Foro de niñez y familia Córdoba
Por FdNyF-Cba - Monday, Jun. 27, 2005 at 2:30 PM
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Foro de niñez y familia Córdoba

Córdoba 20 de mayo de 2005

Hace un tiempo la ciudadanía asistió confusa y asombrada a la situación por la que atraviesan los chicos “alojados” en instituciones (ver La Voz 19 de Mayo), y entre los asombrados nuevamente estaban los jueces de “menores” -ahora la Sra. Juez Amalia García de Fabre y Julio Eduardo Torres- denunciando a la directora de la Sub-Secretaría de Atención Integral del Niño y el Adolescente Cristina Amestoy; antes había hecho lo propio el Juez Gonzáles del Solar, no siendo además ésta la primera vez que azorados los jueces, acuden a la prensa para denunciar a alguien, y a su vez este último carga contra aquellos y otros.
Pero éstas posiciones de denunciantes y denunciada, y sus consecuentes acciones promovidas por un lado por los magistrados contra la Sra. Cristina Amestoy, y por otro lado las políticas sociales y de niñez que esta última defiende con tanto ahínco y vehemencia, no son ni en apariencia antagónicas. Desde hace años o desde siempre, la situación es casi la misma salvo con algunos intervalos y una leve -muy leve- mejoría en algunos institutos (ver La Voz 22/03/04). Son posiciones que en definitiva consienten en una visión de la niñez bastante alejadas del paradigma que UNICEF y otros organismos promueven. Promoción, esta ultima, que se vehiculiza mediante dos mecanismos solidariamente correlacionados como son los avances en la teoría y las praxis cimentadas en la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 23.849). Que como resultado deberíamos en un mediano plazo llegar a adecuar toda la legislación al “paradigma de la protección integral”: considerarlos niños y jóvenes, sujetos de derechos, personas en desarrollo, infancia integrada, plenas garantías en cualquier actuación judicial en que esté involucrado un niño o joven; ad-finem es, proteger todos los derechos por igual y no vulnerar ninguno para restablecer alguno vulnerado.
Recordemos que dicha ley le otorga -desde la reforma de la constitución del '94- rango constitucional a una acuerdo supranacional, y toda legislación y acciones relacionadas a la niñez y la juventud deberá ajustarse a ella; como también a otros plexos normativos supranacionales acordados por nuestro país como las Directrices de RIAD y la Reglas de Beijing.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto, nos preguntamos por la salud e integridad física en que continúan todos los chicos institucionalizados, y no solamente por los que los medios reflejan, porque ésta institución es la mínima muestra de un universo de instituciones de encierro o contención históricamente abandonadas, maltratadas y sin control estatal. ¿No estarán estos magistrados y funcionarios incurriendo en inobservancia de la legislación vigente y por tanto en inconstitucionalidad de acción?, ¿No estarían incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos? Porque si nos atenemos a la Ley 9.053 están obligados a realizar visitas periódicas a toda institución de “alojamiento”. Desgraciadamente y sobre todo para los chicos institucionalizados, erradicar aquel paradigma anquilosado tanto en las practicas como en las mentes de muchos, se va logrando a duras penas, aunque lo ideal fuere que las penas sean para quienes no se ajustan a derecho. El art. 16 de la Ley 9.053 dice “Visitas a establecimientos. Los magistrados, fiscales y asesores de menores deberán visitar los establecimientos donde se encontraren alojados los niños y adolescentes tutelados judicialmente cada tres (3) meses, con conocimiento del Tribunal Superior de Justicia.
Lo expuesto nos muestra a las claras ciertas cuestiones que como sociedad todavía no hemos resuelto, además de confirmar la regla: que no ha cambiado nada aun con respecto a nuestra infancia. A pesar que algunos ciudadanos no estén advertidos de la situación de chicos en dichas instituciones, refleja por un lado el poco interés en conocer la situación de nuestra infancia en Córdoba y la histórica y todavía tímida participación como sociedad en temas como el diseño de políticas sociales. Pero por otro lado, se suma un hecho no menor y gravísimo, como es que quienes se asombran de estas situaciones son jueces que por ley deben visitar las instituciones. Y que a todas luces y hasta el cansancio comprobado, en muchas de ellas se han judicializado a muchos chicos por causas que el mismo gobierno del Estado ha provocado: cierre de fuentes de trabajo, leyes laborales flexibles y contratos basuras sólo por nombrar algunos resabios de la “década perdida” pero que todavía se recurren a estos mecanismos de exclusión en nuestra provincia.
No sólo a nivel nacional los presuntos y cosméticos cambios no han logrado reducir la pobreza, desnutrición y mortalidad infantil. De más está quizás recordar algunos datos -no gubernamentales- para advertir que Córdoba no escapa siquiera un digito al de las provincias más empobrecidas si se tiene en cuenta el nivel de desarrollo socio-económico que todavía ostentamos, aunque las cifras del INDEC muestren “cierta” mejoría (ver por ejemplo Clarín 04/04/04 “Demoran en crear Comisiones Protectoras. Once provincias no cumplen los acuerdos firmados” y Córdoba por supuesto esta en esa lista). Podemos recordar a Barbarita, aquella chiquita de Tucumán que una enfermera sostenía parada sobre la camilla y que todo medio se regodeaba en mostrar semidesnuda de piel y huesos, ella y sus hermanos volvieron a estar internados por desnutrición en diciembre pasado. ¿y en el resto del país? Aquí en nuestra Córdoba, también tenemos “Barbaritas”, algunas en sus casas comiendo cada dos o tres días, otras en las calles y algunas otras en instituciones bajo “protección”.
Desde hace algunos años y continuando con las costumbres de la “década perdida” quisimos un día por ínfulas de provincia avanzada en Derecho, reemplazar una ley y que suponía sólo por el hecho de promulgar una nueva, un “gran avance” en materia de protección de nuestros niños como decían en la unicameral cuando se derogaba la Ley 4.873 y se reemplazaba con la 9.053. Cada tanto nuestra Legislatura, todavía con ínfulas de Docta, se sancionan otras tantas que se publicitan como de avanzada y como pregonan “...es la primer provincia en tener una ley como la que esta legislatura aprobará hoy...”; hagamos memoria: la Ley de Jurados Populares y al Sr. Blumberg casi presidiendo la sesión; la reforma de la Ley Orgánica de Ministerios por la que la Secretaría de Protección Integral del Niño y el Adolescente pasa de un plumazo a ser Sub-Secretaría, esta vez bajo la orbita de la Secretaría de Justicia, si bien en los hechos -no de derecho- ya funcionaba como tal desde hacia un año; la reciente Ley de Seguridad Publica, con visos de copia vergonzosa de las ideas de Rudolph Giuliani y el asesoramiento del Manhattan Institute.
Ante tal estado de situación nos surgen algunos interrogantes, toda vez que se han vulnerado los derechos fundamentales de niños y jóvenes ¿Estadísticamente, a cuantos de esos chicos es el propio gobierno del Estado quien ha violado sus derechos? Ya sea por acción u omisión son la mayoría, y muestra a las claras una inadecuación generalizada a la Ley. La adecuación sustancial a la Convención sobre los Derechos del Niño exige por un lado su estudio profundo y critico, y por el otro encarar y promover las acciones acordes a ella en todas las áreas del Estado, esto es quizá la tesis más difícil e importante de lograr. ¿Debemos asombrarnos de todo esto? Creemos que no debe asombrarnos lo que se sabe a todas luces ocurre, causa indignación y más aun sabiendo que hay recursos para revertir y se destinan a banalidades ¿Qué ocurrirá ahora que estamos en año electoral? ¿Cuánta plata de las arcas publicas destinará el gobierno para publicidad proselitista? o ¿Qué ocurrirá cuando algunos jueces y fiscales recorran otras instituciones de encierro?
Una legislación ideal es solamente el primer paso, no es ni siquiera el más importante ni el más difícil pero si trastabillamos en ese quizá el próximo sea de cara al piso, y no serán los jueces y demás funcionarios los que se den contra él, sino niños y adolescentes que sufren la inobservancia de la legislación que debe protegerlos. ¿Alguno de aquellos levantó la voz para solicitar o promover la derogación de leyes retrogradas como la 10.903 o la 22.278 que aun se aplican o para emitir críticas u aportes a la Ley 9.053 cuando se aprobara sin discusión en la unicameral? El FORO de Niñez y Familia de Córdoba (*), entre otras muchas organizaciones, realizo sus aportes pero fueron desestimados la mayoría hasta hoy.
Pero el problema mayor no radica en el área prevencional sino en la correccional, que tiene primacía por las políticas que dispuso desarrollar nuestro gobierno desde que se aprobara la Ley 9.053 y más aun con la reciente Ley de Seguridad Publica. Ya que nuestra provincia no cuenta con un sistema de “Justicia Juvenil” y se hace necesario crearlo para aquellas situaciones en la que una persona menor de 18 años de edad es imputada o encontrada responsable de haber cometido un delito (estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 12, 37 y 40). Que por otro lado tiende a vedar la discrecionalidad y el poder punitivo-represivo del Estado, otorgando garantías y un debido proceso en juicio. Como también tener en cuenta que la aplicación de las “medidas privativas de la libertad”, como medidas de “protección o tutela”, son medidas de último recurso y no de primer como ocurre en la actualidad.
Para finalizar y aportando al debate, no consideramos acordes las soluciones apresuradas, inconsultas y reaccionarias que se implementan para paliar o resolver las situaciones que los magistrados y ciudadanos denunciamos. El alejamiento progresivo del Estado en el diseño de las políticas sociales y de Derechos Humanos tiene en el corto y mediano plazo sus nefastos efectos: deserción escolar, abusos de sustancias toxicas y delincuencia infanto-juvenil. Estos son claros reflejos de su ausencia, provocando un vacío que de todas maneras y a cualquier precio debe llenarse porque los vacíos son intolerables en los sistemas sociales y en la psiquis. Entre tanto el mecanismo consuetudinario del “Estado ausente” permite –a sabiendas- que emerjan los problemas y sus efectos violenten a la sociedad hasta el hartazgo –a veces efecto también esperado- para luego encaminarse en las medidas paliativas: represión, judicialización de la pobreza, aplicación discrecional de figuras ambiguas como las de nuestro Código de Faltas, privación de libertad, etc. Medidas que en la mayoría de los casos no se hubieran tomado si la inversión se hubiera hecho en tiempo y forma en las áreas necesarias para el desarrollo: prevención y educación. Son deberes indelegables –léase también no tercerizables- del Estado y estipulados en los artículos 2, 3, 4 y 19 de la precitada Convención.
La recomposición de las instituciones luego del proceso de prostitución sufrido en la “década perdida”, entre ellas la suprema Ley, debiera estar como rol primordial del Estado y de la sociedad en general. Al mismo tiempo debemos tener en cuenta y considerar que las instituciones tienden a reproducir la estructura del problema que deben enfrentar; tienen una doble naturaleza, que es posibilitar por un lado las acciones solidarias y colectivas, y por otro también imposibilita estas mismas acciones. Cuestión ésta que no debe de ninguna manera ser la excusa de su permanente prostitución.
La claudicación de nuestro Estado en proteger/nos provoca, sobre todo en estos chicos, un vacío interior y resignación, que viven el aquí y ahora como única posibilidad y por tanto no pueden abstraerse de ella para programar o proyectar un mañana, reflexionar sobre su identidad; no desear asumir su propia historia impide vincularse con un pasado y como correlato no podrán proyectar un futuro. Las carencias a temprana edad -si no son fatales- los obliga a asumir papeles desde pequeños para los cuales no están preparados ni evolutiva ni socialmente.
Esperamos entonces, que magistrados, funcionarios y la sociedad toda aprehendamos la infancia como grupo privilegiado, como los únicos privilegiados para no tener que continuar refrendando aquello que Osvaldo Bayer sentenciaba allá por el ’94 “en el papel la Humanidad ha logrado todo lo que quería asegurar en los derechos. En la realidad nada se cumple, todo se transgrede. Lo han dicho los poetas; los Derechos Humanos prometen el paraíso en la tierra pero no marcan el camino hacia él”.
Por Carlos Freites, Jorge Cáceres y Héctor Valenzuela


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lo cordobitas
Por valeria - Monday, Jul. 11, 2005 at 12:17 AM
vale_87_10@hotmail.com ---------------------------------- aguilares-tucuman

son muy AMIGABLES Y MI AMIGA ES DAMARIS CORDOBA, E IVANA .

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