Finaliza juicio contra la CAM en Temuko
Por Fuente: Kolectivo Lientur - Saturday, Nov. 06, 2004 at 2:53 PM

Las contradicciones de la justicia

Después de más de 3 semanas de exposiciones, el juicio, en contra de 8 personas acusadas de formar una asociación ilícita terrorista llega a su fin. El día viernes 29 de octubre, la defensa terminó la presentación de sus pruebas, clausurando la etapa de presentación tanto de parte de la acusación como de la defensa. El día martes 2 de noviembre, se reanudara la audiencia en el tribunal oral de Temuco, con los alegatos de clausura, después de los cuales los imputados podrán usar su derecho a hablar ante del tribunal. La corte se retirara para tomar su decisión que podría será anunciada el mismo día.
Por Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas / 1 de noviembre de 2004

El juicio estuvo inserto en un inusual clima de tensión, la ininterrumpida presencia de contingente policial y de seguridad dispuso que a la entrada del tribunal en el estacionamiento hubiese de 5 a 8 carabineros haciendo controles de identidad y revisando bolsos, con detectores de metales manuales, algunas veces escribiendo el nombre de los asistentes al juicio y su proveniencia, luego en la puerta del tribunal la seguridad privada: un detector de metales, y detectores manuales (otra vez). La audiencia quedaba en el cuarto piso, sin embargo, por esta ocasión el ascensor sólo podía llegar hasta el piso tercero donde habían guardias vigilando el ascensor, luego por las escaleras un piso y se llega a la entrada: tres guardias más.

La tesis planteada al principio del juicio por la parte acusadora (Ministerio Publico, Ministerio del Interior, Municipalidad de Temuco y Forestal Mininco S.A) se ha rendido poco a poco, y de los 150 testigos y peritos previstos, menos de la mitad fueron presentados.

De los 44 testigos "sin rostros" previstos, solamente una quincena se presentó. En cuanto a los testigos que comparecieron a lo largo del juicio, se ha podido escuchar una vez más a personas que ya en juicios anteriores habían expresado las mismas opiniones controvertidas, entre los “connotados” asistieron Agustín Figueroa, Jorge Luchsinger y Osvaldo Carvajal, como también personal de carabineros, que abarca desde generales, hasta cabos 1º, personal de la Policía de Investigaciones y miembros de comunidades que ya habían sido testigos en otros juicios relacionados al denominado "conflicto territorial mapuche".

Los testimonios entregados por la mayoría se relacionaron a hechos ya resueltos por otros tribunales, o que no tenían ninguna relación con los imputados presentes, por ejemplo los conocidos atentados a la propiedad de Jorge Luchsinger, sin embargo, ya existen personas procesadas por este caso que no se encuentran imputadas en este juicio, y ninguna de las personas presentes tienen alguna relación con el caso.

Varios de los delitos mencionados durante el juicio son causas en las cuales no se ha encontrado autores, e incluso, los entonces imputados han sido absueltos, destacando solamente la existencia de un supuesto "modus operandi" que seria propio a gente vinculada a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Por ejemplo, en una declaración de un testigo, el Mayor de Carabineros Hernando Hevia, expresó que al momento de participar en operativos tendientes a reestablecer el orden público, reconoció que se trataba de “gente de la CAM” puesto que gritaban consignas en mapudungun (marichiwew) y estaban encapuchados.

Si bien es cierto que algunas pruebas testimoniales y materiales incriminaron de manera parcial a los imputados presentes, estas se relacionaban a delitos menores (maltrato de obra a carabineros, desorden publico, robo o hurto), o incluso incendios, pero que nada tienen que ver con terrorismo y que como se mencionó, ya habían sido investigados por otros tribunales, ya sea que terminaran con sentencia condenatoria o absolviendo a los involucrados.

A pesar de la postura confiable de los fiscales y abogados querellantes, se ha podido observar testimonios incoherentes y contradictorios de parte de funcionarios de policía como de la empresa forestal. Es el caso del testimonio de un jefe de la BRIGADA DE RESGUARDO PATRIMONIAL[1] de la empresa Forestal Mininco y de guardias forestales, Gustavo Aranela, afirmó haber visto a uno de los imputados, Jorge Huaiquin, en una recuperación de tierra en una fecha en que éste se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario de Nueva Imperial por una causa en la cual fue absuelto.

En cuanto al testimonio de un testigo condenado por estafa y receptación, y actualmente recluido en el Centro Penitenciario de Villarica, y que genero diversas reacciones tanto del publico asistente al juicio como de los imputados y su defensa, declarando en relación con la supuesta intención de la CAM de "hacer volar el centro de Temuco por medio del derrame de combustible en las alcantarillas”, luego de escuchar a otro recluso -que no es imputado en esta causa- comentarle las intenciones de la organización. Posteriormente la defensa en el contra interrogatorio le pregunto irónicamente si era al estilo de la película norteamericana "Duro de Matar III", desatando la risa generalizada obligando al presidente del Tribunal establecer el orden en la sala.

Sin embargo, a pesar de su poca credibilidad, este testimonio provocó impacto en la prensa nacional y regional (diario electrónico El Gong, la Tercera electrónica[2] y el matinal de Canal 13) que ha reproducido de forma distorsionada su declaración haciéndolo aparecer como un hecho cierto e incuestionable. Asimismo, el Alcalde de Temuco dio fe de esta denuncia, que lo llevó según la versión de su abogado en el juicio, a hacerse parte en esta causa.

Lo más grave de esta situación tiene relación con el testimonio del General de Carabineros, Gustavo Castro Arriagada, quien fuera el prefecto de la provincia de Malleco, y quien decidiera, según su propio testimonio, proceder a la detención de los imputados en el año 2002, luego de tomar conocimiento de dicha amenaza. Cuestión que fue ratificada por el alcalde de Temuco Rene Saffirio en el juicio mismo y en diferentes medios de prensa. Sin embargo, la carta del reo con la cual se enteró tanto el alcalde como el general, posee un timbre de Carabineros con una fecha 9 de diciembre del 2002, en tanto que el operativo se desarrolló en la madrugada del 4 de diciembre 2002.

Por otra parte, la mayoría de los testimonios de testigos protegidos fueron inusualmente similares, afirmando ser afectados por el "clima de temor" que se ha desarrollo desde el momento que apareció la supuesta "asociación ilícita terrorista". Sin embargo, la mayoría de los testigos fueron contrastados con sus declaraciones anteriores ante la fiscalía, contradiciéndose ante la defensa en el momento del juicio.

Todos apuntaban a hacer creer que se ha generado una situación de terror en la novena región desde el año 2001, debido a las acciones de reivindicación territorial. Se habló bastante de la presencia de armas en las comunidades (un testigo comento que había oído de la presencia de armas M-16), se mencionaron vinculaciones con grupos terroristas de otros países (ETA, FARC… etc.), de paginas web sin autoría promoviendo el terrorismo, de la participación de políticos reconocidos como Alejandro Navarro a hechos delictuales de la CAM. Aunque finalmente no se relacionó ningún hecho concreto que se pueda tildar de terrorismo con los imputados, entendiéndolo como un atentado eminentemente hacia la vida, la libertad personal o la integridad física (véase informe HRW-Observatorio). Tampoco, se ha podido mostrar la existencia de una asociación reuniendo a los imputados, vistos que la mayoría de estos no se conocían antes de su detención y procesamiento hace ya casi 2 años.

Son los propios "expertos" y personal de inteligencia de la parte acusadora quienes contradijeron la tesis central que sustentó la fiscalía por casi 2 años, que daba cuenta de la existencia de una organización llamada Coordinadora Arauco Malleco, cuya estructura seria piramidal. Esto fue negado por sus propios testigos y expertos, quienes hablaron de una organización formada de células "independientes" con una estructura horizontal (al estilo "Al Quaeda"). Ya en la acusación, la fiscalía había modificado su imputación, y se refirió allí a una organización "al amparo de la CAM", es decir distinta de la CAM, Y aunque es de público conocimiento que la CAM se formó en 1998 en la octava región –incluso existe una investigación en el Tribunal de Cañete- la organización que se persigue en este juicio se relaciona a delitos que han ocurrido en la novena región desde 2001.

Con todo, todas las pruebas que se presentaron se referían precisamente a la CAM, y a ninguna otra organización. La página web, era la página de la CAM; los testigos hablaron de haber escuchado la llegada de gente de la CAM, no de otra organización; la policía habló de haber hecho seguimiento y conocer el “modus operandi” de la CAM, no de otra organización; el video exhibido con el testimonio de José Huenchunao, se refería a la CAM, no a una organización al amparo de ella. En definitiva, no hay prueba alguna que demuestre la existencia de una organización distinta de la CAM con jefes, cargos, funciones… etc.

La defensa en el momento de presentar sus pruebas señalaron la anterioridad y la legitimidad de las reivindicaciones territoriales mapuche que ya han sido "reconocidas" por el mismo estado chileno (cf. Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato), e insistieron sobre el carácter relativo y fabricado de los testimonios presentados por el Ministerio Publico y los querellantes particulares. En este sentido, la exposición del antropólogo, Rosamel Millaman, acompañado de un video grabado el año pasado durante un allanamiento de la comunidad de Rofue -de donde proviene- ha sido significativo. Muestra como es fácil maquillar la realidad cuando se trata de allanar a una comunidad indígena, mostrando la diferencia entre la versión oficial emitida por las fuerzas policiales ("fuimos atacados por mapuches armados") y la situación registrada en el video donde se ve a los carabineros agrediendo a personas mapuche indefensas. Estos tipos de testimonios hacen reflexionar sobre quién hoy en día esta provocando el temor de la población de las comunidades y sobre cómo se construye aquel temor que es de publico conocimiento.

Si bien el público asistente ha sido bastante escaso en este juicio anti-terrorista, se ha podida constatar la presencia de los familiares de los imputados como también de distinguidas personalidades como Roberto Garretón, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Jaime Valdés representante de la Asociación Americana de Juristas, el observador de Human Right Watch Sebastián Brett, así como también la presencia del ministro de la Corte Suprema, Nibaldo Segura, que ya en oportunidades anteriores ha tenido protagonismo en juicios en contra de mapuche (cf. Informe HRW-Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas)

La ausencia de pruebas tangibles y las incoherencias de la acusación no parecen haber favorecido completamente a la defensa debido a la fuerte presión que existe hoy en día por condenar a los imputados. Efectivamente, aunque aparece claramente que esta sensación de "temor" -mencionada durante el juicio- es en gran parte provocada por la prensa, algunos particulares con intereses económicos en el conflicto territorial y las autoridades políticas, no obstante puede constituir un argumento que legitime una decisión de los tribunales para intentar terminar con el "denominado conflicto mapuche" como se ha desprendido de fallos anteriores en contra de mapuche (caso de los longkos y Poluco Pidenco).

Pese al rechazo de diferentes organismos de defensa y promoción de derechos humanos, tanto de Chile como del extranjero a la aplicación de la ley antiterrorista y a la Criminalización de la demanda mapuche[3], así como informes provenientes del mismo estado chileno[4] en relación a quien esta pagando los costos y quien verdaderamente infunde este temor, es posible y probable que los 8 imputados paguen los costos de este contexto nacional, que no tiene nada que ver con la lucha internacional en contra del terrorismo, aunque esta última idea ha exacerbado la permanente existencia de presiones políticas y económicas, a la cual los operadores de la justicia chilena no han estado nunca ajenos.

NOTAS:

[1] Dicha brigada de resguardo patrimonial de la empresa forestal, actuaría frente a las movilizaciones mapuches reconociéndose en el transcurso del juicio el porte de armas de fuego, así como perros rodwailer.

[2] sorprendentemente este medio público la noticia en su sitio web a la misma hora que declaraba el testigo, por lo que debemos suponer que la fiscalía informó a la prensa con anterioridad, acerca de este testimonio.

[3] Al respecto, desde el mismo relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, el Informe de la FIDH del año 2003, Human Rights Watch, el Programa de Derechos Indígenas-IEI-UFRO, y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. Han puesto la voz de alerta y denunciado con contundentes informes la descontextualizada aplicación de legislación especial y la persecución política que han sido objeto comuneros mapuche que reivindican derechos colectivos, consagrados en la legislación internacional.

[4] El “informe de intervención-diagnostico..” emanado en agosto del presente desde el servicio de salud Araucanía norte, unidad de psiquiatría, del hospital de Angol, es el mejor ejemplo que da cuenta de las secuelas psicológicas irreversibles generadas en los miembros de las comunidades producto de la acción de agentes del estado (carabineros, jueces, fiscales) que han sido los encargados de dar cuenta de este nuevo trato impulsado por la actual administración para relacionarse con los indígenas de Chile.

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