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Los que sobrevivieron a la masacre: dos comunidades aborígenes trajeron su reclamo a Bs As
Por M. Sol Wasylyk Fedyszak / P12 -
Wednesday, May. 03, 2006 at 10:53 PM
Son los descendientes de los pobladores tobas y pilagás asesinados por fuerzas de seguridad en 1924 y en 1947, respectivamente. Le piden al Estado una reparación, en el “primer juicio por genocidio de pueblos originarios”.
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FOTO: El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel acompañó el reclamo de los aborígenes.
Napalpí, en Chaco, Rincón Bomba, en Formosa, dos nombres que remiten a dos masacres indígenas. La primera en 1924, con un saldo de 200 víctimas tobas; la segunda, con más de 600 pilagás. Hoy, representantes de esos pueblos demandan al Estado nacional, al que consideran responsable de “crímenes de lesa humanidad”, ya que las matanzas habrían sido cometidas por la Gendarmería. Días atrás llegaron a Buenos Aires, por primera vez desde que comenzó la causa, delegaciones de ambas etnias para instalar el tema en la agenda de los funcionarios y los medios. “Queremos una indemnización por nuestros antepasados masacrados. No somos violentos. Reclamamos que haya justicia”, enfatizó Omar Coquero, nieto de un cacique pilagá sobreviviente, en una charla con Página/12.
Omar es nieto del cacique Domingo Coquero, quien sobrevivió a la Masacre de Rincón Bomba en 1947. “Mi abuelo se escapó de la matanza. Se fue, con temor, a otra localidad y vivió un tiempo en el campo, donde recibió apoyo de un amigo blanco.” Domingo murió en 1964. “Cuando vivía vino a ver a (el presidente Juan Domingo) Perón para pedir terrenos para su comunidad. Sólo le dieron 500 hectáreas, con títulos provisorios, donde se asentaron 500 familias.”
Omar relata que “miembros de la comunidad y sobrevivientes fueron aportando pruebas que indican los lugares en los que están los cadáveres”. Para las víctimas de la masacre, que ocurrió en Las Lomitas, a unos 300 kilómetros de la capital formoseña, las investigaciones comenzaron 58 años después del episodio. La causa se inició en marzo de 2005 ante el Juzgado Federal de Formosa. Hasta ahora se hallaron 28 cadáveres, miembros de esa etnia fusilados en 1947. “El juez ya produjo allanamientos e intimó al Estado para que resguarde pruebas”, especificó Carlos Díaz, abogado de la comunidad.
“Mi abuelo era el cacique y tenía a cargo el gobierno de la comunidad. Murió en 1964, a los 84 años. La historia me la contó mi padre: cuando él tenía 8 años, mi abuelo lo llevaba al monte. Allí le contó que aquella vez muchas mujeres fueron violadas por los de Gendarmería, hasta una chica de 15 años”, relata Omar.
La masacre se originó cuando miles de braceros pilagás, tobas y wichís fueron despedidos sin indemnización del ingenio San Martín de El Tabacal, en Salta, cuando reclamaron que se les pagara lo prometido. Cuando regresaron, fueron víctimas del hambre y las enfermedades. La ayuda que les envió el gobierno nacional llegó con cuentagotas. Y ante el rumor de una posible sublevación, fueron rodeados por Gendarmería. El 10 de octubre, mientras el cacique hablaba con el jefe del escuadrón, empezaron a sonar las ametralladoras. Después comenzó la persecución de los que pudieron escapar, “para que no queden testigos”, según concluye la presentación judicial.
“Pedimos una indemnización y del dinero que se otorgue se hará cargo la Federación Pilagá para ver de qué forma se puede invertir. Venimos a Buenos Aires porque queremos que escuchen nuestros planteos. Esta es una realidad, no una mentira, por eso queremos una entrevista con el Presidente”, dice Omar. La demanda es por “daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de la verdad histórica a favor del pueblo de argentinos de etnia Pitte’laalé’ec (pilagá)”. La Federación Pilagá está integrada por 18 comunidades, que reúnen en total a unas 6 mil personas.
La delegación llegó a Buenos Aires porque “en Formosa no tenemos acceso a los organismos, a la Justicia ni al poder político. Somos discriminados. Intentamos llegar a las autoridades pero no nos dieron respuestas”, agrega Coquero.
Omar, junto a otros miembros de las comunidades demandantes, visitaron las oficinas de la OIT en Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia, encabezado por Adolfo Pérez Esquivel. En la Secretaría de Seguridad Interior les prometieron que se “formará una comisión con miembros de las dos comunidades, Gendarmería y esa secretaría, para preservar la zona a investigar, proteger las excavaciones y principalmente apoyar a las comunidades”.
Hoy la comunidad pilagá, considerada como un pueblo en extinción, reclama para que sus descendientes puedan conocer la misma historia pero con un final justo.
Informe: M. Sol Wasylyk Fedyszak
www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-66385-2006-05-03.html
“No parar hasta que se haga justicia”
Por Darío Aranda / P12 -
Wednesday, May. 03, 2006 at 10:58 PM
El 19 de julio de 1924, ante una huelga y los intentos aborígenes de emigrar, la policía rodeó la reserva aborigen de Napalpí y disparó sobre las tolderías durante 45 minutos. La documentación histórica contó al menos 200 muertos. “Yo me enteré de chico por medio de los adultos de la comunidad, que hablaban aún con mucho temor. Hoy, muchos años después, venimos hasta acá a pedir justicia”, explica Hermenegildo López, referente de la Comunidad Toba-Qom La Matanza, del Chaco, que llegó hasta Buenos Aires para impulsar una demanda ante al Estado nacional.
Hermenegildo es la tercera generación de aquellos “hermanos”. Piel oscura, cabello azabache, hablar firme. Tiene 46 años, seis hijos y una promesa: “No parar hasta que se haga justicia”. En eso anda desde 2004, cuando se cumplieron 80 años de la represión y la Comunidad La Matanza –de la que forma parte– se presentó como querellante ante el Estado. Reclaman “indemnización por daños y perjuicios, lucro cesante, daño moral y búsqueda de la verdad histórica”.
“Lo sucedido en Napalpí fue transmitido en nuestro pueblo en voz muy baja porque era como un testimonio prohibido entre hermanos aborígenes, siempre hubo mucho temor a más represalias”, explica López y toma como ejemplo el recuerdo de su madre: “Ella siempre me decía que ‘si al cacique le degollaron por reclamar, no te conviene a vos reclamar’. Pero dejamos atrás ese miedo, ahora queremos instalar el caso aquí, por eso venimos de un rincón olvidado de la Argentina para difundir algo que tal vez mucha gente desconoce”, asegura López, ex presidente del Instituto del Aborigen del Chaco.
Los abogados que impulsan la causa, Carlos Díaz y Julio García, explicaron que la investigación judicial está trabada. Esperan que el juez ordene el inicio de las excavaciones en una zona que la comunidad identifica como el lugar de las fosas comunes. Y en Buenos Aires, la Procuración del Tesoro, encargada de la defensa del Estado, argumenta que “no está acreditado el vínculo entre los reclamantes y los fallecidos”.
“Las causas por Napalpí y Rincón Bomba son los dos primeros juicios sobre genocidios de pueblos originarios”, destaca la presentación de los abogados. Piden como indemnización la polémica suma de 120 millones de dólares. “El blanco dice que es un disparate. Pero para nosotros es una esperanza de poder tener nuestro desarrollo para mantener nuestra identidad y nuestra cultura”, retruca López.
www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/66385-21773-2006-05-03.html
aborigenes
Por lopez -
Monday, Apr. 23, 2007 at 8:31 PM
7795320 ,manzana 20 casa 10
como se llama la comunidad de los indigenas y que los que es cribieron este texto no se an tontos por no colocar la comunidad de los indigenas