PRESUNTOS CULPABLES
Por Kosmos - Saturday, Apr. 13, 2002 at 9:44 AM

Cómo la burguesía financiera amenaza el bien de la Humanidad.

PRESUNTOS CULPABLES
Cómo los privilegios de la burguesía financiera amenazan al mundo.

Sergio Martínez

La presunción de inocencia es un principio básico del Estado Democrático de Derecho. La cuestión que se plantea ahora es qué hacer cuando el Derecho, que emana del Poder Legislativo en tanto que comisionado directo de la soberanía popular, se encuentra sometido a una insalubre presión de la gran burguesía financiera. Un grupo diverso pero cohesionado que sostiene la antigua herencia de los privilegios y que controla las finanzas, los medios de comunicación y las grandes empresas de servicios.

Ha sido en China donde han inventado la pólvora para una nueva Revolución, tan necesaria al bienestar inmediato y futuro de la especie humana. Se trata sencillamente de establecer que el bien público y el interés general son principios que han de estar por encima de la presunción universal de inocencia. Y como quiera que en una fecha histórica, el pasado día 10 de abril, nació en la Haya el primer Tribunal Penal Internacional con el auspicio de 66 Estados, el momento es muy oportuno para dilucidar de qué forma este inédito principio revolucionario puede contribuir el progreso general de la Humanidad. Y decimos inédito sin perder la conciencia de que ya en muchas ocasiones se ha subvertido el principio de la inocencia en aras de terribles “depuraciones políticas”. Pero fueron aquéllas, subversiones fundadas en la política del poder; con objeto de mantenerlo aquél que imponía la prerrogativa. Lo que ahora planteamos es fundar la prerrogativa de forma unánime en beneficio del bien público. Y que su fundamento no se base en el ejercicio arbitrario de un Poder Ejecutivo o Judicial, sino en el establecimiento de principios legislativos soberanos.

Ninguna persona honrada pone en duda que en el momento presente, el objetivo de los Estados Democráticos de Derecho sea proporcionar a los ciudadanos del mundo, bienestar y progreso. Sostener los servicios públicos y administrar justicia. Pagar las pensiones y recaudar impuestos. Garantizar la Ley y la seguridad. Apenas hay espacio para las doctrinas políticas que pretenden modificar sustancialmente estos principios básicos; a lo sumo las diferencias de programa entre los distintos partidos son casi anécdotas en el seno de un acuerdo general sobre el fundamento general que informa el Estado moderno.

Nada de ocioso tiene preguntarse los motivos por los cuales éstas buenas intenciones se concretan con tantas dificultades y tan obvios fracasos. Hemos visto que no aparenta ser la causa una cuestión de principios: nos resistimos a la facilidad de creer en la mentira universal. El sentido común nos lleva a plantear el tema de los recursos. ¿Será por falta quizá de recursos, de economía, que los buenos principios del Estado Democrático de Derecho no se pueden implantar y hacer efectivos de forma digna y justa en todo el mundo?. A primera vista, parece que en efecto, no deberían faltar los recursos económicos para emprender cualquier política en ese sentido. ¿Será una ilusión lo que percibimos?. Sin duda hay que estudiar el tema con más detenimiento. Convengamos por la evidencia que los Estados Democráticos de Derecho disponen de recursos económicos suficientes para emprender cualquier política. Si sus principios son honorables y rechazamos la mentira como verdad impolítica: ¿qué traba existe para la consecución de la legítima y verdaderamente plausible aspiración humana de progreso general?. Hemos reflexionado mucho sobre el tema y conversado con quienes por sus méritos sin duda han de darnos una respuesta a este dilema. Hemos leído largos informes de economía, los presupuestos estatales de los principales estados y los documentos de los organismos internacionales. Leemos la prensa y analizamos los informativos en radio, televisión. Consultamos las fuentes en los principales buscadores de la red. Escuchamos a nuestros vecinos y compañeros. Conversamos gustosamente durante largos períodos con todo aquél que tiene algo que decirnos. Pensamos que tras larga maduración de las ideas, hemos llegado a una conclusión.

Los buenos principios de los Estados Democráticos de Derecho, aunque se disponga en el momento presente de suficientes recursos económicos y de todo tipo para llevarlos a la práctica de la forma más digna y justa que merece la legítima aspiración de la Humanidad, no pueden ser realizados. No pueden ser realizados, digo, porque sobre el Derecho del Planeta a ser la morada de tan sencilla –pero ya pronto inaplazable- pretensión, se abate un gran y activo impedimento. Se abate sobre nosotros, condenando al progreso y la ilusión de tantas personas, la ingente masa de Endeudamiento que el interés privativo de la Burguesía Financiera ha ido detrayendo lenta pero inexorablemente del interés general para sí misma.

Y si hasta ahora, el peso del interés de esta clase privilegiada lo hemos soportado por la esperanza que teníamos, confiando que desde el poder legislativo comisionado, se defendiera el bien público de tan amenazante losa, llegado es el momento de pasar a la acción ineludible de exigirlo.

¿Alguien cree que las personas honradas deben seguir tolerando que, mientras sus Estados –delegados de su soberanía- se encuentran endeudadados de forma que no pueden poner en práctica sus políticas, un grupo de bellacos, criminales y filibusteros acumulen y acrecenten inmensos recursos amparados en el fraude sistemático del mercado de valores y en el refugio de los paraísos fiscales donde el secreto bancario es el único principio constituyente de sus lamentables principios?

¿Hemos de tolerar en silencio la connivencia entre todos esos privilegiados que conforman la gran burguesía financiera en contra del interés general? ¿Dejaremos que sigan dificultando las legítimas aspiraciones de la Humanidad al progreso sin cercenar el mal que su enfermedad codiciosa amenaza con extender irremediablemente si no tomamos activas medidas para detenerlo?

El Tribunal Penal Internacional de La Haya ha de ser el banquillo donde habrán de sentarse quienes con sus actuaciones atenten contra el bien público desde la defraudación financiera. Es también necesario que los legisladores democráticos instituyan la tasa sobre las transacciones financieras a la vez que se promueve la ilegalidad radical de los “paraísos fiscales” y se avanza en la confiscación por parte de la ONU de los activos allí radicados. Con ello se empezará a dotar un fondo internacional desde el que, en función de las necesidades, empezar a aliviar el peso que el interés de la burguesía financiera opone contra la Humanidad.

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