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La comunidad Casiano presentó amparo para evitar desalojo
Por Diario El Cordillerano -
Tuesday, Jun. 29, 2004 at 10:14 PM
CÁMARA DE BARILOCHE HABÍA FALLADO EN SU CONTRA
Otro conflicto territorial involucra a familias mapuches. Se desarrolla en el paraje Quetrequile, cerca de Ingeniero Jacobacci. Cobró trascendencia mediática nacional.
En el marco del conflicto que mantienen la comunidad mapuche Casiano y la familia de origen sirio-libanés Abi Saad, la primera de las partes presentó un recurso de amparo ante la Justicia para evitar el desalojo de las tierras que tradicionalmente ocupa. La medida debió efectivizarse el jueves pasado a raíz de una disposición que había adoptado la Cámara Civil y Comercial de Bariloche, que había fallado a favor de los Abi Saad.
El litigio se enmarca en una suerte de escalada que están protagonizando quizás involuntariamente las comunidades mapuches de la región. En el caso más sonado hasta el momento, el Poder Judicial de Chubut decidió que las 543 hectáreas del campo Santa Rosa (Leleque) pertenecen el grupo empresarial Benetton, aunque la familia mapuche Curiñanco Nahuelquir la considera de su propiedad. Los abogados de los originarios ya apelaron la decisión.
Dos días después de conocido aquel fallo, integrantes de la Coordinadora del Pueblo Mapuche de Río derribaron 2.000 metros de alambrado en el paraje Trailacahua, a 15 kilómetros de Comallo, para sostener los derechos a la tierra de la familia Curilen. Finalmente, durante la semana que hoy finaliza cobró estado público el conflicto que atañe a la familia Casiano, cuyos avatares inclusive alcanzaron repercusión nacional cuando el diario capitalino "Página/12" se hizo eco de la situación.
Toma parte en el diferendo el Consejo Asesor Indígena, organización que denunció "la grave situación" que atraviesan los mapuches en el paraje Quetrequile, cercano a Ingeniero Jacobacci. La crisis se precipitó cuando el 27 de mayo pasado, la Cámara Civil y Comercial de Bariloche, que integran los jueces Edgardo Camperi, Luis Escardó y Horacio Osorio, resolvió que la comunidad Casiano desalojara su "territorio ancestral" para "restituirlo al terrateniente Abi Saad".
Como siempre en estos casos, la historia se remonta décadas atrás. "Durante años el 'lof' (noción mapuche de comunidad) Casiano reclamó y exigió respuestas del Estado ante el fraude y despojo que sufrieron en manos de los Abi Saad en 1967. Ante la constante indiferencia del Estado, el 18 de diciembre de 2000 la familia Casiano hizo valer sus derechos históricos como pueblo originario, recuperó el territorio del que había sido despojado. Frente a esta situación los Abi Saad presentaron un 'interdicto de recobrar' fundamentado en su posesión de los campos, aduciendo violencia y clandestinidad en nuestro accionar".
Cuestiones de fondo
En aquel entonces, recordó el CAI, "el juez civil Jorge Serra desestimó la denuncia de Abi Saad contra Casiano, al no encontrar elementos que avalaran la supuesta violencia y clandestinidad. Dicho juez tomó en cuenta un fallo penal previo, por el delito de usurpación en el que los Casiano habían sido sobreseidos definitivamente". Pero ahora, "a través de este posible desalojo de la familia Casiano, el Estado legitimaría una vez más la política seguida por los terratenientes de la región, una política de despojo y violencia. Un interdicto judicial no resuelve las cuestiones de fondo".
Para la organización mapuche éstas son "la posesión de los Abi Saad adquirida por medio del despojo y el fraude" por un lado, "la violencia soportada históricamente por nuestro pueblo desde la invasión del Wallmapu (territorio ancestral mapuche)" por el otro, y por último "la clandestinidad que encierra la legalización del despojo por medio de documentos 'oficiales' fraudulentos aprovechándose de la diferencia cultural y socioeconómica de los Casiano".
El jueves pasado, Fidel Guarda, de la comunidad afectada, más Hermenegildo "Chacho" Liempe y Laura Ramos, del CAI, se reunieron en Viedma con el fiscal de Estado de Río Negro, Alberto Carosio. En el encuentro presentaron los resultados de una investigación que prueba varias irregularidades, tales como violencia, fraude, lesión subjetiva y estafa procesal, en las que habrían incurrido los hermanos Felipe y Alfredo Abi Saad para despojar a los mapuches de sus tierras.
La documentación que recibió Carosio también describe las apropiaciones de otros campos de la zona por parte de la misma familia, a través de reiteradas violaciones de la leyes provinciales 279 y 2.287, según manifestó el CAI. Los mapuches también avanzaron en la coordinación de una reunión conjunta con la Dirección de Tierras, la Fiscalía del Estado, el Poder Legislativo, el ministro de Gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos y otras dependencias.
La organización mapuche señaló que "si se hiciera efectivo el desalojo, el Estado a través de la Justicia, estaría avalando una vez más, que tiene mejor derecho un terrateniente usurpador antes que sus legítimos y ancestrales ocupantes. Estaría desconociendo los derechos históricos del 'lof' Casiano como parte del pueblo mapuche, derechos reconocidos por el mismo Estado en su Constitución Nacional y en convenios internacionales (OIT 169)".
Apuntó que "con la verdad y la justicia lo que se debe ordenar es el inmediato desalojo de los Abi Saad y la restitución definitiva del territorio ancestral al 'lof' Casiano y advirtió que "nuestra organización está firme en la decisión tomada en nuestras asambleas hace ya años: luchar por la recuperación del territorio al que pertenecemos. Cada comunidad que recupera su pertenencia territorial, recupera su identidad y con ella la vida digna de nuestro pueblo".
fecha de publicación: 20/06/04
http://www.elcordillerano.com.ar/anteriores/20-6/actualidad.htm