Al genocida, genocida
Por Justicia Ya! La Plata - Monday, Sep. 18, 2006 at 10:53 PM

Dia de alegatos en el juicio a Etchecolatz. Las querellas solicitaron perpetua por genocidio

Jornada de alegatos en el juicio oral

Los querellantes pidieron que se condene a Etchecolatz por genocidio

Solicitaron la pena de reclusión perpetua, con cárcel común y efectiva, y justificaron el cambio de calificación para que Etchecolatz sea condenado como genocida: “Estos no fueron hechos aislados, no estamos ante una simple sumatoria de crímenes, sino que se trató de un plan sistemático de exterminio”, del que fueron víctimas “todos aquellos que eran un obstáculo para la estructura de país que la dictadura quiso imponer”. La Fiscalía coincidió en el pedido de reclusión perpetua.



Por Vanina Wiman (para Justicia Ya en La Plata)

LA PLATA (18-09-06) – Representantes de la querella en el juicio contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz pidieron que se cambie la calificación de los crímenes juzgados, y que se condene al imputado a reclusión perpetua por el delito de genocidio. Los abogados destacaron en sus alegatos la “intencionalidad política” de los crímenes perpetrados por el ex Director de Investigaciones, y remarcaron que los delitos individuales investigados en esta causa “no fueron cometidos de manera aislada, sino que formaron parte de un plan de exterminio que ha quedado plenamente acreditado”.

“Señores jueces: tienen la responsabilidad histórica de poner fin a esta prolongada impunidad”, sostuvo Verónica Bogliano, abogada de HIJOS La Plata, al cerrar los alegatos de la querella unificada que representa a los sobrevivientes Nilda Eloy y Jorge Julio López, y a la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD). “Es necesario empezar a llamar a las cosas por su nombre, y a los genocidas, genocidas”, remarcó.

Los alegatos habían comenzado dos horas antes, con la intervención de Myriam Bregman, abogada del CeProDH. “Venimos a solicitar un cambio de calificación y que se condene a Etchecolatz por el delito de genocidio”, comenzó la letrada, y argumentó que los casos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio calificado juzgados en este proceso “no fueron hechos aislados, no estamos ante una simple sumatoria de crímenes, sino ante un plan sistemático de exterminio”. “La dictadura —describió— tuvo como objetivo cambiar la estructura económica, social y política del país”. E ilustró su afirmación con datos concretos de aquellos años: el incremento en los índices de desocupación, la multiplicación de la deuda externa, la desindustrialización y la disminución de la participación de la clase trabajadora en la distribución del ingreso.

Bregman definió que el genocidio implicó “aniquilar a un grupo nacional”. En este caso, explicó, “el sector a exterminar estaba constituido por todos aquellos que eran un obstáculo para esta estructura de país que la dictadura quería imponer”. Y citó el testimonio en este juicio de un ex detenido, trabajador de Astilleros Río Santiago: “El objetivo de la represión no fue desaparecer gente solamente, se necesitaba desaparecer gente para un proyecto de país. Es inimaginable que sin esas desapariciones hubiesen avanzado como lo hicieron”.

“Necesitaban demonizar al sector que sería reprimido, y por eso se construyó la figura del «subversivo»”, puntualizó. Y señaló que la selección de las víctimas no fue indiscriminada ni casual: “Se trató de la destrucción sistemática de aquellos que tenían ciertas formas de organización y de participación. Pero no sólo se planeó la aniquilación de una fuerza social, sino también la destrucción de relaciones sociales en el conjunto de la sociedad”. E hizo hincapié en que la represión ilegal no sólo alcanzó a las organizaciones armadas, sino “al conjunto de quienes desarrollaban prácticas de articulación social, de solidaridad, en barrios, centros de estudiantes o sindicatos”.

“Esta intencionalidad política confirma que el imputado Miguel Osvaldo Etchecolatz no es autor de una serie de delitos comunes”, remarcó, e insistió en que el represor ejerció un dominio y tuvo una participación directa en la comisión de estos delitos “como parte del aparato del Estado: por eso constituye un genocidio”.

Luego del alegato de Myriam Bregman, Fernando Molinas —abogado de Liberpueblo— se abocó a enumerar con máximo detalle todos los elementos de prueba plasmados durante estos tres meses de juicio oral, respecto de cada uno de los casos juzgados, de los que fueron víctimas Diana Teruggi, Ambrosio De Marco, Patricia Dell’Orto, Elena Arce, Nora Formiga, Margarita Delgado, Jorge Julio López y Nilda Eloy.

“La prueba reunida no deja lugar a dudas respecto de la materialidad de los hechos —sostuvo—. Quedaron probadas las privaciones ilegales de la libertad, las torturas, el paso por los distintos centros clandestinos de detención, los homicidios”.

Y destacó que Etchecolatz debe ser condenado “como autor mediato e inmediato” de estos crímenes: remarcó que el represor “dirigía y a la vez integraba los aparatos organizados de poder destinados a aniquilar personas; estaba a cargo de los centros clandestinos, pero también los visitaba, y participaba directamente en los secuestros y las torturas”.


“¿Cuál es el sentido de juzgar de forma aislada?”

A su turno, la abogada Guadalupe Godoy —de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre— se internó en el funcionamiento del aparato represivo del terrorismo de Estado: el circuito de centros clandestinos de detención, las tareas de inteligencia que precedían a los secuestros, la metodología de destrucción física y psíquica de los prisioneros, el silencio oficial ante las gestiones de los familiares, la desinformación sobre el destino de los secuestrados, la eliminación de todo rastro que pudiera configurar una prueba de lo ocurrido.

Godoy puso el acento en el criterio político que tuvo la dictadura para seleccionar a sus víctimas: “El sujeto pasivo fue un grupo nacional, constituido por múltiples subgrupos, unificados todos ellos por la calificación de «el enemigo a exterminar»”.

Y rescató, para fundamentar esto, la declaración en este juicio del ex policía de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial (DIPPBA), César Miguel San Sebastián, quien llegó a admitir ante el Tribunal que había agentes infiltrados en fábricas y universidades y que los legajos de las personas sobre las que se hacían tareas de inteligencia estaban clasificados en elocuentes categorías: “Político”, “Estudiantil”, “Gremial”, “Comunismo”.

La abogada enumeró a los grupos más golpeados por la represión: “Eran los jóvenes, los obreros, los estudiantes, los extranjeros, la clase trabajadora. En su inmensa mayoría, todos quienes declararon aquí fueron secuestrados cuando tenían entre 17 y 25 años”.

Asimismo, describió el funcionamiento coordinado de todas las dependencias represivas que implementaron el plan genocida —e incluso la “división de tareas” entre las distintas fuerzas armadas y de seguridad—, y la vinculación estrecha que existía entre los distintos campos de concentración que integraron el aparato represivo.

“En el «circuito Camps» funcionaron al menos 29 centros clandestinos de detención, todos bajo el mando del señor Etchecolatz”, ilustró, y destacó “el conocimiento cabal de todos los involucrados respecto de lo que estaba pasando en cada dependencia”. “Es imposible que el personal policial estuviera en la dependencia ignorando lo que sucedía con los detenidos desaparecidos —añadió—. Todos sabían lo que estaba pasando: el jefe mandaba, pero todos obedecían”.

Godoy también se ocupó de la estrategia de impunidad implementada por los represores en aquel entonces y hasta hoy. “Hemos escuchado aquí de fusilamientos, enterramientos como NN, cuerpos al mar, falsificación de instrumentos públicos como actas de nacimiento o de defunción, falsos enfrentamientos”. “Pero también —agregó— hubo una estrategia de impunidad en tanto la «libertad» otorgada a los detenidos ilegales tenía condicionamientos que impedían, por un lado, su reinserción en los ámbitos sociales previos y, por otro, que pudieran denunciar masivamente lo que estaba ocurriendo”.

“La continuidad de esta estrategia de impunidad —completó Godoy— fue posible gracias a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y a que todos los gobiernos constitucionales posteriores nunca dieron respuestas reales sobre el destino de todos y cada uno de los detenidos-desaparecidos y sus hijos apropiados”.

Por otra parte, la abogada remarcó que comenzar a juzgar los delitos de la dictadura bajo la figura del genocidio, contribuiría a evitar “la re-victimización de los testigos”. “Mayormente, quienes han testimoniado aquí son sobrevivientes y familiares —explicó Godoy—. La impunidad ha generado que durante 30 años no hubo desde el Estado quien quisiera escucharlos y convirtiera esos relatos en justicia. Y en este juicio los relatos exceden en demasía el grado de justicia que se puede alcanzar”.

La letrada se preguntó entonces cuántas veces más tendrán que declarar los sobrevivientes y los familiares de desaparecidos sobre el horror que vivieron. “¿Es necesario en cada juicio oral reiterar declaraciones prestadas en sede judicial, no una vez sino muchas? ¿Una y otra vez deberán revivir las situaciones, los compañeros de detención, las torturas y los vejámenes? ¿Recordar rostros que no vieron porque estaban encapuchados, nombres que no conocieron porque se manejaban con apodos?”.

Y coronó su alegato con una última pregunta: “¿Cuál es el sentido de juzgar a los responsables de un circuito represivo dependiente de la misma cadena de mandos, un plan sistemático de exterminio, en forma aislada, fraccionada, donde el plan sistemático se diluye, empezando siempre desde cero, y requiriendo cada vez que los sobrevivientes digan lo que vivieron y sufrieron?”.

“Cuando se toma un solo elemento aislado de un relato plagado de crímenes, se está banalizando el relato”, expresó. Y finalizó: “En este caso, la víctima no es sólo el sobreviviente o el familiar, es toda una sociedad que convive con la impunidad. Cuando los organismos decimos «Condena a todos los genocidas, Justicia por todos los compañeros», no estamos haciendo consignismo. Estamos reclamándole al Estado que de una vez por todas repare, en la mínima medida en que lo puede hacer 30 años después, la impunidad del genocidio que se llevó a cabo en nuestro país”.


La aplicación de la figura de “genocidio”

A continuación, las abogadas Liliana Molinari y Liliana Mazea —del CODESEDH y FIDELA, respectivamente—, se encargaron de desarrollar los aspectos técnicos del pedido de cambio de calificación.

Molinari explicó que si bien los delitos puntuales investigados en esta causa —la privación ilegal de la libertad, las torturas, el homicidio— están tipificados en el Código Penal de la Nación, “los ilícitos narrados, por el modo especial de su comisión, por su escala, volumen y gravedad, cometidos desde el aparato del Estado, constituyeron fundamentalmente crímenes de lesa humanidad”, reconocidos en el derecho interno argentino.

Y argumentó que, además, los delitos imputados a Etchecolatz “configuran efectivamente el crimen de genocidio, en tanto formaron parte de la ejecución de un plan criminal que tuvo por objeto perseguir y destruir a grupos humanos”.

La abogada se remitió a la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y destacó que allí se consigna “que el castigo del crimen de genocidio es asunto de interés internacional”, y que por la comisión de este delito “deben ser castigados tanto los principales responsables como sus cómplices”.

Por su parte, Liliana Mazea demostró la adecuación de la figura de genocidio a los crímenes imputados hoy a Etchecolatz. Y agregó: “Surge con claridad que los procedimientos utilizados formaban parte de un plan sistemático cuya finalidad consistía en la eliminación total de una categoría de la población, denominada por los represores como «subversivos»”.

“El grupo perseguido fue definido por su oposición o incompatibilidad con el ideal que la dictadura militar se había propuesto, dentro de los peculiares parámetros con los que operó la represión ilegal”, sostuvo, y añadió: “Teniendo en cuenta la colaboración que el acusado prestó para tales fines, es razonable concluir que conocía y ejecutaba los ilícitos”.

Mazea remarcó que investigar las violaciones a los derechos humanos, juzgar a los responsables y terminar con la impunidad “no es una simple facultad del Estado, sino una obligación cuyo incumplimiento conlleva una grave violación a las obligaciones internacionales asumidas”. “Este Tribunal tiene también la obligación como parte del Estado de condenar como autor de genocidio a Miguel Osvaldo Etchecolatz. Ya es hora y es oportuno, para que las convenciones internacionales dejen de estar en la vidriera de la comunidad internacional y se apliquen en el territorio argentino”, concluyó.


“Hablo en nombre de ellos”

Para cerrar los alegatos de la querella unificada, intervino Verónica Bogliano, abogada de HIJOS La Plata. “En primer lugar, me quiero presentar como hija de desaparecidos: mi mamá, María Susana Leiva, y mi papá, Adrián Bogliano, fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar, acá en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que no puedo dejar de hablar también en nombre de ellos y de los 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos”, comenzó, y arrancó un cerrado aplauso desde el público.

Bogliano fue la encargada de solicitar la pena para el represor Etchecolatz. “No puede caber otra pena para el imputado que la de reclusión perpetua”, sostuvo la abogada, y subrayó que esa pena debe cumplirse “con cárcel común y efectiva”. Y fundamentó: “Ha quedado suficientemente acreditada la responsabilidad penal de Miguel Osvaldo Etchecolatz en los casos aquí enjuiciados, su rol preponderante y jerárquico en la brutal estructura represiva, y su participación y autoría en los diversos hechos que hoy, más de 30 años después, podemos ver juzgados”.

Y explicó que este pedido de pena para el delito de genocidio, no agrava la pena que recibiría el represor, de ser condenado sólo por los delitos individuales incluidos en la causa.

“Señores jueces, ustedes tienen la responsabilidad histórica de poner fin a la impunidad por tantos años prolongada —sostuvo—. Estamos convencidos de que, luego de tantos años de búsqueda infructuosa, resulta imperioso comenzar de una vez por todas a llamar a las cosas por su nombre, y a juzgar los hechos de acuerdo a su verdadera naturaleza: al genocida, genocida; y al proceso judicial que lo investiga, integrado, unificado”.

Además, Bogliano pidió al Tribunal que, ante la eventual negativa a condenar a Etchecolatz por el delito de genocidio, el represor sea condenado por los delitos particulares de los que está imputado, pero remarcando que estos crímenes fueron cometidos en el marco de un genocidio. “Estimamos que no basta una mera enunciación declamativa de esta circunstancia, sino que exigimos un expreso reconocimiento jurídico de la existencia del genocidio”. Y pidió que, en consecuencia, el Tribunal ordene en la sentencia la iniciación de nuevas causas y la reformulación de las existentes, para juzgar a Etchecolatz y a todos los demás responsables del genocidio en Argentina.

En tanto, hoy también alegaron los representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata, los abogados Marta Vedio y Javier Percow, y Alejo Ramos Padilla, abogado de María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani y Genoveva Teruggi. Ambas partes solicitaron también la pena de reclusión perpetua para el represor, y en el caso de la APDH La Plata, pidieron además que Etchecolatz sea condenado por los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio calificado en concurso ideal con el delito de “traición a la patria”, previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Por su parte, el fiscal federal Carlos Dulau Dumm coincidió en el pedido de reclusión perpetua para el ex Director de Investigaciones de la Policía provincial (ampliaremos esta información en el informe de prensa de mañana).


ENFERMO

El genocida Etchecolatz entró hoy a la sala de audiencias custodiado por varios policías federales, esposado y vistiendo un sorpresivo chaleco anti-balas sobre su traje. A media hora de haber comenzado los alegatos, cuando Guadalupe Godoy describía el aparato represivo del cual Etchecolatz fue una de las grandes manos ejecutoras, el represor pidió mediante su abogado retirarse de la sala. Una vez más, adujo un supuesto malestar físico, y se evitó el tener que escuchar los planteos de la querella.


El veredicto

Se prevé que mañana por la tarde el Tribunal Oral Nº 1 —integrado por los jueces Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo— dé lectura al veredicto de este juicio oral.

Por la mañana, desde las 10, se espera el alegato de los abogados defensores del represor, Luis Boffi Carri Pérez y Adolfo Casabal Elía. Luego de un cuarto intermedio para deliberar, cuya duración el Tribunal establecerá mañana, los jueces darán a conocer el veredicto y la pena. Luego, los magistrados disponen de un plazo de cinco días para dar a conocer los fundamentos de la sentencia.


VIGILIA Y FIESTA POPULAR

Desde el espacio Justicia Ya en La Plata, convocamos a todos y todas a acompañarnos mañana martes 19 de septiembre a la

Vigilia “Esperando la Perpetua”

Para esperar el veredicto del Tribunal, nos reuniremos frente al Palacio Municipal (en donde se está desarrollando el juicio oral), en 12 entre 51 y 53, desde que finalice el alegato de la defensa, aproximadamente a las 14, y hasta las 18, hora en que se prevé que se dará lectura a la sentencia. Y luego los invitamos a participar de la

Fiesta Popular “Festejando la Perpetua”

Desde las 18.30, los esperamos en Plaza Moreno para festejar juntos el resultado de nuestra lucha.

Para ambas actividades, hemos convocado también a artistas populares y murgas platenses, junto a organizaciones sociales, estudiantiles, gremiales, políticas y culturales.







JUSTICIA YA EN LA PLATA está integrado por: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata; Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Central de Trabajadores Argentinos La Plata-Ensenada; Central de Trabajadores Argentinos Prov. de Bs. As.; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Familiares de Desaparecidos (La Plata); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional La Plata; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo (La Plata); Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

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Myriam Bregman (abogada de la querella): (011) (15) 4170-2398

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