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Entrevista a Silvia Nora Ramond la jueza de los presos de la Legislatura
Por Diario Judicial - Tuesday, Aug. 17, 2004 at 1:52 AM

"Tal como salió, la ley que crea la Oficina NN es un mamarracho"

Hace 28 años que está en la justicia y desde 1993 es juez de instrucción. Silvia Nora Ramond es la titular del Juzgado Criminal de Instrucción nº 37. Tiene tres hijos y no le gusta que le saquen fotos porque prefiere cultivar un perfil bajo. Sin embargo, cuando le tocá el turno de dar su opinión no anda con medias palabras: "A mi me gusta hablar con nombre y apellido. Yo no estoy de acuerdo con la forma operativa que implementó Santos en la Policía Federal", es una de sus definiciones.
Ramond se mostró partidaria de la reciente reforma del Código Procesal Penal, que otorga mayores atribuciones a la policía: "Creo que cuando se derogaron los edictos se produjo un desmedro en sus atribuciones".
La juez se mostró preocupada por el auge de los delitos cometidos por inmigrantes ilegales y brindó varios ejemplos: "Los inmigrantes peruanos, hasta hace unos años, eran "scruchantes". Ahora, desde hace mas de un año integran bandas armadas junto con argentinos. En las villas, el peruano maneja el tema del trafico de cocaína, el paraguayo, en cambio, maneja la marihuana."
Por otra parte, la magistrada es partidaria de introducir la mediación penal para que solo lleguen a juicio las causas más importantes.

Diariojudicial.com: Actualmente, ¿cuántas causas están tramitando en su juzgado?

Silvia Ramond: Tenemos en tramite unas 360 causas que tienen movimiento...

Dju: Mayoritariamente, ¿cuales son los delitos que se investigan?

SR: La mayoría son delitos contra la propiedad y en los últimos años están proliferando delitos contra la integridad sexual. Es un incremento importante, fundamentalmente de la figura del abuso deshonesto. Esto se nota en especial en los últimos dos o tres años. A veces se observan "modas" en materia delictiva. No sé si esta es una moda. Hace años era una "moda" la usurpación. Después fue el tema de las denuncias contra los administradores de consorcios. Pero en este caso de los delitos contra la integridad sexual, no me parece que sea una moda. Creo que es un problema social, que no está restringido a gente de escasa cultura o de niveles económicos bajos, sino que abarca a gente culta y de un poder adquisitivo importante, donde las victimas generalmente son los propios hijos.

Dju: En cuanto a los delitos contra la propiedad, ¿se destaca alguna modalidad en especial?

SR: Los dos últimos años hubo un incremento absoluto de la violencia en los delitos contra la propiedad, fundamentalmente, los robos con armas de fuego. Esto es un hecho conocido y es innegable que contribuyen una serie de circunstancias. Yo no creo que la marginalidad social sea la única causal del incremento de esta violencia. Una persona puede robar por un estado de necesidad pero eso no lo hace un delincuente violento. Del robo por estado de necesidad al robo seguido de muerte hay un trecho muy largo. Hoy día se observa un menosprecio absoluto por la vida. Se perdió el principio de autoridad. Hoy por hoy ninguna fuerza de seguridad puede imponer su autoridad por su sola presencia. Yo me acuerdo que hace muchos años, uno veía un policía uniformado en la calle y era una persona que infundía respeto, seguridad, y tranquilidad a la gente. Creo que en esto los medios de comunicación y ciertas instituciones tienen mucho que ver porque han contribuido a que la sociedad no crea en la policía y en ninguna fuerza de seguridad. Hay que tener en cuenta que acá sucede como en todos lados: uno tiene buenos y malos funcionarios, buenos y malos jueces y buenos y malos policías. No se puede generalizar.

Dju: ¿Que opina de la modificación del Código Procesal Penal, otorgándole mas atribuciones a la policía?

SR: En realidad, no es que le de mayores facultades. Yo creo que la policía recuperó parte de las facultades que había perdido cuando se derogaron los edictos policiales. Lo importante acá es lo siguiente: si el policía tiene un marco legal dentro del cual moverse, se le puede brindar mayores facultades, en la medida en que las aplique legalmente. Si el policía traspasa esa barrera será pasible de las sanciones disciplinarias y penales que correspondan. Ahí tiene que estar el juez para velar que la policía no traspase esa barrera. Pero siempre hay que darle un marco operativo a las fuerzas de seguridad. Hoy por hoy tenemos una policía que no está profesionalizada, que no está bien paga, que está menospreciada por la sociedad y atacada por la prensa. A estos policías, con cuatro meses de instrucción ya los ponen en la calle. Son carne de cañón. A veces tienen que pagarse las municiones para hacer las practicas de tiro. Es gente que, o está por vocación o está porque fue lo primero que encontró para tener un ingreso fijo. La corrupción en la policía no esta en las bases policiales. Si hay corrupción, es una corrupción organizada y hay que denunciarla concretamente. No hay que tirar un manto de sospecha generalizado sobre toda la institución policial.

Dju: ¿Usted cree que antes de esta modificación en el Código Procesal Penal la policía estaba atada en sus tareas de prevención?

SR: Creo que cuando se derogan los edictos se produce un desmedro en sus atribuciones. Doy un ejemplo muy burdo: un edicto por ebriedad. Una persona que estaba ebria, tirada en la calle, era llevada de ese lugar por la policía porque puede ser un foco de alteración del orden. Cuando se les quita esa posibilidad de intervenir, uno puede tener una persona ebria, cruzada en la puerta de acceso de su casa y, en la medida que no altere el orden, la policía no puede hacer nada. Yo pregunto, ¿qué está bien y que esta mal?. Me parece que siempre se debe usar el sentido común y tener lógica jurídica. Hay que instruir a la policía y si cometen excesos, deben responder por esos excesos. Para eso está el juez.

Dju: En un reportaje que realizó Diariojudicial.com al comisario Santos, este dijo que las nuevas atribuciones otorgadas a la policía le iban a hacer menos cómoda a tarea a los delincuentes, porque la policía pasaba a contar con nuevas herramientas...

SR: A mi me gusta hablar con nombre y apellido. Yo no estoy de acuerdo con la forma operativa que implementó Santos en la Policía Federal. Creo que es un buen jefe de policía, pero tiene una gran falencia a nivel operativo. La policía que la sociedad requiere no es una policía de laboratorio ni de gabinete, sino que es una policía para prevenir la comisión de los delitos. Me parece que hoy por hoy, no sé si el Ministerio de Interior o la Jefatura de la policía Federal, se acordaron un poco tarde de esto y le dieron prioridad a otras áreas, cuando en realidad tendrían que haber reforzado el tema de la prevención. Con esto quiero decir: profesionalizar la fuerza, mejorar los sueldos y mejorar el equipamiento. Hasta hace muy poco los policías tenían que comprar su propio chaleco antibalas porque no se los suministraban. Esto en el marco de una delincuencia mucho mas profesional, mas violenta y mejor armada. Mi pregunta es, ¿esto es casual? Al que tiene la responsabilidad en el tema, ¿le interesa tener una policía profesional y eficiente? Yo creo que las cosas no ocurren por casualidad. Tomemos un caso concreto: El problema inmigratorio. Le cuento mi experiencia en el juzgado. Los inmigrantes peruanos, hasta hace unos años, eran "scruchantes" (arrebatadores que no usan armas en la comisión de los delitos). Ahora, desde hace mas de un año integran bandas armadas junto con argentinos. En las villas, el peruano maneja el tema del trafico de cocaína, el paraguayo, en cambio, maneja la marihuana. Ahora yo digo, ¿dónde está la Dirección Nacional de Migraciones? No hay una política inmigratoria. Cuando un juez quiere pedir los antecedentes de una persona que ingresó al país, se encuentra con qué la mitad son ilegales y después cuando vienen las elecciones, les hacen sacar el documento nacional de identidad para que puedan votar y ya con eso tienen radicación en el país. Creo que se tiene que ser mas estricto en este punto.

Dju: ¿Usted observa mucha participación de extranjeros en la comisión de delitos?

SR: Si, cada uno con sus modalidades. Por ejemplo, el paraguayo es un poco violento, dado a los hechos de sangre con armas blancas...

Dju: Le pregunto porque cuando se hacen afirmaciones como las que usted hace, algunas voces se alzan hablando de persecuciones contra los extranjeros...

SR: Aquí no hay persecuciones ni discriminaciones. Yo aplico la ley por igual a todo el mundo. Se ven los antecedentes de la persona, cuanto hace que está en el país, si tiene arraigo o no, si está o no documentado y se evalúan los antecedentes del caso. La ley es pareja para todos. Yo no creo mucho en las estadísticas sino en el trabajo que hago y veo todos los días en el juzgado. Uno observa la proliferación de hechos donde interviene gente que no esta legalmente ingresada al país y que está indocumentada. Esto es simplemente observar y comparar.

Dju: Relacionado con el tema de la inmigración, usted preside la Comisión de Mercosur de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que organizó el Iº Encuentro de jueces argentinos y brasileros en el ámbito del Mercosur. ¿Cuál fue el objetivo de ese encuentro?

SR: Hubo un encuentro anterior en marzo, en Brasil. Ahí participaba Argentina, Brasil y México, que tienen sistemas judiciales parecidos. Yo integré de uno de los módulos en que se dividió el trabajo y, posteriormente, hablamos de hacer este encuentro sobre el Mercosur. Estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Julio Nazareno, los ministros Antonio Boggiano y Guillermo Alberto López; el presidente del Colegio de Escribanos, Augusto Braschi, el presidente del Superior Tribunal de Justicia del Brasil, ministro Costa Leite; el representante especial del Presidente de la República del Brasil para asuntos del Mercosur, embajador José Botafogo Gonçalves y el embajador Adolfo Libert Westphalen, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, entre otros. La idea fue reflexionar sobre los hechos cotidianos que hacen al Mercosur y ver cuales serían las vías de solución de controversias. En definitiva, se trata de que los magistrados de los distintos países nos conozcamos más y mejor.

Dju: La adopción del proceso oral en materia penal, que se planteó en su momento como un gran avance en pos de lograr una mayor celeridad en los juicios, ¿cumplió con ese objetivo?

SR: Yo creo que si. Habría que perfeccionarlo un poco más, pero creo que es positivo. Lo cierto es que el delito se ha incrementado tanto que los tribunales orales se van ver saturados, si ya no lo están. Hay hechos que ni siquiera tendrían que llegar a la justicia penal. Hoy por hoy estamos interviniendo en casos de amenazas vecinales, tipo "si seguís colgando ropa en mi terraza te voy a pegar un tiro", es decir, amenazas coactivas. Esas cosas podrían tener una solución intermedia como la justicia vecinal o la mediación, en vez de llegar al juzgado penal, que está para investigar temas más importantes.

Dju: Hubo un proyecto para poner en marcha un programa de mediación penal en el ámbito del fuero criminal y correccional, pero la Cámara lo rechazó. ¿Esta de acuerdo con ese proyecto? ¿Con la legislación actual, puede implementarse un sistema de mediación para los delitos de acción pública?

SR: Creo que para los delitos de acción publica no es posible la mediación, con el actual marco legal. Habría que modificar el Código. Pienso que sería importante una reforma legislativa en este sentido. Pongamos por ejemplo el caso del administrador del consorcio, donde el consorcio lo que quiere es recuperar la plata que se administró fraudulentamente, para así poder saldar las cargas sociales y las deudas que no pagó. Al consorcio no le interesa mandar preso al administrador, sino recuperar el dinero. Ese sería un caso perfecto para mediación y hay muchos casos de este tipo en los juzgados de instrucción. Pero hoy por hoy, lo único que se hace es implementar parches legales sin buscar una solución integral.

Dju: Muchas veces se recurre a la vía penal porque se entiende que es mas efectiva que la civil...

SR: Hay toda una industria de las denuncias o querellas extorsivas que tienen como único objeto el forzar un arreglo extrajudicial. Pero los jueces se dan cuenta de eso. Con leer las dos primeras hojas de una de estas denuncias uno sabe de que se trata.

Dju: Imagino que esto debe ocurrir también en cuestiones societarias...

SR: Por supuesto, es un caso común, pero el juez no se debe prestar a esas cosas. La gente de experiencia se tiene que dar cuenta de esto y no dejar que prospere este tipo de denuncias. Hay abogados muy insistentes con pedidos de allanamientos, por ejemplo para obtener los libros de la sociedad comercial, y estos pedidos no dejan de ser actitudes de carácter intimidatorio, que no son conducentes en ese momento de la investigación. El juez debe saber decir que no corresponde esa medida y por qué no corresponde.

Dju: ¿La reciente ley que crea la Oficina NN es una solución para la tramitación de los delitos de autor desconocido?

SR: Tal como salió esta ley es un mamarracho. Estoy de acuerdo con la esencia y la intención de la ley, pero no estoy de acuerdo con la formula adoptada. Es un mamarracho que salió entre gallos y medianoche. Ahora no saben como afrontar lo que se viene. Se tendría que haber hecho algo mas organizado, con la fiscalía y el personal ya designado con anticipación. Por ahora crea mas problemas que soluciones. Es otro parche mas. Si la idea es avanzar a un proceso mas garantista, entonces reformemos íntegramente el Código y que los jueces queden como jueces de garantías y los fiscales asuman la titularidad de la acción penal y hagan la instrucción. Pero no hagamos estos híbridos que no contribuyen a nada. La gente lo que quiere es una respuesta, quiere que las cosas se hagan mejor y mas rápido. Si en vez de tener los jueces los casos de NN, los tienen los fiscales y el nivel de eficiencia es el mismo, entonces no hay ninguna solución para la gente. Hoy por hoy si la justicia penal no sucumbió, es gracias al esfuerzo sobrehumano que hace el personal de los juzgados. Yo ingresé en 1973 a la justicia y en ese momento existía la misma cantidad de empleados por juzgado que ahora, con la diferencia de que el delito creció de manera exponencial.

Dju: Algunos jueces de instrucción se quejan del sistema de subrogancias porque consideran que el tiempo en que subrogan a un juzgado vacante es muy corto y las causas van pasando de mano en mano y no se avanza en la investigación. ¿Cuál es su opinión?

SR: Lo ideal sería que el Consejo de la Magistratura actuara con mas celeridad para cubrir las vacantes. En la Cámara se está trabajando en un proyecto para hacer las subrogancias un poco más largas. Ahora son de dos meses y se las quiere llevar a cuatro.

Dju: ¿Usted se sintió presionada por la prensa o la opinión publica, a la hora de tomar una decisión judicial?

SR: A mi no me presiona nadie. No lo digo por soberbia. Simplemente creo que un juez penal no debe dejarse presionar por nadie. Un juez penal no puede ser vulnerable.

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