El presidente dijo que impulsará junto a gobernadores el juicio político al presidente de la Corte Suprema “para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones” por el fallo que favorece a la Ciudad de Buenos Aires en la coparticipación.
Con el comienzo del 2023, el presidente Alberto Fernández anunció que avanzará junto a gobernadores un juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, “para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, por el fallo que ordena otorgar más fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.
A través de un mensaje escrito publicado este domingo, el mandatario argentino también adelantó que le pedirá al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, “que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo”.
Por eso, convoqué a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que se investigue su desempeño.
— Alberto Fernández (@alferdez) January 1, 2023
La referencia del jefe de Estado es por el viaje que hicieron jueces federales, agentes del servicio de inteligencia y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alesandro, a Lago Escondido (Río Negro), invitados por dueños del Grupo Clarín.
En ese sentido, afirmó que “en los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina”.
“Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado”, relató.