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DECLARACIÓN DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN DE LA UBA
Por reenvío agencia walsh -
Friday, May. 27, 2005 at 10:17 AM
DECLARACIÓN DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN DE LA UBA ANTE LA POLITICA COMUNICACIONAL DEL GOBIERNO NACIONAL
El viernes 20 de mayo, sorpresivamente y sin que mediara ninguna
discusión ni reclamo público, el gobierno nacional sancionó el
Decreto 527/05. De esta manera los actuales
propietarios de medios se ven beneficiados por una medida que
suspende el cómputo de los plazos que la ley otorga de quince más
diez de prórroga por única vez extendiendo por otros diez el término
original.
Ante esta decisión, que supone la definición de una línea de
política comunicacional de parte del gobierno acorde a los intereses
de los propietarios de medios de comunicación, la Dirección y la
Junta de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires rechazan y
deploran la sanción del Decreto 527/2005 por los siguientes motivos:
- Una vez más, la política de comunicación se resuelve por
decreto sin discusión pública. Mientras la ley de radiodifusión
22.285/80, sancionada por la dictadura militar, sigue vigente y
excluyendo de la posibilidad de ser propietarios a gran parte de los
miembros de la sociedad argentina (en particular a las
organizaciones sin fines de lucro). El gobierno otorga un beneficio
inaudito a los propietarios de medios de comunicación que formaron
grandes grupos concentrados durante la década de los ´90.
- Así, por decreto, se ignoran plazos y condiciones de
extensión de los mismos, debido a que para su prórroga se requiere
el cumplimiento de compromisos asumidos por los licenciatarios.
Tampoco se toman en cuenta las sanciones existentes ni las
irregularidades en las titularidades que, hasta las propias
autoridades, han hecho públicas: tanto por origen del capital como
por la cantidad de medios en un área de cobertura.
- El Decreto 527/2005 beneficia especialmente a quienes tenían
licencias que vencían indefectiblemente en el año 2007, luego de 25
años, dado que habían sido renovadas automáticamente durante la
dictadura militar en 1982.
- Los beneficiarios de esta medida han sido quienes ganaron
los concursos apoyados, en muchos casos en las leyes
discriminatorias de los gobiernos militares y, en otros, en las
reformas neoliberales de la década de los años 90. En la mayoría de
los casos de los actuales titulares de los medios más poderosos, el
único mérito para llegar a ser licenciatarios ha sido contar con
fondos suficientes o créditos tomados (sobre todo en el exterior)
para comprar canales y radios.
- La metodología del decreto, aunque criticable, pudo haber
sido usada antes que para esta decisión de conservadora política de
comunicación, para modificar el artículo 45 de la ley de
radiodifusión, que sigue excluyendo a los sectores no comerciales de
la posibilidad de tener una licencia. Hace 20 años que esta reforma
es esperada. En la Argentina, la ley de la dictadura militar excluye
a las entidades sin fines de lucro de la posibilidad de ser
licenciatarios. Si bien este artículo 45 fue declarado
inconstitucional por la Corte Suprema en el año 2003, sigue vigente
porque el Congreso no aprueba su reforma. Sin embargo, para el
gobierno tiene más necesidad y urgencia de prorrogar el plazo de las
licencias de los poderosos, que permitir que la sociedad civil pueda
acceder a los medios de comunicación.
- La suspensión del plazo implica que todos los argentinos,
que hoy no son propietarios de medios de comunicación, deberán
esperar 10 años más para intentar formar parte del sistema de
radiodifusión, salvo que se abran nuevos canales de televisión y
radios.
- Algunas empresas de medios se han beneficiado -especialmente-
porque el programa de pagos de la refinanciación sus deudas excede
el término de sus licencias y, por lo tanto, no se podía asegurar su
cumplimiento. Este cambio de escenario facilita su programa
económico-financiero.
- El decreto 527/05 otorga la suspensión del plazo de las
licencias sin establecer ninguna contraprestación de parte de los
beneficiarios. Es irrisorio pedir al mercado que haga propuestas de
responsabilidad de contenidos y culturales. No sólo porque la
Constitución Nacional (art. 75 inc. 19) obliga a promover el espacio
audiovisual nacional y la ley vigente ya lo exige y no se cumple
sino, también, porque la defensa de los servicios y productos de la
cultura audiovisual requiere políticas activas y definidas. No
resulta convincente plantear que los beneficiarios de esta medida
ilegal propongan como contrapartida espacios educativos. Para los
Estados, alentar la creación de estos espacios es un mandato emanado
de la Convención Universal de Derechos del Niño, así como el fomento
al pluralismo y a la defensa de la diversidad de minorías
lingüísticas.
- Es un pretexto fijar obligaciones de actualización de
tecnologías para extender los plazos. Si fuera posible considerarlo
como argumento, y con la velocidad de las innovaciones, las
licencias deberían ser eternas, desconociendo que utilizan un
recurso escaso como las frecuencias radioeléctricas, cuya
administración corresponde al Estado Nacional.
- No es tampoco aceptable sostener que esto asegura fuentes de
empleo o libertad de prensa. Los procesos de concentración no lo
hicieron. Tampoco lo garantizan las tecnologías. Sí lo hacen el
pluralismo, la diversidad y la democratización de la palabra y las
expresiones culturales y artísticas.
- Luego de este decreto, el tratamiento de una posible ley de
la democracia queda más lejos aún que antes. Los grupos concentrados
ya tienen lo que necesitaban. El Poder Ejecutivo dio muestras claras
de no estar dispuesto a discutirla: lo único que entiende necesario
y de urgencia lo resuelve con su sola y única voluntad.
Buenos Aires. 23 de mayo de 2005.
DIRECCION Y JUNTA DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
Fuente: Los 100 Periodistas
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