Conflicto de tierras de la Comunidad Kolla Guaraní de Río Banco, según La Nazión
Por tk - Wednesday, Apr. 21, 2004 at 2:13 AM

Los conflictos de tierras en el departamento de Orán comenzaron a llegar a la prensa reaccionaria. Vale como un elemento más para pensar que la región se está conviertiendo en "emblemática" respecto a los atropellos contra los Pueblos Originarios.

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Intercambio de acusaciones
Conflicto por una usurpación en Salta

En Orán, un grupo de ocupantes ilegales regresó a un predio del que había sido desalojado hace un mes por la Justicia

Los nuevos dueños del predio sostienen que hay inacción judicial
Intervinieron Caritas y el defensor del pueblo de la Nación para defender a los anteriores ocupantes






SALTA.- Ocupantes desalojados judicialmente de un campo en el norte salteño retornaron al predio, mientras que los propietarios no logran que la Justicia les reintegre la posesión a pesar de una denuncia penal presentada el jueves pasado -a poco de concretarse la usurpación- contra los intrusos y el representante legal de Caritas de la diócesis de Orán.
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Sergio Peñalba, abogado de la empresa Río Zenta -propietaria del predio-, en declaraciones a LA NACION manifestó "impotencia" para hacer valer sus derechos y se quejó por la "inacción de la Justicia".
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Además, agregó que se ofrecieron en venta lotes distintos y que algunos aceptaron el acuerdo, pero otros lo rechazaron. Estos últimos son los que, posteriormente, invadieron la propiedad. La empresa Río Zenta compró a Higamar alrededor de 5900 hectáreas de la banda norte de Río Blanco en el departamento de Orán, en las cercanías de la frontera con Bolivia. En diciembre de 1999 la empresa vendedora obtuvo una sentencia de desalojo contra los ocupantes, la mayor parte arrendatarios que ocupaban unas 230 hectáreas en el acceso, superficie importante si se tiene en cuenta que actualmente sólo 1000 hectáreas son aprovechables.
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Lanzamiento detenido
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El 3 del mes pasado, la jueza en lo civil y comercial de la II Nominación de Orán, Cristina Barberá, dispuso el lanzamiento, que se concretó con apoyo policial. Dos días más tarde, el proceso se detuvo ante un pedido de Caritas Diocesana y la posterior intervención del defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
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Los desalojados permanecieron a la vera de la ruta nacional 50, donde fueron asistidos con alimentos y ropa por voluntarios de Caritas, pero el jueves pasado, a pesar de las recomendaciones del padre José Auleta -párroco de una iglesia de Orán-, rompieron el portón, ingresaron en el predio e instalaron algunas carpas y una olla popular.
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Peñalba requirió el auxilio de la policía y, luego, de la justicia de instrucción, pero hasta ayer no se había realizado ningún procedimiento. El abogado responsabilizó a tres de los ocupantes y al representante de Caritas por usurpación.
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El nuevo dueño afirmó que la mayoría tiene casas en San Ramón de la Nueva Orán y dijo que antes del desalojo les ofrecieron el traslado a otro sector y la venta de alrededor de 200 hectáreas.
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También se limitó la extensión de cada predio a cinco hectáreas y se fijó un contrato de arrendamiento, con opción a compra, a razón de 50 dólares anuales por hectárea. Este valor se imputará al precio al cabo de 15 años, con un valor residual de 100 dólares por hectárea. También se decidió que se respete la ubicación actual de cada ocupante. Todavía no está definida la explotación que se encarará, porque la finca se encuentra entre ríos y con creciente grado de salinidad.
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El padre Auleta cuestionó el trato que les dieron los representantes de la empresa a él y a los ocupantes; reconoció que se trataba de una propiedad privada, pero aclaró que Juan Pablo Jorge, en representación de Mondino, presentó un escrito judicial en el juzgado civil para proteger a los desalojados, aguardándose una nueva decisión tribunalicia, y censuró la destrucción de las viviendas, en general de precaria construcción.
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Pérdida de las cosechas
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También lamentó la pérdida de las cosechas por parte de los desalojados, algunos con 25 años en el lugar, y que en muchos casos hicieron el desmonte del campo que el dueño anterior no trabajó.
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Por su parte, el concejal oranense Héctor Rasguido, del Partido Obrero, recordó que un diputado de su agrupación política presentó un proyecto de expropiación hace algunos años y que hay una multisectorial constituida para abordar el problema de las tierras usurpadas. En dicha organización, que oportunamente realizó varias movilizaciones, participa un representante de Río Blanco, junto a criollos y aborígenes de otros lotes de propiedad del ingenio San Martín del Tabacal.
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En la escritura de venta se mencionó la presencia de ocupantes ilegales con orden de desalojo y un crédito hipotecario ejecutable.
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Por Carlos Pastrana
Corresponsal en Salta
.<< Comienzo de la notaSALTA.- Ocupantes desalojados judicialmente de un campo en el norte salteño retornaron al predio, mientras que los propietarios no logran que la Justicia les reintegre la posesión a pesar de una denuncia penal presentada el jueves pasado -a poco de concretarse la usurpación- contra los intrusos y el representante legal de Caritas de la diócesis de Orán.
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Sergio Peñalba, abogado de la empresa Río Zenta -propietaria del predio-, en declaraciones a LA NACION manifestó "impotencia" para hacer valer sus derechos y se quejó por la "inacción de la Justicia".
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Además, agregó que se ofrecieron en venta lotes distintos y que algunos aceptaron el acuerdo, pero otros lo rechazaron. Estos últimos son los que, posteriormente, invadieron la propiedad. La empresa Río Zenta compró a Higamar alrededor de 5900 hectáreas de la banda norte de Río Blanco en el departamento de Orán, en las cercanías de la frontera con Bolivia. En diciembre de 1999 la empresa vendedora obtuvo una sentencia de desalojo contra los ocupantes, la mayor parte arrendatarios que ocupaban unas 230 hectáreas en el acceso, superficie importante si se tiene en cuenta que actualmente sólo 1000 hectáreas son aprovechables.
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Lanzamiento detenido
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El 3 del mes pasado, la jueza en lo civil y comercial de la II Nominación de Orán, Cristina Barberá, dispuso el lanzamiento, que se concretó con apoyo policial. Dos días más tarde, el proceso se detuvo ante un pedido de Caritas Diocesana y la posterior intervención del defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
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Los desalojados permanecieron a la vera de la ruta nacional 50, donde fueron asistidos con alimentos y ropa por voluntarios de Caritas, pero el jueves pasado, a pesar de las recomendaciones del padre José Auleta -párroco de una iglesia de Orán-, rompieron el portón, ingresaron en el predio e instalaron algunas carpas y una olla popular.
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Peñalba requirió el auxilio de la policía y, luego, de la justicia de instrucción, pero hasta ayer no se había realizado ningún procedimiento. El abogado responsabilizó a tres de los ocupantes y al representante de Caritas por usurpación.
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El nuevo dueño afirmó que la mayoría tiene casas en San Ramón de la Nueva Orán y dijo que antes del desalojo les ofrecieron el traslado a otro sector y la venta de alrededor de 200 hectáreas.
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También se limitó la extensión de cada predio a cinco hectáreas y se fijó un contrato de arrendamiento, con opción a compra, a razón de 50 dólares anuales por hectárea. Este valor se imputará al precio al cabo de 15 años, con un valor residual de 100 dólares por hectárea. También se decidió que se respete la ubicación actual de cada ocupante. Todavía no está definida la explotación que se encarará, porque la finca se encuentra entre ríos y con creciente grado de salinidad.
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El padre Auleta cuestionó el trato que les dieron los representantes de la empresa a él y a los ocupantes; reconoció que se trataba de una propiedad privada, pero aclaró que Juan Pablo Jorge, en representación de Mondino, presentó un escrito judicial en el juzgado civil para proteger a los desalojados, aguardándose una nueva decisión tribunalicia, y censuró la destrucción de las viviendas, en general de precaria construcción.
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Pérdida de las cosechas
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También lamentó la pérdida de las cosechas por parte de los desalojados, algunos con 25 años en el lugar, y que en muchos casos hicieron el desmonte del campo que el dueño anterior no trabajó.
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Por su parte, el concejal oranense Héctor Rasguido, del Partido Obrero, recordó que un diputado de su agrupación política presentó un proyecto de expropiación hace algunos años y que hay una multisectorial constituida para abordar el problema de las tierras usurpadas. En dicha organización, que oportunamente realizó varias movilizaciones, participa un representante de Río Blanco, junto a criollos y aborígenes de otros lotes de propiedad del ingenio San Martín del Tabacal.
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En la escritura de venta se mencionó la presencia de ocupantes ilegales con orden de desalojo y un crédito hipotecario ejecutable.
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Por Carlos Pastrana
Corresponsal en Salta

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