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Repsol sigue impune del crimen de Surubi D
Por Marc Gavaldà -
Monday, Aug. 01, 2005 at 12:14 PM
guarapitu@cascall.org
Quemados vivos.
La noche del 30 de junio, una familia fue incinerada en una tremenda bola de fuego, cuando al prender un cigarro se inflamó el gas condensado que Repsol venteaba ilegalmente al exterior de la planchada del Pozo Surubi D.
Tres miembros de la familia Ucieda, que tienen su casa a escasos metros del Pozo, estaban pescando en un curichi cuando ocurrió el accidente. Según testimió la hija de Emilo Ucieda, se escuchó como una explosión y la fuerte luz de las llamas los sorprendió a las 10 y media de la noche. Tanto Emilio Ucieda (45 años) como sus hijos Edgar Ucieda (13) y Mario Uciedav(18) fueron afectados por las llamas, que deboraban sus ropa y sus cabellos. En un esfuerzo precipitado se submergieron al estanque donde pescaban pero el cuerpo de agua tambien prendió.
Con la piel al rojo vivo, ciegos y casi sin respiración, fueron atendidos por el médico del campo petrolero que los evacuó en ambulancias hasta la clínica Ángel Foianini de Santa Cruz.
Ahi murieron el padre y el hijo menor. Mario Ucieda, de 18 años, fue trasladado a Argentina para ser intervenido por especialistas.
A pesar de lo espectacular y grave del suceso los medios de prensa apenas cubrieron, días más tarde la noticia con breves líneas donde informaron que la empresa había actuado responsablemente en la compensación de las víctimas, dando voz únicamente al gerente de Relaciones Externas de la compañía Miguel Cirbián, quien reiteró que el accidente se produjo fuera de las instalaciones de la empresa.
El 22 de julio, una comisión interinstitucional de la sociedad civil cochabambina, formada por el CEDIB, CODAC, Soprama, APDH , acompañados por una agente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realizaron una investigación sobre el terreno para determinar si existen responsabilidades penales ssobre estos crímenes y conocer el estado de la família damnificada.
El débil papel de las autoridades
Al llegar a Entre Ríos, población a 300 kilómetros de Cochabamba, en pleno corazón del chapare petrolero, entrevistamos a personeros de la Unidad Forestal de la Alcaldía de EntreRíos quienes informaron de la realización durante la semana posterior al accidente de una ispección de la Unidad Ambiental de la Prefectura de Cochabamba, acompañada del alcalde de EntreRíos, dirigentes sindicales y de la comunidad ColcaMayu.
Lamentablemente el responsable de campo de Repsol no permitió la entrada a sus instalaciones porque “no tenían el permiso correspondiente”. Este hecho ilustra el poder que disfrutan las transnacionales petroleras en Bolivia, donde un técnico de cualquier empresa tiene más autoridad en la zona que la propia Prefectura.
El informe que realizó la Acaldía de esta visita denuncia que el pozo Surubi D sigue emanado gases fuera del recinto perimetral.
Posteriormente la Superintendencia de Hidrocarburos viajó a la zona pero hasta el momento, no ha hecho público ningún informe.
Por su parte la Alcaldía de Entreríos , junto con la Federación de campesinos y los dirigentes de la comunidad actuaron de mediadores entre la empresa Repsol y la esposa y madre de los fallecidos, presionando a la empresa elevar el resarcimiento a la família damnificada.
En el lugar del incendio
Junto a miembros de la comunidad ColcaMayu Oriental nos desplazamos al campo petrolero Surubi, donde Repsol YPF, que se apoderó del bloque Chimoré, con la capitalización de Andina S.A, tiene en operación más de 5 pozos que lo hacen el campo más productivo de Bolivia.
Acompañados por Teodoro Ucieda, hermano de la víctima rodeamos la malla metálica de la extensa planchada del pozo Surubi D. El ruido es espantoso y la prespectiva de la antorcha de de gas, que salpica una llama en el cielo chapareño... dan ganas de escapar corriendo.
Sin embargo, la familia Ucieda vive aquí, en un pequeño promontorio a cien metros del pozo, donde aún sobreviven algunas matitas de coca, que rebrotaron tras ser cortadas por las Fuerzas de Acción Conjunta.
Una pequeña construcción de rama con techo de paja, apenas sin paredes, es la humilde casa de los Ucieda. Ahí está sentada en el piso doña Nicolasa, originaria de Capinota, que con un quechua muy fluido nos cuenta los pormenores del accidente que arrebató la vida a su esposo y a su hijo menor.
Don Emilio y sus tres hijos bajaron a pescar al curichi. A uno de ellos le dio frío y volvió a su casa. Eso lo salvó. A los diez de la noche escucharon una fuerte explosión. La noche se iluminó con las llamas. Don Emilio y sus hijos se estaban quemando.
La empresa trasladó rápidamente a los heridos a Santa Cruz. Sin embargo, doña Nicolasa desconfía de la ayuda de la petrolera. “ Para ellos, les cuesta menos indemnizar a un muerto que pagar medicamentos de por vida”- dice con lágrimas en los ojos- “Porque de acá se los llevaron quemados pero no muertos”.
Lo más grave, es que cuando todavía los Ucieda luchaban entre la vida y la muerte, Repsol-YPF les informó que iban a denunciarlos por atentado. Santos Guzman, vecino de la comunidad de Palcamayu Oriental se queja: “ Nosotros que tanto hemos sufrido con la represión de las Fuerzas de Acción Conjunta – los militares que erradicaron la coca en los pasados años – y nunca ni se nos ocurrió hacer nada a los pozos porque es muy peligroso”.
Doña Nicolasa está triste y se siente sola. Al parecer, Repsol le ofreció 3.000 dólares para que no se queje. Gracias a la intervención de la organización sindical elevaron la indemnización. Pero con eso apenas pagaron los gastos del entierro. Ahora le queda una vida por delante con dos hijos menores que mantener. “ Repsol se tiene que hacer cargo de la pensión de viudez de la señora”- añade don Teodoro Ucieda- “Porque la empresa los ha matado”.
El pozo ilegal
A simple vista, Repsol actúa ilegalmente en la zona de operaciones. La misma planchada del Pozo Surubi D, situada a escasos 30 metros del curichi donde murió la familia Ucieda, incumple la Ley de Medio Ambiente en sus artículos 21,36,37,38, así como el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica: Artículo 71, inciso j. Estos artículos prohiben la ubicación de cualquier instalación oa distancias menores a 100 metros de los cuerpos de agua.
A parte, los artículos 4 de la ley de Hidrocarburos y 35 del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos indican que el venteo o la quema de gases debe tener autorización específica. Es evidente, que Repsol lo hace sin autorización y que el gas es arrojado a la atmosfera sin ningún tipo de tratamiento.
Estuvimos en la zona del incendio. No cabía duda de donde salió el gas inflamable. De hecho dos tubos seguían emitiendo gases. Después del accidente, Repsol ha colgado una cinta de plástico amarillo acordonando el lugar calcinado. A los pies de los tubos de escape, ha clavado un cartel que invita a NO FUMAR.
IMPUNIDAD PETROLERA
Las petroleras sacan millonarios beneficios del petróleo y gas del Chapare, dejando en la región apenas alguna obra que los justifique. En el caso del Bloque Chimoré, Repsol ha construido alguna escuela, algun galpón de calamina y habrá repartido algunas poleras.
Estos reducidos gastos le sirven para publicitar en los diarios su obra social.
Sin embargo, la población campesina ha sufrido las consecuencias de una inversión deficiente en sus pozos. Desde 1997, varias comunidades han denunciado la afección de enfermedades en la piel por bañarse en los ríos contaminados. Recién en abril de 2005, una comisión de la Alcaldía de Entreríos verificó el vertido de aguas de formación en un arroyo cercano al pozo Paloma “B”. Según el Ing. Osvaldo de la Unidad Forestal de la Alcaldía de Entreríos, la Autoridad Ambiental Competente no tiene competencias. Ni la Alcaldía ni la Prefectura pueden entrar en las instalaciones petroleras. Sólo les permiten al Ministerio de Hidrocarburos, pero cuando hay una contingencia, estos siempre llegan con semanas de atraso. “Es muy inútil su reacción. Se hace un seguimiento de las denuncias desde un escritorio de La Paz. Nunca hemos visto si han hecho algun inorme”.- enfatiza Osvaldo.
La muerte de los pescadores de Palcamayu ejemplifica, con dolorosa realidad, la impunidad de las petroleras en Bolivia. Ante un doble homicido, el Ministerio Público debería haber encarcelado a los responsables hasta la realización de un juicio penal. Su demora en la intervención en el caso, hace suponer la existencia de un paraguas legal invisible que excluye a las petroleras de cualquier crimen.
Los muertos no han desaparecido. Sus cuerpos están enterrados en Palcamayu. La Justicia no debe olvidarlos.