ETNOCIDIO PETROLERO EN BOLIVIA
Marc Gavaldà
Observatori
Transnacional
Los pueblos originarios de América Latina sufren
un proceso de acelerada e irreversible degradación cultural. La apertura de
accesos, la invasión de sus territorios y el saqueo de sus recursos son las
causas más comunes. La industria petrolera persigue los enormes yacimientos de
petróleo y gas atrapados en el subsuelo amazónico, bajo los pies de las
comunidades indígenas que sobreviven en estrecha dependencia de la conservación
de sus ecosistemas y sus valores culturales propios. Este artículo analiza los
impactos de las transnacionales petroleras sobre las poblaciones indígenas de
Bolivia, en un contexto globalizado.
1. América Latina: Tierra de Transnacionales
1.1 Ajuste Estructural
Durante las últimas décadas del Siglo XX, los organismos multilaterales de
financiamiento (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) así como los
cuerpos diplomáticos de los países del Norte (especialmente Estados Unidos)
aprovecharon la debilidad y maleabilidad de los gobiernos de latinoamérica para
imponer drásticas reformas políticas, económicas y legales. En los años 80,
América Latina recién despertaba de un oscuro trayecto dictatorial y se
precipitó a ojos cerrados a la trampa neoliberal. La sociedad no estaba
preparada para una embestida tan bien planificada y no opuso grandes
resistencias al proceso neoliberal, ya que cuajó la esperanza del anunciado
crecimiento económico que traerían las inversiones extranjeras, unido a la
reducción de la corrupción de las empresas estatales.
La dificultad del pago de la deuda externa en los países latinoamericanos,
fue el chivo expiatorio para que el Banco Mundial y El FMI, amparados por el
Consenso de Washington, actuaran conjuntamente en la imposición de programas de Ajuste Estructural con
elementos comunes en los países endeudados: una continua reducción del déficit
fiscal a la par de aumentar ingresos públicos mediante impuestos y el traspaso
obligatorio de todos los excedentes de las empresas públicas al Tesoro General
de la Nación.El segundo paso, una vez las empresas públicas
debilitadas, fue entregarlas durante la vorágine privatizadora de los años 90.
En 1995, la Capitalización de las compañías estatales bolivianas consistió
en valorar el patrimonio de las empresas y asociarse con empresas extranjeras
que invertirían ese valor en los siguientes años. En la práctica se entregó
gratuitamente las compañías públicas con sólo la promesa de inversión. Con esta
fórmula, Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolvianos ( YPFB) fue repartida entre los consorcios ENRON-SHELL,
BP-AMOCO y REPSOL-YPF por un total de apenas 835 millones de dólares.
Por otro
lado, las leyes de hidrocarburos fueron modificadas profundamente, creando
condiciones muy favorables para la inversión extranjera y debilitando el rol
fiscalizador del Estado. El impuesto a las regalías, fue rebajado en Bolivia de
un 50% a un 18% . Las regalías se pagan en base a una Declaración Jurada de las
propias compañías, de manera que las condiciones están creadas para legalizar
el contrabando.
1.2 ALCA y los Tratados de Libre Comercio
El Área de Libre Comercio de las Américas comprendería 34 países de Norte,
Centro y Sudamérica y el Caribe, exceptuando a Cuba. Con una población de 800
millones de habitantes y un PIB combinado de 12 billones de dólares el ALCA
conformaría la zona de libre comercio más grande del mundo.
Sin embargo, las ambiciones norteamericanas de aprobar el ALCA en la
reunión de Quito de 2002, se fueron diluyendo por la emergencia de presidencias en países como Brasil, Venezuela o Argentina,
que proyectan la creación de un área comercial latinoamericana. Desde el
fracaso de la Cumbre de la OMC en Cancún
2004, donde un bloque de países disidentes apodados como Grupo de los
25 se opusieron rotundamente a negociar temas clave como las exportaciones
agrícolas o las patentes, Estados Unidos ha optado por firmar tratados
bilaterales de libre comercio, algo que ya consiguió en Chile. Otros tratados
regionales como el CAFTA ( Centro América Free Trade Agreement) o el TLC-CAN (
Tratado de Libre Comercio de la Comunidad Andina de Naciones) se encuentran en
un dilatado proceso de negociación, del que varios países ya se han apartado.
De consumarse estos tratados, los
países firmantes no sólo se verán avasallados por una avalancha de productos
norteamericanos que destruiría sus industrias, también llegarán transnacionales
que recibirán el mismo trato que empresas nacionales, privatizando servicios
básicos como la educación o la sanidad. En caso de que un Estado ponga algún
impedimento a las inversiones, pongamos por ejemplo por un derrame de petróleo
o por atropellos a comunidades locales, las empresas pueden elevar el conflicto
a un Tribunal Internacional de Controversias, pudiendo exigir una compensación
no sólo por la inversión, sino también por las ganancias que tenían previstas
en el país. Esto ya sucedió cuando se expulsó la transnacional de aguas Bechtel
de Cochabamba, en la Guerra del Agua del 2000. La compañía se amparó con un
Acuerdo bilateral que tenía Bolivia con Holanda para reclamar las ganacias que
tenía previstas en el país.
A la par de los tratados comerciales, Estados Unidos, la Unión Europea y la
Banca Multilateral, están implementando una serie de iniciativas regionales
para convertir el continente en una organizada red de vias de transporte de
mercancías que comunique las zonas de extracción de materias primas (minerales,
madera, hidrocarburos...) con puertos marítimos de exportación. El Plan Puebla
Panamá en Centroamérica, la Asociación de Estados del Caribe o la Iniciativa de
Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA) crean corredores de
exportación que coinciden con las zonas más ricas de extracción de recursos.
El saqueo del continente latinoamericano tiene ya cinco siglos de trágicos impactos ambientales y
poblacionales. Ahora, con la configuración de un contexto internacional que
sobrepasa los poderes del Estado y una faraónica red de infraestructuras, las
consecuencias sobre las culturas amazónicas supervivientes puede alcanzar
niveles de destrucción irreversible.
1.3 La Petromilitarización
Estados Unidos manejó durante dos décadas un discurso de lucha contra el
narcotráfico que fue muy utilitario para extorsionar a los países andinos para
aplicar políticas que nada tenían que ver con el tema y de paso amaestrar las
fuerzas armadas nacionales al servicio de la mayor potencia mundial.
Bajo el instrumento de la Certificación, Estados Unidos calificaba a los
países que más luchaban contra el narcotráfico en base a unas reglas de juego
cambiantes, que recortaban las libertades de los ciudadanos. En Bolivia por ejemplo, la Ley Antinarcóticos1008, impuesta por la embajada de Estados Unidos,
declara en Bolivia a “toda persona sospechosa de narcotráfico hasta que no se
demuestre lo contrario”.Esta Ley ha encarcelado sin juicio a muchos campesinos
de la región cocalera del Chapare, donde operan las petroleras BP-Amoco y
Repsol-YPF.
El siguiente paso fue construir
bases militares norteamericanas en latinoamérica, algo ya consumado en El
Salvador ( Base de Comalapa), Panamá (
Base de Howard), Ecuador ( la Base de Manta), en Colombia ( en el departamento
petrolero de Arauca), en la Isla de Curaçao (en frente de Venezuela) y lo intentó
en el Chapare boliviano pero las masivas movilizaciones de 2001 lo impidieron.
La presencia militar en América Latina no responde únicamente a la
denostada Lucha contra el Narcotráfico. También persigue la protección de los
intereses transnacionales de las organizaciones sociales que se oponen a sus
operaciones. El Plan Colombia, financiado por Estados Unidos y también la Unión
Europea, tiene una particular importancia en los departamentos petroleros.
En la
imparable escalada militar, los movimientos sociales entran en el punto de mira
cuando se resisten a la realización de proyectos extractivos en sus
territorios. En la última década, Colombia perdió más de 2.000 líderes
indígenas y sindicales asesinados por el paramilitarismo, cuyos lazos con el
ejército y las propias transnacionales ha sido repetidamente demostrada.
En un
escenario global de escalada de precios de los combustibles fósiles, es
predecible una extensión de la violencia en regiones petroleras, algo que ya ha
sucedido en regiones petroleras de Ecuador y Bolivia, con la aparición de
paramilitares.
2. La
industria petrolera destruye el territorio
2.1 Impactos de la actividad petrolera
Tanto las actividades exploratorias como
productivas impactan seriamente en el ambiente. Para determinar la ubicación de
los yacimientos hidrocarburíferos, la compañía
realizará uno o varios proyectos de exploración sísmica sobre el territorio.
Esto es, abrir sendas de dos metros de ancho por unos veinte kilómetros de
longitud, donde entierran explosivos a 10 metros de profundidad cuya detonación
emiten unas ondas cuyos ecos es detectado por una línea de sismógrafos. Para
tal efecto, habrá que no sólo deforestar los caminos sino construir campamentos
móviles, helipuertos y zonas de descarga. Un proyecto símico simple puede
necesitar entre 300 y 1000 km de longitud de brechas,
200 helipuertos y mil zonas de descarga.
La exploración sísmica tiene impactos
importantes en áreas boscosas tropicales, en cuanto son nuevas vías de acceso
para la colonización, caza o tala de maderas nobles. A parte, las comunidades
originarias son ocupadas por centenares de trabajadores foráneos que irrumpen
con patrones de conducta occidentales, como la prostitución y el alcoholismo.
Ubicado el yacimiento, se iniciará la
perforación escalonada de pozos exploratorios, que de resultar positivos,
hipotecan durante lo mínimo los siguientes 30 años la vida de las comunidades
vecinas. La perforación petrolera se realiza con el sistema de Emulsión
Inversa, o sea, inyectando productos químicos ( lubricantes,
antioxidantes, biocidas y otros) en concentraciones
de 95%. Estos productos son acumulados al aire libre en piscinas de dudosa
impermeabilidad junto a los ripios de perforación, las aguas de formación
y restos de crudo. En regiones que soportan
la pluviosidad más importante del planeta, los derrames son frecuentes.
Cuando la compañía abandona el
territorio, deja tras de sí un paisaje deteriorado, deforestado y con un
historial de derrames y accidentes. Las abundantes lluvias actuan
de vectores de contaminación fluvial de cualquier charquito de productos
químicos que haya quedado al descubierto. La industria petrolera limpia en
ecosistemas tropicales no existe.
2.2 Petróleo
en áreas protegidas
En Bolivia existen 21 áreas
protegidas con una extensión de 167.417.07 kilómetros cuadrados que representan
el 15.2 por ciento del territorio nacional, que hoy se ven amenazadas por la
creciente actividad petrolera.
Esas zonas son ricas en su
biodiversidad, fauna, flora y en su territorio albergan a comunidades
originarias que en todo el tiempo han vivido en una relación de sostenibilidad con los recursos.
En total de 11 áreas
protegidas fueron invadidas por las
empresas petroleras para realizar trabajos de exploración, prospección y
sísmica. En la región amazónica, las empresas petroleras se adjudicaron tres
bloques (Río Hondo, Rurrenabaque y Tuichi) en el área protegida del Parque Madidi
y Pilón Lajas; el bloque Sécure en el Parque Nacional
Isiboro Sécure; el bloque Amboró Espejos en el Parque Nacional Amboró;
el bloque Chimoré I en el Parque Nacional Carrasco.
En la región chaqueña el Parque Nacional
Serranía de Aguaragüe ha sido concesionado a empresas
petroleras en los bloques San Alberto, San Antonio, Bereti
y Tarija Oeste. En el Parque Nacional Sama operan las petroleras en el bloque Cambarí.
A
parte, existen muchas regiones del país que no gozan de ninguna protección pero
que su inaccesibilidad las ha conservado como bosuqes
primarios no intervenidos.En el Beni,
la serranía de Eva-Eva y Mosetenes están aún
inexploradas, se sabe de la existencia de nucleos
indígenas chimanes aún por contactar. En el
Departamento de Chuquisaca, la Serranía de Iñao conserva manchas de bosque boliviano-tucumano que
albergan una de las colonias más grandes de Paraba frente-roja, endémica de
Bolivia.
Lo
cierto es que con protección o sin ella,
son muchas y de gran alcance, las áreas ecológicas que van a ser impactadas y
degradadas irreversiblemente en Bolivia, sino se cambia la política
fiscalizadora del Estado a la actividad hidrocarburífera.
3. Los pueblos indígenas de Bolivia
3.1
Los Pueblos Indígenas y sus organizaciones
En Bolivia existen 33 grupos indígenas, agrupados en una docena
de grupos lingüísticos diferentes, siendo los Quechuas y Aymaras
los más abundantes ( ambos suman más de 4 millones de
habitantes) seguido de los chiquitanos (184.000), guaranís (133.000) moxeños y guarayos (decenas de
miles). Existen grupos muy reducidos en declive poblacional alarmante como los Araona (112 habitantes)
Moré (101 ), Pacahuaras
(11), Machineri (25). Existen tambien
grupos no contactados de las etnias Toronama y Nahua , cuya supervivencia depende de mantener su territorio
inaccesible. Se especula también la existencia de clanes chimanes
sin contactar en la Serranía Eva Eva, no muy lejos de
donde Repsol abrió un pozo exploratorio en el año 2.000.
Los pueblos andinos (quechuas y aymaras) están muy organizados entorno a Ayllu como unidad territorial o los
sindicatos campesinos y federaciones urbanas com
unidad social. Además, en los últimos años los instrumentos políticos de las
organizaciones sociales (como el MAS y el MIP) , han
conseguido entrar con fuerza en las instituciones democráticas, por primera vez
en cinco siglos de exclusión total de la vida pública. No obstante, la extrema
pobreza de las áridas regiones andinas expulsa a la población a endeudarse para
emigrar a España y Argentina, principalmente.
En las tierras bajas, algunas organizaciones,
como la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)o la Central
de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), tienen experiencia
de más de una década. Otros pueblos recién comienzan a organizarse, cuando ya
tienen en su territorio la invasión de actividades madereras o petroleras.
A nivel nacional, la Confederación
Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano (CIDOB) representa todas las etnias
de la Amazonía y el Chaco, si bien desde sus oficinas financiadas por la coperación internacional no siempre conocen la realidad de
los teritorios alejados al interior de la selva.
Es oportuno señalar, que el Banco
Mundial y otras agencias de financiamiento han tenido una actitud paternalista
con esta organización, financiando viajes a Canadá y otros países a líderes
indígenas para que reciban adoctrinamiento sobre negociación con empresas
petroleras.
3.2
Territorios Indígenas y el proceso de titulación
Un planteamiento central de los pueblos
indígenas reside en que no solicitan un espacio de tierra, sino fundamentalmente , el reconocimiento legal del derecho
propietario sobre el territorio que originaria y tradicionalmente ocupaban. El
territorio es su hábitat natural que forma parte de un sistema productivo ( el chaco) y reproductivo (cacería, pesca, recolección ,
miel, madera, etc) que proveen los alimentos y
recursos necesarios para la alimentación.
Sin embargo, sus territorios están siendo
invadidos por la presencia de Terceros ( campesinos y
latifundistas) y las actividades extractivas como la minería, madereras y
petroleras.
En este escenario de continua
usurpación, el Saneamiento y Titulación de los territorios indígenas es vital para
su supervivencia, aunque este proceso sea muy largo, costoso y como veremos, la
titulación no garantiza el impedimento de actividades hidrocarburíferas
en sus territorios.
El proceso de titulación de territorios
indígenas no llegó gratuitamente para los pueblos originarios. Fueron
necesarias tres grandes marchas históricas que movilizaron las diferentes
etnias del Oriente Boliviano recorriendo medio país para llegar a las puertas
del gobierno en La Paz.
La primera movilización fue la Marcha
por el Territorio y la Dignidad, iniciada en
Trinidad el 15 de agosto de1990. En ella participarán 15 pueblos étnicos
que abandonarán sus comunidades para
caminar disciplinadamente hasta La Paz, demostrando al país
su existencia, que había sido ignorada
históricamente por los bolivianos.
Eran mojeños,
trinitarios, ignacioanos, javieranos,
yuracarés, movimas, sirionós, mosetenes, weenhayek, simbas, ava guaranís, tacanas,
chipayas, urus y chimanes. Tras su llegada a La Paz consiguieron arrancar
del gobierno varios Decretos Supremos que reconocían las demandas de
Territorios Indígenas de los Chimanes, Sirionó, Multiétnico y el Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure
(TIPNIS) así como el compromiso de elaborar una Ley de Pueblos Indígenas del
Oriente.
La Segunda Marcha, en 1996, aglutinó las
reinvindicaciones conjuntas de campesinos y 32 etnias
amazónicas y chaqueñas. El motivo era la problemática ley de Reforma Agraria
(Ley INRA) que el gobierno quería
imponer sin la participación de los mismos afectados, legalizando a la
oligarquía latifundista que usurpaba enormes extensiones de territorios
indígenas. Como acuerdos concretos de
esta marcha se consiguió la titulación de ocho territorios por Decretos
Supremos y de otros 15 territorios, después de un previo saneamiento (la
ineficacia y lentitud de estos saneamientos será motivo de otra marcha años más
tarde).
La Tercera Marcha, en junio del 2000
arrancó del gobierno notables acuerdos, como la modificación de la nueva
resolución de la Ley INRA que permitía concesiones en tierras fiscales y evadía
el saneamiento de la propiedad agraria.
Según datos del 2000, existen 8 terrritorios indigenas titulados
con Decreto Supremo, beneficiando a los pueblos Chiman-T´simane,
Yurakaré, Sirionó Moxeño, Araona, Mosetenes y Yukis.
Son 16 las demandas de Tierras
Comunitarias de Orígen (TCO´s)
Inmovilizadas antes de la nueva Ley INRA de 1996, que abarcan territorios de
los pueblos Esse Ejja, Tacana, Cavineño, Chacobo, Pacahuara, Yaminahua, Machineri, Movima, Baure, Caybaba, More, Joaquiniano, Itonama, Chiquitano, Guarayo, Ayoreo, Mosetén, Yurakaré y 12
territorios Guaranís.
Por otra parte, son 8 las demandas presetadas en fase de
saneamiento, de los pueblos Uru Chipaya, Uru Murato,
Lecos, Canichana,
Ignacianos y Moxeños.
4. Conflictos entre las petroleras y los pueblos originarios
4.1 Concesiones petroleras en
territorios indígenas
La jerarquía legal que se estableció
entorno a las leyes petroleras, que por su “interés nacional” prevalecían por
encima de otras leyes o reglamentos “secundarios” como la Ley 1333 de Medio Ambiente, el Reglamento
Ambiental del Sector Hidrocarburos o la Ley INRA ha generado un estado de
desprotección que vulnera tanto a extensas áreas de conservación biológica como
amplios grupos poblacionales del país.
Dice el Art 1
de la Ley de Hidrocarburos que “Todos los yacimientos de hidrocarburos son
propiedad inalienable del Estado”, el cual a través de contratos de riesgo
compartido, los otorga a las empresas transnacionales. Donde pone yacimientos,
léase subsuelo y ya tenemos el marco legal establecido que abre puertas a la
ocupación de territorios. Si bien la superfície
terrestre no es propiedad de las petroleras, sí les pertenece el subsuelo, que
es lo mismo que decir que pueden operar ahí donde el sismógrafo indique
presencia de hidrocarburos.
Además, las petroleras pueden expropiar
vía Derecho de Servidumbre a las famílias que habiten
en cualquier predio donde abrir un camino, construir una planchada, helipuerto
o campamento.
El conflicto indígena con las petroleras
se enmarca en una de las intersecciones geográficas más habituales del país: el
punto en que se cruza el derecho indígena con las concesiones hidrocarburíferas. Lo cierto, es que existe una repetida
coincidencia entre bloques de exploración hidrocarburífera
y los Territorios Comunitarios de Orígen (TCO), lo
cual no es extraño teniendo en cuenta que del total del territorio nacional,
611.100 km2 (un 55,6%) son de potencial hidrocarburífero.
Los contratos de licitación de los
bloques petroleros, garantizan a las transnacionales
40 años de concesión. De modo, que el impacto sobre las poblaciones es
inevitable. Transcurridas cuatro décadas de explotación petrolera, las empresas
se retiran dejando tras de sí un historial de derrames y accidentes
“imprevistos”. A parte, la ocupación del territorio por la construcción de
planchadas, piscinas de lodos y carreteras de acceso, ya no vuelve a
regenerarse. Basta visualizart lo que dejó Texaco en Ecuador para adivinar cómo quedará la Amazonía
Boliviana cuando las petroleras se retiren.
Entre las compañías transnacionales que operan
en Bolivia, Repsol-YPF es de las que más territorios ha
intervenido. La compañía tiene un total de 22 bloques petroleros con un total de
4.973.511 hectáreas, concesiones que se superponen a un total
de 17 TCO repartidos en las regiones amazónica y chaqueña. De Norte a Sur, los
bloques Rurrenabaque y Tuichi
abarcan los territorios de las etnias amazónicas chimanes,
mosetenes y tacanas. A
parte, la etnia nómada esse ejja,
que recorre las playas del río Beni, también se verá
afectada de las operaciones hidrocarburíferas, aunque
no tiene un territorio titulado. El bloque Sécure
atraviesa el territorio indígena multiétnico, donde conviven comunidades chimanes, moxeñas y yurakarés; el territorio indígena chimán
y el territorio indígena del parque nacional Isiboro Sécure, refugio ancestral de la etnia yurakaré.
La fragilidad ecológica de los
ecosistemas amazónicos, al ser intervenidos, coincide con la fragilidad
cultural de los grupos étnicos que los habitan. Su reducido número de
habitantes y el escaso contacto los hace propensos a romper bruscamente sus
actividades tradicionales, trabajar para la empresa con contratos temporales
que introducen en las comunidades hábitos como el alcoholismo, el abandono de
la familia o las actividades agrícolas y recolectoras. Cuando Repsol ingresó al
interior del territorio chimán, ofreció cepillos de
dientes pretendiendo imponer costumbres higiénicas ajenas. En cambio, durante
la construcción del primer pozo exploratorio (Pozo Eva Eva)
la empresa se dedicó a comprar las piezas de caza que los hombres de la
comunidad cazaban para alimentar a los suyos. Desde entonces, ya no cazaban
para la subsistencia sino para vender las piezas a la compañía y comprar
alcohol a los comerciantes que entraban a vender productos al campamento
petrolero.
En la región chaqueña, Repsol invade
varios TCO de la etnia guaraní, como Charagua Norte, Kaami, Itikaguasu y Tapiete. Estos territorios, ubicados en la llanura chaqueña,
también son afectados por la construcción de dos gasoductos de 500 km, que transportan el gas chaqueño a Santa Cruz, donde es
exportado a Brasil por el Gasoducto Bolivia – Brasil. En la serranía del Aguaragüe, donde se descubrieron las reservas más grandes
de gas, el bloque Caipipendi invade el TCO Tentayapi, donde viven las comunidades guaranís
que por su inaccesibilidad han conservado la cultura más pura. En un manifiesto
fechado en julio del 2004, la comunidad de Tentayapi
se pronunciaba en tomar medidas activas para impedir la entrada de Repsol en
sus territorios.
Las leyes nacionales (Ley de Medio
Ambiente y Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos) e internacionales (Convenio Nº 169 de la OIT)
obligan a las empresas petroleras a realizar consultas y actas de acuerdo con
las comunidades afectadas. En la práctica, las compañías practican todo tipo de
engaños para conseguir unas firmas que a menudo no respetan la organización
tradicional. La firma de actas de acuerdo a cambio de sacos de azúcar o ropa
deportivo es desgraciadamente una práctica aún común en los territorios
indígenas intervenidos pro las petroleras.
TABLA 1:Territorios indígenas afectados por actividad petrolera en
Bolivia
Territorio
Indígena
|
Compañía
Petrolera
|
Tacana
|
Repsol-
Perez Companc
|
Territorio
Indígena Chimán
|
Repsol-YPF
|
Territorio
Indígena Multiétnico y TIPNIS
|
Pan
Andean y Repsol-YPF
|
Yuracaré
y Yuki
|
Pan
Andean
|
Avatiri
Huacareta (guaranís)
|
Pluspetrol
|
Avatiri
Ingre (guaranís)
|
Maxus y
Pluspetrol
|
Charagua
Norte (guaranís)
|
Maxus,
Pluspetrol, Shamrock
|
Charagua
Sur (guaranís)
|
Maxus,
Shamrock
|
Isoso
(guaranís)
|
Andina
(Repsol), Bridas SAPIC, Chaco, Dong Won, Pluspetrol, Shamrock
|
Itikaguasu
(guaranís)
|
Maxus,
Petrobras, Pluspetrol
|
Itikaraparirenda
y Iupaguasu (guaranís)
|
Maxus,
Tecpetrol
|
Kaaguasu
(guaranís)
|
Maxus,
Andina (Repsol)
|
Kaami
(guaranís)
|
Maxus,
Andina ( Repsol)
|
Machareti
Nancaroinza Karandaiti (guaranís)
|
Chaco
(BP-Amoco), Maxus, Shamrock
|
Takovo
Mora (guaranís)
|
Andina
S.A ( Repsol), Bolipetro, Bridas SAPIC, Chaco S.A (BP-Amoco), Maxus (Repsol),
Pluspetrol,
|
Tapiete
|
Repsol-YPF
|
Weenhayek
|
Andina
S.A ( Repsol), Chaco S.A ( BP-Amoco), Repsol-YPF, Tesoro
|
4.2
Negociaciones indígenas en los Gasoductos
Aunque los proyectos de construcción de
nuevos gasoductos en Bolivia ha debido incorporar
alguna “migaja” que distraiga la oposición indígena, basta recordar la rotura
del Oleoducto Sica Sica-Arica,
en enero del 2000, para cuestionar si realmente las poblaciones resultaran
beneficiadas.
En aquella ocasión, el derrame contaminó
contaminó con crudo reconstituido casi 200
comunidades aymaras y las dos únicas comunidades de Uru-Muratos que existen a través
del río Desaguadero y la laguna Poopó. El consorcio Enron-Shell, como empresa
responsable del vertido, actuó de manera prepotente en las negociaciones de
compensación, desembarcando un ejército de antropólogos que se dedicaron a
estudiar, más que solucionar las demandas de los damnificados. Los Uru-muratos, que vivían en
estrecha dependencia de la caza y la pesca de la laguna contaminada, obtuvieron
tras marchar en protesta hasta la ciudad de Oruro, una caja de productos
alimenticios enlatados.
En los últimos años, la existencia de
enormes reservas de gas seco en el Chaco Boliviano han
motivado la acelerada construcción de gasoductos que conectan Bolivia con los
mercados de Argentina y Brasil.
El Gasoducto Bolivia-Brasil (2000), de
3.150 Km y una capacidad de 30 millones de metros
cúbicos diarios, conecta la ciudad de Santa Cruz con Sao Paolo. Sus empresas
propietarias son Transredes (Enron-Shell) y Petrobras y fue
financiado por el Banco Mundial y el BID.
El Derecho de Vía del gasoducto es de 30 metros, impactando los
ecosistemas de numerosas comunidades guaranís.
Durante la construcción, que fue militarizada para evitar huelgas de los
trabajadores, ocurrieron numerosas violaciones a los derechos humanos en las
poblaciones donde pasa el Gasoducto. Por su parte, las organizaciones guaranis del Parque Nacional Kaaya,
negociaron un Programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas por 4 millones de
dólares.
El Gasoducto Lateral Cuiabá
(2001) de 626 Km es un negociado inicial de la
empresa Enron para obtener gas boliviano en su
termoeléctrica de Cuiabá (Brasil). Tras la quiebra de
Enron en 2001, pasó a manos de Shell.
El trazado de este gasoducto fue muy polémico por intervenir el Bosque Seco Chiquitano, un ecosistema de bosque de cerrado único en el
mundo. Las 24 comunidades chiquitanas y 2 comunidades ayoreas
afectadas, se opusieron originalmente, negociando tras dos años de lucha un
Plan de Desarrollo Indígena de casi 2 millones de dólares. Sin embargo, los que
más recibieron fueron 5 fundaciones conservacionistas (la más conocida es WWF)
que recibieron 20 millones de dólares para permitir la destrucción del Bosque
Seco Chiquitano a cambio de un plan de manejo.
El Gasoducto Yacuiba Río Grande (2002)
de 431 Km, pertenece al consorcio Transierra
(Repsol y Petrobras). Su trayecto afecta a comunides guaranís, tapietes y weenhayek. Estos
últimos, pescadores del río Pilcomayo, expresaron su
rechazo a la construcción del Gasoducto Yacuiba Río Grande, oposición que fue
desestimada por la Superintendencia de Hidrocarburos. Unos años después, Petrobras recibiría del Banco Mundial un premio por la
“ejemplar negociación” con comunidades indígenas.
El Proyecto LNG (previsto para 2003), de
las empresas British Gas, Total y Repsol pretendía
exportar gas desde la Serranía de Aguaragüe a Estados
Unidos, a través de Chile y México. Esta vez, fueron las poblaciones urbanas de
orígen Aymara de La Paz,
las que paralizaron el proyecto durante los acontecimientos conocidos como la
Guerra del Gas, en octubre de 2003, a pesar de que el costo fue más de 70
muertos.
TABLA 2: Transporte de hidrocarburos y pueblos afectados
en Bolivia
Ducto
|
Empresa
|
Longitud en Bolivia
|
Pueblos afectados
|
Oleoducto Sica Sica- Arica
|
Transredes (Enron-Shell)
|
350 Km
|
Aymaras, Quechuas,
Uru-Muratos
|
Gasoducto Bolivia-Brasil
|
Transredes (Enron-Shell),
Petrobras
|
570 Km
|
Guaranís, Ayoreos
|
Gasoducto Lateral Cuiabá
|
Enron, Petrobras
|
361 Km
|
Chiquitanos, Ayoreos
|
Gasoducto Yacuiba Río
Grande (Gasyrg)
|
Transierra
(Repsol-Petrobras)
|
431 Km
|
Guaranís, Tapiete,
Weenhayek
|
Gasoducto Yabog
|
Transredes (Enron-Shell)
|
440 Km
|
Guaranís, Tapiete,
Weenhayek
|
5. Desarrollo petrolero en Bolivia:
¿hacia un etnocidio?
A tiempo de escribir este capítulo,
Bolivia vive intensamente convulsionada entorno a la promulgación de la nueva
Ley de Hidrocarburos que, de ser aplicada, elevaría las regalías de un 18% a un
50% sobre el precio del barril a boca de pozo. Esta ley, calificada por las
corporaciones petroleras de confiscatoria,
no satisface a los reclamos sociales que exigen la nacionalización de los
hidrocarburos. Sectores sociales de todo
el país se alistan para retomar las movilizaciones que fueron paralizadas
después de la destitución del presidente Gonzales de
Losada, en el Octubre Negro de 2003.
Sin embargo, a pesar de una creciente concientización del pueblo boliviano por la recuperación
del petróleo y gas, la degradante
situación de las comunidades indígenas que viven en los yacimientos ha
quedado relegada como un mal menor aceptado.
Una vez más, los intereses económicos, esta vez también encarnados en la
voluntad popular, pesan más que los derechos humanos de las poblaciones más
desfavorecidas.
La industria petrolera actúa en un
contexto de impunidad ambiental porque las denuncias de las poblaciones locales
afectadas, testigos directos de la destrucción de sus medios de vida, nunca
llegan a los centros de decisión: ni al Estado y mucho menos a las sedes de las
transnacionales. Los consumidores mientrastanto,
nunca conocerán la nocividad de los productos que diariamente están comprando,
porque una cortina publicitaria esconde la cruda realidad de la industria
petrolera.
Mientras se repitan los procesos
irreversibles de destrucción del territorio y degradación cultural
, tan comunes en el relacionamiento entre
compañías petroleras y comunidades indígenas y estas conductas sean legitimadas
por la complicidad del aparato estatal, se puede anticipar la desaparición cultural de los pueblos
amazónicos y chaqueños, lo que nos conduce a identificar un Etnocidio Petrolero
en Bolivia.