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Las masacres indígenas de Formosa y Chaco en la agenda nacional
Por Gabriela Sosa (Red de Comunicación Indígena) -
Friday, Apr. 28, 2006 at 5:31 PM
Las causas judiciales por las masacres de Rincón Bomba y Napalpí ingresaron a la agenda nacional. La Federación Pilagá, junto con sus abogados, Julio García y Carlos Díaz se entrevistaron con distintos funcionarios nacionales y con el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para exponer la situación judicial y buscar apoyo para continuar la investigación.
Fotos de Germán Pomar
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En Rincón Bomba (Formosa) hace casi 60 años fueron asesinados un número aún no determinado de indígenas del pueblo pilagá. Los testimonios hablan de mil personas ultimadas por la gendarmería nacional. En Napalpí (Chaco), en 1924, también se toparon con la muerte indígenas del pueblo qom, entre 450 y 700 de ellos. El número de víctimas no está determinado porque las excavaciones para rastrear las fosas, en el caso de Formosa, recién se iniciaron, y hasta el momento se encontraron unos 27 cadáveres. En el caso del Chaco, no empezaron nunca. En ambos casos, fue el Estado nacional, a través de sus fuerzas de seguridad, el responsable de las matanzas. Hoy los pueblos indígenas piden justicia, que implicaría el reconocimiento de la verdad histórica, recuperar los cuerpos de sus muertos y un resarcimiento a las comunidades. Son, como lo definen los abogados de las causas, los dos genocidios indígenas más importantes del siglo XX.
Interés nacional
Durante dos días de presencia en Buenos Aires, el 24 y 25 de abril, los representantes indígenas y sus asesores jurídicos se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Interior, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el delegado de la OIT y el Subprocurador del Tesoro de la Nación. El propósito: Sensibilizar y comprometer a los representantes del Estado en las causas judiciales.
La Subsecretaría de Derechos Humanos propuso a la delegación la constitución de una comisión de investigación. A esta propuesta, el abogado Carlos Díaz, respondió con el pedido que participe como querellante. “En los casos de violación de derechos humanos durante la última dictadura, el Estado se presentó como querellante. No podría sospecharse que habría diferencias entre los derechos humanos de los blancos y los derechos humanos de los indígenas”, señaló.
En la Procuración, se presentó la denuncia contra ese mismo organismo por la contestación a la demanda por la causa de Napalpí. En ella, según comentó Díaz, se exceden los términos técnicos pertinentes y se usan expresiones discriminatorias y racistas.
En tanto, a la Secretaría de Seguridad Interior se le planteó la preocupación por la falta de contestación de Gendarmería Nacional, en la causa de Rincón Bomba. Esa fuerza todavía no puso a disposición los archivos, los nombres de los integrantes de la fuerza que participaron de los hechos y la información sobre dónde están las fosas en las que fueron enterrados los cadáveres y el número de víctimas registrados en los expedientes.
Bartolo Fernández, de la Federación Pilagá, opinó que las reuniones “tuvieron su fruto” porque lograron interesar a las autoridades e instituciones en las causas. La presencia de los dirigentes pilagás fue muy importante porque mostró el compromiso de la comunidad y evitó que las masacres sea tratadas solo como causas judiciales para mostrarlas como parte de la lucha de los pueblos indígenas.
Pérez Esquivel: El Estado debe ser querellante en las causas
Adolfo Pérez Esquivel también sumó su acompañamiento. “Se pone en evidencia un genocidio contra las comunidades indígenas, no solo lo que fue la tremenda campaña del desierto sino todos los genocidios cometidos a lo largo del tiempo” dijo. “Hay que tratarlo a través de la verdad, de la justicia, lo que debe ser la reparación del daño hecho a las comunidades”.
Anticipó que “nosotros vamos a acompañar, tenemos un equipo en el Servicio Paz y Justicia que trabaja con los pueblos originarios. Hay que pedirle al gobierno que se vuelva querellante en esto”.
Al analizar la situación actual de los pueblos indígenas planteó su preocupación porque “parece que se los considera ciudadanos de tercera, se les esta quitando las tierras, no se atienden las necesidades básicas. Otra cuestión es la deforestación, que afecta su cultura, su alimentación, su hábitat. Y la extranjerización de las tierras que se venden grandes extensiones. Hay que reestablecer el equilibrio, con nosotros, con la madre naturaleza, estos son los desafíos, en un mundo materialista que privilegia el capital financiero sobre el humano”.
“Esperamos- dijo- que los indígenas se unan. Que tengan voz propia, nosotros vamos a acompañar pero a través de la voz de los mismos indígenas, porque sino sería entrar en un proceso de re-colonizacion. Los indígenas tienen voz propia y tienen que hacer valer su voz y vamos a acompañar la reivindicación de sus derechos”.
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Por Gabriela Sosa (Red de Comunicación Indígena) -
Friday, Apr. 28, 2006 at 5:31 PM
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Por Gabriela Sosa (Red de Comunicación Indígena) -
Friday, Apr. 28, 2006 at 5:31 PM
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Nación rechaza demanda por matanza de aborígenes chaqueños
Por Momarandu / Diario On Line / Corrientes -
Friday, Apr. 28, 2006 at 5:56 PM
Tras tomar conocimiento del fallo de la Procuraduría de la Nación, la Asociación Comunitaria de Colonia Aborigen Chaco, Asociación Comunitaria La Matanza y la Federación del Pueblo Pilagá repudiaron la respuesta dada a la demanda por la masacre de Napalpí. Anticiparon que denunciarán el hecho ante el presidente Kirchner.
Según dichas organizaciones, la respuesta del procurador del tesoro nacional "ha provocado estupor y repudio por su virulencia, discriminación, racismo e inhumanidad".
Se niega que los tobas constituyan una etnia, niega que el pueblo toba pueda ser indemnizado por daño moral y desconoce, para el caso de Napalpí, la aplicación del fallo sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 2005, aseguraron en un comunicado.
La masacre tuvo lugar el 19 de julio de 1924. En octubre de 2004, 80 años después, se inició una demanda por 116.000.000 de dólares ante el Juzgado Federal de Resistencia, en el marco del expediente caratulado "Asociación Comunitaria La Matanza c/Estado Nacional - Poder Ejecutivo -s/Daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y moral".
Las organizaciones aaañadieron que el fallo era virulento, discriminativo, racista e inhumano.
Y desconoce para los indígenas la aplicación del fallo sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de junio del año 2005 en el caso Simón sobre crímenes sucedidos en la última dictadura cívico militar entre los años 1976/1983.
Por último, indicaron que la contestación de demanda repudiada, por lo innecesariamente ofensiva a los pueblos originarios, excede, por el contenido y las adjetivaciones, los límites del ejercicio del derecho de defensa, porque el Estado Nacional Argentino tiene obligaciones éticas y jurídicas asumidas por los tratados internacionales de Derechos Humanos, como así también por la Resolución 169 de la Organización Mundial del Trabajo.
En consecuencia, presentarán denuncias al Presidente de la Nación Argentina; al Instituto Contra la Discriminación y el Racismo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, ante la Organización Internacional del Trabajo convenio N½ 169 y ante otros organismos tanto nacionales como internacionales.
Jueves 27 de abril de 2006
www.momarandu.com/amanoticias.php?a=7&b=1&c=51862
LA NACIÓN RECHAZÓ DEMANDA POR LA MASACRE DE NAPALPÍ
Por El Diario Digital / Posadas -
Saturday, Apr. 29, 2006 at 3:57 PM
La Procuración del Tesoro de la Nación solicitó el rechazo de la millonaria demanda por la "masacre de Napalpí" en términos denunciados por diversas organizaciones aborígenes como "innecesariamente ofensivas a los pueblos originarios". La Asociación Comunitaria de Colonia Aborigen Chaco, Asociación Comunitaria La Matanza y la Federación del Pueblo Pilagá repudiaron la respuesta dada a la demanda y anticiparon que denunciarán el hecho ante el propio presidente Néstor Kirchner.
Según dichas organizaciones, la respuesta del Procurador del Tesoro Nacional "ha provocado estupor y repudio por su virulencia, discriminación, racismo e inhumanidad". El funcionario nacional niega que los tobas constituyan una etnia, niega que "el pueblo toba pueda ser indemnizado por daño moral" y desconoce, para el caso de Napalpí, la aplicación del fallo sobre "la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 2005". Niega, finalmente, que la población toba tenga el más alto índice de mortalidad infantil y analfabetismo.
De esta manera ingresa a una nueva instancia una historia que comenzó en 1998 con la aparición del libro "Napalpí, la herida abierta" de Vidal Mario (cuya tercera edición fue lanzada recientemente por Librería de la Paz) rescatando del olvido la masacre ocurrida el 19 de julio de 1924. En octubre de 2004, 80 años después, se inició una demanda por 116.000.000 de dólares ante el Juzgado Federal de Resistencia, en el marco del expediente caratulado "Asociación Comunitaria La Matanza c/Estado Nacional - Poder Ejecutivo -s/Daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y moral".
En relación a ello, el comunicado emitido por las mencionadas organizaciones aborígenes expresa: "Contestó la demanda en nombre del Estado Nacional Argentino la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina, que ha provocado estupor y repudio de las organizaciones indígenas por su virulencia, discriminación, racismo e inhumanidad, que recuerda a las épocas más oscuras del holocausto de los pueblos originarios de América. La Procuración del Tesoro de la Nación desconoce "la calificación de la comunidad toba como etnia", o sea la propia existencia de un pueblo originario (punto 4½ de la contestación de la demanda). Niega que por la masacre "el pueblo toba pueda ser indemnizado por daño moral‘ (punto 5½ del escrito de la contestación de la demanda). Desconoce para los indígenas la aplicación del fallo sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de junio del año 2005 en el caso Simón sobre crímenes sucedidos en la última dictadura cívico militar entre los años 1976/1983" (punto 6½ del escrito de contestación de la demanda)".
El comunicado sigue diciendo que la Nación "minimiza la masacre, como si la pérdida de una sola vida no fuera ya una tragedia, aduciendo con total ligereza que el número de afectados ascendía "sólo a más de cincuenta". Si así fuera, ¿no es un gran crimen asesinar a "más de 50" ? (punto 7½ del escrito de contestación de la demanda). Justifica lo injustificable al decir textualmente que la masacre de Napalpí fue como reacción a "determinados actos de violencia que habían acaecido como consecuencia del accionar de los indios tobas, así como de las demás etnias que habitaban la provincia, wichís y mocovíes. Al principio hubo una resistencia pasiva por parte de algunos, con la protesta de los que no entregaban y la de los más ladinos, que aconsejaban la resistencia, invitando a los otros a consultar al comerciante proveedor, etcétera. Y aquí aparece el dios de los indios. La administración nada hizo para resolver el conflicto y entonces los indios empezaron a reunirse al lado del titulado dios. De todos los rumbos empezaron a llegar indios; de Resistencia, Colonia Popular, Benítez, del norte y del sur llegaban grupos de indios a escuchar la palabra santa. Así fue que llegó también un grupo de mocovíes (resaltado en negrita del escrito original de contestación de la demanda, punto 7½). Niega que sean "ciertas las afirmaciones en cuanto a que la población toba tenga el más alto índice de mortalidad infantil y analfabetismo. Más aún, sin sustento fáctico ni jurídico se oponen terminantemente a desenterrar las fosas comunes negando el derecho al duelo y a dar humana sepultura a sus antepasados, lo que denota una actitud racista y discriminatoria que no tiene parangón en la justicia argentina. Así lo dice con todas las letras en el punto 12 del escrito de contestación de la demanda: "Oposición a que en el predio conocido como "Reducción" y "Colonia Aborigen Napalpí" se realicen y finalicen los estudios antropológicos forenses de zonas donde estarían fosas conteniendo cadáveres de indígenas argentinos asesinados. Oposición a que se proceda a realizar excavaciones y estudios en lugares donde se cree que existen enterrados en fosas comunes cadáveres de indígenas argentinos asesinados en el lugar señalado".
Finalmente niega la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina que los cientos de muertos en esa masacre tengan valor económico alguno y solicita, en consecuencia, el rechazo de la demanda".
En el tramo final del documento conjunto se termina consignando: "La contestación de demanda repudiada, por lo innecesariamente ofensiva a los pueblos originarios, excede, por el contenido y las adjetivaciones, los límites del ejercicio del derecho de defensa, porque el Estado Nacional Argentino tiene obligaciones éticas y jurídicas asumidas por los tratados internacionales de Derechos Humanos, como así también por la Resolución 169 de la Organización Mundial del Trabajo. En consecuencia, presentaremos denuncias al Presidente de la Nación Argentina; al Instituto Contra la Discriminación y el Racismo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, ante la Organización Internacional del Trabajo convenio N½ 169 y ante otros organismos tanto nacionales como internacionales".
Viernes 28 de abril de 2006
www.voxpopuli.com.ar/archivo/2006/abril/misiones2006042814.shtml