Venezuela: ¿A quien beneficia la Masacre de Altamira?
Por comunicación autónoma - Sunday, Dec. 08, 2002 at 11:49 PM

cobertura alternativa de los acontecimientos en venezuela

El pasado viernes 6, en horas de la noche, un grupo de individuos desconocidos dispararon contra el sitio habitual de concentración del bando opositor en Caracas: la Plaza Altamira. Esta plaza alcanzó notoriedad por que ha sido el lugar donde el grupo de militares disidentes del régimen de Hugo Chávez, han venido realizando periódicamente sus proclamas. Las reuniones en este espacio aglutinaron gran cantidad de gente cuando era el centro de recolección de firmas para la solicitud de referéndum consultivo -cuya pregunta le solicitaba la renuncia al actual presidente del país-. Hay que resaltar que la plaza pública se encuentra en la jurisdicción de la Alcaldía de Chacao, cuyas autoridades pertenecen al partido Primero Justicia, ubicado claramente del lado de la oposición. Tres personas resultaron muertas y más de 20 fueron heridas. Una persona, la cual se identificó como Joao de Gouveia –nombre según versiones extraoficiales es falso- fue capturada en el sitio y confesó que había realizado los disparos contra la multitud. Otros sospechosos fueron capturados en las inmediaciones. Las razones del paro Este suceso se enmarca en la creciente conflictividad impuesta por el paro convocado por la central sindical CTV, la central patronal Fedecámaras y la coalición opositora Coordinadora Democrática. El paro se inició el lunes 2 de diciembre con éxito a nivel de las grandes industrias privadas del país (Centros Comerciales, Cadenas de Comida Rápida, Industrial textiles, gráficas, telecomunicación, cines, Supermercados, Cadenas de tiendas mayoristas y minoristas), pero con escasa repercusión dentro de la mediana y pequeña industria del país y de las empresas afiliadas al Estado. Siendo la cuarta paralización en un año, las evidencias señalan que ha tenido menos acatamiento que las convocatorias anteriores. Desde antes de su implementación, voceros del gobierno calificaron al paro de “fascista y terrorista”, de “paro fracasado” y suspendieron su participación en la mesa de negociaciones implementada por el secretario general de la OEA César Gaviria. Los convocantes al paro anunciaban al final de cada jornada su alargamiento, resistiéndose a develar la extensión de la huelga, según sus propias declaraciones, “por la evaluación diaria de los acontecimientos”. ¿Cuáles son las razones que esgrimen para la convocatoria? Los voceros de la paralización solicitan reiteradamente la renuncia del presidente, la celebración inmediata de elecciones, la desmilitarización de la ciudad de Caracas –ciudad la cual es vigilada por efectivos de la Guardia Nacional en virtud de planes de seguridad ciudadana- y el cese de lo que consideran “allanamiento de la Policía Metropolitana” –cuerpo de seguridad intervenido por el ejecutivo anteriormente bajo la jurisdicción del alcalde opositor Alfredo Peña-. La paralización ocurría en la época del año en que la economía venezolana es reactivada por las compras de fin de año, por lo que diversos analistas dudaban de su efectividad. La paulatina incorporación a las actividades ocurrida durante los días martes 3 y miércoles 4 ratificaban estos vaticinios, pero un hecho vino a revitalizar la huelga: la incorporación al paro de diversos sectores afiliados a la principal industria del país, la producción petrolera. La creciente paralización de PDVSA (empresa petrolera del Estado) oxigenaba la huelga durante su cuarto y quinto día de realización. El discurso de sus convocantes se paseaba entre el llamamiento a los militares “a pronunciarse” e invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. “Globovisión me violó” Mientras era trasladado a la sede de la Policía Técnica Judicial, el supuesto Joao de Gouveia declaraba a los medios que su intención era atentar contra los medios de comunicación presentes en la muchedumbre concentrada aquel viernes en Plaza Altamira. “Golobovisión –canal privado de información- me prostituyó, me violó” declaraba ante las cámaras. Aquí tenemos que hacer un alto. Los medios de comunicación privados han realizado una cobertura de la paralización que ha privilegiado notoriamente las declaraciones y versiones del sector opositor. Esta animadversión no es reciente. Desde el año 2001 voceros del gobierno, incluyendo al presidente Hugo Chávez, han realizado acusaciones de todos los tonos contra sus dueños, dándole un giro de 180 grados a las relaciones cordiales que se habían establecido entre ambos sectores durante la campaña presidencial del actual primer magistrado del país –muchos de estos medios como el diario El Nacional apoyó abiertamente su candidatura-. El clímax de la tensión entre ambos sectores ocurrió durante los acontecimientos que desencadenaron la manifestación popular del 11 de abril, el posterior golpe de estado y los hechos que restablecieron a Hugo Chávez en la presidencia (días 12 y 13 de abril, cuando los medios censuraron las informaciones relativas al sector partidario del presidente). Esta sesgada práctica informativa por parte de los medios privados ha tenido su contraparte en los medios de comunicación estatales y cercanos al régimen. En estos el sesgo es de signo contrario, incurriendo en las mismas prácticas cuestionadas de los medios de información privados. A escasos minutos de los disparos, que segaron la vida de tres venezolanos y sin ninguna prueba que avalara las declaraciones, cada medio amplificaba la versión cónsona con el bando al que pertenecía. El Canal de televisión del Estado, el Canal 8, presentaba una entrevista con el ministro de Interior y Justicia Diosdao Cabello. “¿Qué opina usted del montaje realizado por la oposición” le preguntaba la reportera a las puertas del palacio de gobierno. Por su parte, los canales privados transmitían reiteradamente las escenas de pánico en la plaza, las declaraciones de diversos personeros que acusaban de “asesino” al presidente del país y las imágenes de un video, en el que supuestamente, se mostraba las imágenes del agresor cerca del alcalde oficialista Freddy Bernal días atrás. Capitalización sangrienta El sábado 7 cada uno de los bandos realizó serias manifestaciones en la ciudad de Caracas. Los sucesos de la noche anterior estaban muy frescos y se hicieron evidentes en las consignas. “Asesinos de su propia gente” rezaban las pintas realizadas en el transcurso de la marcha oficialista. “Chávez asesino” coreaban los manifestantes de la oposición. Las acusaciones contra la oposición se basan en diversas hipótesis. La necesidad de hechos trágicos que le dieran un nuevo aire a la protesta, el propio sinsentido del atentado, la presentación a los medios de pruebas risibles –papeles en donde los presuntos asesinos escribieron las motivaciones de su proceder-. Contra el gobierno, las acusaciones giran en torno a las declaraciones del mismo presidente: en una alocución realizada el día anterior de los sucesos, llamaba a sus seguidores a defender la revolución en virtud del “plan golpista activado por la oposición”. La denominada “tragedia de Altamira” sucede en medio del recuerdo reciente de la impunidad de los muertos ocurridos en la manifestación del 11 de abril. La instalación de una “Comisión de la Verdad” que investigara los hechos y señalara responsabilidades fue sistemáticamente saboteada por ambos sectores. Lo que sucede ahora Para el domingo se anunciaba la creciente paralización de refinerías de hidrocarburos del país, la movilización de las fuerzas armadas para tomar su control y el desabastecimiento de productos alimenticios. La paralización parece entrar en una segunda fase, de mayor trascendencia que la anterior. La mesa de negociación OEA-Gobierno-Oposición ha vuelto a reunirse. El presidente Hugo Chávez ha realizado su programa televisivo de los domingos denunciando “la repetición de los hechos de abril” y haciéndose eco –sin pruebas- de las versiones que apuntan como responsables de la tragedia a la propia oposición. Los convocantes de la paralización continúan, por igual, haciendo llamados insurreccionales a las fuerzas armadas, invocando la Carta Democrática de la OEA, pidiendo el adelanto de elecciones y exigiendo al renuncia del presidente. Muchos coincidimos en la preocupación de las consecuencias inmediatas de la Masacre de Altamira. El saqueo e incendio de una sede del partido oficialista MVR, puede ser interpretada como un adelanto del tipo de acciones que como retaliación, pueden ser llevadas a cabo por partidarios de la oposición, con todo el espiral de violencia posterior. Los intentos de negociación tropiezan con la sordera de cada una de las partes, la descalificación fácil del otro y la poca voluntad para ceder en sus propias posiciones. En estas condiciones, el paro podría durar otros días más y mostrar a partir de ahora sus consecuencias en la vida de la población.

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