Corrupción gremial -60millones
Por Reenvío -La Nación hoy - Friday, Jan. 28, 2005 at 2:28 PM

En el sumario consta también una cámara oculta ordenada por la Justicia que registra una conversación entre Manusovich y Juan Carlos Martelletti, de Obras Sanitarias, en la que ambos hablan de una futura entrega de un millón de pesos a Cano y en la que el representante de Osffentos advierte sobre lo inconveniente de que el tema se publique en la prensa. "Menos mal que no la tocó nadie y aparte se han movido influencias para que no sigan jodiendo con esto", dijo.

Indagaron a gremialistas por una operación millonaria
Urso investiga una aparente estafa denunciada por la Oficina Anticorrupción
En 2000, las obras sociales sindicales recibieron 60 millones para dar cobertura a monotributistas, pero no hubo ninguna contraprestación
En total hay 20 imputados

El negocio parecía tan redondo como los siete ceros del monto de la presunta estafa: 60.000.000 millones de pesos(1$=1dólar) se habían acumulado en una cuenta del Estado, de a poco y en silencio, sin que nadie los reclamara como propios.

Pero en noviembre de 2001 la Oficina Anticorrupción (OA) lo denunció ante la Justicia, y hoy el juez federal Jorge Urso analiza la situación procesal de siete de los principales líderes sindicales del país, a los que terminó de indagar en diciembre último por el presunto delito de malversación de fondos públicos.

Declararon como imputados Gerardo Martínez (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), Gerónimo Venegas (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y la Estiba), Juan José Zanola (Asociación Bancaria), José Santa María (Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal), José Segalotti (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos), Angel García (Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina) y Luis Cejas (Federación Unica de Viajantes de la Argentina), informó a LA NACION un funcionario judicial que interviene en el expediente.

La operación se concretó en diciembre de 2000. El dinero lo habían aportado alrededor de 500.000 monotributistas, a quienes, desde abril de ese año, se les habían descontado de manera compulsiva 20 pesos por mes para que tuvieran una cobertura médica. Pero como no había existido una campaña de difusión adecuada el 90% no había optado por ninguna de las obras sociales registradas. Y, al no estar inscripto, no había podido usar los servicios por los que había pagado.

El 22 de diciembre, el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el radical Rubén Cano, decidió, mediante la resolución 376/00, repartir el dinero acumulado: los 60 millones se distribuyeron entre ocho obras sociales sindicales. Ninguna de ellas había prestado los servicios por los que era recompensada. Todas recibieron millones de pesos a cambio de nada.


"Sistema solidario"

Dos de los sindicalistas indagados negaron irregularidades, argumentaron que las obras sociales son un sistema solidario y que el dinero recibido fue o será usado para la mejor atención de los afiliados. "De no haberse repartido, la plata habría quedado en la Superintendencia. Así, en cambio, ayudó a que las obras sociales pudieran afrontar las prestaciones futuras", dijo a LA NACION Venegas, secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas.

Santa María (Suterh) explicó que la obra social que él preside puso los fondos que le dio la SSS, unos 3.000.000 de pesos, en un plazo fijo del Banco Nación para usar en caso de emergencias. "Puede servir para cubrir los gastos en un caso en que ni la SSS ni la obra social lo puedan cubrir", expuso.

LA NACION se contactó con los encargados de prensa del resto de los gremios involucrados, pero sus líderes no fueron ubicados.

Además de los siete sindicalistas, fueron indagados Cano -un dirigente poco conocido que llegó a la SSS por gestión del entonces ministro de Salud, Héctor Lombardo- y otras doce personas. Entre ellas Rubén Manusovich, presidente de Fedecámaras, una federación de pequeños comerciantes de todo el país cuya obra social recibió 5.500.000 pesos en la operación denunciada.

Para Manusovich es claro que hubo una maniobra corrupta. "El sistema en sí mismo fue perverso. Nadie tuvo el padrón de beneficiarios hasta el último día hábil de 2000 y después todos cobraron por eso. Si se reparte el dinero por nada a cambio es recontracorrupto", dijo.

-Pero Fedecámaras fue una de las obras sociales beneficiadas -replicó LA NACION.

-Nosotros no queríamos quedarnos con el dinero, pero tampoco queríamos que fuera a Osffentos [la obra social de Obras Sanitarias que contrató Manusovich para prestar el servicio]. Ibamos a pedir instrucciones a la SSS para ver qué hacíamos con eso -explicó.

La OA comenzó a interesarse en el caso a mediados de 2001, debido a confusas denuncias cruzadas entre Manusovich y funcionarios de la Superintendencia.

La SSS denunció al presidente de Fedecámaras por irregularidades en el manejo de fondos provenientes del aporte de 20 pesos de los pequeños contribuyentes. Luego, Manusovich denunció que los directivos de Osffentos lo habían obligado a entregarles los fondos que la SSS había distribuido.

En el sumario consta también una cámara oculta ordenada por la Justicia que registra una conversación entre Manusovich y Juan Carlos Martelletti, de Obras Sanitarias, en la que ambos hablan de una futura entrega de un millón de pesos a Cano y en la que el representante de Osffentos advierte sobre lo inconveniente de que el tema se publique en la prensa. "Menos mal que no la tocó nadie y aparte se han movido influencias para que no sigan jodiendo con esto", dijo.

Por Gabriel Sued

De la Redacción de LA NACION


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Una causa de 60.000.000 de pesos

Manusovich -El presidente de Fedecámaras, también indagado, afirmó que la operación fue "recontracorrupta" y que el sistema es "perverso".

Venegas -El titular de las 62 Organizaciones dijo que las obras sociales son un sistema solidario y que el dinero se usa para mejorar los servicios.

Zanola -Fueron indagados como imputados el líder del gremio bancario, además de Martínez, Venegas, García, Cejas, Segalotti y Santa María.

Urso -El juez hizo allanamientos e indagó a sindicalistas y al superintendente de Servicios de Salud durante el gobierno aliancista, Rubén Cano.

Link corto: http://www.lanacion.com.ar/674786

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