20 años de democracia y en Salta continúa la represión
Por RIAA - Monday, Feb. 16, 2004 at 2:07 AM

RIAA (Red de Intelectuales, Artistas y Académicos por la defensa de los Derechos Fundamentales)

La detención de Pepino Fernández y muchos otros miembros de las organizaciones piqueteras y de desocupados de YPF, en Salta, nos enfrenta nuevamente a las respuestas autoritarias al conflicto social. En las provincias del noroeste (como también en Santiago del Estero), pareciera que rigen normativas que se interpretan siempre del lado de los más poderosos contra los sectores que protestan y reclaman por sus derechos. Las acciones de los poderes provinciales, muchas veces articuladas con los nacionales, muestran especial ensañamiento con estas organizaciones. Por eso es importante repasar esta saga de represiones y reflexionar acerca de esta situación.

Desde los primeros piquetes, el gobernador salteño J.C. Romero ha venido manifestando una militante hostilidad contra la protesta social. Ya en 1995, el mismo Romero había creado la Secretaría de la Gobernación de Seguridad, en manos del comandante Sergio Nazerio, alias Estevez, un ex-represor que actuó en el campo de concentración ?El Olimpo?, y que aparece citado en el libro de la Conadep. En este sentido, la fuerte represión, que abarca desde pueblos sitiados, asesinatos (Verón, Santillán, Barrios) heridas irreversibles a las personas (Iván Dorado) hasta permanentes hostigamientos, muestra procedimientos más acordes con las dictaduras que con las democracias.


Sin embargo, para entender la raíz de tal ensañamiento y persecusión por parte del poder provincial es necesario explicar el carácter estratégico que tiene la UTD de Mosconi en el espacio de los conflictos sociales. La UTD expresa la convergencia de una fuerte acción comunitaria, con una acción confrontativa, capaz de interpelar no sólo al Estado, sino a las grandes multinacionales, ligadas a la explotación de los recursos naturales (petróleo y gas). Su fuerza reside, pues, en esta doble interpelación, cuyo carácter general se expresa tanto en la propuesta de un programa de defensa y recuperación de los recursos naturales como en la búsqueda de articulaciones a nivel nacional.

En abril de 2003 el dirigente de la UTD de Mosconi, Pepino Fernández, sobre quien pesan 52 causas federales y 16 provinciales, fue detenido por orden de la justicia federal en Buenos Aires, en la puerta del Congreso Nacional. Se le aplicó, una vez más, el artículo 194 del código penal, por ?interrupción del tránsito?. Su detención se produjo en plena campaña electoral, cuando la fórmula Menem-Romero endurecía su discurso respecto de la necesidad de penalizar la protesta social. Pepino estuvo preso, junto con otros tres dirigentes, durante 40 días.

La estrategia provincial, en su escalada represiva, comenzó a funcionar de manera unilateral, luego de que Romero obtuviera su reelección, en noviembre de 2003, gracias a una escandalosa reforma de la constitución provincial. Dos días después de ser reelegido, el juez provincial N. Aramayo ordenó el desalojo de la destilería Campo Durán, bloqueada por piqueteros de la UTD y ex-trabajadores de YPF desde hacía 16 días. El reclamo incluía un llamado a la renacionalización de los recursos naturales, además del pago de las acciones de propiedad participada.

En esa ocasión, la detención de Pepino Fernández en Campo Durán generó la reacción de pobladores de Gral Mosconi, quienes quemaron las oficinas de la empresa petrolera Tecpetrol. Poco más tarde, la empresa fue saqueada. Por estos hechos, varios piqueteros fueron detenidos ?preventivamente? y llevados a Tartagal. Pese a la intensa campaña nacional, éstos fueron liberados sólo dos meses más tarde, el 20 de enero de este año. El juez provincial Aramayo reconoció que la pericia de los videos de TV no le permitían identificar a los acusados.

Hace unos días, ante el incumplimiento del gobierno nacional en el pago de las acciones de YPF, los piqueteros de la UTD de Mosconi, en acuerdo con la Coordinadora Nacional de ex trabajadores de YPF, reiniciaron su reclamo, bloqueando destilerías y caminos. Nuevamente tocaría a un juez provincial ordenar la detención de varios piqueteros, por ?entorpecimiento de caminos?.

En fin, vale la pena recordar que estas respuestas autoritarias y represivas tienen por base la aplicación de una normativa jurídica nacional y provincial que penaliza las nuevas formas de protesta. Ello explica que haya en en nuestro país más de 3000 procesamientos por ?interrupción de la circulación?. Si, como parecen sostener con tanta vivacidad discursiva tantos funcionarios nacionales, la solución no es la represión sino la generación de espacios de diálogo, entonces la cuestión no pasa solamente por adjudicar responsabilidades provinciales a gobiernos de conocida raigambre feudal, sino por realizar un amplio debate nacional acerca de la judicialización del conflicto social y sus perversas consecuencias, como lo muestra el caso reiterado de la detención de Pepino Fernández y otros miembros de la UTD.

Por ello, exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos en Salta, el pago de las acciones que el gobierno nacional adeuda desde hace doce años a los ex-trabajadores de YPF, el cierre de las causas a los 3000 procesados, y la realización de un verdadero debate sobre el tratamiento jurídico de la cuestión social.


Pablo Bergel- Maristella Svampa- Graciela Di Marco- Claudia Briones- Norma Giarracca- Héctor Palomino- María Sondereguer- Irina Hauser- Miguel Teubal- Roberto Gargarella- Bibiana Arcondo- Alberto Kornblihtt- Atilio Borón- Eduardo Grünner- Liliana Demirdjian- Patricia Digilio- María Teresa Sirvent- Blas de Santos- Federico Schuster- Adriana De Los Santos- Mariano Lossi- Karina Bidaseca- Pablo Sabatino- Ana Weinstock- Pablo Lapegna- Alejandro Grimson- Diego Domínguez- Clara Algranati- Paula Varela- Paula Gutiérrez- Miguel Angel Djanikian- Rodolfo Gómez- José Seoane- Emilio Taddei- Daniela Mariotti-

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