Carta Abierta
Por DIDEPU (Suiza) - Thursday, Jun. 09, 2005 at 7:15 PM
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Carta abierta ante Nuevo Juicio Oral Por “Asociación Ilícita Terrorista” a luchadores sociales del pueblo mapuche

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE Y A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ginebra, Suiza, 9 de junio de 2005

Asunto: Nuevo Juicio Oral Por “Asociación Ilícita Terrorista” a luchadores sociales del pueblo mapuche

Señor Ricardo Lagos Escobar
Presidente de la República de Chile
Palacio de la Moneda, Santiago

Señor Hernán Álvarez García
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Palacio de Justicia, Santiago, Chile.

Queremos expresarle nuestra más profunda preocupación por los continuos intentos y dudosos medios legales que el Estado chileno utiliza para criminalizar el movimiento y pensamiento mapuche en su proceso de reconstrucción como pueblo. La violencia, la represión, la tortura, las agresiones físicas, la brutalidad policíaca, etc. forman parte de las políticas de estado para detener sus reivindicaciones. Lamentamos que el clamor de la opinión pública internacional, de las organizaciones de derechos humanos y de las Naciones Unidas no sean escuchados por su gobierno y se avance en la búsqueda de soluciones reales a las demandas de derechos del pueblo mapuche

El 6 de abril del 2004, una vez más la corte Suprema de Justicia chilena, presionada por quienes ostentan el poder económico y político en el país, ha intervenido anulado el fallo absolutorio por el juicio de “Asociación ilícita Terrorista”, realizado en octubre del 2004, en la ciudad de Temuco. Este juicio pretendía sindicar a la Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arauco -Malleco, como una organización destinada a cometer actos ilícitos. Un nuevo juicio se prepara para el día 13 de junio, en el cual la suerte de los procesados ya ha sido decidida. La Corte Suprema de Justicia no solo ha anulado el fallo absolutorio sino que ha emitido criterios que demuestran su parcialidad y carencia de neutralidad ante los hechos como se puede leer en el siguiente planteamiento“es evidente que un análisis pormenorizado de la prueba rendida, lo que necesariamente deberá hacerse en otro juicio oral, deberá conducir a una sentencia totalmente diferente, y respecto de algunos o todos los acusados”.

La Ley Antiterrorista tiene facultades tan amplias que priva a los acusados de una gama de garantías procesales y no asegura un debido proceso. Esta puede utilizar testigos (anónimos) sin rostro, desembolsar grandes cantidades de dinero para “protección de testigos”, ampliar las medidas cautelares, utilizar largos períodos de detención preventiva, intervenir comunicaciones telefónicas, escritas, electrónicas, etc. por período indefinido de tiempo. También puede mantener pruebas en secreto durantes seis meses, juzgar dos veces por el mismo delito, etc. Todos las facultades mencionadas han sido utilizadas contra los luchadores sociales mapuche en diferentes oportunidades.

Algunas disposiciones de esta ley viola garantías procésales fundamentales protegidas por el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Se suma a esta situación, en el caso del proceso de asociación “Asociación Ilícita Terrorista” que los acusados han tenido como querellantes al Estado chileno (Ministerio Público y del Interior) la Municipalidad de Temuco y empresas transnacionales como la Forestal MININCO, entre otros. ¿Cómo podría el Estado chileno garantizar juicios justos al pueblo mapuche cuando estos se enfrentan a un poder omnipotente?

El nuevo juicio oral contra los luchadores sociales mapuche pone en evidencia una vez más, la parcialidad de la justicia chilena, el racismo endémico que existe en la institucionalidad nacional y la estrecha alianza del Estado Chileno con el poder económico trasnacional y nacional. Alianza que en su intento por implementar un sistema depredador y excluyente no puede permitir que se reconozca constitucionalmente a los pueblos indígenas, que estos practiquen su derecho a la autodeterminación, que revindiquen sus territorios ancestrales y sus derechos individuales como colectivos.

Reiteramos que una condena por asociación ilícita terrorista no solo viola los derechos del pueblo mapuche, sino que crea precedentes para sindicar de terrorista a cualquier expresión social y organización política que se oponga al modelo neoliberal.

Es inconcebible que en un Estado que se autodenomina democrático y moderno se siga criminalizando la lucha social y las cárceles se sigan llenado de detenidos y prisioneros políticos. Tampoco se puede entender que se sigan aplicando cuerpos legales creados por la despreciada dictadura militar, como es el uso la Ley Antiterrorista 18.314 y sus modificaciones. Queremos recordarles que esta misma ley fue ampliamente criticada y condenada -durante los años de la dictadura- por la comunidad internacional y por quienes gobierna hoy el país.

Considerando la actual situación chilena y ante la negativa del Gobierno de buscar soluciones a las justas demandas del pueblo mapuche, exigimos:

1. Libertad inmediata e incondicional para todos los prisioneros políticos chilenos y mapuches
2. Cierre de todas las causas procesales contra los imputados mapuche
3. Anulación del nuevo juicio por “Asociación Ilícita Terrorista” contra los luchadores sociales mapuche.
4. Alto a la represión y a la presencia policial en territorio mapuche y cese de la criminalización de sus organizaciones, como es el caso de la Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto, Arauco-Malleco.
5. Inicio de un proceso de diálogo participativo y transparente con las autoridades, organizaciones y comunidades mapuche para la búsqueda de soluciones permanentes a la deuda histórica, el reconocimiento constitucional y derecho a la autodeterminación.

Queremos recordar a los gobernantes chilenos que el pueblo mapuche pagó un alto precio durante la sangrienta dictadura militar y fue vanguardia en la lucha para restablecer la transición democrática que vive hoy el país. También queremos recordarles que quienes hoy defienden los derechos del pueblo mapuche, en el pasado no dudamos en apoyar a varios de los actuales gobernantes cuando estos eran perseguidos por la dictadura y se les aplicaban las mismas “leyes” que se hoy utilizan para perseguir a los luchadores sociales. Por ello, mantendremos una actitud atenta y vigilante ante la evolución de la situación e incrementaremos las denuncias, protestas, demandas e información ante el gobierno de Chile, la opinión pública internacional y los organismos defensores de los derechos humanos.





Ana Vera Jaime Valdés
Presidenta Secretario General
DIDEPU DIDEPU

cc.
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Ginebra, Suiza y Santiago, Chile.
Oficina del Relator Especial sobre Poblaciones Indígenas, Ginebra, Suiza
Ministerio de Justicia, Chile.
Organización Mundial Contra la Tortura, Ginebra Suiza,
Federación Internacional de Derechos Humanos, Paris, Francia.
Liga Internacional por la Defensa de los Derechos y Libertades de los pueblos
Organizaciones del Pueblo mapuche
Medios de comunicación escritos y electrónicos
Organizaciones de la sociedad civil solidarias con la lucha del pueblo mapuche

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