El gorila de Grondona...
Por Anti - Grondona - Monday, Oct. 18, 2004 at 8:28 PM

No es nada nuevo ni sorprendente que el gorila de Mariano Grondona hable al pedo de los años setenta (no olvidemos que en esos tiempos publicó diversos artículos, bajo un seudónimo, adorando la represión militar), pero veamos qué dice ahora...

¿De una Corte menemista a otra setentista?

En enero de 1992 el presidente Menem promulgó la ley 24.043, que otorga indemnizaciones a todos aquellos que fueron ilegalmente detenidos por el régimen militar de 1976-1983. Posteriormente se extendió este beneficio a quienes después de detenidos se hubieran exiliado, así como a familiares de desaparecidos.

En el año 2000, el Gobierno rechazó el reclamo de la señora Susana Yofre de Vaca Narvaja, madre de Fernando Vaca Narvaja, para que se le extendieran los beneficios de la indemnización por haberse exiliado en 1976 junto con 26 familiares. Como la solicitante no había sido detenida previamente ni su hijo es desaparecido (fue indultado y hoy trabaja en Buenos Aires, al frente de una gomería) el gobierno de De la Rúa entendió que la ley 24.043 no se le aplicaba. Ante el reclamo judicial de la señora de Vaca Narvaja, la decisión de De la Rúa fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal.

La señora de Vaca Narvaja apeló entonces ante la Corte Suprema de la Nación, que por fallo unánime acaba de revocar la sentencia de la Cámara, concediendo indemnización a la solicitante. La Corte se fundó en el supuesto espíritu de la ley 24.043 ya que no en su letra, que no contemplaba para casos como el suyo indemnización alguna. Al extender las indemnizaciones a los exiliados y sus familiares durante el régimen militar aunque no hubiesen sido detenidos ni fuesen familiares de desaparecidos, se estima que la Corte ha abierto la posibilidad de que entre 200.000 y 500.000 personas que alegan haberse exiliado entre 1976 y 1983, puedan reclamarlas.

Premios y castigos

No bien asomaron las posibles consecuencias del fallo de la Corte, hubo cálculos sobre su costo eventual, ya que el Estado debería afrontar indemnizaciones de varios cientos de millones de pesos.

Pero la cuestión no es ésta, ya que si el fallo es considerado justo, ningún cálculo financiero debería impedir su aplicación. La cuestión de fondo es, entonces, esta otra: ¿estamos ante un fallo ecuánime, equilibrado, sobre la década de los setenta?

Se dirá que el reciente fallo de la Corte no ha hecho más que ampliar los alcances de una ley aprobada en plena década de los noventa. Pero tanto en el gobierno de Alfonsín como en los de Menem, De la Rúa y Duhalde, se tendía a perdonar los delitos aberrantes cometidos tanto por el terrorismo subversivo como por el terrorismo de Estado. Alfonsín eximió de pena a los oficiales de las Fuerzas Armadas que alegaban "obediencia debida". Menem amplió este criterio al indultar simultáneamente a terroristas y a militares. La idea del doble perdón se mantuvo hasta en la presidencia de Duhalde, que completó la lista de indultos de Menem con algunos casos más.

Quiere decir que, de 1983 a 2003, el país asistió por fases sucesivas a una verdadera amnistía que enviaba al olvido todas las aberraciones de los años setenta. Este criterio cambió radicalmente a partir de la actual etapa de gobierno, en la que no sólo se ha agravado mediante diversas leyes la situación de uno de los bandos en lucha durante los años setenta, sino que también se ha promovido la fundación de un Museo de la Memoria que exaltará al bando guerrillero en las 17 hectáreas que ocupaban los institutos navales de enseñanza en torno de la ESMA. Ahora, a través del fallo de la Corte, no sólo se perdona, sino que también se compensa monetariamente a los familiares de uno de los terroristas más sangrientos de nuestra historia.

Entre 1970 y 1978, Fernando Vaca Narvaja promovió los asesinatos del teniente general Aramburu, de numerosos empresarios, del dirigente sindical José Rucci, del jefe de la Policía Federal Cesáreo Cardoso y de Paula, la hija de 15 años del almirante Lambruschini, sin mencionar otros atentados de gran impacto, como el secuestro de los hermanos Born.

Mientras tanto, también se ha aprobado la nulidad de las leyes de obediencia debida y todo amparo de no retroactividad para las leyes que ahonden las condenas de los jefes y oficiales militares de los años setenta. A partir de 2003, pues, en tanto los simpatizantes de la guerrilla que manifiesten haberse exiliado podrán recibir compensaciones monetarias, cualquier militar que haya participado en la represión será perseguido hasta su tumba.

¿Este criterio responde a la imagen que siempre hemos tenido de la Justicia como una diosa que sopesa los platillos de una balanza con los ojos vendados? Adam Smith definió a la justicia como "un sentimiento de venganza que sólo se canaliza en cuanto sea admisible para un espectador imparcial". El sentimiento de venganza, sin duda, sigue entre nosotros. ¿Adónde encontrar, empero, al "espectador imparcial"?

La nueva Corte

Aunque no lo aprobemos, podríamos comprender que en el Gobierno prevalezca un sentimiento de venganza por lo que pasó en los años setenta. A todo gobierno, después de todo, lo alienta un impulso político y, como tal, subjetivo y cambiante. Si entre 1983 y 2003 predominó un ánimo de amnistía, no podría admirarnos que este ánimo reparador haya sido sustituido por un ánimo contrario que, por ser político, no resultará necesariamente duradero.

Que la Corte Suprema prosiga con la idea de castigar hasta el fin a unos y compensar a otros por lo que pasó hace treinta años es, sin embargo, doblemente grave. Lo es, primero, porque la nueva Corte, recién constituida, podría mantener su criterio mucho más allá del actual período presidencial.

Lo es, además, porque la nueva Corte, que nació entre declaraciones oficiales de que respondería a un criterio de impecable imparcialidad, ha aprobado por unanimidad la doctrina unilateral que sustenta. En la nueva Corte se sientan tres clases de ministros. Una, cuyo representante más notorio es el doctor Zaffaroni, responde a una línea ideológica que él nunca ha negado, de tal modo que ni aun aquellos que disentimos de él podríamos atribuirle incoherencia.

Pero hay otras dos clases de ministros. Están, primero, nuevos ministros como la doctora Highton de Nolasco, que fue presentada como ideológicamente neutra y que sin embargo adhiere una y otra vez a Zaffaroni. Y están, además, los antiguos ministros Petracchi, Belluscio, Fayt y Boggiano que, durante los años noventa, habían adherido a posiciones contrarias a las que ahora sustentan. ¿Es que se han convencido sinceramente de sus supuestos errores de ayer? ¿O es que, pendiendo sobre ellos la espada de Damocles del juicio político que cayó sobre cuatro ministros y que todavía pende sobre el doctor Boggiano, esta amenaza vulnera su independencia?

La justicia es la venganza sólo cuando resulta admisible para un espectador imparcial. ¿Podremos apelar ahora a la imparcialidad de la nueva Corte? ¿Podremos esperarla del nuevo miembro que se anuncia, el doctor Ricardo Lorenzetti, quien llegará a la Corte de la mano de la senadora Fernández de Kirchner? Sólo cabe desear que los miembros de la nueva Corte comprendan finalmente que lo que de ellos espera el país no es la coincidencia con los poderes políticos del momento sino una verdadera declaración de independencia tal como la Argentina no ha conocido desde 1947, cuando el gobierno de Perón echó a cuatro de los cinco miembros de la Corte Suprema por haber cometido el pecado de indocilidad.

Por Mariano Grondona

agrega un comentario