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LA OLIGARQUÍA Y LAS TRANSNACIONALES MANTIENEN SUS PRIVILEGIOS EN BOLIVIA
Por reenvío agencia walsh -
Wednesday, Jun. 15, 2005 at 5:25 PM
La reciente crisis por la que atraviesa el país es resultado del sistemático manoseo del que son objeto las demandas legitimas del pueblo boliviano por parte de los burócratas parlamentarios y el gobierno de Carlos Mesa, que después de 20 meses (desde octubre de 2003) fueron incapaces de recuperar la propiedad de los hidrocarburos tal y como demandaron las organizaciones en su debido momento.
Nueve años de aplicación de un modelo de saqueo de los recursos hidrocarburíferos y más de veinte años de neoliberalismo empobrecieron al país al extremo de que más de un 66% de la población se encuentra en situación de pobreza y un 36,55% en situación de extrema pobreza, como indican los datos del INE 2003. Junto con ello se ha profundizado la exclusión de las mayorías de parte de un aparato estatal cada vez más indolente e intolerante para con las demandas del pueblo que se ve obligado a asumir medidas de hecho en la búsqueda de solución a sus problemas.
El pueblo ha demostrado tolerancia a pesar de soportar los embates de la pobreza. Esperó que los poderes del Estado posibilitaran en más de veinte meses a partir de la crisis de Octubre de 2003 la recuperación total de los recursos energéticos, explica el CEDIB.
A lo largo del conflicto, las organizaciones populares movilizadas lograron aglutinar a la gran mayoría nacional en torno al objetivo estratégico de la nacionalización de los hidrocarburos, conclusión a la que llegaron después de comprobar cómo el parlamento escamoteó la recuperación de los hidrocarburos mediante una la nueva Ley que legaliza los contratos petroleros inconstitucionales, y que consolida la entrega de toda la cadena productiva a las compañías transnacionales por cuarenta años adicionales.
La movilización de las organizaciones populares puso en evidencia el carácter antinacional del Estado y su subordinación a los intereses trasnacionales, motivo por el cual las organizaciones demandaron el cierre del parlamento como primer paso para alcanzar una transformación del Estado en su conjunto. A más de un mes de iniciadas las movilizaciones, se fortaleció la unidad de las organizaciones populares sobre la base de un consenso en torno a la nacionalización de los recursos naturales y principalmente de los hidrocarburos por la vía de la movilización.
Durante este proceso, el Estado eludió la búsqueda de soluciones de fondo, las mismas que pasan por la atención inmediata de las demandas de las organizaciones populares, optando más bien por el desgaste propio de un conflicto prolongado, alentando incluso acciones de grupos tas al mando del Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista en contra de Indígenas y campesinos. La radicalización que adquirió el conflicto sobrepasó los cálculos del gobierno y el parlamento, quienes se vieron rebasados por la contundencia de los bloqueos y marchas multitudinarias.
Con el afán de minimizar y postergar una solución real al tema de fondo, que para las organizaciones populares pasa por la nacionalización, urdieron un plan para retomar y controlar el Poder el Estado. Para ello se fijo dos alternativas: a) imponer un régimen ta de represión a los sectores movilizados y b) sucesión constitucional que permita sostener al modelo hasta una nueva elección, periodo en el cual se pretenden rearticular las fuerzas de la derecha oligárquica y transnacional, interpreta el CEDIB.
Contradictoriamente a lo esperado, las fuerzas contra quienes se movilizó la población resultan ahora fortalecidas y/o cuando menos mantienen sus privilegios: Por un lado, las compañías petroleras continuarán saqueando indefinidamente los hidrocarburos al amparo de la nueva ley, que permitirá la vigencia de los 72 contratos inconstitucionales.
La megacoalición mantiene su poder intacto en el parlamento, por lo menos hasta que se produzcan las nuevas elecciones, con un Presidente sujeto a las decisiones de este órgano. Los grupos oligárquicos y los partidos neoliberales y electoralistas, ajenos a la movilización del pueblo, se alistan para asaltar nuevamente el Estado en el marco de una nueva legitimidad otorgada por las elecciones venideras.
Según el CEDIB, los grupos oligárquicos y las transnacionales obtuvieron la salida que desearon, ya que sus privilegios e intereses se mantienen intactos. Para el pueblo movilizado esto no representa una verdadera solución a sus demandas ni tampoco un freno a sus legítimas aspiraciones.
Por otro lado, las Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia asociadas a CIOEC Bolivia manifestaron que la convulsión social que vive el país es un reflejo de la injusticia social e inequidad a la que están sometidos los campesinos, indígenas, trabajadores y demás sectores excluidos. En esas condiciones, el cambio de presidente de la república no es la solución a la crisis social, económica y política; verdaderos cambios estructurales profundos en una Asamblea Constituyente participativa.
Bolpress
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