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DECLARACION NACIONAL POR LA REFORMA URBANA EN ARGENTINA
Por reenvio -
Friday, Sep. 30, 2005 at 12:00 AM
DECLARACION NACIONAL POR LA REFORMA URBANA EN ARGENTINA Los abajo firmantes, representantes de un amplio espectro de organizaciones de base y barriales, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, universidades públicas, organismos de estado en diferentes niveles, parlamentarios, y organismos internacionales en Argentina, hoy 3 de octubre de 2005, en oportunidad de celebrarse el Día Mundial del Hábitat, promovemos la organización de un espacio colectivo y pluralista que lleve adelante la lucha por la reforma urbana en Argentina.
DECLARACION
NACIONAL POR LA REFORMA URBANA EN ARGENTINA Los abajo firmantes, representantes de un amplio espectro de
organizaciones de base y barriales, instituciones sin fines de lucro,
cooperativas, universidades públicas, organismos de estado en
diferentes
niveles, parlamentarios, y organismos internacionales en Argentina, hoy
3 de
octubre de 2005, en oportunidad de celebrarse el Día Mundial del
Hábitat,
promovemos la organización de un espacio colectivo y pluralista
que lleve
adelante la lucha por la reforma urbana en Argentina. Lo hacemos
preocupados porque: §
Pese a que desde hace 50
años esta protegido en la Constitución Nacional
el derecho a la vivienda digna, aun no cuenta con un marco
jurídico ni con
políticas que garanticen su protección en el nivel
nacional y provincial. §
Aunque nuestro
país incorporó a la Constitución la
Convención
Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica) que por el
artículo 21 establece “LA PROPIEDAD TIENE UNA FUNCION SOCIAL”,
aún no es
considerado en los fallos judiciales. §
Cada vez se vuelve
más difícil el acceso al suelo urbano y a la vivienda adecuada para
gran parte de la población, por falta de políticas que
intervengan en el
mercado para frenar la especulación y favorezcan la
recuperación de tierras
vacantes con finalidad social. §
Las ciudades de Argentina
son un espacio de segregación y
marginalización de los pobres, a quienes no se les reconoce su
papel como
constructores sociales del hábitat. La planificación
urbana esta postergada en
la agenda pública, es tecnocrática y la sociedad civil,
con sus organizaciones,
tiene escasos espacios para decidir cómo se construyen las
ciudades. §
Existe un aumento
creciente de los desalojos, que ponen en evidencia la
falta de adecuación de nuestros códigos de procedimientos
a los estándares
internacionales en materia de desalojos forzosos, y la
utilización del poder
judicial y las fuerzas de seguridad para realizar actos que vulneran la
dignidad humana. §
Continúan
realizándose planes de renovación urbana que expulsan a
los
pobres de los centros urbanos, segregándolos en ciudades o
localidades lejos de las redes
sociales de supervivencia,
negándoles el derecho a la ciudad, encontrando en algunos casos
metodologías
similares a las aplicadas durante la dictadura militar. §
Los servicios
públicos -mayormente privatizados- tienen tarifas
crecientemente inaccesibles para los pobres, y promueven ejecuciones
judiciales
de propiedades para la cancelación de deudas.
§
No existe en Argentina
aún una política de vivienda, que supere el
incentivo al sector empresarial de la construcción, que
sea descentralizada, que articule
los
recursos locales, que contemple la integralidad del hábitat y que favorezca los esfuerzos comunitarios. Por ello proponemos
mancomunar esfuerzos
para promover un proceso de reforma
urbana en Argentina, que permita asegurar: 1.
PROTECCIÓN
LEGAL DEL DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA
CIUDAD. Se promueve el dictado
de normas en el nivel federal que, respetando
la autonomía de las provincias y los
municipios,
establecen un marco jurídico mínimo que proteja los
derechos humanos en el
ámbito de la ciudad. Es necesario que se provean instrumentos y
herramientas
jurídicas que faciliten la regularización de barrios
informales y de conjuntos
habitacionales construidos por el estado, que establezcan el derecho
subjetivo
de exigir ante el Poder Judicial la implementación de estas
herramientas
conforme lo establecido por el Comité de DESC de la ONU en su Observación general nº 4. 2.
DEMOCRATIZACION
DEL ACCESO A LA TIERRA E INMUEBLES URBANOS. Se
promueve
la implementación de políticas de recuperación
de los inmuebles urbanos
(tierra y edificios) ociosos y sanciones contra la especulación
inmobiliaria, a
través de impuestos progresivos. Intervención
activa, directa y permanente del estado a
través de la asignación de recursos
destinados a la conformación de BANCOS DE INMUEBLES,
gestionados con
control social. 3.
EL DERECHO A LA
REGULARIZACION. Establecer un
procedimiento de regularización dominial y urbana de
tierras aptas, que contemple la
integralidad de los procesos, que establezca plazos y que en caso de
mora,
inacción estatal o peligro de desalojo, los pobladores de
asentamientos
informales puedan reclamar judicialmente la regularización de
sus viviendas.. Para el caso que sea urbana o
ambientalmente imposible la regularización, deben impulsarse
políticas de
relocalización a tierras aptas, urbanizadas y cercanas al lugar
de origen. Debe
incluirse en los presupuestos recursos para la compra de tierras
ocupadas y
libres, y asignar fondos a las leyes de expropiaciòn sancionadas
y no implementadas. Además
se deben actualizar la usucapión urbana e incorporar la
usucapión colectiva. 4.
LOS
PROCESOS DE DESALOJOS NO DEBEN VIOLAR LOS
DERECHOS HUMANOS. DEROGACIÓN DEL
DELITO
DE USURPACIÓN. Incorporar
estándares de Naciones Unidas en materia de desalojos
forzosos (Observación General nº 7 del Comité de
Derechos Económicos Sociales y
Culturales) al Código de Procedimientos Civil y Comercial y al
Código de
Procedimiento Penal y dar instrucciones al Ministerio público
para su
aplicación inmediata en los procesos actualmente vigentes. Asimismo, se debe derogar la figuna de
usurpación como delito penal por su carácter represivo y
antidemocrático,
cuando se encuentra en contradicción con el derecho a la
vivienda. 5.
LA DEMOCRATIZACION DEL
ACCESO A LOS SERVICIOS
PUBLICOS. El Gobierno debe
promover un marco regulatorio de los servicios
públicos que garantice tarifas diferenciadas adecuadas al
ingreso de los
sectores de menores recursos e implementar acciones de
urbanización de
asentamientos informales y precarios de bajos ingresos en conjunto con
los
procesos de titulación de tierras. 6.
LA PARTICIPACIÓN
DE LAS PERSONAS U ORGANIZACIONES
IMPLICADAS EN LAS POLÍTICAS URBANAS Y DE VIVIENDA. Las personas
implicadas en los
planes de construcción y mejoramiento de vivienda tienen derecho
a participar
en espacios institucionales de control de los programas de vivienda y
de
regularización. Asimismo los ciudadanos y sus organizaciones
tienen derecho a
participar en el diseño de la política urbana, sin
discriminaciones. 7.
EL FORTALECIMIENTO DE LOS
PROCESOS DE AUTOGESTION DEL
HABITAT. Se debe promover una
implicación efectiva de los pobladores en
la configuración de su hábitat, con
políticas que apoyen el desarrollo
de
sus organizaciónes mediante la planificación,
gestión y administración directa
de los recursos públicos en programas
que comprendan el conjunto de los
componentes del habitat (suelo, materiales, mano de obra, herramientas,
asistencia técnica, derechos y seguros, capacitación)
así como un conjunto de programas
complementarios que fortalezcan
su desarollo; estimulen su rol protagónico en procesos locales y
barriales y utilicen el subsidio con
sentido
promocional de las capacidades autogestionarias colectivas. 8.
DESARROLLO
URBANO SIN DISCRIMINACIÓN. Las políticas de
regularización deben abarcar tanto
los asentamientos sobre tierras públicas como privadas y deben
encararse de
forma integral considerando la inclusión de los asentamientos
informales de
bajos ingresos al proceso de desarrollo urbano. 9.
ACCESO A LAS
AREAS CENTRALES URBANAS. En el marco de la
concepción de construcción de una
ciudad democrática deben definirse intrumentos,recursos y
nomativas que
garanticen la radicación de los sectores populares en las
áreas centrales
urbanas. 10.
LA PROMOCION DE
POLÍTICAS URBANAS Y DE VIVIENDA CON
SENTIDO REDISTRIBUTIVO. Se deben superar las
acciones públicas generadas por
los programas focalizados, promover la
desmercantilización de los bienes y servicios del habitat
y la
recuperación de las plusvalías generadas por las acciones
del estado y de los
propios pobladores, para distribuir socialmente los beneficios de la
urbanización. 11.
REFORMA TRIBUTARIA. Se deben
desarrollar procesos de
transformación de las estructuras tributarias vigentes a escala
nacional,
regional y local de carácter profundamente regresivas,
formulando instrumentos
tributarios de carácter claramente progresivos en los cuales
"los que
tienen más, paguen más; los que tienen menos, paguen
menos y los que no tienen
nada, no paguen nada". 12.
MODIFICACIÓN DE LA LEY
FEDERAL DE VIVIENDA. Ley que fuera
diseñada para asignar los recursos
estatales en función del sector financiero deberá
transformarse en una ley que
garantice priorizar la solución habitacional de los sectores
populares. Argentina,
3 de octubre de 2005 Adhieren:
Organizaciones sociales / Entidades sin fines de lucro /
Organizaciones
no gubernamentales de
promoción y desarrollo / Cooperativas
/ Organismos públicos Universidades
y centros de investigación; Organismos internacionales en
Argentina, Otros. ASFAR
– Arquitectos sin fronteras Asociación
Civil Madre Tierra CELS
– Centro de Estudios Legales y Sociales COHRE - Centro
por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos FVC
- Fundación Vivienda y Comunidad IIED-AL
Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo MOI
- Movimiento de Ocupantes e Inquilinos Red
GESOL SEDECA
-Secretaría de Enlace de Comunidades Autogestionarias
FECVI
– Federación de
Cooperativas de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires
gacetilla
Por gacetilla -
Friday, Sep. 30, 2005 at 12:02 AM
Día mundial del
Hábitat Proponen una
profunda reforma urbana con fines sociales En el Día Mundial del
Hábitat representantes
de un espacio colectivo integrado por organizaciones de base y
barriales,
instituciones sin fines de lucro, cooperativas, universidades
públicas,
organismos estatales e internacionales decidieron impulsar una amplia
reforma
urbana que pone énfasis en que el Estado produzca una
política activa en
materia de hábitat. A través de la transformación
del marco jurídico vigente y
de la sanción de leyes este espacio pluralista, que incluye
desde ONGs a
Universidades, propone, entre otras medidas, garantizar el derecho a la
vivienda digna y el acceso a la tierra e inmuebles urbanos de los sectores de
menores recursos, sancionar la especulación inmobiliaria a
través de impuestos
progresivos, regularizar la situación judicial de las viviendas
de pobladores
de asentamientos informales y generar políticas urbanas que
contemplen la
redistribución de las ganancias que producen los dueños
de inmuebles al
revender propiedades beneficiadas por esfuerzos estatales para mejorar el hábitat urbano. Este
espacio colectivo -
conformado por Arquitectos sin fronteras (ASFAR), la
Asociación Civil Madre Tierra, el Centro de Estudios Legales y
Sociales (
CELS), Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos ( COHRE),
Federación de Cooperativas de Vivienda de la Provincia de Buenos
Aires (FECVI),
la Fundación Vivienda y Comunidad (FVC ), el Instituto Internacional de Medio
Ambiente y Desarrollo (IIED-AL), el Movimiento de Ocupantes e
Inquilinos (
MOI), la Red GESOL, Secretaría de
Enlace de Comunidades Autogestionarias (SEDECA) , y la Universidad
Nacional de
General Sarmiento (UNGS)- señala la
ausencia de políticas y medidas
jurídicas que
garanticen en nuestro país la protección del derecho a la
vivienda
digna. También aclara que en los fallos judiciales se desconoce
que “la
propiedad tiene una función social”, aunque ambos derechos
están protegidos en
la Constitución Nacional. La reforma que hoy
presentan a la sociedad y que reclaman al Estado nacional, provincial y
local, pone
en primer plano de la agenda pública el tema de la
planificación urbana para
generar políticas inclusivas en materia de hábitat que
prioricen la situación y
los derechos de los sectores mas empobrecidos en las ciudades. En este
sentido
se apunta a fortalecer los procesos de autogestión colectiva del
hábitat donde
se reconozca el rol fundamental de los sectores marginados y de las
organizaciones de la sociedad civil en los planes de
construcción y
mejoramiento de vivienda, y en espacios institucionales de control y
regularización. Uno de los puntos principales es
la democratización
del acceso a la tierra e inmuebles urbanos, a través de
políticas que fomenten
la recuperación de tierras y edificios ociosos,
que incluyan la creación de Bancos de Inmuebles, y
establezcan sanciones a la
especulación
inmobiliaria a través de impuestos progresivos. Otra medida es
formalizar un procedimiento por el cual los habitantes de asentamientos
informales
puedan reclamar judicialmente la regularización de sus viviendas
en caso de
peligro de desalojo, y cuando esto no sea posible se impulsen
políticas de
relocalización a tierras aptas, urbanizadas y cercanas al lugar
de origen.
También se plantea que el gobierno destine recursos para la
compra de tierras
ocupadas y libres, y asigne fondos a las leyes de expropiación
sancionadas y no implementadas. Un objetivo
fundamental de la reforma es la promoción de políticas
urbanas y de vivienda
con sentido redistributivo. Para cumplir con esto proponen que el
Estado
garantice la recuperación y distribución de los
beneficios económicos generados
por la negociación de bienes y servicios en materia de
hábitat.
No va a andar
Por Ricky -
Friday, Sep. 30, 2005 at 7:51 PM
Legalizar las usurpaciones?
Es como legalizar el choreo.
Encima la mayoría de los ususrpadores son extranjeros.
No tengo nada para los extranjeros que vienen a laburar y se ganan el pan y viven legalmente en la vivienda que pueden conseguir, aunque sea en una villa. Son gente honrada que se rompen el lomo como nuestros abuelos inmigrantes y si actúan legalmente merecen nuestro respeto y nuestra ayuda.
Los que vienen de afuera a ocupar una casa en capital son unos delincuentes y caraduras. El derecho a una vivenda digna se lo tienen que pedir a los gobernantes de sus paises.
O los porteños tenemos que bancar a todos los pobres del planeta? Si bancamos la vivienda de los peruanos, porque no la de los congoleños, o ugandeses?
Era Hora
Por Leandro Pastor -
Saturday, Oct. 01, 2005 at 10:27 PM
lpastor40@hotmail.com. 4624-0079
Buenísima la propuesta de reforma urbana, Era hora que se pusieran las pilas para que todos podamos tener un lugar para vivir y para parar las especulaciones financieras de los tipos que se llenan los bolsillosw con lo que otros hacen