cronica de un desastre anunciado - Chiapas
Por cacerolarosarina - Thursday, Apr. 04, 2002 at 11:25 AM
cacerolarosarina@hotmail.com

PELIGRO EN LAS COMUNIDADES DE LA SELVA LACANDONA

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
3 de abril del 2002

COMUNICADO DE PRENSA:
"CRÓNICA DE UN DESASTRE ANUNCIADO"

Las comunidades de Laguna el Paraíso, Laguna Suspiro, Nuevo San Pedro,
6 de
Octubre, y Nueva Cintalapa, miembros del Municipio Autónomo Ricardo
Flores
Magón denuncian a través de la Red de Defensores Comunitarios Por Los
Derechos Humanos el reciente hostigamiento por parte de los gobiernos
federales y estatales, las fuerzas policíacas y el Ejercito Mexicano a
las
comunidades choles, tseltales, tzotziles, y tojolobales que se
encuentran
dentro de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules (REBIMA)
y la
llamada Zona Lacandona. Además, La Red de Defensores Comunitarios Por
los
Derechos Humanos anuncia que después de realizar un viaje de
observación a
dicha región, en donde fueron obvias las señales de un inminente
desalojo
de 35 comunidades indígenas de la Zona Lacandona, se ha pedido medidas
cautelares con La Comisión Interamericana de Derechos Humanos para así
intentar evitar una catástrofe en materia de derechos humanos.

Desde los años cincuentas La Selva Lacandona fue abierta al
asentamiento
humano por el gobierno federal mexicano como forma de evitar que el
reparto
agrario afectar los latifundistas que tanto han dominado el estado de
Chiapas. Como resultado, esa región fue habitada por choles, tseltales,
tzotziles y tojolobales del resto de las regiones del estado de Chiapas
en
donde el agotamiento de tierras había llegado a un punto agudo.

Desde hace mas de 25 años 17 de las entonces nuevas comunidades en la
región selva ya habían conseguido derechos como centros ejidales y 30
comunidades más le habían pedido por la vía jurídica el reconocimiento
y
regularización de sus tierras como ampliaciones y ejidos. Sin embargo,
estos derechos y peticiones hasta hoy en día no han sido respetados
dejando
a más de 1,500 familias indígenas sin protección legal a las tierras
que
llevan mas de un cuarto de siglo trabajando.

En vez de reconocer a dichas familias y sus derechos el gobierno del
entonces presidente Luis Echeverría le otorgó 614, 321 hectáreas de las
tierras en disputa a un grupo de 66 familias indígenas Caribes que hoy
en
día se reconocen como los Lacandones, así creando la Zona Lacandona.
Vale
la pena mencionar que dicho otorgamiento se dio aunque los Lacandones
solo
habían solicitado 10,000 hectáreas, menos de ochos meses después del
tramite de solicitud de tierras, y sin precedente en la historia
Mexicana
de un otorgamiento de tierras a un pueblo indígena.

Además de que dicho otorgamiento afecto a miles de familias de la zona,
en
1978 el gobierno vuelve a tomar decisiones unilaterales en decretar que
las
331,200 hectáreas que se encuentran alrededor de la Zona Lacandona
formarían parte de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules
y
desde ese entonces ha sido obvio a los habitantes de la región que la
meta
final del gobierno Mexicano es desalojar por completo a las comunidades
indígenas de esa zona.

En los últimos meses y después de que el 12 de septiembre de este año
los
llamados Lacandones hicieran una conferencia de prensa con la ayuda de
Conservation International (organización que pretende ser
"ambientalista" a
pesar de que ha recibido apoyos económicos del Grupo Pulsar, Mcdonalds,
Disney, Exxon, Ford, y más de 250 millones de dólares de la corporación
Americana Intel.) en la cual exigieron el desalojo de 16 comunidades
indígenas de la selva, dicha meta ha vuelto a resucitar dentro de los
planes del gobierno.

Por lo mismo, funcionarios como Hernán Alfonso León de la Procuraduría
Federal de Protección Ambiental (Profepa) confirman que 35 de las
comunidades que se encuentran en la zona serán "reubicadas." Como
pretexto
de estas reubicaciones el gobierno pretende crear la imagen de que la
zona
selvática Chiapaneca es "un punto de alta ingobernabilidad" y por lo
tanto
el Ejercito Mexicano tendrá que ser desplegados en esa región para
reinstaurar "el orden y el estado de derecho." Sin embargo, el gobierno
Mexicano ha hecho muy poco para mantener secreta la verdadera razón de
los
inminentes desalojos, en diciembre del 2001 otro funcionario de la
Profepa,
Ignacio Campillo García, uso a Montes Azules como un ejemplo de la
necesidad de ofrecerles a los inversionistas extranjeros "una
infraestructura fuerte y bien aceitada" y "un marco jurídico de
inspección
y vigilancia adecuado" para que estos estén "dispuestos a poner más
recursos."

Como resultado, las comunidades indígenas de esa región han denunciado
con
La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos el
incremento de
vuelos rasantes de helicópteros, la actitud beligerante del Ejercito
Mexicano y la Policía Federal Preventiva, y la formación y
adiestramiento
de nuevos grupos paramilitares en la zona con participación de la
Secretaria de Pueblos Indios y la SEMARNAT.

Por las violaciones a los derechos humanos que significan las acciones
del
gobierno ya mencionadas y por la catástrofe humana que significaría el
desalojo de mas de 1,500 familias que hoy se encuentran dentro de la
Zona
Selva de Chiapas La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos
Humanos
ha visto necesario acudir a las instancias nacionales e internacionales
para así buscar la protección jurídica de estos habitantes.

Por lo tanto, el día 29 de Marzo La Red de Defensores Comunitarios por
los
Derechos Humanos Defensores sometió una solicitud de medidas
cautelares
con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la cual
La
Red denuncia que el desalojo de las comunidades de esta región
involucraría
violaciones a las garantías individuales de los habitantes además de
que
significaría una total negación de los tratados y jurisprudencia sobre
los
derechos indígenas cuales: 1) requieren que el gobierno Mexicano
consulte a
los pueblos indígenas antes de llevar acabo una acción que les afecte
directamente, 2) que proteja de manera especial los derechos terrenales
de
los pueblos indígenas y 3) que prohiben la reubicación unilateral de
esos
pueblos.

La estrategia inversionista de los gobiernos federales y estatales y la
violencia que esta ha desatado hoy en todas las comunidades indígenas
del
estado hacen una vez más evidente lo que las organizaciones sociales y
las
ONG's, incluyendo La Red de Defensores Comunitarios Por Los Derechos
Humanos, han dicho de manera insistente en los últimos seis años; en
Chiapas no habrá una paz duradera hasta que los derechos de los pueblos
indígenas a la autonomía, a sus tierras, y a sus culturas sean
reconocidos
y respetados a través de una reforma constitucional que surja de los
mismos
pueblos indígenas.

ATENTAMENTE
LA RED DE DEFENSORES COMUNITARIOS POR LOS DERECHOS HUMANOS

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