EL SECUESTRO DE LA VERDAD : Argentina Indymedia (( i ))

22 de junio de 2002
Allanan el domicilio de un periodista

El sábado 22 de junio por la tarde unos treinta policías bandeños, portando todo tipo de armas y con gran despliegue de móviles, allanaron la casa de Jorge Vidal Marcos, editor del periódico La Verdad. Previamente había sido detenido un canillita, quien distribuía la revista por el centro de la ciudad de La Banda.
La razón esgrimida fue una supuesta "contravención", debido a que el periódico publicó denuncias consideradas injuriantes por los jefes policiales. Se trata de información relacionada con posibles actividades ilegales efectuadas por efectivos de esta fuerza.
Los policías -autorizados por una orden del Juez Uñates- revisaron la casa "en busca de armas", según dijeron. El propietario de la vivienda posee efectivamente algún armamento, con autorización del Renar, debido a las constantes amenazas de muerte que ha venido recibiendo durante los últimos años.
Por otra parte, a lo largo del día varios kiosqueros fueron citados por agentes de policía para ser interrogados acerca de la difusión del periódico defensor de los Derechos Humanos en la vía pública.
Los abogados defensores de La Verdad -la Dra. Marcela Curi y el ex Juez Storniolo- indicaron que el Juez Uñates, autor de la orden de allanamiento, no tiene competencia sobre la ciudad de La Banda, por lo cual su resolución carece de legalidad. Debido a ello iniciarán una acción judicial en contra de los autores del allanamiento, pues consideran se ha cometido una serie de violaciones a normas jurídicas y constitucionales vigentes.
La Verdad es un periódico sostenido por "Las Madres del Dolor", una agrupación defensora de los Derechos Humanos de la provincia de Santiago del Estero. La asociación surgió para procurar la dilucidación de numerosos casos sospechosas de muertes de jóvenes, algunos de ellos mientras permanecían detenidos en dependencias policiales.
Desde hace unos cinco años esta publicación ha denunciado además numerosos hechos de violaciones de Derechos Humanos, y gran cantidad de delitos supuestamente cometidos por integrantes de las fuerzas represivas provinciales. Los editores cuentan con privilegiadas fuentes de información, tanto entre las mismas fuerzas judiciales, así como en todos los otros poderes. Debido a ello, todas sus denuncias suelen ser publicadas generalmente junto a profusa documentación probatoria.
Relacionada con un sector de la Iglesia Católica, desde sus inicios la Asociación Madres del Dolor ha sufrido persecución policial, amenazas de muerte de autoría nunca esclarecida, además de volantedas conteniendo todo tipo de insultos.
La revista tira unos 3.000 ejemplares, los cuales se distribuyen con gran demanda de público en el ámbito de toda la provincia de Santiago del Estero.

SOLIDARIDAD CON LAS MADRES DEL DOLOR

A las Madres del Dolor
Presente

Estimadas en Jesucristo:
La Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos y la Comisión Diocesana de Pastoral desean solidarizarse con ustedes frente a la angustiante situación que han padecido el día de la fecha.
El secuestro de la revista "La Verdad" de los lugares de su distribución y el allanamiento al domicilio de algunas de ustedes, hechos por los cuales han solicitado el acompañamiento pastoral de la Iglesia, pone de manifiesto la inseguridad jurídica que sufre nuestro pueblo.
Consideramos que los derechos a la libertad de expresión, de pensamiento y de información pública son fundamentales para madurar la democracia que tanto esfuerzo nos costó alcanzar (Cfr. Iglesia y comunidad nacional Nº 123).
Las animamos a seguir confiando en el Dios de la Vida y la Justicia, a quien el salmista rezamos: "Señor, mi roca y mi baluarte, mi liberador, mi Dios; la peña en que me amparo, Tú eres mi escudo y fuerza salvadora" (Sal. 18.3).
Dios las bendiga y nuestra Madre de los Dolores, la que sufrió la persecución y muerte de su Hijo, nos acompañe.

Pbro. Sergio Lamberti
Delegado Diocesano

Hna. Evangelina Quiroga
Hna. Margerite Godard

Periodistas Perseguidos Argentina

Periódico La Verdad

En la ciudad de Santiago del Estero fue secuestrada la edición completa del
periódico La Verdad (Nº 25), propiedad de Las Madres del Dolor, organización no gubernamental que venía denunciando varios hechos de corrupción en el lugar provincia. La policía secuestró también la edición anterior (Nº 24), sin orden judicial alguna y respondiendo, según afirmaron, a órdenes del gobierno provincial.

Censura Destinatario: La Verdad
Fuente: Periodistas (Argentina)
http://www.asociacionperiodistas.org/cronologia/argentina/2002/agost02.htm

agosto 2002

La agrupación Madres del Dolor, de Santiago del Estero, denunció un nuevo
secuestro de su publicación La Verdad. El sábado 24 de agosto, las madres
vendieron el periódico en lugares concurridos del centro de Santiago con
normalidad, y al mediodía comenzaron a repartirlo por los kioskos. Al día
siguiente, el jefe de redacción del periódico, Jorge Vidal, se enteró leyendo El
Liberal de que policías uniformados habían secuestrado la edición de La Verdad.
El lunes 25, Vidal se presentó en la Jefatura de Policía para averiguar que
había sucedido, pero allí le dijeron que no sabían nada del secuestro ni del
paradero de los ejemplares. El jefe de redacción intentó hablar con el
subsecretario de Investigaciones, Musa Azar, pero éste no lo recibió. Los
integrantes de las Madres del Dolor presentaron un habeas data ante el Superior
Tribunal de Justicia de la provincia, exigiendo la devolución de los ejemplares
y planteando la inconstitucionalidad del secuestro, a pesar de que ninguna
autoridad se hizo cargo de la medida. Además, enviarán una carta al ministro del
Interior y al presidente de la Nación para denunciar la discriminación que sufre
el periódico.
Éste es el segundo secuestro de La Verdad en dos meses. El 22 de junio, la
policía ya confiscó una edición con el argumento de que era una prueba para una
causa contravencional iniciada a partir de múltiples denuncias de funcionarios,
presentadas en base a los artículos 53, 66 y 135 del Código de Faltas
provincial, que sancionan respectivamente la falta de respeto a un funcionario
fuera del cumplimiento de sus obligaciones, la provocación a éstos y la falta de
pie de imprenta en una publicación. El artículo 53, concretamente, se refiere a
los mismos casos que contemplaba el delito de desacato, actualmente derogado. En
Santiago del Estero la justicia de faltas es manejada por la policía provincial
y el jefe de policía asume la función de juez de faltas.
Paralelamente al secuestro de la edición, los agentes llevaron arrestados a los
kioskeros y puesteros a la seccional policial y los demoraron por seis horas,
hasta que declararon quién les entregaba la publicación de las Madres, cuándo,
en qué cantidad, etc. Desde entonces, muchos de ellos no quieren recibir el
periódico por temor a enemistarse con la policía.
Ese mismo día, a las 17 hs., allanaron el domicilio de Vidal y su mujer, una de
las Madres del Dolor, en la calle Sáenz Peña 876 de La Banda. En dicho
procedimiento actuaron 37 policías uniformados más los que habían quedado
rodeando la manzana. Hasta se constituyeron efectivos del grupo GETOAR, que es
el par policial del GEOF y del grupo Alcón, utilizados habitualmente para
procedimientos de alto riesgo operativo.
La orden de allanamiento fue expedida por el Juez de Crimen de 5ta Nominación de
la Ciudad Capital, que no tiene competencia en La Banda. Además, a pesar de que
el fin del allanamiento era el secuestro de ejemplares del diario y elementos
para su edición, impresión y distribución, también se secuestró documentación
privada que nada tenía que ver con lo que decía la orden del juez. El
allanamiento fue repudiado por la Federación Argentina de Trabajadores de
Prensa.
Vidal denunció que a partir de aquel allanamiento las Madres y todos sus
colaboradores comenzaron a sufrir persecuciones por parte de la policía
provincial y que algunos de ellos se vieron obligados a solicitar recursos de
habeas corpus para asegurar su libertad.
El jefe de redacción de La Verdad también explicó que el anterior jefe de
policía, de apellido Lezcano, les había dicho luego del primer secuestro que los
ejemplares tomados eran sólo para aportar pruebas al juez que investigaba la
falta de pie de imprenta en el periódico. Ese mismo oficial les aseguró que el
periódico tendría todas las garantías para circular.