamo de sectores que no pueden seguir esperando, el gobierno provincial tolera el accionar de grupos civiles que se arrogan la potestad de impedir el ejercicio del derecho constitucional a peticionar a las autoridades. El lunes 7 de noviembre se conoció la irrupción de un grupo de ‘vecinos autoconvocados’ de Garuhapé que desalojó con palos a un grupo que manifestaba frente a la municipalidad. Lo sucedido en Garuhapé tiene diversos antecedentes en la misma localidad y en otras localidades misioneras, donde grupos civiles referidos bajo denominaciones genéricas toman la iniciativa de impedir ciertas formas de protesta de sectores vulnerables”, denuncian.
En un contexto de escalada de este tipo de comandos civiles anti protestas en toda la provincia de Misiones, gobernada por Oscar Herrera Ahuad, así se expresaron las organizaciones en un comunicado: “en un contexto de crisis económica que impacta fuertemente sobre derechos fundamentales como la alimentación, la salud, el trabajo decente y empuja a formas diversas de reclamo de sectores que no pueden seguir esperando, el gobierno provincial tolera el accionar de grupos civiles que se arrogan la potestad de impedir el ejercicio del derecho constitucional a peticionar a las autoridades”.
“Lo ocurrido ayer (en referencia al lunes 7 de noviembre) en Garuhapé es un claro ejemplo de las violencias que tolera y promueve el Estado provincial. Se conoció la irrupción de un grupo de ‘vecinos autoconvocados’ de Garuhapé que desalojó con palos a un grupo que manifestaba frente a la municipalidad. Tal accionar fue convalidado por el intendente local que lejos de reprochar este hecho lo justifica diciendo que se trataba de ‘vecinos disgustados’, que ‘mancomunadamente se juntaron en la plaza y vinieron a hacerle un enfrentamiento a estos piqueteros’, naturalizando así la intervención de comandos civiles, parapoliciales. Se trata de un hecho gravísimo que revela un modus operandi de grupos civiles que de manera concertada, convocada, se reunen para impedir el ejercicio de la protesta social de acuerdo a sus propios criterios, acudiendo a formas violentas de acción, con la anuencia o complicidad de las autoridades”, denuncian las organizaciones firmantes.
“Lo sucedido en Garuhapé – agregan – tiene diversos antecedentes en la misma localidad y en otras localidades misioneras, en las cuales grupos civiles referidos bajo denominaciones genéricas toman la iniciativa de impedir ciertas formas de protesta de sectores vulnerables, amparados bajo una supuesta legitimidad que les daría su carácter de ‘vecinos’ o ‘productores’. Es de resaltar que así como la protesta social es un derecho, la atribución que se toman estos grupos de amenazar o impedir esas formas de expresión son abiertamente ilegales”, destacan.
Asimismo, consideran que “con su intervención además obstruyen la función que solamente tienen las autoridades públicas de dar respuestas a los reclamos sociales”, por lo que consideran que “este accionar, reiteramos, concertado e ilegal, exhibido ante los medios como formas de intervención legítima, es propio de las organizaciones parapoliciales o paramilitares, que en la historia de la violencia política de nuestro país remite a los denominados, en otros tiempos, ‘comandos civiles’ “. Y agregan: “así como se trata de hechos de extrema gravedad, lo es más la anuencia o complicidad con que el gobierno provincial permite la conformación y accionar de estos grupos que explicitan sus propósitos y no dudan en recurrir a la violencia como la que realizaron en Garuhapé con total impunidad”.
Ante esta situación, las organizaciones exigen al gobierno provincial de Herrera Ahuad que “atienda en forma urgente las causas de la protesta social”, que “investigue y desarticule el accionar de comandos civiles que actúan contra las protestas sociales”, y llaman “a las organizaciones del campo popular a pronunciarse ante estos graves hechos y a repudiar el accionar de grupos que accionan coordinadamente en contra del derecho a peticionar a las autoridades y a expresarse políticamente”.
Finalizan el comunicado haciendo el llamado a “Nunca más la naturalización de la violencia”, “Nunca más el silencio ante el avance de prácticas fascistas”, y “Nunca más mirar hacia otro lado cuando violan los derechos a una vida digna”.
Entre las primeras firmas de organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos se encuentran:
Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros.- CTA Autónoma de Misiones.- ATE Misiones. Asociación de Trabajadores del Estado – Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina – Asociación de la Calle a la Dignidad- Espacio Chacabuco- Socorristas Misiones en Socorristas en Red- UTEM -Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones. – Izquierda Socialista- MPL -Movimiento Pedagógico de Liberación – MCL -Movimiento Campesino de Liberación- Sindicato de Tareferos, Trabajadores Temporarios y Desocupados. Montecarlo- UTEP – MISIONES – NUESTRAMÉRICA MP – MISIONES en el FRENTE PATRIA GRANDE- MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos)- Movimiento Territorial de Liberación- Partido Comunista de la Argentina- Pueblo Unido – Frente Social Patria Nueva- CCC (Corriente Clasista y Combativa)- PTP – PCR- La Azurduy – Corriente Nuestra Patria- SOMOS Barrios de Pie- Mov 26 de JULIO- Mov Evita Misiones- Tierra, Techo y Trabajo – FENAT- CTAA (Apóstoles)- FNC- Pueblos Originarios en Lucha- Asoc. Civil SUEÑOS (Santa Ana)- Proyecto 2 Arte Vivo “La Gracia”- Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros- La Rastrojera TV- Casa Popular Artigas- FOL Misiones- Unidad Popular Misiones