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El Ingenio Tabacal pretende un nuevo desalojo en Orán
Por Pablo Indio ((i)) - Monday, Aug. 02, 2004 at 4:35 AM
pabloindio@riseup.net

Integrantes de la Comunidad Indígena El Algarrobal, ubicada en la banda sur del paraje río Blanco en el departamento salteño de Orán, denunciaron días atrás al Ingenio San Martín del Tabacal. En la presentación judicial acusan a la empresa azucarera, propiedad de la multinacional Seabord Corporation, de realizar constantes presiones para que abandonen las tierras que ocupan y de ingresar topadoras a su territorio. Por su parte, la delegación de la Comunidad Indígena Guaraní El Tabacal regresó a la localidad de Hipólito Irigoyen luego de tres meses de gestiones en Buenos Aires. Lograron el reconocimiento de su comisión directiva, luego que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas avalara durante meses la existencia de una comisión paralela impulsada por el Ingenio Tabacal y conformada por personas foráneas a la comunidad. Mientras tanto en Boston, Estados Unidos, un centenar de activistas se movilizaron a la sede de la Seabord Corporation para exigir la devolución inmediata de las tierras usurpadas y el cese de los desalojos en todo el departamento de Orán.

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“Que en este momento los miembros de la comunidad están tirándose delante de las topadoras para impedir su curso en el desmonte de nuestras tierras. Que si no actúa puede ser demasiado tarde. Que están desmontando desde el día jueves 22 de julio y usted no ha hecho nada”.

La cita corresponde a la presentación judicial de la Comunidad El Algarrobal, con fecha 26 de julio y dirigida al juez Oscar Blanco. El mismo funcionario del Poder Judicial que dictaminó el desalojo de la Comunidad El Tabacal, el 16 de setiembre del año pasado, a pedido de la misma empresa que ahora pretende desalojar a los indígenas del paraje río Blanco.

El conflicto se arrastra desde fines del año pasado, cuando el Ingenio Tabacal comenzó a reclamar como propio el territorio que ocupan desde hace más de veinte años los integrantes de la comunidad. Se trata de aproximadamente 150 hectáreas en las que viven más de 50 familias, cultivando batata, choclo, mandioca, maní y banana.

Gregoria López, dirigenta de la comunidad, acusó en la última presentación al contratista Córdoba de ingresar a las tierras con empleados bajo su mando y realizar tareas de desmonte con topadoras de oruga. La denuncia puntualiza que “están en peligro las plantaciones de bananas y otras de Antonio Pintos y de Gabriel Flores en la tierra comunitaria”.

Por su parte Guillermo Yakúlica, encargado de relaciones institucionales del Ingenio Tabacal, es acusado por los indígenas de ser el autor intelectual de estos hechos. Sobre el mismo directivo pesa en su contra una denuncia por intento de homicidio presentada por Benjamín Flores el martes 15 de junio en la Fiscalía Penal nº 2 de Orán, a la que se le sumó tiempo después la presentación de Carlos Ibañez, otro integrante de la comunidad.

Las intromisiones del Ingenio dentro de los márgenes de la comunidad no son novedad. El jueves 15 de enero de este año, bajo directivas de Yakúlica, empleados de la empresa tiraron abajo la humilde vivienda de la familia Méndez para luego incendiarla y arrasar con los cultivos.

Sobre el Ingenio Tabacal pesa también una denuncia por daño ambiental, difundida recientemente a través de un comunicado del Partido Obrero de Orán. Según se afirma allí, la empresa “se apropia de todo el caudal de agua del río Blanco desviándolo para el riego de sus cultivos”. Detalla que las consecuencias son particularmente visibles a la altura del puente de la ruta nacional 50 y que estos cambios producen “numerosos problemas a los vecinos de la ciudad y del campo, amen del daño a la ecología y a las especies propias de la zona que habitan y se alimentan del río”.

De vuelta a Irigoyen

El martes 20 de julio regresaron a Hipólito Irigoyen los últimos integrantes de la Comunidad El Tabacal que continuaban realizando gestiones en Buenos Aires. En suma la delegación estuvo durante tres meses en Capital Federal, tiempo en el que participaron de distintas movilizaciones y se entrevistaron con funcionarios del Estado Nacional.

Si bien no lograron una respuesta convincente a su demanda de restitución del territorio conocido como La Loma, los guaraní ganaron una pequeña batalla. Lograron que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) desconociera una comisión directiva impulsada por el Ingenio Tabacal y conformada por personas ajenas a la comunidad.

La comisión paralela había sido creada en una ‘asamblea’ que se realizó en Hipólito Irigoyen el 26 de febrero pasado. Conducida por Rogelio Guanuco, presidente de la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA), contó además con la participación de punteros políticos allegados al Ingenio y funcionarios del Estado provincial.

Gracias a la presión ejercida por la Comunidad El Tabacal y a los numerosos apoyos que fue recibiendo, el presidente del INAI, Jorge Rodríguez, finalmente optó por desconocer a la comisión. La resolución, con fecha 29 de junio, dice: “Comunico que este Instituto desconoce la reunión realizada en fecha 26 de febrero de 2004 ya que la misma fue realizada desatendiendo al estatuto aprobado por la Comunidad Indígena Estación Tabacal y por haber tenido como resultado la designación de personas que no forman parte de la comunidad”.

Durante los cinco meses que el INAI avaló la existencia de la recientemente desconocida comisión, ésta sirvió como excusa para no brindar soluciones al reclamo de restitución de las 5000 hectáreas apropiadas por el Ingenio. El argumento esgrimido era la existencia de supuestas diferencias internas en la comunidad y que la dependencia estatal no podía tomar partido por ninguna de ellas.

Respecto al reclamo territorial, los miembros de la comunidad se encuentran actualmente evaluando la oferta del gobierno de instalar una mesa de diálogo con la empresa. Anteriormente existió una promesa de expropiación efectuada por la titular de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, pero en abril la Jefa de Gabinete de la cartera, Raquel Tiramonti, comunicó que la ministro había cambiado de opinión.

Desde el corazón de la Bestia

Más de cien activistas estadounidenses realizaron el jueves pasado una manifestación frente a las oficinas centrales de la Seabord Corporation en Boston y expresaron su repudio a los desalojos de comunidades indígenas en el departamento de Orán.

Según declararon los organizadores, el objetivo de la marcha fue “conectar movimientos de base y re-estructurar la política en la gente y el medioambiente” y escrachar a Harry Bresky, “que recibe $2 millónes de dólares anuales por su puesto como presidente de Seaboard Corporation”.

En el comunicado difundido, remarcaron que Bresky es dueño del 75 % de las acciones de la Seabord Corporation y que “reina un imperio multinacional que incluye como propietario fiscal de más de 50 empresas, de Argentina a la Republica Dominicana, Honduras, Bulgaria y EEUU”.


(*) Foto: porción del territorio de la comunidad banda sur luego del paso de las topadoras del Ingenio en enero de este año (imagen registrada por miembro de la comunidad)

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