La soledad de la soberanía
Por Ilán Semo - Tuesday, Aug. 26, 2003 at 10:13 PM

¿Puede el Estado, ya sea el norteamericano o el mexicano, contener los devastadores efectos sociales y políticos de una industria cuya ilegalidad presupone la complicidad de amplias esferas del Estado mismo?

Las industrias norteamericanas del narcotráfico compiten hoy, por el volumen de sus utilidades, con las empresas de la computación o las del acero. La ilegalidad de su mercado es virtual: la demanda es tan vasta que nunca ha faltado --ni faltará-- alguien dispuesto, en Estados Unidos y fuera de él, a correr los riesgos y peligros para satisfacer el consumo. La lección se debe no a la teoría económica, sino al sentido común: mientras existan demanda y mercado habrá producción y oferta.

El dilema es otro. ¿Puede el Estado, ya sea el norteamericano o el mexicano, contener los devastadores efectos sociales y políticos de una industria cuya ilegalidad presupone la complicidad de amplias esferas del Estado mismo? La respuesta imaginable se antoja hoy imposible. Legalizar y regular la producción y el consumo de la mayoría de las drogas ilegales transformaría a la inclemencia cotidiana del narcotráfico en un negocio como cualquier otro. Es una propuesta antigua (incluso de Milton Friedman) que, sin embargo, no debe perderse de la mira. Las tribulaciones de la historia del alcohol hablan de sus posibilidades.

La era de la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en Estados Unidos debe su fama, entre otras memorias, a la serie televisiva de Los intocables. Otro intocable, el cónsul norteamericano Jenkins, amasó su fortuna exportando alcohol de caña desde los cañaverales de Puebla hasta los bares de Chicago y Nueva York; acaso una versión temprana del Señor de los Cielos. Hay quienes todavía recuerdan los cierres de cantinas y las cruzadas antialcohólicas de Calles y Cárdenas, fruto de esa era. La legalización del consumo de alcohol redujo los precios mil 600 por ciento, y terminó con aquellas mafias y aquella zozobra en cuestión de meses. Por cierto, hay historiadores que aseguran que el consumo de licores descendió notablemente en los años posteriores.

El dilema es la ilegalidad del narcotráfico. Desde los años 80, la política norteamericana descubrió que esta ilegalidad podía ser un instrumento mayor para ejercer controles, que van mucho más allá del tema del narcotráfico, sobre los regímenes de América Latina. Cualquier figura destacada en la política latinoamericana que disienta con (o deje de servir a) Washington, podrá siempre ser acusada de sospecha de narcotráfico, así sea tan sólo porque la vecina de junto está convencida de ello. Hoy la espada de Damocles se llama narcocomplicidad y su uso depende arbitrariamente de las necesidades y la necedades de Washington.

Puede ser empleada para imponer empréstitos o pagos de deuda, para desmantelar instituciones militares, para erosionar la confiabilidad de las jerarquías de mando del Estado, para secuestrar presidencias enteras o simplemente como escaparate de ``la barbarie'' más allá del río Bravo.

¿Qué funcionario público no teme ver su foto algún día en el New York Times con un pie hipotético que lo vincule al cártel del Golfo o del Pacífico?

Es un hecho que el narcotráfico ha llegado a las cimas del poder del Estado en México. Pero la inquisitorial certificación que emite Washington de ``buena conducta'', cuyo propósito es intensificar la ``guerra contra el narcotráfico'', no hace más que erosionar aún más el poder político frente al crimen organizado. Todo funcionario de las fuerzas del orden que se respete conoce la razón: atacar al hampa exclusivamente con los instrumentos del hampa sólo produce más hampa.

La política de contención frente al narcotráfico pasa inevitablemente por la búsqueda de una doble soberanía: frente al narcotráfico mismo y frente a quienes, como Estados Unidos, lo utilizan para intervenir en la política general del Estado. Hoy esto significa abandonar el terreno de la certificación y llevar la contención del narcotráfico a una política de corresponsabilidad entre ambas naciones. La soledad del Estado en esta búsqueda puede volverse infinita, pues se trata de un conflicto en un área nodal para Estados Unidos. Pero los riesgos de no emprenderla comportan una soledad peor. Un Estado que permite ser juzgado por otros Estados, es un Estado que ha perdido la confianza en su propia sociedad; es decir: un Estado que ha optado por decaer en su propia soledad.

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